Sentencia CL-519-12 — Registro 3094
Resumen
En primera instancia se declaro sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido o en su caso, sea considerado su reintegro en iguales o mejores condiciones de trabajo que desempeñaba, pago de salarios caídos, pago de beneficios contractuales derivados del contrato colectivo, reglamento del plan de asistencia social, que el banco asuma todos los costos por mora en su prestamos personal por no esta pagando las cuotas que le corresponden desde la fecha del despido injusto hasta. En segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no indica si la infracción indirecta alegada proviene de error de hecho o de derecho; y b) no singulariza la prueba en que se fundamenta dicha infracción.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Pero es el caso que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto y esta se produce con prescindencia del haz probatorio. Por ello no es viable el ataque al fallo impugnado por esa vía, ya que en el caso in examine, la forma de la terminación de la relación laboral y sus efectos, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio; además, el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo fue aplicado por los tribunales de primera y segunda instancia, en consecuencia no resultaba procedente señalar la falta de aplicación de una norma que si fue aplicada; de ello se deriva que no pueda prosperar el primer motivo alegado por el Recurrente.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible ya que el ad quem no aplicó en su fallo, lo dispuesto en el numeral 12) del artículo 111 del Código del Trabajo, norma citada como violada por aplicación indebida; al no hacerlo, no resulta acertado el argumento del Censor del fallo, ya que una norma que no fue aplicada no puede ser estimada como aplicada indebidamente.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de diciembre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil doce, por el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido o en su caso, sea considerado su reintegro en iguales o mejores condiciones de trabajo que desempeñaba, pago de salarios caídos, pago de beneficios contractuales derivados del contrato colectivo, reglamento del plan de asistencia social, que el banco asuma todos los costos por mora en su prestamos personal por no esta pagando las cuotas que le corresponden desde la fecha del despido injusto hasta que, de conformidad con las normas procesales, quede firme la sentencia condenatoria, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cuatro de agosto del año dos mil once, por el señor JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en contra del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Presidente, la señora MARIA ELENA MONDRAGON DE VILLAR, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de junio del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por la señora JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS, contraída a solicitar el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en consecuencia: SEGUNDO: ABSUELVE AL DEMANDADO, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, de toda responsabilidad económica, a través de su Representante Legal MARIA ELENA MONDRAGON DE VILLAR, por dicho concepto.- TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DENMANDA: en cuanto al pago de salarios caído, Beneficios contractuales derivados del Contrato Colectivo, y Reglamento del Plan de Asistencia Social.- CUARTO: ABSUELVE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su representante Legal MARIA ELENA MONDRAGON DE VILLAR, al pago de dichos conceptos.- QUINTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el demandado en la sucursal de San Pedro Sula, Cortés, el 9 de julio de 1979, desempeñándose en el puesto de Auxiliar de Comercio Exterior, que en fecha 28 de abril del 2011, se le entrego nota en la cual le notifica el despido por parte del patrono, a partir del 3 de mayo del 2011; que el 6 de julio del 2011, se dio por agotado el reclamo administrativo, que en la nota de despido no indica causal, solo hace referencia a una supuesta reestructuración, misma que fue llevada a cabo ultrajando la Constitución de la República en su artículo 90. Que en la resolución No.145-4/2011 del 8 de abril del año 2011, el Directorio del Banco Central de Honduras, emitió resolución sin acatar lo dispuesto en la cláusula novena del contrato colectivo, ya que prescindió por completo de concertarlo primero con el sindicato, el motivo de la presente demanda es de reintegro, pues el Banco Central pretende obligarlo a que se jubile por retiro voluntario, violentando con ello el reglamento del plan de asistencia social, ya que la jubilación por retiro voluntario es por esencia voluntad del empleado a ejercitar ese derecho, no es a petición o imposición del patrono que se realiza el trámite como se ha pretendido en este caso, al pretender en forma unilateral y de manera arbitraria que se jubile, pese a estar en el periodo de jubilación voluntaria, por lo cual la cancelación se emitió ultrajando el debido proceso provocándole de esta forma daños y perjuicios.- 2.- La parte demandada, BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública, los órganos de la administración deben evitar la duplicidad de funciones, promover justicia social y aprovechar de manera optima sus recursos, por lo que el Banco Central de Honduras, permanentemente y en forma técnica evalúa las distintas áreas de desempeño de la institución, con el objeto de determinar qué áreas de desempeño de la institución cumplen o no sus funciones. Que el Banco Central de Honduras, siguiendo el principio de libre administración, está facultado para ejecutar las medidas necesarias para el desarrollo de las actividades que por Ley le corresponden y su normativa interna le permite cancelar las plazas cuya existencia resulta innecesaria. Que el Banco Central de Honduras, realiza una evaluación de la estructura organizativa, distribución y carga de trabajo en la sucursal del banco en San Pedro Sula, para lo cual utilizó el sistema de entrevista directa con cada uno de los empleados permanentes y supernumerarios, a fin de determinar si existía una sobrecarga u holgura en sus actividades, estudio que determinó que en el área de sección internacional y de comercio exterior, presentaba una holgura en la carga de trabajo de 10 horas diarias, de los cuales 3.95 correspondían al puesto de auxiliar de comercio, desempeñado por 3 personas, incluido el trabajador demandante, recomendándose bajo criterio eminentemente técnico la cancelación del área de sección internacional y comercio exterior, la jefatura de la misma, el puesto de auxiliar de control, una plaza en el puesto de auxiliar de comercio exterior así como el traslado de 3 plazas a la sección de contabilidad, resaltando que la aprobación de la nueva estructura organizativa para la sucursal de San Pedro Sula, vino a representar un ahorro anual aproximado de L.3,366,521.00 y por ende para el Estado. Mediante memorando del 1 de abril del 2011 dirigido a la subgerencia del área operativa del Banco recomendó entre otras cosas la cancelación de una de las plazas de “auxiliar de comercio exterior”, de manera que con base en dicha opinión técnica el Directorio del Banco Central de Honduras, mediante nota del 28 de abril del 2011, le comunicó al ahora demandante que la plaza que ocupaba, quedaba cancelada, dando lugar con ello a la terminación de la relación laboral, haciéndole ver que conforme al Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, había cumplido con los años de servicio que le daban derecho a una renta vitalicia mensual por concepto de jubilación por lo que se le sugería acogerse a este beneficio y que de conformidad con la legislación laboral le correspondía el pago de sus proporciones laborales dejándole de esta forma a salvo el derecho del demandante de acogerse al beneficio de jubilación alcanzado, así como el pago de sus derechos proporcionales considerando la incompatibilidad del pago del auxilio de cesantía y jubilación. En el presente caso se canceló uno de los puestos de trabajo del cual desempeñaba el demandante en atención a las particularidades del entorno familiar y económico y que con la cancelación resultare menos perjudicado. En cuanto a lo manifestado por el demandante, de que se desempeñaba como Presidente Interino de la Junta de Delegados Sindicales de la Sucursal del Banco de la ciudad de San Pedro Sula y sin el ánimo de abundar sobre el asunto por el cual el demandante ha impetrado una infundada acción judicial que se tramita bajo el expediente 510-2011, por lo que quiere dejar plenamente establecido que tal aseveración es ajena a la verdad, en vista que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de su competencia y como única autoridad administrativa del trabajo, resolvió mediante resolución del 17 de enero del 2008, que la vigencia de la Junta Directiva del SITRABANTRAL, para el período 2006-2007 había concluido el 2 de enero del 2008, por ende también finalizaron los períodos para las juntas de delegados que hubiesen resultado afectadas, en tal sentido, en el supuesto que el demandante hubiera ocupado algún puesto protegido por el fuero sindical, que no es el caso, dicha protección hubiese finalizado el 2 de enero del 2009, por lo tanto lo que hubo fue que la plaza ocupada por el demandante fue cancelada y la misma no existe dentro de la estructura administrativa de dicha dependencia.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda contraída a solicitar el reintegro al puesto de trabajo, absolviendo al demandado de toda responsabilidad económica en el presente caso, sin lugar la demanda en cuanto al pago de los salarios caídos, beneficios contractuales derivados del contrato colectivo y del reglamento del plan de asistencia social, absuelve al demandando del pago de dichos conceptos, sin costas. Criterio: que el demandado justificó la terminación del contrato de trabajo del demandante, llevado a cabo mediante la reestructuración, amparado en el artículo 95 numeral 19, 111 numeral 1) del Código del Trabajo y Cláusulas Tercera y Novena del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, suscrito entre el Banco Central de Honduras y su Sindicato, la parte demandante alego ser injusto e ilegal el despido, pues en realidad no sucedió tal despido sino que una terminación del Contrato de Trabajo, mediante una reestructuración de puesto o plaza de trabajo, cuestiones o significados estados que son totalmente distintas entre uno y otro.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, sin perjuicio de los derechos ofertados por la patronal en la nota mediante la cual le comunicó la terminación del contrato de trabajo, sin costas. Criterio: mediante decreto 18-2010, el Estado creó la denominada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal de un año, dirigida a la toma de decisiones o medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado.- Que no obstante que esa alzada ha venido sosteniendo que la reestructuración administrativa no constituye causa justa de terminación del contrato, pero que en el caso de autos, la terminación del contrato de trabajo para con el demandante, se deriva de la necesidad de racionalizar el gasto público, y para ello, el Directorio de la entidad demandada, aprobó una nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco en San Pedro Sula, hecho que implicó la supresión de la plaza de Auxiliar de Comercio Exterior, categoría 9 de la Sección Internacional y de Comercio Exterior, División de Operaciones, ya que las actividades que se realizan en dicho puesto, se pueden ejecutar únicamente con dos plazas, según se desprende del estudio y propuesta que presentara el Jefe del Departamento de Organización y Planteamiento de la demandada, en fecha 1 de abril del 2011, y que conllevan un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente L.3,366,521.00, todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal, en aras del bien común, dirigida a la toma de decisiones o medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado y que naturalmente iban a afectar los mecanismos existentes en cuanto a vinculación y estabilidad en el empleo, lo anterior hace que la vinculación contractual sea válida y legal, desde luego no se trata de una suspensión o eliminación del derecho a la estabilidad que se garantiza en las relaciones laborales con la reinstalación en los casos de despido injusto, no obstante si el cuerpo legal en referencia autorizó a los 3 poderes del estado con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, siendo esas medias la aprobación de un nueva estructura organizacional, de manera que no existe impedimento alguno para cesar al demandante, si la nueva estructura no puede dar cabida, toda vez que las funciones que venía desempeñando eran supernumerarias y fueras reducidas por ello.- 5.- Que mediante auto de fecha trece de agosto del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado FABRIZZIO ANTONIO VENTURA VALLE actuando en su condición de apoderado del señor JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha diecisiete de septiembre el año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, en su condición de apoderado del señor JORGE ALBERTO PERDOMO GRANADOS, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, el abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, actuando en su condición de apoderado del BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía, se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, expresa su primer motivo de casación en la siguiente forma: “Acusamos la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Infracción Directa del artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo que señala: “Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 1)… ; 2) ..; 3)…; 4) ..; 5) …; 6)…; 7) ...; 8) ...; 9) .,; 10) .,; 11) ...; 12) ...; 13) ...; 14) ...; 15) …; 16)…; 17)…; 18)…; 19) Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo”, relacionado a su vez con la Cláusula Novena del Contrato Colectivo suscrito entre el Banco Central de Honduras y el SITRABANTRAL que al efecto establece en su último párrafo: “El Banco no tomara resolución respecto al reajuste del personal, sin antes analizar la opinión del Sindicato”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo expresado está comprendido en el artículo 765, ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo”.- III. Pero es el caso que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto y esta se produce con prescindencia del haz probatorio. Por ello no es viable el ataque al fallo impugnado por esa vía, ya que en el caso in examine, la forma de la terminación de la relación laboral y sus efectos, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio; además, el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo fue aplicado por los tribunales de primera y segunda instancia, en consecuencia no resultaba procedente señalar la falta de aplicación de una norma que si fue aplicada; de ello se deriva que no pueda prosperar el primer motivo alegado por el Recurrente.- IV. Que el Impetrante en su segundo motivo expresa: “Asimismo, volvemos a acusar la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Aplicación Indebida del artículo 111 numeral 12) del Código del Trabajo que establece que: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1)...; … 12) “Resolución del contrato decretada por autoridad competente”, en relación con el Artículo 3 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, que establece al efecto: “Para el logro de los fines de este Decreto, el Gobierno debe adoptar las medidas pertinentes en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto público, medidas de orden financiero, disposiciones sociales de beneficio social y administrativo, de conformidad a las atribuciones conferidas por la Constitución de la Republica y Reglamentos vigentes.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo expresado está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA APLICACIÓN INDEBIDA: El Tribunal AD-QUEM aplico indebidamente el Artículo 111 numeral 12) del Código del Trabajo en relación al Artículo 3 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera para justificar el despido de mi representado a través de una reestructuración de la Sucursal de San Pedro Sula y poder así vulnerar su estabilidad laboral, cuando lo que debió haber aplicado es el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, ya que la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera no ostentaba vigencia legal en espacio y tiempo, en virtud de que el 03 de Mayo de 2011 lecha en que fue cancelada la plaza de mi representado, la susodicha ley había dejado de tener vigencia al haber sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de Abril de 2010 y con vigencia de un año, terminando su vigencia el 16 de Abril de 2011, asimismo durante el juicio nunca fue discusión de las partes, que debido a la aplicación de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera se dio la cancelación de la plaza de mi representado y el Tribunal ADQUEM de manera ilegal le da resolución al contrato de trabajo de mi representado y utiliza una ley que en espacio y tiempo había dejado de existir, vulnerando gravemente el derecho al trabajo de mi representado.”.- V. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible ya que el ad quem no aplicó en su fallo, lo dispuesto en el numeral 12) del artículo 111 del Código del Trabajo, norma citada como violada por aplicación indebida; al no hacerlo, no resulta acertado el argumento del Censor del fallo, ya que una norma que no fue aplicada no puede ser estimada como aplicada indebidamente.- VI. Que el Recurrente formula su tercer motivo de la siguiente manera: “Acusamos la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta del artículo 60 del Código del Trabajo precisamente en los primeros dos párrafos: “Los contratos colectivos obligan a sus firmantes así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que este previere expresamente lo contrario” y esto relacionado con la Cláusula Décima Segunda del Contrato Colectivo suscrito entre el Banco Central de Honduras y el SITRABANTRAL que establece precisamente lo siguiente: “El Banco se compromete a no disminuir, tergiversar o suprimir las prestaciones sociales de que disfruta el personal del Banco hasta esta fecha, contenidas en el Código del Trabajo y Reglamento del Plan de Asistencia Social para el personal del Banco Central de Honduras,” y finalmente esto relacionado a su vez con el Reglamento del Plan de Asistencia Social que en su Artículo No.33 establece que: “La jubilación podrá otorgarse por retiro voluntario o por retiro forzoso. La jubilación por retiro voluntario tendrá lugar cuando el participante ejercite su derecho en cualquier momento, a partir de la fecha de haber cumplido con los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio. La jubilación por retiro forzoso tendrá lugar cuando el participante haya cumplido con el requisito de servicio y alcanzado los sesenta años.” NORMAS ADJETIVAS QUEBRANTADAS: Las normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta la norma sustantiva supra indicada están constituidas por los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo expresado está comprendido en el artículo 765, ordinal 1°, párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN INDIRECTA: El Código del Trabajo establece la obligación de observar las estipulaciones de los Contratos Colectivos tal como lo señala el Artículo 60 del Código del Trabajo precisamente en los primeros dos párrafos y esto relacionado con la Clausula Decima Segunda del Contrato Colectivo suscrito entre el Banco Central de Honduras y el SITRABANTRAL, ya que el Banco Central de Honduras pretendió obligar al señor Jorge Alberto Perdomo Granados a jubilarse anticipadamente, cuando la jubilación voluntaria es un acto personalísimo del trabajador, y no habiendo cumpliendo la edad obligatoria del retiro (por no tener 60 años), se le suprimió las prestaciones sociales de que disfruta contenidas en el Reglamento del Plan de Asistencia Social y que el Tribunal Ad-Quem no le reconoció en la Sentencia Impugnada.”.- VII. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no indica si la infracción indirecta alegada proviene de error de hecho o de derecho; y b) no singulariza la prueba en que se fundamenta dicha infracción.- VIII. Que el Recurrente presentó un escrito donde interpone la nulidad absoluta de actuaciones, bajo el argumento de que la sentencia recurrida confirma el fallo dictado por el a quo en fecha 14 de abril del 2012, cuando el mismo fue emitido el 18 del mismo mes y año; petición que debe ser desestimada, ya que se trata de un lapsus calami del ad quem; en todo caso no observa este Tribunal que se haya violentado el debido proceso y el derecho de defensa de las partes.- IX. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los tres motivos de casación y el escrito de nulidad presentado ante este Tribunal en fecha 31 de agosto del 2012.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR el escrito de nulidad presentado ante este Tribunal en fecha 31 de agosto del 2012. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación de la sentencia de fecha dos de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 519-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL