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Sentencia CL-534-12 — Registro 2797

Resumen

la parte recurrida interpuso demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido directo, ilegal e injusto. la segunda instancia reformo la sentencia de primera instancia declarando con lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que la lectura del fallo recurrido no revela que el mismo este carente de motivación, tal y como lo sostiene el Impetrante y si bien esta Sala aprecia que lo externado por el Ad-quem no es lo suficientemente amplio, como debería ser, también lo es que contiene el criterio por el cual basa su decisión; por otro lado, no se advierte ninguna situación en que se hayan visto afectados los derechos de defensa y el debido proceso, por lo que no cabe atender tal petición formulada subsidiariamente

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de agosto del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de octubre del año dos mil doce, por el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la sociedad ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA, S.A. DE C.V.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido directo, ilegal e injusto, pago de los reajustes de decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario y pago de vacaciones causadas y no pagadas, pago de los salarios adeudados de los últimos dos (2) años correspondiente a quinquenios, antigüedad en el servicio, grados académicos adquiridos, horas de clase y demás derechos establecidos en el estatuto del docente hondureño y su reglamento general de aplicación, salarios dejados e percibir a título de daños y perjuicios, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, por la señora GLADYS GUADALUPE AMADOR SIERRA, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Letras y Lenguas y de este domicilio, en contra de la SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S.A. DE C.V. (SOGESA DE C.V.), por medio de la Presidenta del Consejo de Administración, señora GLORIA GUILLEN DE ZELAYA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARIO RAFAEL ZALDAÑA MORGAN, en su condición de apoderado demandante- apelante.- 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha 25 de enero del año 2012 así: a) REVOCANDO los numerales 1, 2, 3 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia en consecuencia: 1) Declara CON LUGAR la demanda promovida por GLADYS GUADALUPE AMADOR SIERRA, contra la SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS AL]FONSO GUILLEN ZELAYA S.A. DE C.V. (SOGESA DE C.V.), a través de su Presidenta del Consejo de Administración GLORIA GUILLEN DE ZELAYA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, reajuste de aguinaldo, reajuste décimo cuarto mes, reajuste de aguinaldos, pago de salario adeudado en los dos últimos años por quinquenios, antigüedad en el servicio, grado académicos adquiridos, horas de clase y los salarios dejados de percibir. 2) CONDENA a la demandada SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S.A. DE C.V. (SOGESA DE C.V.), a través de su Presidenta del Consejo de Administración GLORIA GUILLEN DE ZELAYA, a pagar a GLADYS GUADALUPE AMADOR SIERRA, a pagarle la cantidad de DE UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.1,410,826.45) desglosados de la siguiente manera: a) preaviso Lps.70,779.38, auxilio de cesantía Lps.849,351.84, auxilio de cesantía proporcional Lps.10,322.03, reajuste de aguinaldo Lps.10,111.30, reajuste décimo cuarto mes Lps.7,583.48, reajuste de vacaciones Lps.33,030.48, pago de salarios adeudados de los 2 últimos años correspondientes a quinquenios antigüedad en el servicio, grado académicos adquiridos, horas de clase y demás derechos establecidos en el Estatuto del Docente Hondureño y su Reglamento General de Aplicación Lps.429,648.00, más los salarios dejados de percibir calculado desde la fecha del despido hasta que la sentencia que se dicte quede firme.- 3) CONFIRMANDO en el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia. - 4) SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició a laborar en la institución demandada el día 16 de junio de 1986 en el puesto de Catedrática en la sede del Barrio la Ronda y posteriormente, fue trasladada al puesto de: Sub Directora de la sede de San José del Pedregal en el año 2003 al 2005, se le solicitó que la trasladara a la sede del Barrio la Ronda a lo que aceptó sin problemas y laboró desde el año 2006 al 2009 que finalmente, en fecha 28 de junio del 2010 la demandada elaboró un Memorándum que recibió en fecha 1 de julio del 2010 donde se le notificaba que le trasladara a la sede de San José del Pedregal en el puesto de: Sub Directora, lo que aceptó con un poco de recelo y bajo protesta, debido a sus problemas de salud, ya que, había venido prestando su fuerza de trabajo por más de 24 años de servicio continuo. Sin embargo, para su sorpresa y por lo inesperado del asunto, en fecha 30 de septiembre del 2010, de manera directa, ilegal e injustificada fue despedida de su puesto de trabajo como: SUB-DIRECTORA. Honorable señor (a) Juez, es muy importante mencionar que al momento de ser despedida, devengaba un Salario Promedio Mensual de: CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS (L.14,504.00); durante los últimos seis meses de trabajo. Pero, tuve que haber devengado un Salario Promedio Mensual de: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.35,389.66) por concepto de todos los Derechos Adquiridos y Derivados del Estatuto del Docente Hondureño y su Reglamento General de Aplicación, que en la nota de despido aludida se le responsabiliza y despide por no haber obedecido la orden reiterada de trasladarla de la Sede San José de la Colonia Altos del Pedregal, que es completamente falso en virtud de que si cumplió con el traslado ordenado, pues el mismo demandado lo reconoció en las actas de descargos de fecha 14 y 28 de septiembre del año 2010 a través de la Jefe de Personal de la SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S. A. DE C. y. (SOGESA DE C.V), ya que, cuando ella se manifestó refiriéndose a su persona, expreso que: “SE PRESENTO A SU TRABAJO PERO NO HA CUMPLIDO CON LOS DEBERES QUE LE CORRESPONDE COMO SUB DIRECTORA” que si ejerció sus funciones como Sub Directora en la sede de San José del Pedregal firmando certificaciones de estudio y conducta, que en fecha 16 de agosto del 2010 mientras cumplía con sus obligaciones laborales en su nuevo lugar de trabajo, una Inspectora de Trabajo, en el centro de trabajo INSTITUTO ALFONSO GUILLEN ZELAYA. CON SEDE EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL levanto un acta de inspección en atención a su traslado lo que, pone en evidencia, aun mas, que si cumplió con mi traslado ordenado en fecha 01 de julio del 2010 y que convierte en injusto e ilegal dicho despido. Que asimismo, al apreciar la nota de despido de fecha 30 de septiembre del 2010, se puede evaluar que la misma carece de las Formalidades y Requisitos que Exige el Artículo 117 del Código del Trabajo en vista que la misma solo establece como fundamento no haber obedecido la orden reiterada de trasladarse de la sede San José de la Colonia Altos del Pedregal, se puede apreciar que la causal de despido está mal invocada, pues la misma, no es clara, ya que, no establece a través de que medio se dio la orden de traslado de una sede a otra, es decir, si la orden fue girada en forma verbal, escrita, correo electrónico y además no precisa el día, mes y hora en qué se dio la orden de traslado y a partir de que día, mes y hora se debió ejecutar dicha orden de traslado. Por otra parte el Artículo 863 del Código de Trabajo dice: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en el término de un mes que comienza a correr desde que se dio la causa para la terminación de este, o, en su caso desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria”, del anterior extremo se podrá apreciar que al demandado le corrió la prescripción, en virtud, de que el Memorándum de fecha 28 de junio del 2010 mismo que contiene la resolución del consejo de administración en el que se le notifica la decisión de trasladarle a la sede de San José del Pedregal en el puesto de Sub Directora a partir del primero de julio del 2010 y que es precisamente la causa que motivo su despido, en relación con la nota de despido de fecha 30 de septiembre del 2010 al demandado ya le había prescrito la acción de despido por esa causa que se invoca, es decir que desde el día 01 de julio al 30 de septiembre ambos del 2010 habían transcurrido más de los 30 días que establece la ley para despedir a un trabajador. Que el Estatuto del Docente Hondureño y su Reglamento General de Aplicación en su Artículo 50, reza: “A los profesores titulados para ejercer en el nivel medio, a los licenciados, bachilleres universitarios en pedagogía se les calculara una compensación por calificación académica asignándoles un sesenta y nueve por ciento (69%) sobre el sueldo base vigente, Igual Reconocimiento se dará a los maestros de educación primaria que ostenten título de profesor en educación media o universitaria en el campo docente”. Así mismo, el Artículo 51 del mismo texto legal, establece: «El personal regulado por el Estatuto del Docente Hondureño tendrá asignaciones salariales colaterales por los conceptos siguientes: 1).- Puesto desempeñado. 2).- Antigüedad del servido. 3).- Grados académicos adquiridos. 4).- Meritos profesionales alcanzados. 5).- Zona de trabajo. El incremento salarial por estos colaterales será calculado sobre el sueldo base....”. El Artículo 52 numeral 6) de la Ley en mención dice: “Por concepto de años de servicio se otorgara a los docentes un incremento calculado en forma automática sobre el sueldo base de acuerdo a la siguiente escala: 1).-.. 2).- 3).-... 4).-... 5).-... 6).- Veinticuatro (24) años de servicio: 90%...”. Finalmente el Articulo 83 de dicha ley, establece: «Cada centro educativo privado tendrá una escala de sueldos que contemplara, además del sueldo base, las remuneraciones por concepto de prado académico, años de servicio, puesto, meritos profesionales, costo de la vida y características especiales requeridas por la institución”. Derivado del anterior extremo, expresa que durante los veinticuatro (24) años de servicio a favor de la demandada, jamás gozó de sus derechos que como maestra había causado y que el Estatuto del Docente Hondureño y su Reglamento General de Aplicación contempla como derechos adquiridos. Además, de ser una obligación imperativa del patrono hacérselos efectivos, por ser: Sub Directora, Profesora de Educación Media en Letras con el Grado de Licenciatura (con especialidad en literatura). También, por estar afiliada al INPREMA, COPEMH y que ahora reclamo los salarios de los dos (2) últimos años, por asistirme así el derecho, tal y como se demostrara en la secuela del juicio. Posteriormente compareció ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, específicamente, ante la oficina de Conflictos Individuales de Trabajo, a presentar reclamo administrativo laboral y al no llegar a un arreglo en esa Secretaria de Estado, mediante acta se dio por agotado el trámite administrativo gobernativo en fecha 22 de octubre de 2010. 2.- La parte demandada, SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S.A. DE C.V. (SOGESA DE C.V.), contestó dicha demanda señalando que el conflicto que motiva la decisión del despido de la demandante, surge por su sistemática negativa a cumplir la orden o instrucción que personalmente y por escrito se le giro para que se trasladara a otro centro de trabajo, actitud que puso en precario la subordinación que es el elemento que caracteriza sustancialmente el contrato de trabajo, por ello, el caso de autos no se trata de un simple incumplimiento de una orden, si no, el desconocimiento de uno de los elementos esenciales de la relación de trabajo, misma que por su naturaleza jurídica es tal que no requiere de circunstancias fácticas que determinen la existencia del contrato, ya que basta con la potencialidad empleadora de impartir ordenes, como elemento integrante en la relación para calificarla como trabajo subordinado, que no cabe la admisión de términos prescriptitos cuando se afecta uno de los elementos contractuales tan trascendente como el de la subordinación como lo pretende la demandante, como si no fuese suficiente lo anteriormente expuesto, debe apreciarse que la misma demandante con sus alegatos y la prueba que ofrece evacuar, alude a la intervención de la Inspectoria General del Trabajo, dependencia que ha actuado a su petición y la que en fecha 9 de septiembre del 2010, que le notificó una acta de intimación, conforme a la cual se le formulan cargos por supuestas violaciones al Código de Trabajo por haber notificado a la ahora demandante su traslado, como subdirectora, expediente que está en trámite, pendiente de resolución definitiva; es decir, que ella misma mantiene en vigencia el asunto objeto de la demanda, y que incluso lo esgrime como justificación de su rebeldía en la audiencia de descargo, que la acción de personal de traslado que le ordenó a la demandante, no implica afectación a su dignidad, su seguridad u honor; no representa una variante en la remuneración y categoría; tampoco constituye una movilización geográfica que le perjudique, ya que el lugar de trabajo asignado está ubicado en la misma colonia y a una distancia cercana a su casa de habitación y a otro centro de trabajo donde ella presta sus servicios en horario vespertino, o sea que no argumenta ninguna causa valida y legitima para justificar su negativa, que la demandante pretende desvirtuar la causal de despido afirmando que ella estaba acudiendo al centro de trabajo al que fue asignada al ordenársele el traslado.- Este hecho en cuanto a su ubicación al tiempo del despido se acepta por ser cierto y pues nació de la buena fe de la directora quien supuso que al ubicarla en la sede asignada, asumiría las funciones corno subdirectora; sin embargo, a pesar de asistir normalmente a dicho centro de trabajo, en todo momento se negó a posesionarse del cargo, para cumplir de esa manera las múltiples funciones que le asigna a la subdirectora, el articulo 86 del Reglamento General de Educación Media y no como lo manifiesta la demandante, de firmar algunas calificaciones de estudio y conducta.- Se entiende por qué así corresponde en derecho, que mediando la negativa de asumir el cargo, sus actuaciones no quedan legitimadas corno subdirectora, que parece olvidar la demandante que la acción personal de traslado que es oficializada por acuerdo de nombramiento que emite la Dirección Departamental de Educación Media, culmina con la torna de posesión del cargo, de tal suerte que aun habiendo estado presente en el centro de trabajo NO SE CONCRETO LA ACCION PERSONAL.. DE TRASLADO en virtud del no acatamiento de una orden que en forma particular le giro su patrono, que la causal está claramente consignada y fundamentada en las disposiciones aplicables del mencionado código y la terminación unilateral del contrato fue comunicado en forma personal y por escrito, precisamente en La nota que adjunta a la demanda. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones, reajuste de salario, pago de salario adeudado en los dos últimos años por quinquenio, antigüedad en el servicio, grados académicos, horas de clase y salarios dejados de percibir, absuelve a la demandada de esos conceptos, declarando con lugar la demanda en cuanto al pago de reajuste por vacaciones, reajuste de aguinaldo y reajuste del decimocuarto mes, condena a la demandada al pago de esos conceptos, sin costas. Criterio: que la demandada tuvo justas causas para despedir a la demandante cuando se negó a cumplir una orden de traslado de la sede del Centro a la sede ubicada en el San José del Pedregal y que la demandante no acreditó que esta orden de traslado se debía a hostigamientos alegados por ella, que el pago de quinquenios por antigüedad en el servicio, grado académico recibido, horas de clase no se le aplican en virtud de que la demandante tenía un cargo administrativo y su salario ya estaba definido. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha once de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar con lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones laborales, reajuste de aguinaldo, reajuste del decimocuarto mes, pago de salarios adeudados en los dos últimos años por quinquenios, antigüedad en el servicio, grado académico adquirido, horas de clase y salarios dejados de percibir, condena a la demandada al pago de esos conceptos, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la sentencia quede firme, confirmando los demás extremos de la sentencia apelada, sin costas. Criterio: Que el reglamento de la empresa debe de estar en armonía con la norma que establece las disposiciones disciplinarias y el Estatuto del Docente, la demandante en ningún momento solicito el traslado de una sede a otra y la parte patronal no la puede obligar a cumplir con el traslado que se le hizo, que no se siguió el debido procedimiento en el caso de las faltas disciplinarias tal como se aprecia mediante las pruebas presentadas. 5.- Que mediante auto de fecha trece de agosto del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE actuando en su condición de apoderado de la SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S.A. DE C.V. (SOGESA DE C.V.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación. 6.- Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE actuando en su condición de apoderado de la SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S.A. DE C.V. (SOGESA DE C.V.), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación junto con nulidad subsidiaria. 7.- Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintiséis de octubre del año dos mil doce, el Abogado MARIO RAFAEL ZALDAÑA MORGAN, actuando en su condición de apoderado de la señora GLADYS GUADALUPE AMADOR SIERRA. 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE en sus tres motivos de casación expone: “PRIMER MOTIVO DE CASACION. Violación directa del artículo 113 del código del trabajo, por falta de aplicación de loS artículos 19 párrafo segundo ,20 letra b y 97 numero 1 del código de trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el ordinal primero del artículo 765 de código del trabajo… SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Infracción indirecta del articuló sustantivo del art 113 de código de Trabajo. Por medio del artículo 738 y 739 del mismo cuerpo legal por error de hecho en la apreciación del medio documental privado que obra a folio 15 de la primera pieza de autos PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el ordinal primero del artículo 765 de código, del trabajo… TERCER MOTIVO DE CASACION: Infracción indirecta del artículo 113 por medio del art 739 del código de Trabajo, 200, y 931 del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el ordinal primero del artículo 765 de código del trabajo…” III.- Que el Recurrente en los tres cargos que anteceden incurre en los siguientes defectos técnicos comunes, que los hacen inadmisibles, a saber: a) El artículo 113 del Código del Trabajo señalado como norma violada, contiene varios párrafos y literales, los cuales hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que se debió precisar a cual de ellas correspondía; b) no es preciso en el señalamiento del precepto autorizante, ya que el ordinal primero del artículo 765 del citado Código, contiene dos párrafos, que hacen referencia a diferentes causas o motivos de este extraordinario recurso; c) en el primer motivo incluye como disposiciones infringidas los artículos 19 y 20 del mismo ordenamiento jurídico, cuando las mismas no tienen la característica de ser normas sustantivas; y, d) en la formulación del tercer cargo relaciona disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, que en realidad son del Código Procesal Civil. IV.- Que de manera subsidiaria se pide la nulidad de la sentencia impugnada, bajo los siguientes parámetros: “Subsidiariamente a los motivos de casación o nulidad de la sentencia que se impugna se solicita la anulabilidad de la misma por falta de requisitos esenciales que de acuerdo a la normativa procesal para que tenga eficacia y consecuentemente surta todos sus efectos jurídicos. La impugnación está referida a la sentencia dictada a la audiencia de juzgamiento en el día viernes 11 de mayo de 2012 dictada por la corte de apelaciones del trabajo en el recurso de alzada promovido por el abogado MARIO RAFAEL ZALDAÑA MORGAN contra la sentencia definitiva proferida por el juzgado de letras del trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha 25 de enero del año 2012 en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GLADYS AMADOR SIERRA contra la SOCIEDAD GENERAL DE ESTUDIOS ALFONSO GUILLEN ZELAYA S.A DE CIV. (SOGESA DE C.V.), Impugnación que formulo de conformidad a las consideraciones legales siguientes. Primero le bastara a esta honorable sala una simple lectura de la resolución de merito para discernir que el pronunciamiento que carece de los elementos formales que debe contener una sentencia según el literal c del articulo200 del código Procesal Civil, al que está sometido el juez laboral de acuerdo a lo prescrito en el artículo 931, ya que omite en la motivación las razones y fundamentos legales del fallo, ósea, que no consigna la expresión concreta de las normas aplicables al caso. Segundo: también adolece la motivación de la sentencia impugnada del requisito interno previsto en el número 1 del artículo 207 del código de procedimientos Civiles pues no aparecen expresado los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho. Falencia u omisión palpable cuando sin motivación o fundamentación jurídica alguna condena a la demandada al pago de cantidades supuestamente adeudadas en aplicación del estatuto del docente. Tercero: finalmente en cuanto a la congruencia que proclama el articulo 208 numeral 1 del código de Procedimientos Civiles, carece de este elemento ya que no es acorde con la demanda y las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito, en consideración a lo anterior y con fundamento en los artículos 200, 207 y 208 del código de Procedimientos Civiles demando la anulablildad de la sentencia dictada por la corte de apelaciones del trabajo de esta sección judicial en virtud de no contener las regulaciones que se puntualizan en los articulas arriba mencionados.-” V.- Que la lectura del fallo recurrido no revela que el mismo este carente de motivación, tal y como lo sostiene el Impetrante y si bien esta Sala aprecia que lo externado por el Ad-quem no es lo suficientemente amplio, como debería ser, también lo es que contiene el criterio por el cual basa su decisión; por otro lado, no se advierte ninguna situación en que se hayan visto afectados los derechos de defensa y el debido proceso, por lo que no cabe atender tal petición formulada subsidiariamente. VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 534-12

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL