Sentencia CL-327-12 — Registro 2784
Resumen
Los trabajadores demandas ordinarias laborales acumuladas para el reintegro a los puestos de trabajo por despidos directos e injustificados, declarada con lugar y confirmada por segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo en la forma expuesta ha de rechazarse, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que cuando se señala como infringida una norma que contiene varias situaciones jurídicas es deber del censor particularizar o especificar a cual de ellas se refiere. Entonces al citar el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo sin indicar a que párrafo o literal del mismo se refiere, el cargo peca por impreciso. Además es necesario aclarar que en materia de medios de impugnación el Código del Trabajo casi en su totalidad regula lo relacionado con la Casación y el Recurso de Apelación, por ende no es pertinente relacionar los motivos de casación con los preceptos autorizantes establecidos en el Código Procesal Civil, tal como lo hace el Censor; además, dicho precepto autorizante ha sido señalado en forma errónea, ya que alegando aplicación indebida lo correspondiente era citar el artículo 765 ordinal primero párrafo primero del Código del Trabajo y no el párrafo segundo de dicha disposición"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Pero es el caso que el cargo en forma expuesta por el Censor no está llamado ha prosperar por la siguientes razones: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la causa o motivo del despido de los trabajadores es objeto del debate, por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía; b) en la explicación del cargo hace alusión a otras normas que no expuso en el motivo; c) el precepto autorizante de los recursos de casación laboral están totalmente contenidos en el Código del Trabajo por lo que es impertinente indicar los del Código Procesal Civil; y d) además, dicho precepto autorizante ha sido señalado en forma errónea, ya que alegando infracción directa lo correspondiente era citar el artículo 765 ordinal primero párrafo primero del Código del Trabajo y no el párrafo segundo de dicha disposición."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “C0RTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de agosto de dos mil doce, por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a las demandas ordinarias laborales acumuladas para el reintegro a los puestos de trabajo por despidos directos e injustificados, pago de los salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuestas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fechas once de enero de dos mil once, por los señores IRIS LETICIA DIAZ PINEDA, estudiante, RAFAEL EDUARDO CHINCHILLA PADILLA, Bachiller en Ciencias y Letras, NORA DARLENE LARIOS HERNANDEZ, casada, Licenciada en Trabajo Social; y el dieciocho de enero de dos mil once, por los señores FRANCISCO VIDAL CHAVEZ GOMEZ, motorista y JAIME ANTONIO LAGOS OCHOA, casado, motorista, todos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a sus puestos de trabajo, por despido ilegal e injustificado, y salarios dejados de percibir; promovida por los trabajadores IRIS LETICIA DIAZ PINEDA, FRANCISCO VIDAL CHAVEZ GOMEZ, JAIME ANTONIO LAGOS OCHOA, RAFAEL EDUARDO CHINCHILLA PADILLA y NORA DARLENE LARIOS HERNANDEZ, de generales conocidas; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales expresadas; 2.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a lo siguiente: I.- REINTEGRAR a los trabajadores IRIS LETICIA DIAZ PINEDA, al puesto de Conserje; FRANCISCO VIDAL CHAVEZ GOMEZ, al puesto de Tomador de Tiempo; JAIME ANTONIO LAGOS OCHOA, al puesto de Controlador del Transporte Urbano; RAFAEL EDUARDO CHINCHILLA PADILLA, al puesto de Asistente de Precalificación; y NORA DARLENE LARIOS HERNANDEZ, al puesto de Supervisora de Proyectos, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura de contrato de trabajo; 3).- Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de los contratos de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia; 4) SIN COSTAS...”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la demandada, en las fechas siguientes: IRIS LETICIA DIAZ PINEDA, el 1 de septiembre de 2006, en el puesto de Conserje; FRANCISCO VIDAL CHAVEZ GOMEZ, el 1 de enero de 2008, en el puesto de Tomador de Tiempo; JAIME ANTONIO LAGOS OCHOA, el 4 de abril de 2006, en el puesto de Controlador de Transporte Urbano; RAFAEL EDUARDO CHINCHILLA PADILLA, el 1 de septiembre de 2009, en el cargo de Asistente de Precalificación y NORA DARLENE LARIOS HERNANDEZ, el 5 de junio de 2008, en el cargo de Supervisora de Proyectos; que mediante nota de fecha 29 de octubre de 2010, la demandada determinó dar por finalizada la relación laboral con los demandantes, violentando de esta manera lo establecido en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República; 112 y 117 del Código del Trabajo, siendo los mismos considerados como injustificados, ya que a los demandantes no se les señaló la justa causa del despido; agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado positivo. Solicita el reintegro a los puestos de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir y las costas del juicio. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que es improcedente la alegación de los demandantes respecto a que la demandada no les invocó ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, para prescindir de sus servicios, ya que siendo los demandantes trabajadores por Jornal, no ignoraban que sus nombramientos en la Dirección General de Transporte, eran por períodos determinados. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de octubre de dos mil once, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito y condenó al Estado de Honduras, a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en ausencia de los demandantes, sin costas; bajo el criterio que los demandantes acreditaron suficientemente el despido ilegal e injustificado de que fueron objeto por su empleador, asistiéndoles el derecho a ser reintegrados a los puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del contrato de trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de febrero de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante acreditó que laboran para Soptravi desde el año 2006 unos y del año 2008 otros, en forma continua hasta el 31 de octubre del año 2010 y que fueron despedidos sin causa justificada en forma directa e ilegal, por su parte la demandada no probó haber tenido justos motivos para la terminación de la relación laboral de los demandantes, de consiguiente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 5.- Mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha veinte de agosto de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación. 7.- En fecha veinte de agosto de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; por lo que, en proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, apoderado de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil”. III.- El cargo en la forma expuesta ha de rechazarse, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que cuando se señala como infringida una norma que contiene varias situaciones jurídicas es deber del censor particularizar o especificar a cual de ellas se refiere. Entonces al citar el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo sin indicar a que párrafo o literal del mismo se refiere, el cargo peca por impreciso. Además es necesario aclarar que en materia de medios de impugnación el Código del Trabajo casi en su totalidad regula lo relacionado con la Casación y el Recurso de Apelación, por ende no es pertinente relacionar los motivos de casación con los preceptos autorizantes establecidos en el Código Procesal Civil, tal como lo hace el Censor; además, dicho precepto autorizante ha sido señalado en forma errónea, ya que alegando aplicación indebida lo correspondiente era citar el artículo 765 ordinal primero párrafo primero del Código del Trabajo y no el párrafo segundo de dicha disposición. IV.- Que en el segundo motivo el Recurrente esgrime lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa del Artículo 118 Párrafo Segundo del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil”. V.- Pero es el caso que el cargo en forma expuesta por el Censor no está llamado ha prosperar por la siguientes razones: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la causa o motivo del despido de los trabajadores es objeto del debate, por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía; b) en la explicación del cargo hace alusión a otras normas que no expuso en el motivo; c) el precepto autorizante de los recursos de casación laboral están totalmente contenidos en el Código del Trabajo por lo que es impertinente indicar los del Código Procesal Civil; y d) además, dicho precepto autorizante ha sido señalado en forma errónea, ya que alegando infracción directa lo correspondiente era citar el artículo 765 ordinal primero párrafo primero del Código del Trabajo y no el párrafo segundo de dicha disposición. VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 327-12.-
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL