Sentencia CL-606-12 — Registro 2804
Resumen
La parte recurrida interpuso demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo;declarada con lugar y confirmada por segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En cuanto al primer cargo, es pertinente anotar que se incurre en una serie de errores técnicos que impiden su estudio a fondo y por ende lo hacen inadmisible, como ser: a) cita como norma sustantiva infringida el artículo 113 del Código del Trabajo, pero no especifica a que situación jurídica se refiere de las contenidas en la precitada disposición; b) El precepto autorizante no es preciso ya que en la formulación del cargo alega aplicación indebida e incorrectamente lo señala comprendido en el segundo párrafo numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo; y, c) incluye en relación al precepto autorizante, una disposición del Código procesal Civil que no resulta aplicable ni en forma supletoria, ya que el Código del Trabajo claramente determina las causales o motivos del recurso de casación laboral"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de septiembre del año dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, por la Abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto, las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, por el señor ROBERTO ANTONIO HANDAL BARAHONA, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda de mérito; condenando al Estado de Honduras a pagarle al señor ROBERTO ANTONIO HANDAL BARAHONA, la cantidad de L.21,186.39, por los siguientes conceptos: preaviso L.6,532.76, auxilio de cesantía L.6,532.76, auxilio de cesantía proporcional L.1,578.76, vacaciones adeudadas L.2,177.60, vacaciones proporcionales L.631.50, aguinaldo proporcional L.3,266.38, decimocuarto mes proporcional L.466.63, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con arreglo a derecho quede firme la sentencia definitiva, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en fecha 4 de mayo de 2009, en el cargo de Asistente de Inspectoría de la Dirección General de Transporte; que mediante nota de fecha 30 de julio de 2010, la demandada determinó dar por finalizada la relación laboral con el demandante en forma directa y absolutamente injustificada, en la cual no se detalla en que consistió la falta o motivo que justifique legalmente tal determinación, sino que la demandada se limita a invocar preceptos jurídicos consignados en el Código del Trabajo que bajo ninguna circunstancia aplican al caso concreto, produciéndose dicho despido en franca violación de los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que la relación laboral que mantuvo el demandante con la demandada, era por tiempo definido y no de forma indefinida como así lo pretende hacer ver el demandante, en virtud que fue contratado por el sistema de pago por planilla o jornal por tiempo limitado; que en cuanto al cargo que asegura el demandante que desempeñaba y el salario que supuestamente devengaba, se rechaza en vista que los salarios que se fijan para este tipo de trabajo con status de temporal o jornal, se calcula de forma diaria por lo que no se puede establecer un salario mensual fijo ni permanente, por cuanto esta modalidad de contrato no se suscribe con sometimiento al cumplimiento de condición alguna, ya que los mismos se enmarcan en contratos determinados, por tal razón dicha pretensión del demandante al pretender establecer que fue despedido injustamente es improcedente en base a que dicha Secretaría actuó conforme a derecho amparada en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando al Estado de Honduras a pagarle al demandante, la cantidad de L.21,186.39 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones adeudadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la demandada al momento de notificarle el despido acepta en forma tácita que es un despido ilegal e injusto al comprometerse a pagarle sus prestaciones laborales, pero no cumplió con tal compromiso, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el demandante fue despedido mediante notificación de fecha 30 de julio del año 2010, en la cual no se determina causal que motive la toma de la decisión del empleador para terminar la relación laboral con el demandante.- 5.- Mediante auto de fecha seis de septiembre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal la Abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- En fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha catorce de noviembre de dos mil doce, el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO ANTONIO HANDAL BARAHONA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo, en relación directa con el Articulo 46 Literal b) siempre del mismo Código.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil”.- III.- En cuanto al primer cargo, es pertinente anotar que se incurre en una serie de errores técnicos que impiden su estudio a fondo y por ende lo hacen inadmisible, como ser: a) cita como norma sustantiva infringida el artículo 113 del Código del Trabajo, pero no especifica a que situación jurídica se refiere de las contenidas en la precitada disposición; b) El precepto autorizante no es preciso ya que en la formulación del cargo alega aplicación indebida e incorrectamente lo señala comprendido en el segundo párrafo numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo; y, c) incluye en relación al precepto autorizante, una disposición del Código procesal Civil que no resulta aplicable ni en forma supletoria, ya que el Código del Trabajo claramente determina las causales o motivos del recurso de casación laboral.- IV.- Que la Censora en su segundo motivo establece lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa del Artículo 118 Párrafo Segundo del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil”.- V.- En el segundo cargo la Impetrante comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio, cuando en el caso de autos la controversia se centra en la forma de terminación de la relación laboral y ello fue objeto de la prueba, por ende no resultaba viable el ataque al fallo por esa vía; y, b) igual que en el anterior motivo, el precepto autorizante no es preciso ya que en la formulación del cargo alega violación directa de la ley; todo lo cual resulta que el cargo no sea admisible.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 606-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL