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Sentencia CL-367-12 — Registro 2451

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria de primera instancia para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que fue declaro con lugar. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia que fallo confirmando.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub-júdice, el Impetrante comete el error técnico de proponer que esta Sala, luego de casar la sentencia censurada, se constituya en sede instancia y dicte un fallo en el cual se omita el pronunciamiento relativo al defecto procesal de prescripción alegado por la parte demandada; lo cual hace que el presente recurso se vuelva inestimable."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral cuatro (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de febrero del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de abril de dos mil once, por el señor RAMIRO ALBERTO RIERA LUNATI, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo señor DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por el señor RAMIRO ALBERTO RIERA LUNATI, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, reajuste de bonificación y los salarios dejados de percibir; en consecuencia, CONDENÓ a la institución demandada al pago de la cantidad de L.411,863.64, por los conceptos de preaviso: L.59,334.12, auxilio de cesantía: L.237,336.48, auxilio de cesantía proporcional: L.14,912.61, vacaciones pendientes: L.41,612.91, aguinaldo proporcional: L.22,732.63, reajuste de bonificación: L.35,934.89; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el 16 de diciembre del 2008, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia definitiva; asimismo, declaró sin lugar el defecto procesal de prescripción; sin costas en ambas instancias.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada el 15 de junio de 2000, en el cargo de Instructor Jefe del Centro Nacional de Formación Agrícola; que en fecha 15 de octubre de 2008, se firmó un Acta Especial en la cual la Institución demandada se obligaba al reconocimiento de las prestaciones e indemnizaciones laborales del demandante de conformidad al Código de Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo; dándose por terminada la relación de trabajo a partir del 16 de diciembre de 2008, en virtud de que la demandada incumplió en el pago de las prestaciones laborales las cuales ascendían hasta la fecha del 15 de diciembre de 2008, acreditándolo según el cálculo elaborado en la Secretaría de Trabajo, que ascendía a la suma de L.411,863.64, por lo cual se vio obligado el demandante de agotar el trámite administrativo, presentando demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán, la cual fue admitida, proponiendo medios de prueba documental, testifical, inspecciones, las cuales fueron evacuadas de manera correcta; la parte demandada interpuso defensas previas, las cuales fueron declaradas con lugar, por considerar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es la vía legal para reclamar dicho derecho, siendo lo correcto los Juzgados del Trabajo, razón por la cual compareció el demandante ante el Juzgado del Trabajo a interponer la demanda laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos y condena en costas a la parte demandada. Que en Audiencia Primera de Trámite celebrada el 26 de mayo de 2011, el apoderado demandado opuso Defecto Procesal de Prescripción, argumentando que tal como lo expone el hoy demandante en el hecho segundo de la presente demanda, dice que la terminación de la relación laboral se dio el 16 de diciembre de 2008 y la demanda fue presentada el 05 de abril de 2011, en tal sentido habían transcurrido mas de dos meses; que según los artículos 862 y 863 del Código del Trabajo, el trabajador tiene dos meses para proceder en caso de despido injustificado, al no haberlo hecho la acción de pago le prescribe.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que se firmó un acta especial en donde se dio por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento, aclarando que en ese acuerdo se le reconoce al trabajador el pago de sus prestaciones y que ya están prescritas y que la misma no le fueron canceladas tal y como dice el acuerdo por culpa del trabajador en vista de que al momento de presentar los finiquitos y descargos de bienes tenia un faltante de equipo por el valor de L.132,911.73, lo cual el trabajador no presentó ni los bienes ni tampoco aceptó que se le dedujera dicha cantidad; que no es procedente el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como lo solicita el demandante, ya que estos únicamente se paga de igual forma cuando exista un despido injustificado, sin embargo no se puede obviar que el derecho alternativo nace de la existencia de un despido y en el presente caso no fue despedido, sino que se dio por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento entre las partes, según lo estipulado en el artículo 111 numeral 2) del Código del Trabajo. En la audiencia primera de trámite opuso el DEFECTO PROCESAL DE DEMANDA DEFECTUOSA, en virtud de que la demanda fue presentada en fecha 5 de abril de 2011, el cual no reúne los requisitos establecidos en el artículo 691 del Código del Trabajo, ya que no consta en autos que previo a presentar la demanda ante el Tribunal correspondiente haya agotado el trámite administrativo ante la Secretaría del Trabajo; y oponiendo también el DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCIÓN argumentando que como expone el demandante en el hecho segundo de la presente demanda, que la terminación de la relación laboral se dio el 16 de diciembre de 2008, y que la demanda se presentó el 5 de abril de 2011, en tal sentido habían transcurrido más de dos meses, según lo dispuesto en el artículo 862 y 863 del Código del Trabajo, siendo evidente que el hoy demandante tenía solo dos meses para presentar reclamo de pago, al no haberlo hecho la acción de pago le prescribe.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil once, dictó sentencia declarando con lugar la demanda promovida por el señor Ramiro Alberto Riera Lunati, contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, reajuste de bonificación y los salarios dejados de percibir; condenando a la institución demandada al pago de la cantidad de L.411,863.64, por los conceptos antes mencionados y declaró sin lugar el defecto procesal de prescripción, sin costas; bajo el criterio que es de la opinión que con fecha 15 de octubre de 2008, la demandada firmó con el demandante una acta especial de pago de prestaciones según el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales expedidas por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dándose por terminada la relación de trabajo por mutuo consentimiento a partir del 16 de Diciembre del 2008, en virtud de que la demandada incumplió en el pago de las prestaciones e indemnizaciones se hizo un reclamo administrativo poniendo fin a la vía administrativa el 3 de Septiembre del 2009, y siendo que este Tribunal no encontró documentación fehaciente que acreditara que efectivamente el demandante adeudara a la Institución demandada cantidad de dinero por faltante de inventario en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito; en relación al defecto procesal de prescripción opuesto por el apoderado demandado, el que es procedente declarar sin lugar por las siguientes consideraciones 1) Desde el momento que la demandada firma una acta especial para pagarle sus prestaciones e indemnizaciones por mutuo consentimiento volviendo un derecho adquirido por el demandante imprescriptible; 2) Que el Código Procesal Civil no reconoce como defecto procesal el de prescripción, pero el Código del Trabajo se refiere a la prescripción, pero no como un defecto sino como una causa que interrumpe un término.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio de que si bien es cierto la parte demandada propuso varios medios de prueba al juicio, también lo es que con los mismos no acreditó haber cancelado los derechos laborales que se comprometió pagar al demandante en el acta especial firmada el 15 de octubre del 2008, y siendo que los salarios dejados de percibir es una sanción que se le impone al patrono renuente, cabe por lo tanto el pago de este concepto.- 5.- Mediante auto de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, de generales ya establecidas, actuando en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y, dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, actuando en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación.- 7.- En fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE ANTONIO AVILA, apoderado de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial definitiva, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- El Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES formula el petitum de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA, recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha en fecha 23 de Febrero de 2012.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral emplazamiento para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos; que promoviera el señor RAMIRO ALBERTO RIERA LUNATI contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director Ejecutivo DAVID GUILLERMO CHÁVEZ MADISON.- TERCERO: ABSOLVER al el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director Ejecutivo DAVID GUILLERMO CHÁVEZ MADISON, del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, por haber laborado mediante contratos de trabajo en forma continua y en forma ininterrumpida, mas el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde el momento de la terminación del contrato hasta que conforme a las normas procesales correspondientes quede firme la sentencia respectiva.”.- III.- El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub-júdice, el Impetrante comete el error técnico de proponer que esta Sala, luego de casar la sentencia censurada, se constituya en sede instancia y dicte un fallo en el cual se omita el pronunciamiento relativo al defecto procesal de prescripción alegado por la parte demandada; lo cual hace que el presente recurso se vuelva inestimable.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la respectiva certificación, sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de Marzo del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 367-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL