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Sentencia CL-325-12 — Registro 2518

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salario adeudado, por despido verbal injusto e ilegal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV.- En el caso sub-júdice, el Recurrente omite señalar los pronunciamientos que considera debe contener el fallo sustitutivo que ha de dictarse en sede de instancia, pretendiendo que la Corte dicte la que en derecho corresponde, sin embargo, este Tribunal no puede suplir oficiosamente las deficiencias del recurso, todo lo cual se aleja de la técnica casaciónal referida, ya que dichos pronunciamientos deben ser mencionados por el Recurrente, sean declarando con o sin lugar, condenando o absolviendo y todos aquellos que estime debe contener la decisión del recurso, además de señalar si la anulación del fallo que recurre es de forma total o parcial. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que se invocan, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." En el caso sub-júdice, el Recurrente omite señalar los pronunciamientos que considera debe contener el fallo sustitutivo que ha de dictarse en sede de instancia, pretendiendo que la Corte dicte la que en derecho corresponde, sin embargo, este Tribunal no puede suplir oficiosamente las deficiencias del recurso, todo lo cual se aleja de la técnica casaciónal referida, ya que dichos pronunciamientos deben ser mencionados por el Recurrente, sean declarando con o sin lugar, condenando o absolviendo y todos aquellos que estime debe contener la decisión del recurso, además de señalar si la anulación del fallo que recurre es de forma total o parcial. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que se invocan, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de agosto de dos mil doce, por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores JOSE LUIS PEREZ COLINDRES y SANTOS EMILIO SUAREZ GONZALES; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salario adeudado, por despido verbal injusto e ilegal y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre de dos mil diez, por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSE LUIS PEREZ COLINDRES, casado y SANTOS EMILIO SUAREZ GONZALES, soltero, ambos mayores de edad, Guardias de Seguridad, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Periodista, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: PRIMERO: Declaró CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la apoderada demandada Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ; SEGUNDO: SIN LUGAR la demandada ordinaria laboral promovida por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSE LUIS PEREZ COLINDRES y SANTOS EMILIO SUAREZ GONZALES, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); TERCERO: ABSOLVIÓ a la institución demandada de toda responsabilidad proveniente de la presente demanda, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la institución demandada, en las fechas siguientes: JOSE LUÍS PÉREZ COLINDRES, el 28 de febrero de 2008 y SANTOS EMILIO SUÁREZ GONZALES, el 30 de junio de 2008, en los cargos de Guardias de Seguridad; que ambos demandantes firmaron contrato de trabajo con la institución demandada, sin establecer fecha de terminación, solamente estaban sujetos a la adjudicación del servicio de vigilancia que resultare de una licitación pública que nunca se llevó a cabo y desde que firmaron el primer contrato hasta que fueron despedidos verbal e injustamente hubo una relación continua de trabajo mayor de un año, por lo que se consideran celebrados los mismos por tiempo indefinido; que en fecha 14 de mayo de 2010, la institución demandada les entregó a cada uno de los demandantes un cheque por las cantidades de L.14,513.66 y L.12,167.04 respectivamente, cantidades que supuestamente era el pago de sus derechos adquiridos, manifestándoles que por recibir dicho cheque no tendrían problema en la continuidad de sus trabajos, por lo que los demandantes recibieron los cheques y los obligaron a firmar un finiquito a favor del “INJUPEMP”, y continuaron trabajando normalmente hasta el 2 de junio de 2010, fecha en que la institución demandada les comunicó en forma verbal que no les podían pagar el mes de mayo que trabajaron porque ya estaban despedidos, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado positivo.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que se tomó la decisión de contratar a los señores Jose Luís Pérez Colindres y Santos Emilio Suárez Gonzales, mediante Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado con vigencia del 1 de abril de 2008 y 1 de febrero de 2009 respectivamente, hasta la fecha que se firmara el contrato de adjudicación de dicho servicio con el contratista que resultara en la Licitación Pública de Vigilancia que en ese momento estaba en proceso, con pago de honorarios profesionales para cada uno de los demandantes por prestar los servicios de Guardias de Seguridad, mismos que se les notificó su terminación de Contrato mediante MEMORANDO DRL-779-2010 y MEMORANDO DRL-798-2010, con fecha 4 de mayo de 2010, respectivamente, aceptando los demandantes su liquidación y forma parte de la política de la institución demandada reconocerle el pago de sus derechos a todos sus empleados.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre de dos mil once, dictó sentencia declarando con lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la apoderada demandada y Sin Lugar la demanda de mérito, absolviendo a la institución demandada de toda responsabilidad proveniente de la presente demanda, sin costas; bajo el criterio que la existencia en los documentos contractuales que da inicio a la relación laboral entre las partes sujetos de esta contienda, no se estipuló la fecha precisa de terminación de la misma, lo cierto es que el día 4 de mayo del año 2010, el INJUPEMP procedió a dar por terminada la relación laboral con ambos actores y es a partir de esa fecha que se empieza a contar el término establecido en el artículo 864 del Código del Trabajo para que los demandantes pudieran reclamar por el supuesto despido injustificado, ya que la citada norma así lo establece, por tal razón, cuando el Inspector del Trabajo, el día 20 de julio del año 2010, procede a constatar el supuesto despido, el término para recurrir tanto en agotamiento de la vía administrativa como para la vía jurisdiccional ya había transcurrido, porque el plazo había comenzado a correr a partir del 4 de mayo del 2010, y aunque los trabajadores alegan que continuaron laborando con el INJUPEMP después del 30 de abril, pretendiendo acreditar este extremo con la declaración de testigos, pero esta declaración no es valorada por la Juez, porque la declaración no fue precisa en cuanto al nombre de las personas que se quedaron trabajando después del 30 de abril, no existiendo otra prueba complementaria que acreditara este hecho.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el Representante Procesal de la parte demandada, acreditó fehacientemente que los trabajadores interpusieron su acción cuando ya les había prescrito su derecho a hacerlo, ya que desde el 04 de mayo del año 2010, el INJUPEMP procedió a dar por terminada la relación laboral que mantenía con los trabajadores, ya que el 20 de julio del 2010 concurrieron ante la instancia administrativa para que se les constatara el despido y el 26 de julio del 2010 se hizo una citación para el reclamo de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a los trabajadores, y la interposición de la presente demanda la hicieron hasta el 30 de septiembre del 2011, o sea que habían transcurrieron más de los dos (2) meses a que se refiere el artículo 864 del Código del Trabajo y al haberles prescrito su derecho, resulta vano hacer pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo.- 5.- Mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal de los señores JOSE LUIS PEREZ COLINDRES y SANTOS EMILIO SUAREZ GONZALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veinte de agosto de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSE LUIS PEREZ COLINDRES y SANTOS EMILIO SUAREZ GONZALES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- En fecha veinte de agosto de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha tres de septiembre de dos mil doce, la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, desarrolla su parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “…En el acápite indicación de la sentencia impugnada transcribí la parte resolutiva de la sentencia recurrida. EN PRIMER LUGAR: La parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia anteriormente transcrita, es la que considero debe anularse porque es violatoria a la leyes Laborales vigentes.- EN SEGUNDO LUGAR: Casada la sentencia impugnada, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia deberá sustituirla dictando en su reemplazo la sentencia que en derecho corresponde.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.-Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV.- En el caso sub-júdice, el Recurrente omite señalar los pronunciamientos que considera debe contener el fallo sustitutivo que ha de dictarse en sede de instancia, pretendiendo que la Corte dicte la que en derecho corresponde, sin embargo, este Tribunal no puede suplir oficiosamente las deficiencias del recurso, todo lo cual se aleja de la técnica casaciónal referida, ya que dichos pronunciamientos deben ser mencionados por el Recurrente, sean declarando con o sin lugar, condenando o absolviendo y todos aquellos que estime debe contener la decisión del recurso, además de señalar si la anulación del fallo que recurre es de forma total o parcial. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que se invocan, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha catorce de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 325-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERA