Sentencia CL-605-12 — Registro 3025
Resumen
demanda ordinaria laboral de reintegro al puesto de trabajo por despido ilegal e injustificado;segunda instancia confirmo con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, el Impetrante se aleja por completo de los lineamientos que dicta la técnica casacional al estructurar su recurso de casación específicamente en el acápite de la declaración del alcance de la impugnación ya que en ningún momento propone el fallo sustitutivo cuando deviene obligado a hacerlo. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de octubre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, por el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA); en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro al puesto de trabajo por despido ilegal e injustificado, pago de los salarios dejados de percibir, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril de dos mil once, por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS, mayor de edad, casada, Ingeniero Civil y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en contra del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de su Gerente General señor DANILO ALVARADO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de junio de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en representante de la señora EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS, en contra del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), en cuanto al reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, en consecuencia, CONDENÓ a la institución demandada por dichos conceptos y declaró CON LUGAR el incidente de tachas opuesto por el apoderado demandante contra la declaración del Testigo-Perito, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada en fecha 15 de febrero de 2007, desempeñándose en el puesto de Ingeniero de Proyectos en la oficina Regional del SANAA de la ciudad de La Ceiba; que mediante nota de fecha 9 de diciembre de 2010, se le comunicó a la demandante la terminación del contrato de trabajo, sin invocarle la demandada la causa o motivo para dicha cancelación, solamente se expresa que la misma se fundamenta en el artículo 53 de la Ley del Sector de Agua Potable y Saneamiento en donde se autoriza al SANAA para que cancele otorgando el 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales al personal que con motivo de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y el Reglamento de esta ley sean innecesarios; que para poder cancelar al personal con base en la autorización que el artículo 53 de la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento otorga al SANAA es necesario que se cumpla que la cancelación sea con motivos de la aplicación de la ley, es decir, que haya una transferencia de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento a una Municipalidad y que se realice en el plazo de 5 años contados a partir de la vigencia de la ley, todo de acuerdo con los artículos 48, 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley citada; que en el caso que nos ocupa, no se cumple ninguno de los requisitos señalados en la ley, pues a la fecha del despido de la demandante, el SANAA no ha transferido a ninguna Municipalidad el Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la ciudad de La Ceiba y al momento de despedir a la demandante ya había transcurrido el plazo de los 5 años establecido en dicha ley, por lo tanto no se puede argumentar un despido con base a la misma, violentándose de esta manera los artículos 117 del Código del Trabajo y 67 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.- 2.- La parte demandada, SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que la demandante se le ha cancelado su Contrato de Trabajo en virtud de que la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento es una ley especial que se contrapone a la ley secundaria en vista, que es un caso atípico la transición y traspaso de todos los bienes del acueducto que pertenecían al SANAA, que se les harán los traspasos a todas la municipalidades del país y en referencia el acueducto de La Ceiba litoral Atlántico que realmente pertenecen ya a la Municipalidad de La Ceiba, ya que es cuestión de tiempo la entrega de dicho acueducto como plazo máximo en el año de 2013; que la institución demandada no se basa en cancelar el contrato de trabajo a su entera voluntad antojadiza, ni política, va encaminada a la transición y traspaso de los acueductos a las municipalidades lo cual en la misma ley en referencia contempla su proceso y traspaso de forma gradual de bienes, plan operativo y su estructura.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de marzo de dos mil doce, dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda promovida por el abogado Samuel Florentino Salgado, en representación de la señora Eblin Mirtala Herrera Turcios, en contra del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en cuanto al reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; condenando a la institución demandada por dichos conceptos y declaró con lugar el incidente de tachas opuesto por el apoderado demandante contra la declaración del Testigo-Perito, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio este Tribunal es de la opinión que la demandada no acreditó en forma fehaciente haber tenido justas causas para despedir a la demandante, pero que la demandante si acreditó que la demandada no señaló en forma concreta la causal del despido y violando el artículo 67 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, así como en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito; que en relación a la tachas de testigos este Tribunal es de la opinión que el testigo Perito ALAN MAURICIO ESPINAL PORTALES, está comprendido dentro de las inhabilidades que señala el articulo 312 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, interés indirecto que se demuestra por ser el testigo representante del patrono al tenor de lo establecido en el articulo 6 del Código del Trabajo, ya que es el representante de la demandada en la ciudad de La Ceiba.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de junio de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que examinados que han sido los autos, este Tribunal de Alzada concluye que la sentencia que se revisa vía recurso de apelación es conforme a derecho ya que se comprobó la relación laboral que existió entre las partes, constatándose que el despido por intermedio de Nota de fecha 9 de diciembre del año 2009, que debido a que no es posible la reubicación de la demandante y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 de la Ley del Sector de Agua Potable y Saneamiento se ha tomado la determinación de dar por terminado su contrato de trabajo y pagarle sus prestaciones e indemnizaciones laborales; además se acreditó que no se siguió el procedimiento establecido para el despido de la demandante de acuerdo al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, por lo que la causal alegada por el demandado, no se incluye entre las causas justas que conforme al artículo 112 del Código del Trabajo, facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte.- 5.- Mediante auto de fecha seis de septiembre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- En fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha seis de noviembre de dos mil doce, el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, actuando en su condición de representante procesal de la señora EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- El Impetrante formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “La impugnación de la sentencia ad quem tiene el siguiente alcance En primer lugar se persigue que case totalmente la sentencia de fecha trece de junio de dos mil doce, por la honorable corte de aperciones del trabajo de Francisco Morazán, donde se persigue que la sentencia de la a quem establece que habían examinados los autos en las diligencias pero no determinaron sobre los preceptuado del artículo 57 de la ley marco del sector de agua potable, al determinar la Corte donde establece que no se cumplió con el procedimiento del contrato colectivo es el mismo establece que es sometido para conflictos o situaciones laborales, pero en este caso se podía decir que es atípico ya que es una situación que la demandante su trabajo había cesado por lo situaciones de la gestión sobre proyectos auspiciado por la comunidad internacional. Invocando la estabilidad laboral siendo disposiciones constitucionales si es contrario a principio constitucionales estaban obligado a los magistrados si la considera inconstitucional, siendo que la misma se encuentra dentro del derecho positivo vigente. Siendo que el reintegro a que labor si dicha plaza se encuentra congelada o cancelada.”.- III.- El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, el Impetrante se aleja por completo de los lineamientos que dicta la técnica casacional al estructurar su recurso de casación específicamente en el acápite de la declaración del alcance de la impugnación ya que en ningún momento propone el fallo sustitutivo cuando deviene obligado a hacerlo. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 605-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL