Sentencia CL-508-12 — Registro 3123
Resumen
Demanda laboral de emplazamiento para que un patrono sea condenado a pagarle las prestaciones e indemnizaciones laborales; segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional ya que tanto el fallo de primer grado como el de segundo contienen pronunciamientos que le son favorable a la parte que representa, como es el caso de la condena en derechos adquiridos, por consiguiente su petición tuvo que haber sido parcial y no total como lo solicita en el caso de merito. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CL-508-12
TE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de diciembre de dos mil trece.-
VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha ocho de octubre del año dos mil doce por el abogado JACOBO RIVERA DIAZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado del señor GERARDO ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ; en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que un patrono sea condenado a pagarle las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, decimotercer mes de salario en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes de salario en concepto de compensación social, pago de salarios caídos, más costas, pago de reajuste salarial en relación al Estatuto vigente del Médico Hondureño; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil once, por el señor GERARDO ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Médico, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en contra de la empresa mercantil CENTRO MEDICO S.A., por medio de su representante legal, señor JOSE LUIS ORTIZ, mayor de edad, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha nueve de abril del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: REFORMANDO: la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve (09) de abril del año dos mil doce (2012), en la demanda promovida por el señor GERARDO ALFREDO GARCIA contra la empresa mercantil denominada CENTRO MEDICO S.A. (CEMESA) a través de su representante señor JOSE LUIS ORTIZ; reforma que se contrae a: Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de: reajuste salarial en relación al Estatuto Medico Hondureño; en consecuencia, se Absuelve a la demandada del pago de dicho concepto.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la parte resolutiva de la referida sentencia; es decir, en cuanto a que se declara sin lugar la demanda, la condena del pago de los derechos adquiridos y la exoneración de costas.- TERCERO: Ésta instancia, en base a las normas laborales protectoras, y por ser el derecho laboral eminentemente social considera EXIMIR de la imposición de COSTAS al trabajador vencido.- CUARTO: Se le hace la observación al Juez……….”.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 15 de mayo de 1998, en el cargo de Médico General de Guardias, que el día 16 de junio del 2011, a las 12:30 de la noche, fue llevada a la sala de emergencias una menor a quien atendió asistido de dos enfermeras auxiliares, que la menor presentaba un cuadro clínico de vómito 3, dolor de cabeza, con una escala de conciencia de 15, pupilas normales, quien no presentaba traumas ni antecedentes cardiovasculares, por lo cual se hicieron los procedimientos normales, se le practicó un examen de sangre que reflejó una alza de glóbulos blancos, concluyendo que existía una infección, se determinó aplicarle un antibiótico y suministrarle suero para reponer líquidos perdidos por la paciente, quien fue entregada a sus familiares en condiciones estables, que aproximadamente a las 6:00 am, nuevamente fue ingresada la menor en estado de paro cardio-respiratorio agudo, que resulto en la muerte de la menor, por lo cual la empresa demandada rescindió su contrato de trabajo, aduciendo irresponsablemente que fue su culpa los hechos acontecidos, que fue despedido el 12 de julio del 2011, mediante nota donde no se le relaciona ningún artículo del Código de Trabajo, remitiendo su asidero legal a las normas internas y leyes especiales del ejercicio de los profesionales de la medicina, sin embargo la carta de despido relaciona que no cumplió con los parámetros y protocolos de emergencia del hospital, lo cual es falso pues en ese hospital no existe ningún manual de procedimientos y parámetros de protocolos de emergencia, que solo es un invento de justificación para defender un argumento de despido injustificado.-
2.- La parte demandada, empresa mercantil denominada CENTRO MEDICO SANPEDRANDO S.A. (CEMESA), contestó dicha demanda señalando que se rechaza la fecha en que alega el demandante que comenzó a laborar dentro de la empresa, que es falso que fue dejado en indefensión, pues se siguieron los procedimientos para despedirlo según el reglamento interno de la empresa como ser el Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pues el demandante demostró negligencia inexcusable en el desempeño de sus funciones, asimismo no cumplió con su deber con los cuidados que el caso requería mostrando una inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de sus funciones de médico de guardia en el hecho ocurrido el 16 de junio del año 2011, que cuando se dice que el demandado actuó con negligencia inexcusable, no se refiere a la negligencia dolosa, sino a la negligencia en materia laboral que se produce por el descuido, la imprevisión, falta de atención y falta de aplicación en la realización de un acto que puede ser apreciado por los sentidos por parte del trabajador.-
3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de abril del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, absolviendo a la empresa de toda responsabilidad económica respecto al pago de prestaciones e indemnizaciones legales de preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos, condenando a la empresa al pago de los derechos adquiridos, sin costas. Criterio: que la parte demandante no logró desvirtuar las causas del despido, que la parte demandada logró probar fehacientemente la justificación del despido notificado al actor del presente juicio.-
4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar sin lugar la demanda para el pago de reajuste salarial en relación al Estatuto del Médico Hondureño, en consecuencia absolvió a la demandada del pago de dicho concepto, confirmando la parte resolutiva de la sentencia, es decir, en cuanto a que declarar sin lugar la demanda, condenando al pago de derechos adquiridos y la exoneración de costas, sin costas; siendo del mismo criterio del juez A-Quo, solo que éste no se pronunció sobre el pago del reajuste del salario.-
5.- Que mediante auto de fecha trece de agosto del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JACOBO RIVERA DIAZ, actuando en su condición de apoderado del señor GERARDO ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.-
6.- Que en fecha ocho de octubre del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado JACOBO RIVERA DIAZ, actuando en su condición de apoderado del señor GERARDO ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil doce, la abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ C., actuando en su condición de apoderada de la empresa mercantil denominada CENTRO MEDICO SANPEDRANDO S.A. (CEMESA).-
7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.-
II.- Que el abogado JACOBO RIVERA DIAZ, formula su petitum de la demanda de la siguiente manera: “FALLA. PRIMERO: Casa totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés en 28 de mayo del 2012, en el juicio laboral promovido por el señor Gerardo Alfredo García Rodríguez, contra Centro Medico, S.A., que motiva el presente recurso de casación SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda laboral de Primera Instancia que promovió el señor GERARDO ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ, contra el CENTRO MEDICO, S.A. del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en consecuencia CONDENA a la demandada a pagar al demandante la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS, por los siguientes conceptos por los siguientes conceptos PREAVISO LPS.54,133.33; AUXILIO DE CESANTIA LPS.365,399.91; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL LPS 11,769.44; VACACIONES PROPORCIONALES LPS.1606.67; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL LPS.22,667.78; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL LPS. 15,677.78 REJUSTE SALARIAL DE ACUERDO AL ESTUTO DEL MEDICO HONDUREÑO 1,028,745.70 MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COMPUTADOS DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRARTO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA, con Costas”.-
III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional ya que tanto el fallo de primer grado como el de segundo contienen pronunciamientos que le son favorable a la parte que representa, como es el caso de la condena en derechos adquiridos, por consiguiente su petición tuvo que haber sido parcial y no total como lo solicita en el caso de merito. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.-
IV.- Que el Censor alega nulidad subsidiaria con fundamento en lo siguiente: “En defensa de los derechos de mi Patrocinado interpongo Nulidad de la Sentencia recurrida, en virtud de existir incongruencia en el fallo, pues es criterio que el despido debe darse de conformidad al Artículo 117 del Código de Trabajo y finalmente expresa que en suma, la terminación de la relación de trabajo debe ser motivada, lo cual, es contradictorio entonces, ya que el demandante alegó que en la nota de despido no se invocó causal justa, centrando el demandando su debate en una causal inexistente a la notificada al empleado, y no hizo uso de su derecho de defensa, cuestionando el señalamiento de la falta de legalidad en la notificación del despido, pues las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, ya que la Corte en su Sentencia recurrida reforma la del Juez inferior, pero omite establecer con claridad en que consiste la reforma y cuales confirma, incumpliendo al debido proceso, ya que toda persona tiene derecho a ser oída con las formalidades, garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, garantía ésta que se encuentra subsumida en el Artículo 90 de la Constitución de la República por lo que procede decretar la nulidad de dicha Sentencia”.-
V.- Que analizada tal petición, se advierte que los argumentos sobre la incongruencia del fallo recurrido carecen de razón, porque el recurso de apelación fue desestimado por el Ad-quem conforme a las cuestiones debatidas en el proceso y los alegatos formulados ante dicho Tribunal y por otro lado, el punto relacionado con la motivación del despido es una cuestión de fondo del litigio y por ende, no es una cuestión netamente procesal; en adición, no se observa que los juzgadores hayan violentado el debido proceso, ni el derecho de defensa de las partes, por lo cual no procede la solicitud de nulidad realizada en forma subsidiaria.-
VI.- Que por las razones expuestas procede declarar no ha lugar el recurso de casación de mérito y sin lugar la nulidad interpuesta en forma subsidiaria.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y uno de enero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 508-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz H.
Arita