Sentencia CL-660-12 — Registro 3160
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios sociales; segunda instancia reformo la setencia declarando con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Pero es el caso que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto y esta se produce con prescindencia del haz probatorio. Por ello no es viable el ataque al fallo impugnado por esa vía, ya que en el caso in examine, la forma de la terminación de la relación laboral y sus efectos, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, de ello se deriva que no puedan prosperar los primeros dos motivos alegados por la Recurrente"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Para efectos jurisprudenciales es preciso establecer, que si bien es cierto se ha venido sosteniendo y se mantiene el criterio en cuanto a que la reestructuración administrativa no es causal de despido por no enmarcarse en las señaladas en el articulo 112 del Código del Trabajo, ello no es óbice para que no se pueda realizar la terminación de la relación de trabajo bajo los presupuestos establecidos en el artículo 95 numeral 19) en relación con el artículo 111 numeral 1) ambos del Código del Trabajo, no bajo la concepción del despido injusto e ilegal preceptuado en los artículos 129 Constitucional y 113 del Código del Trabajo como garantes de la estabilidad laboral, sino, como ya se dijo, bajo el concepto de la terminación del contrato de trabajo conforme con lo dispuesto en el artículo 111 relacionado con el 95 numeral 19) del cuerpo legal antes referido."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 111 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de diciembre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de diciembre del año dos mil doce, por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, actuando en su condición de apoderada del señor MARIO ROLANDO PINEDA; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios sociales; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de julio del dos mil once, por el abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, actuando en su condición de apoderado legal del señor MARIO ROLANDO PINEDA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortès, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Gerente MARCO ANTONIO MARTINEZ, mayor de edad, casado, Ejecutivo, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortès.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta de julio del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que REFORMO la sentencia dictada en fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “ FALLA: PRIMERO: Declarando ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la parte demandada, en consecuencia se REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial en fecha veinticuatro de mayo del presente año (2012), en las diligencias de la referencia, misma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR la demanda de emplazamiento promovida por el abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, actuando en su calidad de mandatario judicial del señor MARIO ROLANDO PINEDA, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su representante legal, señora MARIA ELENA MONDRAGON, en consecuencia se absuelve a la demandada de la responsabilidad de reintegro del demandante a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenia al momento del despido así como del pago de salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios convencionales, ajuste de sueldo por costo de vida; todo ello sin perjuicio de los derechos ofertados por la demandada.- SEGUNDO: CONFIRMANDO en su parte resolutiva la sentencia apelada y relacionada anteriormente, en sus demás extremos, es decir respecto a los numerales 2,2 y 3 que la misma contiene.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante en el escrito de su acción manifiesta que inició a trabajar el 3 de abril del 2006, como Asesor Económico, y que en fecha 16 de agosto del mismo año fue nombrado en el puesto de Jefe de División de Servicios Administrativos, fuera de categoría, dentro de sus funciones era sustituir al Gerente de la Sucursal en su ausencia, firmar las ordenes de compra de pago, supervisar los edificios de la Institución, efectuar arqueos de caja chica, realizar inventarios de almacén de proveeduría dos veces al año por lo menos, representar a la Institución, Coordinar la ejecución del plan de capacitación y negociar con las empresas que brindan ese servicio, en fecha 27 de abril del año en curso, el señor HECTOR MENDEZ CALIX, en su condición de Gerente del Banco le envió carta en la cual da por terminada la relación de trabajo, expresándole que la nueva estructura organizacional de la sucursal quedaba cancelada la categoría a partir del 3 de mayo del 2011, no indicando hechos o motivos que encajen dentro del marco legal, ni aduce la causa especifica para dar por terminada dicha relación, se acudió a las oficinas administrativas del departamento de conciliación en la Secretaria del Trabajo en esta ciudad para llegar a un acuerdo conciliatorio no llevándose a cabo y continuando con el tramite de ley. Solicitan: El reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios sociales.- 2.- La parte demandada, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contesto dicha demanda señalando que es una institución descentralizada del Estado en la cual debe de evitar la duplicidad de funciones y aprovechar de manera optima sus recursos, a fin de cumplir o establecido en la Ley General de la Administración Publica, siguiendo el principio de libre administración esta facultado para ejecutar las medidas necesarias para el desarrollo de las actividades que por ley le corresponden, mediante resolución No. 145-/4/2011 del 8 de abril del 2011, aprobó la nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco central, cancelando la plaza del demandante con lo que se acredita justa causa llevando implícito el pago de las prestaciones por lo cual el reintegro no se puede dar ya que la plaza se cancelo y la misma no existe dentro de la estructura administrativa de la dependencia.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, dicto sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de merito y condena al Banco de Honduras a reintegrar al trabajador, declara no ha lugar el incidente de tachas y sin costas, bajo el criterio que la terminación de la relación laboral va contra el principio de estabilidad y la libre administración es limitada y no puede ser contraria a la ley, aunque el Banco realizo una reestructuración no se hizo en base a ley y probando que las acciones que desarrollaba el demandante subsisten dentro del funcionamiento de la institución por lo que el despido es injusto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta de julio del dos mil doce, dicto sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia del A quo, bajo el criterio que la terminación del contrato se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto publico y para ellos el Directorio de la entidad aprobó una nueva estructura organizacional hecho que implico la supresión de la plaza de Jefe de División Administrativa, ya que dentro de las actividades que se realizan en dicho puesto como ser la administración y realización de actividades propias del museo DAYSI FASQUELLE se recomendó al departamento de relaciones institucionales que realizara gestiones administrativas respectivas para la creación de un puesto que se encargue de ello y por las disposiciones contenidas en la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal, en aras del bien común hizo la desvinculación contractual la cual es valida y legal y la nueva estructuración no puede darle cabida ya que las funciones que venia desempeñando eran supernumerarias y fueran reducidas por ello.- 5.- Que mediante auto de fecha cuatro de octubre del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, actuando en su condición de apoderada legal del señor MARIO ROLANDO PINEDA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha tres de diciembre del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, actuando en su condición de apoderada legal del señor MARIO ROLANDO PINEDA, formalizando su demanda con tres motivos de casación y pidiendo nulidad subsidiaria.- 7.- Que en fecha tres de diciembre de dos mil doce, se tuvo tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación interpuesto por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; Haciéndolo en fecha catorce de diciembre del dos mil doce, la abogada EDITH YANNETTE URBINA BURGOS, actuando en su condición de apoderada legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía, se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, expresa su primer y segundo motivo de la siguiente forma: “PRIMER MOTIVO. DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA. Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con el 95 numeral 19) y 111 numeral 1) del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en lo que se refiere exclusivamente a la infracción directa… SEGUNDO MOTIVO. DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por INFRACCION DIRECTA por falta de aplicación del artículo 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República; artículos uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número Dieciocho guión dos mil diez (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.”.- III. Pero es el caso que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto y esta se produce con prescindencia del haz probatorio. Por ello no es viable el ataque al fallo impugnado por esa vía, ya que en el caso in examine, la forma de la terminación de la relación laboral y sus efectos, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, de ello se deriva que no puedan prosperar los primeros dos motivos alegados por la Recurrente.- IV. Que la Impetrante formula su tercer motivo de la siguiente manera: “DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional, por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 95 numeral 19) en relación con el 111 numeral 10) del Código de Trabajo y de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número DIECIOCHO GUION DOS MIL DIEZ (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año, habiendo dejado de aplicar los artículos 129 de la Constitución de la República y 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo en la forma expuesta también resulta inadmisible puesto que en el sub-júdice la forma de terminación del contrato de trabajo, acorde a lo preceptuado en la norma señalada como violada (artículo 95 numeral 19), fue un hecho sometido a la controversia y al material probatorio, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto de aplicación indebida, ya que el Juzgador de instancia tiene autonomía en la valoración de la prueba.- VI. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- VII. Para efectos jurisprudenciales es preciso establecer, que si bien es cierto se ha venido sosteniendo y se mantiene el criterio en cuanto a que la reestructuración administrativa no es causal de despido por no enmarcarse en las señaladas en el articulo 112 del Código del Trabajo, ello no es óbice para que no se pueda realizar la terminación de la relación de trabajo bajo los presupuestos establecidos en el artículo 95 numeral 19) en relación con el artículo 111 numeral 1) ambos del Código del Trabajo, no bajo la concepción del despido injusto e ilegal preceptuado en los artículos 129 Constitucional y 113 del Código del Trabajo como garantes de la estabilidad laboral, sino, como ya se dijo, bajo el concepto de la terminación del contrato de trabajo conforme con lo dispuesto en el artículo 111 relacionado con el 95 numeral 19) del cuerpo legal antes referido.- VIII. Que el Recurrente alega nulidad subsidiaria argumentando lo siguiente: “Con base en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio la Sentencias que se impugnan cuando aparezca de manifiesto alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en Materia Laboral es admisible como causal, el error INPROCEDENDO cuando por el quebrantamiento de normas procesales se llegue a infringir normas sustantivas de carácter laboral; se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA que reforma la sentencia de primera instancia del expediente de autos por los motivos siguientes: Con fecha treinta (30) de julio del año dos mil doce (2012), la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al proferir su fallo en la Demanda de Emplazamiento Laboral promovida por el señor Mario Rolando Pineda en contra de la Institución denominada Banco Central de Honduras, en el numeral tercero de la misma expresó lo siguiente: “TERCERO: Que cuando convencidos de que la situación económica del País exige la aplicación de políticas de estabilización, es posible la adopción de medidas destinadas a res fingir en la administración pública el principio de estabilidad laboral como medida de excepción, mediante ajustes estructurales por motivos de interés económico; racionalización del gasto público y conveniencia social, dado el interés y bienestar general que el Estado se encuentra obligado a observar y proveer a la sociedad; en ese sentido mediante decreto No. 18- 2010, el Estado creo la denominada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal de un año, dirigida a la toma de decisiones o medidas de cho que extraordinarias para ajustar la estructura del Estado. - Que no obstante esta Alzada ha venido sosteniendo que la reestructuración administrativa no constituye justa causa de terminación del contrato; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre ellas las identificaciones bajo los números CL56-09, CL-499-09, CL-21 1-09, así como los que señala el recurrente en sus alegatos (SL -909-09, SL-152-09; SL -341-09) , pero en caso de autos, la terminación del contrato de trabajo para con el demandante se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y para ello, el Directorio de la entidad demandada, aprobó una nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco en ésta ciudad, hecho que implicó la supresión de la plaza de Jefe de División Administrativa, sin categoría (folios: 107,66) y 74 vuelto p.p.) ya que dentro de las actividades que se realizan en dicho puesto, como ser la administración y realización de actividades propias del Museo Daysi Fasquelle se recomendó al departamento de relaciones institucionales que realizara las gestiones administrativas respectivas para la creación de un puesto que se encargue de ello, según se desprende del estudio y propuesta que presentara el Jefe de Departamento de Organización y Planeamiento de la demandada en fecha 01 de abril del 2011 (folios: 71, y 74 vuelto), y con conllevan un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente Tres Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiún lempiras (l. 3,366,521.00), todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal, en aras del bien común, dirigida a la toma de decisiones o medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado y que naturalmente iban a afectar los mecanismos existentes en cuanto a la vinculación y estabilidad en el empleo; lo anterior hace que la desvinculación contractual sea válida y Legal Desde luego, no se trata de una suspensión o eliminación del derecho a la estabilidad que se garantiza en las relaciones laborales con la reinstalación en los casos de despido injusto; no obstante si el cuerpo legal en referencia autorizó a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al BANCO CENTRAL DE HONDURAS como una entidad descentralizada, para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, siendo esas medidas la aprobación de una nueva estructura organizacional, de manera, que no existe impedimento alguna para cesar al demandante, si la nueva estructura no le puede dar cabida, toda vez que las funciones que venia desempeñando eran supernumerarias y fueran reducidas por ello. Criterio que ha sido sustentado por el Tribunal de Alzada en las ejecutorias entre las que se identifican bajo los números 9439, 9417, 9435, 9446, 9399 y 9426.” En seguida, en la parte dispositiva y en el POR TANTO se fundamenta dicha resolución entre otros, en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera y acontece que tal y como lo manifiesta la Corte sentenciadora, esta es la motivación jurídica para declarar sin lugar la reinstalación del trabajador demandante y es del caso que la indicada LEY DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA carece de vigencia desde el día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, por lo cual se aplicó indebidamente en el caso del juzgamiento de la demanda promovida por la trabajadora demandante, una Ley que NO ESTABA VIGENTE, tampoco la misma fue invocada y sometida al debate por la parte demandada, por lo que dicho tribunal incongruentemente la aplica sin que las partes la hayan utilizado como fundamento jurídico, produciendo indefensión y violentando su deber de congruencia contenido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, por lo que procede la nulidad solicitada.”.- IX.- Que analizados por este Tribunal los argumentos señalados por la impetrante para sustentar la nulidad antes expuesta, no observa este Tribunal que se haya violentado el debido proceso y el derecho de defensa de las partes en razón de que la disposición que indica como aplicada indebidamente por no estar vigente y que “tampoco fuera invocada y sometida al debate por la parte demandada”, resultan desacertados toda vez que la misma si estaba vigente al momento de producirse la terminación laboral, además de que con base en los principios procesales DA MIHI FACTUM ET DABO TIBI IUS, (dame el hecho y te daré el derecho) y IURA NOVIT CURIA (el Tribunal conoce el Derecho), el juzgador está facultado para aplicar la ley en razón de los hechos alegados en el proceso; en consecuencia no procede la nulidad subsidiaria alegada en el escrito de mérito.- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los tres motivos de casación y la nulidad subsidiaria esgrimida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación de la sentencia de fecha dos de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 660-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL