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Sentencia CL-390-11 — Registro 3005

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto; segunda instancia confirmo declarando sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- II.- Que en ausencia de disposiciones especiales en el proceso del Trabajo el Juez laboral deberá acudir a las normas análogas del Código del Trabajo y en su defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, ahora Código Procesal Civil.- III.- Lo anterior viene a colación debido que la Jurisdicción del Trabajo debe regir el contenido formal de sus sentencias en base a las disposiciones del Código Procesal Civil el cual establece que deberán ser motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo.- IV.- La conexión de los fundamentos de derecho y los antecedentes de hecho tiene un papel trascendente en el valor que tendrá la solución jurídica frente a las partes y la comunidad que mira expectante el tipo de justicia que se está produciendo en sus tribunales. Por una parte fija las soluciones frente a aquellos que están enfrentados en una controversia pero también tiene una pretensión con la universalidad y consistencia que no puede ser soslayada.- V.- La fundamentación de un fallo le da sentido a todo el proceso que le precede, demuestra la necesidad de las intervenciones, del contradictorio que se ha planteado, del esfuerzo dialéctico de las partes, de los argumentos y contra argumentos que han sido presentados, así como la visión del caso que ha sido hecho valer por cado uno de los intervinientes. Por ello la fundamentación fáctica y jurídica cumple un papel relevante en el debido proceso.- VI.- Además la importancia de la fundamentación de una sentencia se puede entender cuando se le ve desde el punto de vista de las instancias que revisan el proceso. Analizar y estudiar el caso en una apelación o en casación, significa que se le pasará lista a las razones que los jueces han dado para acoger o no determinadas pretensiones de los litigantes y poder revisar su adecuación, idoneidad, legalidad y su lógica jurídica.- VII.- Es en este escrutinio que la Sala observa que la sentencia del Juzgador de primer grado, hecha suya por el ad quem al confirmarla, es totalmente incongruente ya que por un lado señala que los puestos de trabajo de los demandantes son continuos y no temporales, que se acreditó que en los puestos de trabajo se encuentran otras personas realizando la labor y por otro lado que debieron haber solicitado la permanencia en estos puestos de trabajo antes de haber concluido su contratación por tiempo determinado y así poder recibir la protección de todos los derechos que la ley laboral le confiere al trabajador contratado por tiempo indefinido, ya que una vez fuera del trabajo no se podía pedir la permanencia, ya que se desnaturalizaría la relación de trabajo, cuando dicha acción no ha tenido como base esa pretensión, sino la de reclamar el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado.- VIII.- Si bien es cierto el Juez o Magistrado goza de libertad para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, no es menos cierto que deben de escoger un método para llegar a una solución apropiada, expresando las razones jurídicas del porque escogió esa vía de una forma lógica y congruente. En ese sentido, se reitera que se debe tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.- IX.- Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material. Por ello: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citrapetita” o “extra petitapartium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo….Los principios dispositivo y de aportación de parte contemplados en los artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum "quantum" appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el artículo 3 Código Procesal Civil que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Ley y la Constitución. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste” (Código Procesal Civil Comentado, paginas 192 y 193), aunque es de reconocer que en materia laboral el juez goza de las facultades extra y ultra petita, las mismas para su aplicación deben haber sido discutidos y estar debidamente probados los hechos que las originen, en los términos que dispone el artículo 728 del Código del Trabajo.- X.- Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.- XI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- XII.- Que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el Recurrente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de octubre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticinco de octubre del año dos mil once, por el Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado de las señoras LETICIA MARIA SUAZO MARTINEZ, BETY YOLANDA VELASQUEZ CALIX y JUANA MARTA VELASQUEZ CALIX, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de agosto del año dos mil diez, por las señoras LETICIA MARIA SUAZO MARTINEZ, casada, BETY YOLANDA VELASQUEZ CALIX, casada y JUANA MARTA VELASQUEZ CALIX, casada, todas mayores de edad, Perito Mercantil y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo, el señor DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de enero del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras LETICIA MARIA SUAZO MARTINEZ, BETY YOLANDA VELASQUEZ CALIX y JUANA MARTA VELASQUEZ CALIX, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION (INFOP) a través de su Director Ejecutivo y Representante Legal señor DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON, SEGUNDO: ABSOLVER al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION (INFOP) a través de su Director Ejecutivo y Representante Legal señor DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: Sin lugar la excepción perentoria de prescripción.- CUARTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan en el escrito de su acción que comenzaron a laborar así: 1) Leticia María Suazo Martínez, contratada por tiempo determinado el 1 de octubre del año 2005, en el cargo de Auxiliar Administrativo del CEMFA, de la ciudad de La Paz; 2) Bety Yolanda Velásquez Calix, contratada por tiempo determinado el 25 de marzo de 2008, en el cargo de Ayudante de Cocina; y, 3) Juana Marta Velásquez Calix, contratada por tiempo determinado el 17 de abril de 2006, en el cargo de Jefe de Cocina, que fueron despedidas el 24 de mayo del 2010, que en el caso de Bety Velásquez y Juana Velásquez fueron contratados mediante contrato de servicios Técnicos Profesionales y en el caso de Leticia Suazo mediante contrato individual de trabajo por tiempo determinado, contratos renovados cada año, que no obstante que sus servicios no tienen nada de técnico y profesionales, así mismo son relativos a labores que por su naturaleza son permanentes y continuos y que de acuerdo al artículo 47 del Código de Trabajo, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, en el caso de Leticia María Suazo Martínez, su último contrato finalizó el 20 de marzo de 2010 y continuó laborando hasta el 24 de mayo de 2010, adeudándosele el pago de esos 2 meses y que al momento de su despido se encontraba en estado de embarazo, lo cual era del conocimiento de la demandada.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que lo que había entre la demandada y las señoras Bety Yolanda Velásquez Y Juana Marta Velásquez eran contratos de Servicios Técnicos Profesionales y en el caso de la señora LETICIA MARIA SUAZO un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, que las prestaciones sólo se pagan cuando hay despido injustificado y en este caso no es despido, sino que vencimiento de los contratos. En el escrito de Contestación de la demanda interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción, alegando que las demandantes durante laboraron en la institución nunca solicitaron el reconocimiento de la relación laboral y peor aún la permanencia en sus trabajos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, absolviendo a la parte demandada de toda responsabilidad en el juicio; sin lugar la excepción perentoria de prescripción, sin costas. Criterio: Que en los contratos celebrados entre las partes, se puede apreciar que éstos se celebraron entre las mismas partes y para la misma clase de trabajo, igual se puede decir que la naturaleza del trabajo era continua, pero se acreditó que en los puestos de las demandantes se encuentran otras personas, lo que desmejora el reclamo de las demandantes que están solicitando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por un despido injusto, por considerar que ostentaban una relación de trabajo permanente, pero realmente no fueron despedidas, si no que su contrato llegó a su término y para ellas solicitar la permanencia debieron estar todavía laborando en sus lugares de trabajo; que en relación a la trabajadora Leticia Suazo, cuando dice que se le adeudan los meses de abril y mayo, cabe aclarar que se acreditó que éstos le fueron cancelados y en cuanto a los derechos de estado de embarazo, la situación en este caso no es despido si no que su contrato llegó a su fin; en cuanto a la excepción perentoria de prescripción vale decir que la misma se fundamenta en supuestos, ya que si las demandantes nunca realizaron una gestión, de dónde se podría contabilizar el derecho o la pérdida del derecho para aplicar la prescripción.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de mayo del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar los recursos interpuestos por los apoderados de ambas partes, confirma la sentencia definitiva de primera instancia, declara sin costas. Criterio: Que siendo que a las demandantes se les informó de la terminación de su contrato por haber finalizado el término para el que fueron contratadas, no es procedente el pago de prestaciones porque no hubo despido alguno y siendo que en el presente caso la prescripción es una mera ficción ya que las partes actoras fueron contratadas por tiempo determinado, lo que significa que el solo vencimiento del término del contrato extingue toda acción y derecho por su culminación.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderado de las señoras LETICIA MARIA SUAZO MARTINEZ, BETY YOLANDA VELASQUEZ CALIX Y JUANA MARTA VELASQUEZ CALIX, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veinticinco de octubre del año dos mil once, compareció ante este Tribunal el Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderado de las señoras LETICIA MARIA SUAZO MARTINEZ, BETY YOLANDA VELASQUEZ CALIX Y JUANA MARTA VELASQUEZ CALIX, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que en proveído de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha quince de noviembre del año dos mil once, la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP).- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- II.- Que en ausencia de disposiciones especiales en el proceso del Trabajo el Juez laboral deberá acudir a las normas análogas del Código del Trabajo y en su defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, ahora Código Procesal Civil.- III.- Lo anterior viene a colación debido que la Jurisdicción del Trabajo debe regir el contenido formal de sus sentencias en base a las disposiciones del Código Procesal Civil el cual establece que deberán ser motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo.- IV.- La conexión de los fundamentos de derecho y los antecedentes de hecho tiene un papel trascendente en el valor que tendrá la solución jurídica frente a las partes y la comunidad que mira expectante el tipo de justicia que se está produciendo en sus tribunales. Por una parte fija las soluciones frente a aquellos que están enfrentados en una controversia pero también tiene una pretensión con la universalidad y consistencia que no puede ser soslayada.- V.- La fundamentación de un fallo le da sentido a todo el proceso que le precede, demuestra la necesidad de las intervenciones, del contradictorio que se ha planteado, del esfuerzo dialéctico de las partes, de los argumentos y contra argumentos que han sido presentados, así como la visión del caso que ha sido hecho valer por cado uno de los intervinientes. Por ello la fundamentación fáctica y jurídica cumple un papel relevante en el debido proceso.- VI.- Además la importancia de la fundamentación de una sentencia se puede entender cuando se le ve desde el punto de vista de las instancias que revisan el proceso. Analizar y estudiar el caso en una apelación o en casación, significa que se le pasará lista a las razones que los jueces han dado para acoger o no determinadas pretensiones de los litigantes y poder revisar su adecuación, idoneidad, legalidad y su lógica jurídica.- VII.- Es en este escrutinio que la Sala observa que la sentencia del Juzgador de primer grado, hecha suya por el ad quem al confirmarla, es totalmente incongruente ya que por un lado señala que los puestos de trabajo de los demandantes son continuos y no temporales, que se acreditó que en los puestos de trabajo se encuentran otras personas realizando la labor y por otro lado que debieron haber solicitado la permanencia en estos puestos de trabajo antes de haber concluido su contratación por tiempo determinado y así poder recibir la protección de todos los derechos que la ley laboral le confiere al trabajador contratado por tiempo indefinido, ya que una vez fuera del trabajo no se podía pedir la permanencia, ya que se desnaturalizaría la relación de trabajo, cuando dicha acción no ha tenido como base esa pretensión, sino la de reclamar el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado.- VIII.- Si bien es cierto el Juez o Magistrado goza de libertad para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, no es menos cierto que deben de escoger un método para llegar a una solución apropiada, expresando las razones jurídicas del porque escogió esa vía de una forma lógica y congruente. En ese sentido, se reitera que se debe tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.- IX.- Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material. Por ello: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citrapetita” o “extra petitapartium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo….Los principios dispositivo y de aportación de parte contemplados en los artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum "quantum" appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el artículo 3 Código Procesal Civil que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Ley y la Constitución. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste” (Código Procesal Civil Comentado, paginas 192 y 193), aunque es de reconocer que en materia laboral el juez goza de las facultades extra y ultra petita, las mismas para su aplicación deben haber sido discutidos y estar debidamente probados los hechos que las originen, en los términos que dispone el artículo 728 del Código del Trabajo.- X.- Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.- XI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- XII.- Que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el Recurrente.- XIII.- Que por las razones expuestas es procedente declarar la nulidad del fallo impugnado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 211, 212 numeral 4) y 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha dieciséis de mayo del dos mil once, visible a folios quince (15) al dieciocho (18) de la segunda pieza. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 390-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL