Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-630-12 — Registro 2982

Resumen

La parte recurrente interpuso demanda ordinaria laboral de pago complementario de prestaciones laborales correspondientes al 100% del preaviso más 15% de bonificación sobre el mismo preaviso, conforme al XIV contrato colectivo; segunda instancia declara sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV.- En el sub júdice, la Recurrente pretende que este Tribunal de Casación, admita el recurso de casación y revoque el fallo del ad quem, emita un nuevo fallo sin precisar los pronunciamientos que éste debe tener, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que este Tribunal, una vez admitido el recurso, actúa en sede de instancia y por lo tanto es impropio solicitar se revoque el fallo del Tribunal de Apelación, por otra parte, el fallo sustitutivo que se pretende y que el casacionista deviene obligado a plantear, debe contener los pronunciamientos, ya sea declarando con lugar la casación parcial o total, condenando o absolviendo y todas aquellas pretensiones que estimase debe sujetar la decisión del caso. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impiden entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Censora, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de octubre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de noviembre del año dos mil doce, por la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del señor JOSE ADOLFO RAMIREZ FUNEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral de pago complementario de prestaciones laborales correspondientes al 100% del preaviso más 15% de bonificación sobre el mismo preaviso, conforme al XIV contrato colectivo de condiciones generales trabajando vigente, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil once, por el señor JOSE ADOLFO RAMIREZ FUNEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en contra del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), por medio de su Directora Ejecutivo, señora GLADIS SUYAPA SANTOS REYES, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de marzo del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL presentada por el señor JOSE ADOLFO RAMIREZ FUNEZ, en contra del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). SEGUNDO: ABSOLVER al PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) de toda responsabilidad proveniente de la presente demanda. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició a laborar con el demandado el 17 de diciembre del año 1973, habiendo laborado para la Institución por un espacio de 37 años, 6 meses 14 días, la que concluyó el 30 de Junio del año 2011, en el cargo de SUPERVISOR del Departamento de Contabilidad, mediante el Acuerdo de Remoción Nº 194-2011 efectivo a partir del 1 de Julio del año 2011, que a consecuencia de diabetes e hipertensión arterial entre otras, sufrió una alteración de su salud y como secuela de esas enfermedades, disminuyó su capacidad funcional, de acuerdo a la evaluación efectuada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pese a ello, siempre mantuvo su responsabilidad laboral con la Institución.- En función de lo expresado y haciendo uso de la cláusula número 76 del XIV Contrato Colectivo Vigente, que en su parte esencial dice: “Los Trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de catorce (14) años al PANI, tendrán derecho previa solicitud del interesado a que la Institución les pague a partir de la vigencia del presente contrato colectivo el CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PRESTACIONES LABORALES que les correspondan, dando por terminado su contrato de trabajo. Es entendido que todo trabajador por acuerdo de nombramiento que dejare de laborar en el PANI, aparte de las Prestaciones ya previstas en este Contrato Colectivo, el PANI le pagará UNA BONIFICACIÓN EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (l5%) SOBRE EIL TOTAL DE SUS PRESTACIONES LABORALES” condición que reunía plenamente, por esa razón le solicitó al PANI que diera por finalizado su Contrato de Trabajo con la Institución, a partir del 1 de abril del año 2011, previo el pago de las Prestaciones, Indemnizaciones y derechos Laborales indicados en el citado Contrato Colectivo.- Sin embargo la Institución ejercía coacción indebida sobre su persona para obligarle a que tomara a partir del día 21 de marzo del año 2011, unos días de vacaciones que tenía pendientes, acción con la que no estuvo de acuerdo y solicitó suspendieran esa ilegal autorización de vacaciones de conformidad a la cláusula 47 del Contrato Colectivo vigente, ya que no era procedente, en su lugar pidió que su contrato de trabajo, se diera por concluido a partir del 21 de marzo del año 2011, en razón de enviarlo de vacaciones, a cuya nota no se le dio respuesta, que de conformidad con el Acuerdo de Remoción Nº 194-2011, efectivo a partir del 1 de Julio del año 2011, que fue suscrito por la Directora Ejecutiva y representante Legal del PANI, puede leerse en la cláusula tercera de dicho acuerdo en la cual se le instruye a los Gerentes de Recursos Humanos, Administración, Financiera y Planificación, para que le paguen el 100% en concepto de Cesantía y derechos adquiridos que le pudieran corresponder, habiéndole pagado completamente todos los demás conceptos, excepto el Preaviso y la bonificación del mismo, consignados en el numeral 6 de la cláusula 74 y los párrafos primero y tercero de la cláusula 76 del XIV Contrato Colectivo Vigente, habiendo solicitado el correspondiente pago del preaviso al firmar el cálculo de las prestaciones y derechos adquiridos, solicitud que le hice a la Directora Ejecutiva y representante legal del PANI, el 8 de agosto del año 2011, nota de la cual no obtuvo ninguna respuesta, no obstante que la cláusula número 7 del XIV Contrato Colectivo ya expresado establece que “El PANI se compromete a no restringir las conquistas laborales....” agregando que “...las condiciones de trabajo solo deben variar cuando resulten más ventajosas para el trabajador..” y en el caso que le ocupa no existe ninguna norma jurídica que prohíba el pago del preaviso, salvo que el despido se fundamente en una causa legal que lo convierta en despido justo, en ese caso no se le hubiera pagado el auxilio de cesantía; que el 25 de agosto del año 2011, acudió a la Dirección General del Trabajo dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitando se citara a la Directora Ejecutiva y representante legal del PANI o en su defecto a su apoderado legal y se fijara una fecha de audiencia de conciliación, a efecto de buscar un arreglo entre las partes, habiéndose convocado a las partes para que comparecieran a dicha audiencia el día lunes 19 de septiembre del año 2011 a las 10 de la mañana, a la cual concurrió el apoderado del PANI, solicitando se suspendiera para hacer las consultas pertinentes al caso, razón por la que la Oficina de Conciliación acordó suspender la indicada audiencia y continuarla el día 4 de octubre del año 2011 a las 10 de la mañana, a la cual no asistió la Directora Ejecutiva y representante Legal del PANI, ni su apoderado en consecuencia se solicitó que se dieron por finalizadas las diligencias administrativas, gubernativas y conciliatorias.- 2.- La parte demandada, el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), contestó dicha demanda señalando que en fecha catorce de marzo del año dos mil once el señor José Adolfo Ramírez solicitó la finalización de su contrato de trabajo con el PANI a partir del 1 de abril del 2011 solicitando el pago de sus prestaciones laborales conforme al contrato colectivo. Que en fecha treinta de junio de dos mil once y como consecuencia de la solicitud del trabajador que pedía la terminación de su contrato, se emitió el acuerdo de remoción número 194-2011, en donde se procede a remover del cargo de Supervisor del Departamento de Contabilidad, otorgándole el pago del 100% en concepto de cesantía y derechos adquiridos. El XIV Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo establece en la cláusula 74 bajo que parámetros debe pagarse el PREAVISO y son dos: 1) Por voluntad de ambas partes lo que se traduce forzosamente en un documento de mutuo consentimiento en el que se convenga sobre ese asunto o, 2) Por causa imputable al Patrono, es decir por despido sin causa justificada.- Ninguno de los dos casos comprende al demandante porque fue una solicitud del actor la que originó el acuerdo de remoción y si bien el documento de cancelación lo emite el patrono éste, como se explicó anteriormente, es consecuencia de la solicitud del ahora demandante y no un despido como consecuencia de la aplicación de una sanción disciplinaria. Al no estar comprendido el trabajador en ninguna de los casos que comprende la norma jurídica que origina el derecho, no puede el trabajador solicitar el pago de lo que no le corresponde. Aparte de lo anterior existen otras razones por las cuales es improcedente pagarle al demandante el preaviso y esta razón estriba en que es incompatible el pago del preaviso con el goce de una pensión por invalidez dentro de las normas que regulan el Fondo de Previsión Social del PANI. Si bien es cierto el párrafo primero de la cláusula 76 del XIV Contrato Colectivo establece que a todo trabajador que haya prestado sus servicios por más de catorce años al PANI, tendrá derecho, previa solicitud del interesado, a que la institución les pague el cien por ciento de las prestaciones laborales que le correspondan dando por terminado el contrato de trabajo, resulta que este párrafo es aplicable si el trabajador se desvincula en su totalidad con el PANI, pero si se acoge a un beneficio que otorgue el PANI a través de su Fondo de Previsión Social, lo que se debe aplicar es el párrafo segundo de la referida cláusula el cual establece que se pagará el 100% del Auxilio de Cesantía y demás derechos que le correspondan si el trabajador decida acogerse a los beneficios del Fondo de Previsión Social y efectivamente esto fue lo que hizo el demandante, quien se acogió a la pensión por invalidez y la cual disfruta desde julio de 2011. En el presente caso no se le hizo efectivo el pago en concepto de preaviso ya que el hoy demandante se encuentra gozando de una pensión en virtud de su invalidez. Esto en virtud del párrafo segundo de la cláusula 76 del XIV Contrato Colectivo, el cual reconoce solamente el pago del 100% en concepto de cesantía y demás derecho laborales cuando el trabajador se acoge a una pensión del Fondo. En el presente litigio el derecho en debate trata sobre un derecho alternativo, o bien se aplica el 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales que contempla el primer párrafo de la cláusula 76 o bien se aplica el segundo párrafo de la misma cláusula que establece el pago del 100% de la cesantía y demás derecho cuando el trabajador recibe una pensión, pensión vitalicia y/o jubilación. Que en el mes de julio del año dos mil once, y con anterioridad a interponer la demanda, el hoy demandante ha venido gozando de la pensión por invalidez conforme a lo establecido en el reglamento de pensiones del Fondo de Previsión Social PANISITRAPANI, por lo que de ser condenado el PANI a pagar el preaviso se estaría cumpliendo los requisitos de la cláusula 76 párrafo primero del XIV Contrato Colectivo perdiendo de esta manera el derecho a la jubilación, pensión, y/o pensión vitalicia.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de marzo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, absolviendo al demandado de toda responsabilidad económica en el presente caso, sin costas. Criterio: Que en las presentes diligencias no hubo terminación de contrato de trabajo por despido, sino que, a iniciativa del trabajador, fundamentado en las disposiciones contenidas en el contrato colectivo vigente en la institución, la relación laboral concluyó por el mutuo acuerdo de las partes, y si bien es cierto el contrato colectivo en su cláusula 76 contempla en el caso de terminación del contrato de trabajo a iniciativa del trabajador, el pago de las prestaciones laborales incluyendo el pago del 100% del pago del auxilio de cesantía, debe excluirse el pago del preaviso, ya que éste se refiere a la comunicación que una parte da a la otra cuando va a ser despedido, pero en este caso concreto no medió un despido injustificado previamente calificado por la autoridad judicial.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: Que no se está ante un despido, ni tampoco a una terminación del contrato por mutuo acuerdo de ambas partes, ya que el trabajador en forma unilateral solicitó el retiro de la institución con el correspondiente pago de las prestaciones laborales, consecuentemente no procede el pago del preaviso solicitado en su demanda y por tal motivo es procedente declararla sin lugar.- 5.- Que mediante auto de fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS actuando en su condición de apoderada del señor JOSE ADOLFO RAMIREZ FUNEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS actuando en su condición de apoderada del señor JOSE ADOLFO RAMIREZ FUNEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que en esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce, la Abogada ELVIA CORINA SANCHEZ GARCIA, actuando en su condición de apoderada del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

(PANI).- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que la abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, desarrolla su parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “Por lo expuesto pido que admita el Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial el veintiocho (28) de mayo del año dos mil doce (2012), que se revoque la misma, por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del derecho y que en su lugar se emita una nueva sentencia en la que se reconozca el pago del complementario de las prestaciones laborales reclamadas por mi poderdante, en consecuencia que se declare CON LUGAR la pretensión del recurrente.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV.- En el sub júdice, la Recurrente pretende que este Tribunal de Casación, admita el recurso de casación y revoque el fallo del ad quem, emita un nuevo fallo sin precisar los pronunciamientos que éste debe tener, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que este Tribunal, una vez admitido el recurso, actúa en sede de instancia y por lo tanto es impropio solicitar se revoque el fallo del Tribunal de Apelación, por otra parte, el fallo sustitutivo que se pretende y que el casacionista deviene obligado a plantear, debe contener los pronunciamientos, ya sea declarando con lugar la casación parcial o total, condenando o absolviendo y todas aquellas pretensiones que estimase debe sujetar la decisión del caso. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impiden entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Censora, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 630-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL