Sentencia CL-365-12 — Registro 2450
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro declarada ha lugar en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"III.- El motivo en la forma expuesta no está llamado a prosperar en virtud de que la norma citada como infringida contiene varias situaciones jurídicas las cuales el Censor de forma imperativa esta llamado a particularizarle a este Tribunal a cual de ellas se refiere; además, el precepto autorizante que cita no alude a la violación indicada por el Censor, finalmente en el acápite de precepto autorizante relaciona incorrectamente normas del Código Procesal Civil, inadecuados en este recurso, ya que su regulación esta contenida en el Código del Trabajo.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 parrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de febrero del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintisiete de agosto del dos mil doce, por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre del dos mil diez, por los señores SANTOS DIONICIO PEREZ BARAHONA, soltero; JOSUE ISAIAS LOPEZ NIETO, soltero; JONNY FRANK ULLOA VALLE, casado; MARCO TULIO ROSALES CRUZ, casado; MARIA MARGARITA ZAVALA GONZALES, soltera; CARLOS MARTIN NUÑEZ REYES, casado; MARIA AMPARO HERNANDEZ GODOY, casada; AMADA DE JESUS HERNANDEZ GODOY, casada; todos mayor de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán y que resolvió: declarando CON LUGAR la demanda y CONDENA al demandado el ESTADO DE HONDURAS, a reintegrar a SANTOS DIONICIO PEREZ BARAHONA, JOSUE ISAIAS LOPEZ NIETO, JONNY FRANK ULLOA VALLE, MARCO TULIO ROSALES CRUZ, MARIA MARGARITA ZAVALA GONZALES, CARLOS MARTIN NUÑEZ REYES, MARIA AMPARO HERNANDEZ GODOY Y AMADA DE JESUS HERNANDEZ GODOY, por lo menos en las mismas condiciones que tenían al momento del despido, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro, asimismo se declara SIN LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta por el apoderado de la parte demandada, SIN COSTAS en esta Instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron su relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI, así: SANTOS DIONICIO PEREZ BARAHONA, el 1 de mayo del 2006, en el puesto de Técnico en prueba de suelo en el Departamento de Geotecnia fue prestado como ayudante de electricidad en el Departamento de Instalaciones Físicas de Obras Públicas, en la Dirección General de Carreteras para la SOPTRAVI y despedido en fecha 13 de julio del 2010; JOSUE ISAIAS LOPEZ NIETO, el 1 de junio del 2006, iniciando como Guardia de Seguridad y luego trasladado a la Dirección General de Transporte a Inspectoría, en la Dirección General de Transporte para SOPTRAVI y despedido en fecha 13 de julio del 2010; JONNY FRANK ULLOA VALLE, el 1 de febrero del 2008, en la Dirección de Obras Públicas en el puesto de Supervisor para SOPTRAVI y despedido en fecha 13 de julio del 2010; MARCO TULIO ROSALES CRUZ, el 3 de abril del 2006, en el puesto de Motorista en la Dirección General de Carreteras de SOPTRAVI y despedido en fecha 13 de julio del 2010; MARIA MARGARITA ZAVALA GONZALES, el 14 de septiembre de 2007, en el puesto de Conserje, prestada como Secretaria al Departamento de Obras Públicas e Instalaciones Físicas de la Dirección General de Obras Publicas para SOPTRAVI y despedido en fecha 13 de julio del 2010; CARLOS MARTIN NUÑEZ REYES, el 14 de septiembre de 2007, en el Puesto de Supervisor en la Dirección de Carreteras y prestado como Bodeguero en la Dirección de Carreteras de la Dirección General de carreteras para SOPTRAVI y despedido en fecha 13 de julio del 2010; MARIA AMPARO HERNANDEZ GODOY, el 2 de octubre del 2006, en el Puesto de Controladora de Buses y luego fue prestada como Aseadora en el Departamento de Mano de Obra de Carreteras en la Dirección General de Carreteras para SOPTRAVI y despedida en fecha 30 de julio del 2010 Y AMADA DE JESUS HERNANDEZ GODOY, el 2 de octubre del 2006, en el puesto de Controladora de Buses y luego fue prestada como Aseadora en el Departamento de Mano de Obra en la Dirección General de Carreteras para SOPTRAVI y despedida en fecha 30 de julio del 2010. Despidos que se vuelven injustos por no haberse señalado la causal válida para tomar dicha determinación, violentando la ley laboral vigente, asimismo se evacuo la vía administrativa sin ningún resultado positivo para los demandantes.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que se rechazan las pretensiones de los demandantes, ya que se resolvió nombrar por jornal a los actores de la demanda para que prestasen sus servicios administrativos durante el periodo comprendido del 01 de julio al 13 de julio del 2010, con excepción de las señora Maria Amparo Hernández Godoy, Amada de Jesús Hernández Godoy, cuyo periodo de prestación se comprendió del 01 de julio al 31 de julio de 2010, la Sub-Gerente de Recursos Humanos, dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda les informó a los ahora demandantes la decisión de dicha Secretaría de Estado de prescindir de sus servicios, manifestándoles además que en consecuencia se les haría efectivo el pago de sus prestaciones laborales que pudieren corresponderle a cada uno de ellos incluyendo los derechos adquiridos, que las causas por las cuales no le es posible acceder al reintegro a los cargos que ocuparon los actores se debe a que: a) Los contratos de trabajo pueden ser por tiempo determinado, en el caso que se especifique la fecha de su terminación, tal como lo dispones 46 inciso b), del Código del Trabajo; b) Que entre las causas señaladas en el articulo 111 No. 1 del mismo Código, se cita como causa para la terminación de los contratos de trabajo, cualquiera de las que se señalen en los referidos contratos siempre que no sean contrarios a dicha Ley, estimando que había llegado a su fin el periodo convenido para la prestación de los servicios administrativos, optó por ponerle fin a esa relación de servicios sin menoscabo del reconocimiento, a los contratados por jornal separados, de sus prestaciones laborales y demás derechos adquiridos, una vez cumplan éstos con el requisito de obtener el finiquito de la auditoria interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda; c) Que el personal por jornales fue nombrado para prestar sus servicios administrativos por un periodo determinado, por lo que no es posible el reintegro de los mismos, en el caso que la administración decida no emplearlos para un periodo subsiguiente, como también, por así establecerlo parcialmente el Articulo 66 párrafo tercero de la Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones descentralizadas, al expresar los siguiente: “Este personal no se clasifica como permanente para ningún efecto”, consecuencia de la disposición anteriormente señalada es que resultaría improductiva la reclamación planteada.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de octubre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda y CONDENANDO al demandado el ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a SANTOS DIONICIO PEREZ BARAHONA, JOSUE ISAIAS LOPEZ NIETO, JONNY FRANK ULLOA VALLE, MARCO TULIO ROSALES CRUZ, MARIA MARGARITA ZAVALA GONZALES, CARLOS MARTIN NUÑEZ REYES, MARIA AMPARO HERNANDEZ GODOY Y AMADA DE JESUS HERNANDEZ GODOY, por lo menos en las mismas condiciones que tenían al momento del despido, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; asimismo se declara SIN LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta por el apoderado de la parte demandada, SIN COSTAS en esta Instancia; bajo el criterio que la demandada no le indica a los señores demandantes en la nota de despido, ninguna de las causales de despido permitidas por la ley contenidas en el articulo 112 del Código del Trabajo, todo lo anterior en violación a lo dispuesto en el articulo 117 del Código del Trabajo, que establece que: la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si al contrario es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar dicha determinación. Después no podrá alegar validamente causales o motivos distintos de su reintegro. Que en relación a la Excepción Perentoria de Pago opuesta por la parte demandada, se concluye en lo siguiente: que si bien es cierto, la parte demandante para acreditar su excepción planteada propuso como medio de prueba la documental que consiste en un trámite de ejecución de gastos elaborado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, así como la inspección evacuada en la Secretaría de Finanzas, no menos cierto es que con dichos medios probatorios la parte demandada no probó que efectivamente el señor CARLOS MARTIN NUÑEZ REYES, hubiera recibido a su entera satisfacción el pago de sus prestaciones laborales.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 8 de febrero del 2012, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR el recurso de apelación y CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada venida en apelación, SIN COSTAS; bajo el señalamiento que la parte demandante acredita que laboran para Soptravi desde los años 2006 unos, 2007 otros y 2008, en forma continua hasta el 13 y 30 de julio del año 2010 y que fueron despedidos sin causa justificada en forma directa e ilegal, por su parte la demandada no probó haber tenido justos motivos para la terminación de la relación laboral de los trabajadores demandantes. En relación a la Excepción Perentoria de Pago, si bien es cierto la parte demandada aporta varios medios de prueba para acreditar que ya se le había cancelado al señor Carlos Martin Núñez Reyes sus prestaciones laborales, sin embargo con los mismos no pudo establecerse éste hecho, pues no se acredita que el demandante haya hecho gestiones administrativas para reclamar el pago de sus prestaciones laborales, tampoco se acreditó que el demandante Carlos Martín Núñez Reyes haya aceptado o retirado de su cuenta cantidades en concepto de prestaciones laborales.- 5.- Que mediante sentencia de fecha diecisiete de julio del dos mil doce, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha ocho de febrero de dos mil doce y dispone que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintisiete de agosto del dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda exponiendo dos motivos de casación, por lo que en esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, no haciendo uso de su derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de septiembre del dos mil doce, se declaró precluìdo de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado CONCEPCION FUGON REYES, para contestar la demanda de casación planteada, ordenándose proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, en su primer motivo de casación expone lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil”.- III.- El motivo en la forma expuesta no está llamado a prosperar en virtud de que la norma citada como infringida contiene varias situaciones jurídicas las cuales el Censor de forma imperativa esta llamado a particularizarle a este Tribunal a cual de ellas se refiere; además, el precepto autorizante que cita no alude a la violación indicada por el Censor, finalmente en el acápite de precepto autorizante relaciona incorrectamente normas del Código Procesal Civil, inadecuados en este recurso, ya que su regulación esta contenida en el Código del Trabajo.- IV.- El Infirmante en el segundo motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa del Artículo 118 Párrafo Segundo del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil”.- V.- Que la infracción directa en cualquiera de sus variantes es un modo de violar la ley, es decir, la Sala tendrá los hechos del juicio por admitidos en la misma forma como los encontró probados el Tribunal Ad Quem, puesto que el recurrente no discute los hechos, sino que los acepta tal como el tribunal los presentó. En otras palabras no hay examen de cuestiones relacionadas con la apreciación de pruebas, lo que se discute es el derecho. Por lo tanto, para que se produzca este tipo de violación tiene que ser sobre un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, situación que no acontece en el caso de mérito. Por otro lado el precepto autorizante que cita no alude a la violación indicada por el Censor y, finalmente en el acápite de precepto autorizante relaciona incorrectamente normas del Código Procesal Civil, inadecuados en este recurso, ya que su regulación esta contenida en el Código del Trabajo.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de Marzo del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 365-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL