Sentencia CL-340-12 — Registro 3156
Resumen
En primera instancia se declaro sin lugar demanda para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales pretendidas por la demandante, así como los derechos adquiridos y salarios dejados de percibir. En segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que en su formulación el Impetrante incurrió en los defectos técnicos siguientes: a) cita entre otras, como normas sustantivas violadas los artículos 47, 53 y 56 del Código de Trabajo y la clausula 98 del Quinto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el IHNFA y SITRAIHNFA, siendo que dichas disposiciones no ostentan ese carácter y la última además, no es del orden laboral?? y por lo tanto inviolables para los efectos de la casación; b) la infracción directa de la Ley se produce cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se origina con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números SL.09-11, SL-02-11, 20-11) y siendo que en el presente caso el tipo de contratación celebrada entre las partes fue objeto de la controversia, por lo tanto forma parte de los hechos discutidos en el proceso y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad-Quem por esa vía."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo en la forma expuesta por el Censor tampoco constituye una proposición jurídica completa, ya que en su formulación incurrió en los defectos técnicos siguientes: a) que la infracción indirecta por error de hecho implica conclusiones contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, que aparezca manifiesta y ostensiblemente en el proceso, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que al analizar los autos este Tribunal concluye que el juez valoró toda la prueba en su conjunto y formó libremente su convencimiento, arribando a la conclusión de la improcedencia de la demanda; y, b) cita entre otras, como normas sustantivas violadas, los artículos 53 y 56 del Código de Trabajo, siendo que dichas disposiciones no ostentan ese carácter; todo lo cual lo vuelve inadmisible."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CL-340-12
TE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de noviembre de dos mil trece.-
VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de agosto de dos mil doce, por el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de septiembre de dos mil seis, por la señora GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Derecho y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por medio de su Directora Ejecutiva señora DORIS YOLANY GARCIA PAREDES, mayor de edad, casada, Master en Trabajo Social, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda promovida por la señora GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), en consecuencia, absolvió a la institución demandada del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales pretendidas por la demandante, así como los derechos adquiridos y salarios dejados de percibir, sin costas.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada en fecha seis de abril del dos mil cinco, en el cargo de Coordinadora de la Unidad de Seguimiento a los Tratados Internacionales en materia de Niñez, Adolescencia y la Familia; que mediante oficio No.109-DRH-2006 de fecha veintiocho de febrero del dos mil seis, se le comunicó a la demandante por parte del Jefe de Recursos Humanos del IHNFA, que con instrucciones de la Dirección Ejecutiva, no le sería renovado el último contrato por medio del cual se establecía un vínculo laboral con la demandante, siendo su fecha de vencimiento el veintiocho de febrero del dos mil seis, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio. Solicita: El pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir y las costas del juicio.-
2.- La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), contestó dicha demanda señalando que la demandante no fue contratada para ocupar una plaza ya existente sino que se le contrató para asesorar a la Comisión Interventora y la Sub Comisión Gerencial y la elaboración de informes y seguimientos de las convenciones internacionales de lo que deriva el carácter netamente temporal de su contratación; igualmente se desprende que sus funciones debía realizarlas dentro del IHNFA y en la jornada de trabajo de la institución a efecto de que pudiera hacer consultas e investigaciones en los departamentos y utilizar el recurso técnico necesario para el desarrollo de sus actividades; que es importante aclarar que en la notificación de no renovación del contrato de servicios profesionales por tiempo limitado, realizado a la ahora demandante, se utilizaron los términos “vinculo laboral” y que el IHNFA iba a proceder a “reconocerle los Derechos Laborales que conforme a la Ley le corresponden”, dicha utilización de términos fue un LAPSUS CALAMI o error al escribir del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, que utilizó el esquema de finalización de contratos laborales para otro tipo de empleados, sin embargo, esto en ningún momento es un reconocimiento de status de empleada permanente por parte de la institución demandada, suscribiéndose solamente al pago de sus correspondientes honorarios.-
3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de octubre de dos mil once, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de mérito; absolviendo a la institución demandada del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales pretendidas por la demandante, así como los derechos adquiridos y salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la demandante no ha probado los extremos sostenidos en su libelo, sobre todo el despido ilegal e injusto de que aduce haber sido objeto por su empleador; la demandada en cambio probó que los contratos de trabajo suscritos con la actora son de servicios profesionales por tiempo determinado, cuya terminación llegó a su culminación, lo cual era del conocimiento de la demandante, lo que de ninguna manera debe entenderse como despido, pues la propia demandante señala en el libelo de su demanda que mediante Oficio N° 109-DRH-2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se le comunicó que su último contrato vencía el 28 de febrero del año 2006 y que el mismo no le sería renovado.-
4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada acreditó que no despidió a la demandante, sino que lo que sucedió es que su contrato por tiempo determinado llegó a su fin.-
5.- Mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal de la señora GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.-
6.- En fecha quince de agosto de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal de la señora GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que en esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado TEODORO VALESTER GALLO, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha tres de septiembre de dos mil doce, la Abogada NUBIA ISIDRA AVILEZ CRUZ, actuando en representación del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA).-
7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a la Abogada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.-
II.- Que el abogado TEODORO VALESTER GALLO, en su primer motivo de casación expresa: “Acuso la sentencia de infracción directa por falta de aplicación de los artículos: 20, 47, 53, 56, 113 párrafo primero y literal a); 116 párrafo primero y literal c); y 120 párrafo primero y letra b) del Código del Trabajo; clausula 98 del Quinto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el IHNFA y SITRAIHNFA; en relación con los artículos 206 N° 1) y 2), 207; y, 208 del Código de Procesal Civil aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.”.-
III.- Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que en su formulación el Impetrante incurrió en los defectos técnicos siguientes: a) cita entre otras, como normas sustantivas violadas los artículos 47, 53 y 56 del Código de Trabajo y la clausula 98 del Quinto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el IHNFA y SITRAIHNFA, siendo que dichas disposiciones no ostentan ese carácter y la última además, no es del orden laboral?? y por lo tanto inviolables para los efectos de la casación; b) la infracción directa de la Ley se produce cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se origina con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números SL.09-11, SL-02-11, 20-11) y siendo que en el presente caso el tipo de contratación celebrada entre las partes fue objeto de la controversia, por lo tanto forma parte de los hechos discutidos en el proceso y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad-Quem por esa vía.-
VI.- Que el Recurrente en su segundo motivo alega: “Acuso la sentencia recurrida, ser violatoria de los artículos: 53, 56 y 116 párrafo primero letra c) y 120 literal b) del Código del Trabajo; en relación con el articulo 128 numeral 15 de la Constitución de la Republica; y, 206 N° 1) y 2) del Código de Procesal Civil, por infracción indirecta, incurriendo en error de hecho por falta de apreciación de los medios probatorios que obran a folios: 4, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93 y 99 de la primera pieza. NORMA PROCESAL VIOLADA. La norma de procedimiento que sirve de medio para la violación apuntada es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1° párrafo segundo parte inicial del artículo 765 del Código del Trabajo.”.-
V.- Que el cargo en la forma expuesta por el Censor tampoco constituye una proposición jurídica completa, ya que en su formulación incurrió en los defectos técnicos siguientes: a) que la infracción indirecta por error de hecho implica conclusiones contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, que aparezca manifiesta y ostensiblemente en el proceso, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que al analizar los autos este Tribunal concluye que el juez valoró toda la prueba en su conjunto y formó libremente su convencimiento, arribando a la conclusión de la improcedencia de la demanda; y, b) cita entre otras, como normas sustantivas violadas, los artículos 53 y 56 del Código de Trabajo, siendo que dichas disposiciones no ostentan ese carácter; todo lo cual lo vuelve inadmisible.-
VI.- Que una impugnación tal como ha sido concebida por el censor resulta claramente inaceptable para este Tribunal de Casación, puesto que en ambos motivos omite lo esencial para el recurso extraordinario de casación, vale decir, la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estima violado por el juzgador, no debiendo olvidar que por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos. Es importante también tener presente que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.-
VII.- Que además el Impetrante invoca nulidad subsidiaria, en base a lo siguiente: “Las normas del Código del Trabajo como las procesales, son de orden público y de inexcusable observancia. En materia laboral, el juicio, esta arropado de requisitos que deben cumplirse para la pureza del proceso, aspiración de todo estado de derecho del que no esta exenta Honduras. En ese orden de ideas, el artículo 725 de la obra legal citada consagra, que las actas deben firmarse por el Juez, LAS DEMAS PERSONAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA AUDIENCIA y el Secretario o hacer constar, que alguno de ellos, no quiere o puede firmar, debiendo resaltar ese extremo al final de la misma con la asistencia de un testigo. A folios del 91 al 94 inclusive de la primera pieza, aparecen celebradas, como medios probatorios, dos inspecciones, la primera evacuada el 13 de marzo y la ultima el 24 de abril del año 2008. Consta en las actas, la comparecencia de los apoderados de las partes, pero ocurre que las mismas, no fueron refrendadas por dichos profesionales, como lo dispone la norma precedentemente citada. Además de lo anterior, el artículo 90 de las Constitución de la República, incorpora la garantía de legalidad, para proteger a sus habitantes, contra aquellas actuaciones, que prescindiendo de las ritualidades, se adelantan en detrimento del debido proceso. Constando en autos la violación apuntada, conforme la atribución que el numeral 3) del artículo 727 del Código de Procesal Civil confiere a esta honorable Corte, oficiosamente, deberadeberá decretarse la nulidad a partir del acta que corre a folio 91 en adelante de la primera pieza, fechada el 13 de marzo del 2008 y todo en aras de darle cumplimiento al precepto constitucional invocado”.-
VIII.- Que en el presente caso no se observa se haya violentado el debido proceso o derecho de defensa de las partes, ya que por una parte, el demandante ha realizado actuaciones posteriores al acto que pretende se anule, con lo cual ha convalidado el mismo y por otra, tal omisión no trasgrede lo decidido en el presente juicio, en adición que no fue alegado en el momento procesal oportuno por el recurrente, convirtiéndose en simples alegatos impropios a este momento.-
IX.- Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus dos motivos y declarar sin lugar la nulidad solicitada.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria interpuesta; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de enero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 340-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Aríta
FORMALIZACION
“DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION En el epígrafe denominado “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, señale, que el fallo atacado es el dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, el 20 de enero del año en curso, que confirmo la del Juzgado de Letras del Trabajo proferido el 21 de octubre del 2011, que declaro sin lugar la demanda, ambos tribunales de Francisco Morazán; que en su parte resolutiva dice: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD VOTOS, y en aplicación de los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República; 1° Y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: 46 inciso b), 47 párrafo tercero, 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 760 y 858, del Código del Trabajo; 22, 200 N° 1, 206, 207, y 208 del Código Procesal Civil; FALLA: I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Teodoro Valester Gallo, como Apoderado de la señora Gilma Amanda Mejía Cañadas. II.- CONFIRMANDO la sentencia definitiva, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha veintiuno de octubre del año dos mil once y que corre agregada a folios del 126 al 129 de la primera pieza de autos.— II.- SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados de esta sentencia a los Apoderados de las partes en litigio y una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.- Redacto la Magistrada KAFFATY ALVARADO.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia.- Firman para constancia los señores Magistrados y el Secretario del Despacho que da fe.” La presente Demanda de Casación, persigue revocar el sentencia recurrida, que es violatoria de ley sustantiva de orden nacional y en consecuencia, solicita que este Honorable Tribunal, proceda a CASARLA y a continuación, obrando en sede de instancia, en su lugar, revoque la de segundo grado; es decir, la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo el 20 de enero del 2012, remplazándola en la forma siguiente: POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 129 párrafo primero y final, 165, 303, 319 No 7) de la Constitución de la República; 1 y 80 atribución 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 20, 47, 53, 56, 113 párrafo primero y literal a), 116 párrafo primero y letra c), 120 letra b), 664, 665, 666 letra a), 690, 709, 710, 715, 738, 739 y 858 del Código del Trabajo; Clausula 98 del Quinto Contrato Colectivo celebrado entre el IHNFA—SITRAIHNFA; y, 206 N° 1, 2; 207; y, 208 del Código de Procesal Civil. I.- CASA, la Sentencia recurrida y en consecuencia: I.- DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida en el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por la señora GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, mayor de edad, soltero, Medico General y del domicilio señalado en la demanda, promovida contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (I.H.N.F.A.), a través de su Directora Ejecutiva señora ZOLIA SUYAPA PROUDOT BARDALES, mayor de edad, casada, Doctora y de este domicilio.- II. CONDENA a la institución demandada, a pagarle a la demandante las prestaciones e indemnizaciones legales y a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que ocurriera el despido hasta que cause ejecutoria la sentencia.- III.- CON COSTAS de la Casación. IV. NOTIFIQUESE. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia de infracción directa por falta de aplicación de los artículos: 20, 47, 53, 56, 113 párrafo primero y literal a); 116 párrafo primero y literal c); y 120 párrafo primero y letra b) del Código del Trabajo; clausula 98 del Quinto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el IHNFA y SITRAIHNFA; en relación con los artículos 206 N° 1) y 2), 207; y, 208 del Código de Procesal Civil aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA “Toda infracción directa de la ley, según reiterada jurisprudencia, surge cuando la sentencia, no aplica la norma que regula el juicio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION Una de las modalidades de infringir la ley por la vía directa ocurre, cuando se deja de aplicar la norma al caso debatido en juico; su falta de aplicación, debe alegarse sin consideración a la apreciación probatoria y por ello, en el desarrollo del motivo, nos proponemos demostrar que el Tribunal recurrido, infringió las disposiciones citadas bajo la referida circunstancia. Veamos: a la demandante GILMA AMANDA MEJIA CAÑADAS, mediante oficio 109-DRH-2006, se le notifico por parte de la Institución demandada, su despido, ofreciéndole por la ruptura del vínculo laboral, el pago de sus derechos laborales de conformidad con la ley.- En su relación de trabajo con el IHNFA, suscribió cinco contratos, a quien se les denomino de Servicios Profesionales y se les dio una duración limitada, pero de sus propios términos se infiere, que reuniendo los tres elementos constitutivos para la existencia del Contrato de Trabajo (Actividad personal; continuada subordinación; y, un salario como retribución del servicio), no deja de serlo por razón de su nombre, porque así lo dispone el artículo 20 del Código del Trabajo. En la institución demandada, al momento de la ruptura del vinculo laboral, estaba en vigor, el Quinto Contrato Colectivo de condiciones de trabajo que en su clausula 98 consagra, que cuando un trabajador ingrese a la institución por contrato y firme dos consecutivos para una misma clase de trabajo, se convierte en empleado permanente. Bajo el precepto contenido en el artículo 53 del Código del Trabajo, los Contratos Colectivos son ordenamientos cuyas normas regulan las condiciones generales de trabajo, así como todo lo concerniente a los deberes y derechos de cada parte, como más adelante lo dispone el artículo 56 del referido ordenamiento. Como Coordinadora de la Unidad de Seguimiento de los Tratados Internacionales en Materia de la Niñez, Adolescencia y Familia, cumplía las obligaciones propias de una relación laboral, pues aquellos Contratos de “Servicios Profesionales”, -repite- reúnen los tres requisitos para conceptuarlos como de trabajo; es decir, porque desplegaba una actividad personal, existía subordinación y un salario como retribución del servicio. La oficina arriba apuntada, fue creada por una comisión interventora nombrada mediante Decreto Ejecutivo, que gozaba de amplias facultades administrativas para dirigir los destinos de la referida unidad dentro de la institución. Por disposición de la cláusula 98 del Contrato Colectivo, la demandante, ipso-jure, se volvió trabajadora por tiempo indefinido y por la ruptura de su vínculo de trabajo, cabe el pago de las prestaciones que le corresponden de conformidad a lo dispuesto en los artículos 116 letra c) y 120 literal b) del Código del Trabajo.- La parte actora, jamás ha pretendido otra cosa y si dicha oficina fue clausurada, nunca pretendió el reintegro, sino lo que constitucionalmente y el referido ordenamiento establecen, vale decir, lo que la misma entidad en la nota de despido ofreciera. Estando acreditada la existencia del vínculo laboral, es evidente que al despedirla, el juzgador, debió atenerse a lo que en su párrafo primero y literal a) el artículo 113 del Código del Trabajo taxativamente dispone. En efecto, la norma citada en la modalidad señalada, faculta del trabajador a la terminación del Contrato para emplazar al patrono la justificación del despido y si este no prueba ese extremo, tiene derecho a percibir las indemnizaciones contenidas en el articulo 116 letra c) y 120 literal b) del indicado ordenamiento y a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la terminación del Contrato, hasta que cause ejecutoria la sentencia condenatoria. Por regla general, se admite, que la falta de aplicación de una norma es resultado de indebida aplicación de otra disposición o a su equivocada inteligencia, que lleva al juzgador, a desestimar la disposición que regula el evento; por esa razón, no se cansa de repetirlo, que independiente del nombre que al contrato se le diera, entre la parte actora y la demandada, existió una relación laboral, tutelada por el Contrato Colectivo y Código del Trabajo con todas sus consecuencias. En virtud de lo anterior, sin equívocos puede afirmar, que a la ruptura del vínculo laboral, debieron cancelarle las prestaciones, como se lo ofrecieran en la nota que incorpora aquella determinación. La renuencia posterior a cancelarlas, la facultaba a reclamarlas judicialmente y el tribunal recurrido, acceder a lo solicitado, condenando al pago de todos los derechos laborales, inclusive, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Si el Código del Trabajo y el Contrato Colectivo, como cuerpos legales que tutelan la relación de trabajo en el IHNFA, le otorga el derecho apuntado en el contexto de esta formalización, la Corte recurrida, debió aplicar las disposiciones que en este motivo se citan infringidas en la modalidad apuntada, pues la evidencia se encamina, en admitir que la institución demandada, se negó a cancelarle lo que ofreciera en la nota de despido y bajo ese contexto, la sentencia objeto de este recurso, no solo violo las normas sustantivas de orden nacional que se dejan apuntadas; también, los artículos 206 N° 1) y 2°, 207; y, 208 del Código de Procesal Civil, que consagran que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas, y en su motivación, deberán expresar los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas y en tal virtud, decidiendo en consecuencia los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por lo que por este motivo, procede casarse la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO Acuso la sentencia recurrida, ser violatoria de los artículos: 53, 56 y 116 párrafo primero letra c) y 120 literal b) del Código del Trabajo; en relación con el articulo 128 numeral 15 de la Constitución de la Republica; y, 206 N° 1) y 2) del Código de Procesal Civil, por infracción indirecta, incurriendo en error de hecho por falta de apreciación de los medios probatorios que obran a folios: 4, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93 y 99 de la primera pieza. NORMA PROCESAL VIOLADA La norma de procedimiento que sirve de medio para la violación apuntada es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1° párrafo segundo parte inicial del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA “La falta de apreciación de la prueba consiste en que el juzgador enjuicia el caso y no valora el haz probatorio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION Comienzo el ataque de la sentencia, sosteniendo por lógico requerimiento, que la violación apuntada ocurre, cuando el fallo es contrario a lo demostrado en juicio. Antes de individualizar y examinar las pruebas que el A-QUO dejara de apreciara para dictar un fallo contrario a la evidencia que aquella arroja y que la Corte recurrida, al confirmar la de primera instancia la prohíja, violo los artículos invocados en este motivo y por ello, me permito señalar las que aparecen agregadas a folios: 4, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 83, 84, 91, 93 y 99, de la primera pieza que por su orden, paso a singularizarlas de la siguiente manera: a. Oficio N° 109-DRH-2006, fechado el 28 de febrero del 2006, mediante el cual el Licenciado JORGE ALBERTO DUARTE PADILLA, notifica a la demandante, que CON INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA se le notificaba, que el último CONTRATO donde SE ESTABLECIO EL VINCULO LABORAL, no le seria renovado, por lo que se procedería a reconocerle los DERECHOS LABORALES. (folio 4). b. El Quinto Contrato Colectivo que en su Clausula 98 establece:. Cuando un trabajador(a) ingrese a la Institución por Contrato y firme dos (2) Contratos consecutivos para una misma clase de trabajo, el IHNFA se compromete a comunicarle por escrito su estatus como empleado permanente en el termino de diez (10) días, que de inmediato pasara a gozar de todos los derechos laborales que emanan de este Contrato Colectivo. (folios 50 y 99); c. Los cinco Contratos denominados “DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO LIMITADO”, de donde al revisarlos encontrareis, que típicamente, reúnen los requisitos de un “CONTRATO DE TRABAJO”, puesto que incorporan los tres elementos esenciales para obtener esa connotación; es decir, actividad personal, continuada subordinación y la remuneración como retribución del servicio. (folios del 54 al 63 y 91). d. La inspección practicada el 24 de abril del 2008, mediante la cual se constato que el Convenio de Adopciones Internacionales suscrito en 1984, tiene duración indefinida y la misma condición sucede con el Convenio Internacional sobre Obligación Alimentaria vigente a partir del año 1989 (folio 93 frente y vuelto). El sistema procesal laboral hondureño, permite a los Juzgados y Tribunales, dictar sentencias, sin estar sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto, forman libremente su convencimiento.- Sin embargo, esa libertad, debe estar inspirada en los principios científicos que la informa de tal manera, que el haz probatorio, debe apreciarse en su conjunto y atenerse en su exegesis a la valoración correcta para que el fallo, sea congruente con la demanda y demás pretensiones, decidiendo apropiadamente los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. En la sentencia que afana este motivo, ocurrió lo contrario, porque constando en autos, mediante prueba documental, que la demandante, no obstante haber suscrito cinco “Contratos de Servicios Profesionales por Tiempo Limitado”, por razón de su denominación, no dejan de ser Contratos de Trabajo y reúnen esta condición, porque el derecho del trabajo los engloba y protege como a todo trabajo asalariado; entonces, por imperativo contenido en la clausula 98 del Convenio Colectivo, de tiempo definido a partir de la suscripción del segundo contrato, se convirtió en permanente y por ende, acreedora a los beneficios que del mismo se deriva porque el Estado, tutela los Contratos Colectivos por disposición contenida en el articulo 128 numeral 15 de la Constitución de la República. Por esa razón, al momento de notificarle el despido, la Dirección Ejecutiva, apropiadamente, instruyo a su Jefe de Recursos Humanos que ofreciera el pago de los DERECHOS LABORALES, que injustificada e ilegalmente, con posterioridad a ese suceso, rotundamente, se han negado cancelarle y ha encontrado eco en la jurisdicción laboral, que consecuente con aquella postura, en franca violación a las normas en que se fundamenta el motivo, declararon sin lugar la demanda. Establecido por este supremo tribunal, mediante reiterada jurisprudencia que el error de hecho en la falta de apreciación de la prueba, que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al Tribunal a casar el fallo impugnado, tiene que ser manifestó, de tal manera, que sin esfuerzo se evidencie la rebeldía del juzgador para arribar a es desacierto, se puede comprobar al efectuar un somero análisis de los medios probatorios singularizados, y sin esfuerzo se determinara, que el AD-QUEM, al confirmar el fallo apelado, incurrió en la infracción apuntada y violo los artículos apuntados en este motivo y el 738 que como medio sirve para reforzar aquel criterio, lo mismo que el artículo 206 N° 1) y 2) del Código Procesal Civil, porque la sentencia recurrida, no es congruente con la prueba aportada por la parte demandante y en tal virtud, por este motivo, debe casarse la sentencia recurrida. NULIDAD SUBSIDIARIA Las normas del Código del Trabajo como las procesales, son de orden público y de inexcusable observancia. En materia laboral, el juicio, esta arropado de requisitos que deben cumplirse para la pureza del proceso, aspiración de todo estado de derecho del que no esta exenta Honduras. En ese orden de ideas, el artículo 725 de la obra legal citada consagra, que las actas deben firmarse por el Juez, LAS DEMAS PERSONAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA AUDIENCIA y el Secretario o hacer constar, que alguno de ellos, no quiere o puede firmar, debiendo resaltar ese extremo al final de la misma con la asistencia de un testigo. A folios del 91 al 94 inclusive de la primera pieza, aparecen celebradas, como medios probatorios, dos inspecciones, la primera evacuada el 13 de marzo y la ultima el 24 de abril del año 2008. Consta en las actas, la comparecencia de los apoderados de las partes, pero ocurre que las mismas, no fueron refrendadas por dichos profesionales, como lo dispone la norma precedentemente citada. Además de lo anterior, el artículo 90 de las Constitución de la República, incorpora la garantía de legalidad, para proteger a sus habitantes, contra aquellas actuaciones, que prescindiendo de las ritualidades, se adelantan en detrimento del debido proceso. Constando en autos la violación apuntada, conforme la atribución que el numeral 3) del artículo 727 del Código de Procesal Civil confiere a esta honorable Corte, oficiosamente, debera decretarse la nulidad a partir del acta que corre a folio 91 en adelante de la primera pieza, fechada el 13 de marzo del 2008 y todo en aras de darle cumplimiento al precepto constitucional invocado”.