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Sentencia CL-425-11 — Registro 2398

Resumen

El recurso de casación se interpuso contra proferida por la Corte de Apelaciones que falló declarando haber lugar, el recurso de apelación formulado por la parte demandada y decretando nulidad absoluta de actuaciones de la demanda laboral en referencia, a partir del auto de admisión y demás actuaciones posteriores.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el fallo dictado el 11 de agosto del 2011 por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula Departamento de Cortés, mediante la cual declara haber lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y contradictoriamente decreta nulidad absoluta de actuaciones, bajo el criterio que la jurisdicción del Trabajo no era la competente para conocer del reclamo laboral presentado por la demandante, sino que le correspondía a la jurisdicción Contencioso Administrativo, estableciendo en adición que el juzgado de primera instancia carecía de competencia objetiva, no es clara, precisa ni congruente ya que si dicho tribunal declaró haber lugar al recurso de apelación relacionado, se encontraba obligado a confirmar, reformar o revocar el fallo recurrido, puesto que la nulidad, por ser una cuestión relacionada con presuntas irregularidades en el proceso, no debía haberse ligado a un medio de impugnación.- VII.- Que en adición a lo anterior, resulta violatorio al principio de seguridad jurídica y del debido proceso que se anulen actuaciones de una instancia inferior, cuando la situación jurídica vinculada a la competencia por razón de la materia fue parte de la controversia que el a-quo había resuelto mediante sentencia interlocutoria que las partes no recurrieron y que por ende consintieron someter su litis a la competencia del juzgado del Trabajo, por lo que se continuó con el trámite correspondiente.- VIII.- Que en razón de los principios de economía procesal e indubio pro operario, no es pertinente dilatar, en perjuicio del trabajador, el juzgamiento de la demanda, máxime que no se observan en el proceso que el ad-quem pretendió invalidar, violaciones a garantías tales como el derecho de defensa y del debido proceso.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de enero del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha catorce de noviembre del dos mil once, por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la señora LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes en concepto de compensación social, pago de los salarios adeudados de abril a agosto del 2010, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de septiembre del dos mil diez, por la señora LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Pasante de la carrera de Derecho y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, por medio de la Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de agosto del dos mil once, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló Declarando haber lugar, el recurso de apelación formulado por la parte demandada y decretando NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES de la demanda laboral en referencia, a partir del auto de admisión y demás actuaciones posteriores, asimismo se deja a salvo el derecho de la demandante para que pueda ejercitar sus pretensiones ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, SIN COSTAS en esta instancia. Dicho recurso de apelación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA:1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIAPROMOVIDA POR LA TRABAJADORA LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ TENDIENTE A QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. VACACIONES, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL 2010, PROMIVIDA EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, REPRESENTADA POR LA SEÑORA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO EN SU CONDICIÓN DE PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. TODOS DE GENERALES CONOCIDAS EN AUTOS. AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA.- EN CONSECUENCIA: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA a cumplir con las pretensiones siguientes: 1.- AL PAGO DE LAS PRESTACIONES: PREAVISO (2 MESES): LPS.12,833,34; AUXILIO DE CESANTIA (2 MESES): LPS.12,833.33; AUXILIO DE CASANTIA PROPORCIONAL: (12.75 DÍAS) LPS.2,727.10; VACACIONES AÑO 2,009- 2,010: LPS.4,277.80; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2010: LPS.3,254.11; DECIMO CUARTO MES AÑO 2,010: LPS.5,500.00; DECIMO CUARTO MES AÑO 2,010 PROPORCIONAL: LPS.581,16; SALARIOS ADEUDADOS DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,010 LPS.23,383.31,. HACIENDO UN TOTAL DE SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS.65,880.15) MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE SEGÚN LA NORMAS PORCESALES QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- CON COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que su relación laboral con la Secretaría de Salud Pública en el hospital del área de Puerto Cortés dio inicio en fecha uno de marzo del 2006, desempeñándose como AUXILIAR DE ESTADISTICAS, finalizando la relación laboral en fecha 4 de agosto del 2010 fecha en que se le notificó que estaba despedida desde el dos de agosto del mismo año, por ordenes de la Dirección del Hospital, invocando el motivo de no contar con el presupuesto necesario, causal que no tiene asidero jurídico alguno en el Código del Trabajo.- 2.- La parte demandada contestó dicha demanda señalando que la contratación es de duración limitada y con plazo determinado y que son contratos administrativos de servicios profesionales y técnicos con tareas especificas; que la demandante en ningún momento fue despedida, simple y llanamente a ella se le venció el contrato de servicios profesionales y técnicos que tenía con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; que el juzgado competente es el de lo Contencioso Administrativo ya que la demandante lo que suscribió fueron contratos de servicios profesionales y técnicos, con cláusulas claras y concretas en donde quedan establecidas las pautas y disposiciones de los mismos.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 25 de mayo del 2011, dictó sentencia definitiva así: “FALLA:1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PROMOVIDA POR LA TRABAJADORA LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ TENDIENTE A QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. VACACIONES, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL 2010, PROMIVIDA EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, REPRESENTADA POR LA SEÑORA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO EN SU CONDICIÓN DE PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. TODOS DE GENERALES CONOCIDAS EN AUTOS. AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA.- EN CONSECUENCIA: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA a cumplir con las pretensiones siguientes: 1.- AL PAGO DE LAS PRESTACIONES: PREAVISO (2 MESES): LPS.12,833,34; AUXILIO DE CESANTIA (2 MESES): LPS.12,833.33; AUXILIO DE CASANTIA PROPORCIONAL: (12.75 DÍAS) LPS.2,727.10; VACACIONES AÑO 2,009- 2,010: LPS.4,277.80; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2010: LPS.3,254.11; DECIMO CUARTO MES AÑO 2,010: LPS.5,500.00; DECIMO CUARTO MES AÑO 2,010 PROPORCIONAL: LPS.581,16; SALARIOS ADEUDADOS DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,010 LPS.23,383.31,. HACIENDO UN TOTAL DE SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS.65,880.15) MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE SEGÚN LA NORMAS PORCESALES QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- CON COSTAS”; bajo el criterio que del análisis en su conjunto de los medios de prueba aportados al debate por el apoderado de la parte actora se lograron constatar los siguientes extremos: 1.- Que está plenamente probada la existencia de la relación laboral por tiempo indefinido que vinculó a la demandante Lourdes Amalia Álvarez Martinez con la institución demandada. 2.- Que la relación de trabajo que vinculó a la demandante con la institución demandada cuenta con los tres elementos establecidos en el articulo 20 incisos a), b) y c). 3.- Que dicha relación de trabajo estuvo regida por el Código del Trabajo no existiendo evidencia alguna que pruebe la existencia de acuerdo de nombramiento alguno, ni que exista partida presupuestaria a favor de la demandante en la Dirección Nacional de Presupuesto. 4.- Se constató abundantemente el despido verbal del que fue objeto la demandante mediante actas e informes levantados por el Inspector del Trabajo, el cual fue admitido por el mismo Jefe de Personal de la demandada. 5.— Que la causal de despido relativa a falta de presupuesto, no es causal legal reconocida en el Código del Trabajo por lo cual dicho despido deviene en ilegal.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, en fecha 11 de agosto del 2011, dictó sentencia definitiva Declarando haber lugar el recurso de apelación formulado por la parte demandada y decretó NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES de la Ddemanda laboral en referencia, a partir del auto de admisión y demás actuaciones posteriores, asimismo se deja a salvo el derecho de la demandante para que pueda ejercitar sus pretensiones ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, SIN COSTAS, bajo el criterio de que la jurisdicción del Trabajo no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por la demandante, sino que le corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por las siguientes razones: Si bien la actora sostiene que su relación de trabajo fue mediante contrato, resulta que éste era aprobado mediante acuerdo ministerial, asimismo la accionante estaba amparada bajo la modalidad 12100, contrataciones que se formalizan mediante acuerdo interno de cada institución del sector público según lo dispone el artículo número 67 del Decreto 16-2010; que aun y cuando el apoderado judicial demandado no recurrió la sentencia interlocutoria en donde se declaró sin lugar la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal no se puede considerar que su consentimiento subsane el error y prorrogue una competencia objetiva que no le corresponde por excepción a los Juzgados del Trabajo.- Que de acuerdo al artículo número 31.2 del Código Procesal Civil cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda.- 5.- Mediante sentencia de fecha 14 de septiembre del dos mil once, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de apoderada de la señora LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ, contra la sentencia de fecha once de agosto del dos mil once, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y DISPUSO que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la recurrente por el término de 20 días para que formulara su demanda de casación.- 6.- En fecha 14 de noviembre del 2011, compareció ante este Tribunal el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda exponiendo un motivo casación, por lo que en proveído de la misma fecha se admitió el escrito, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de 10 días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha 6 de diciembre del 2011, el Abogado ALLAN NAHUM ARAUJO VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, actuando en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el fallo dictado el 11 de agosto del 2011 por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula Departamento de Cortés, mediante la cual declara haber lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y contradictoriamente decreta nulidad absoluta de actuaciones, bajo el criterio que la jurisdicción del Trabajo no era la competente para conocer del reclamo laboral presentado por la demandante, sino que le correspondía a la jurisdicción Contencioso Administrativo, estableciendo en adición que el juzgado de primera instancia carecía de competencia objetiva, no es clara, precisa ni congruente ya que si dicho tribunal declaró haber lugar al recurso de apelación relacionado, se encontraba obligado a confirmar, reformar o revocar el fallo recurrido, puesto que la nulidad, por ser una cuestión relacionada con presuntas irregularidades en el proceso, no debía haberse ligado a un medio de impugnación.- VII.- Que en adición a lo anterior, resulta violatorio al principio de seguridad jurídica y del debido proceso que se anulen actuaciones de una instancia inferior, cuando la situación jurídica vinculada a la competencia por razón de la materia fue parte de la controversia que el a-quo había resuelto mediante sentencia interlocutoria que las partes no recurrieron y que por ende consintieron someter su litis a la competencia del juzgado del Trabajo, por lo que se continuó con el trámite correspondiente.- VIII.- Que en razón de los principios de economía procesal e indubio pro operario, no es pertinente dilatar, en perjuicio del trabajador, el juzgamiento de la demanda, máxime que no se observan en el proceso que el ad-quem pretendió invalidar, violaciones a garantías tales como el derecho de defensa y del debido proceso.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 46, 47, 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 11 de agosto de 2011, visible a folios doce (12) al dieciséis (16) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación de la sentencia de fecha veintidós de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 425-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL