Sentencia CL-429-12 — Registro 2687
Resumen
La parte recurrida interpuso demanda ordinaria laboral, para el reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido ilegal e injusto; la sentencia declarada con lugar fue confirmada por la segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación al constituir el petitum de la demanda o sea el fin que persigue el recurrente o el objeto que se propone el recurso, no se trata de una formalidad susceptible de ser eludida sin consecuencias, puesto que dentro de esa técnica especial en la formulación del recurso de casación, el alcance de la impugnación integra la manifestación clara y precisa del recurrente con el fin que persigue con el recurso, no siendo por tanto un requisito meramente formal del cual pueda prescindirse, sino uno de naturaleza tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de julio del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintidós de agosto del dos mil doce, por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en relación a la demanda ordinaria laboral, para el reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, incrementos salariales, derechos adquiridos en ausencia, pago de reajuste de salario mínimo de forma retroactiva, reconocimiento de antigüedad declaratoria judicial en cargos de carácter permanente; interpuesta el diecisiete de septiembre del dos mil nueve, ante el Juzgado Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA, ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS Y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, todos mayor de edad, solteros, Servidores Públicos, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, por medio del representante legal del Estado de Honduras, señora ROSA MIRANDA RIVERA DE GALLO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintitrés de marzo del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán mediante la cual falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada en fecha ocho de diciembre del dos mil once por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo y Salarios Dejados de percibir promovida por los señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, de generales expresadas; contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales expresadas; 2.- Condena al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a reintegrar al señor VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA, a su puesto de trabajo como Vigilante y a la señora ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, al puesto de Aseadora, ambos empleados del INSTITUTO MANUEL BONILLA, de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva y demás derechos otorgados a los demás trabajadores en su ausencia; 3.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Reajuste de Salario Mínimo de los años 2007 y 2008 promovida por los señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; 4.- Absuelve al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO de pagar a los Señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA dichos conceptos. 5.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de reintegro y pago de salarios dejados de percibir; promovida por los trabajadores CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS Y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, de generales conocidas; contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales conocidas; 6.- Absuelve al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS Y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, y demás derechos pretendidos. 7.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que empezaron a laborar en el Instituto Oficial Manuel Bonilla de La Ceiba, Departamento de Atlántida, pagados bajo el sistema de jornal, matricula gratis, fondos del Colegio, etc. dependiente de la Secretaria de Educación, en las fechas, puesto y salario a saber: VÍCTOR RAMON SANTOS FIGUEROA, 11 de Julio 2007, salario L.3,250.00, cargo vigilante del Instituto Manuel Bonilla; ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, 1 de febrero del 2006, cargo de Aseadora, salario L.3,250.00; CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, el 9 de Septiembre de 1999, puesto Aseadora, salario inicial L.3,250.00; BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, el 21 de mayo del 2005, puesto Aseadora, salario L.3,250.00 LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, el 21 de mayo 2005, cargo Aseadora, salario mensual L.3,250.00; AVELINA REYES CALLEJAS, 1 de junio del 2000, cargo Aseadora, salario L.3,250.00 y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, 20 de abril del 2000, cargo Aseadora, salario mensual L.3,250.00. Que en fecha 15 de diciembre del año 2008, VÍCTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, fueron despedidos de sus cargos por la Directora del Instituto Manuel Bonilla Licenciada ALTAGRACIA SUSANA URBINA DIAZ, sin ninguna justificación al no haber cometido ninguna falta que diera lugar a la terminación de la relación laboral y sin observar ningún tipo de procedimiento de defensa y debido proceso, les entregaron unos cheques como supuesto pago de prestaciones, que no tenían fondos, los cuales devolvieron a la Administración del Instituto, posteriormente se agotó el trámite gubernativo del cual no resolvió ninguna conciliación administrativa.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que los demandantes señor Ramón Santos Figueroa y la señora Orbelina Maldonado, fueron despedidos en virtud de razones presupuestarias, pero tal actuación fue consentida por los mismos, ya que las autoridades del Instituto Manuel Bonilla, en fecha 15 de diciembre del año 2008 procedieron a dar cumplimiento con las obligaciones correspondientes, entregándoles los cheques, números 33876583 y 33876582 respectivamente, los cuales fueron aceptados expresamente por los mismos. Que no es cierto lo manifestado por los demandantes al expresar que los cheques no tenían fondos, ya que consta en el expediente administrativo que fueron cobrados en el Banco de Occidente según Oficio No. 001-D-IBM- 09 a folio No. 4 del expediente administrativo y posteriormente regresaron al Instituto haciendo las devoluciones en dinero, el cual fue consignado en la Procuraduría del Trabajo, la cual se les informa que pueden pasar a recoger su pago consistente en los derechos laborales correspondientes. Que se rechaza lo reclamado por los demandantes, en virtud que el salario mínimo al cual se refieren equivalente a CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,500.00), éste entró en vigencia hasta el año dos mil nueve (2009), y en virtud que ellos hacen referencia a los años 2007 y 2008, se les hace la aclaración a los demandantes que no existe retroactividad de la Ley, solo en materia penal cuando esta favorece al reo, (artículo 9 del Código Penal). Con respecto a las señoras, CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación no tiene ni existe ninguna relación laboral ya que ellas abandonaron sus puestos de trabajo, por constar en el expediente administrativo, según oficio No. 003-D-IMB-08 de fecha 13 de Octubre del año 2008 a folio No. 24 del expediente administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de diciembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral, condenando al ESTADO DE HONDURAS, a reintegrar al señor VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA a su puesto de trabajo como Vigilante y a la señora ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, al puesto de Aseadora, ambos empleados del INSTITUTO MANUEL BONILLA, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva y demás derechos otorgados a los demás trabajadores en su ausencia; declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario mínimo de los años 2007 y 2008 promovida por los señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, contra El ESTADO DE HONDURAS, y Absuelve al ESTADO DE HONDURAS, de pagar a los Señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA dichos conceptos; declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de reintegro y pago de salarios dejados de percibir; promovida por los trabajadores CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS Y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, de generales conocidas; contra El ESTADO DE HONDURAS, absolviendo al ESTADO DE HONDURAS, de reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS Y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, y demás derechos pretendidos; SIN COSTAS en esta instancia; bajo el criterio que los señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA, han demostrado a ese despacho judicial el despido injusto de que fueron objeto por su empleador, asistiéndoles el derecho de ser reintegrados a sus respectivos puestos de trabajo con todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en su ausencia, que lleva implícito el pago del salario mínimo conforme las diferentes tablas que han estado vigentes a partir de la fecha en que se introdujo la demanda de mérito, o posteriores al despido, ya que los actores no acreditaron el salario devengado durante los años 2007 y 2008, mismos que no puede ser demostrado con prueba testifical, si no con prueba documental, sobre todo cuando se trata de instituciones del sector público; en consecuencia procede declarar con lugar la demanda de mérito; en relación a la demanda incoada por los trabajadores CANDIDA AZUCENA CRUZ EUCEDA, BANIA MARIBEL CLAROS POSAS, LESBIA JUDITH VALLADARES OYUELA, AVELINA REYES CALLEJAS Y CARMEN ALICIA SALES PERDOMO, se declara sin lugar por no haberse formalizado en legal y debida forma la demanda, ni acreditado el despido.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 23 de marzo del 2012, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia definitiva venida en apelación, bajo el criterio que se pudo establecer que efectivamente los señores Ramón Santos Figueroa y Orbelina Maldonado fueron despedidos de sus puestos de trabajo, sin invocárseles ninguna causal justa de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo y si bien es cierto la parte demandada alega en su defensa que a estos demandantes se les canceló sus prestaciones laborales y que fueron aceptadas expresamente por los demandantes, entregándoseles los cheques Números 33876583 y 33876582, también es cierto que la misma parte demandada reconoce y así fue acreditado en juicio, que los cheques fueron devueltos por los demandantes a la institución quien los recibió, por lo tanto, al haberlos aceptado nuevamente es como si nunca les hubiera cancelado en forma oportuna las prestaciones laborales a los señores Ramón Santos Figueroa y Orbelina Maldonado, por lo que procede declarar con lugar la demanda de reintegro, por no haber acreditado la parte demandada tener motivos justos para dar por terminado los contratos de trabajo de los señores Ramón Santos Figueroa y Orbelina Maldonado. Que en relación a los demandantes Candida Azucena Cruz Euceda, Bania Maribel Claros Posas, Lesbia Judith Valladares Oyuela, Avelina Reyes Callejas y Carmen Alicia Sales Perdomo, no acreditaron con los medios de prueba aportados al juicio que fueron objeto de despido ilegal e injusto, en consecuencia es procedente declarar sin lugar la demanda con respecto a ellos. Que los demandantes Víctor Ramón Santos Figueroa y Orbelina del Carmen Maldonado Meza, también solicitan un reajuste al salario mínimo, sin embargo el mismo es procedente declararlo sin lugar, porque como bien lo dice la Juez A-Quo, no acreditaron en el proceso que devengaban en los años 2007 y 2008 salarios inferiores al mínimo, ya que los salarios se acreditan con las planillas correspondientes, copias de cheques, vauchers, etc, pero no con prueba testifical como pretendía la parte demandante.- 5.- Mediante sentencia de fecha 20 de julio del 2012, este Tribunal, RESOLVIO admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, de generales conocidas y actuando en su condición de Apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y DISPUSO que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente para que en el término de 20 días formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 22 de agosto del 2012, compareció ante este Tribunal el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su recurso de casación laboral, presentando dos motivos de Casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de 10 días procediera a contestar la demanda, haciéndolo según proveído de fecha 6 de septiembre del 2012, el Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, actuando en su condición de apoderado de los señores VICTOR RAMON SANTOS FIGUEROA Y ORBELINA DEL CARMEN MALDONADO MEZA.- 7.- No habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal Supremo se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el caso sub júdice, el Impetrante omite consignar el capítulo relacionado con la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal de Casación. Al prescindirse por completo del alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- III. Que el alcance de la impugnación al constituir el petitum de la demanda o sea el fin que persigue el recurrente o el objeto que se propone el recurso, no se trata de una formalidad susceptible de ser eludida sin consecuencias, puesto que dentro de esa técnica especial en la formulación del recurso de casación, el alcance de la impugnación integra la manifestación clara y precisa del recurrente con el fin que persigue con el recurso, no siendo por tanto un requisito meramente formal del cual pueda prescindirse, sino uno de naturaleza tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de Agosto del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha treinta de Julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 429-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL