Sentencia CL-273-12 — Registro 3154
Resumen
Demanda laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido o en su caso, sea considerado el reintegro de la demandante en las mismas condiciones de trabajo que desempeña; segunda instancia reforma la sentencia declarando sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el cargo en la forma expuesta también resulta inadmisible puesto que en el sub-júdice la forma de terminación del contrato de trabajo, acorde a lo preceptuado en la norma señalada como violada (artículo 95 numeral 19), fue un hecho sometido a la controversia y al material probatorio, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto de aplicación indebida, ya que el Juzgador de instancia tiene autonomía en la valoración de la prueba.- VI. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- VII. Para efectos jurisprudenciales es preciso establecer, que si bien es cierto se ha venido sosteniendo y se mantiene el criterio en cuanto a que la reestructuración administrativa no es causal de despido por no enmarcarse en las señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, ello no es óbice para que no se pueda realizar la terminación de la relación de trabajo bajo los presupuestos establecidos en el artículo 95 numeral 19) en relación con el artículo 111 numeral 1) ambos del Código del Trabajo, no bajo la concepción del despido injusto e ilegal preceptuado en los artículos 129 Constitucional y 113 del Código del Trabajo como garantes de la estabilidad laboral, sino, como ya se dijo, bajo el concepto de la terminación del contrato de trabajo conforme con lo dispuesto en el artículo 111 relacionado con el 95 numeral 19) del cuerpo legal antes referido.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de diciembre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia -el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiocho de junio de dos mil doce, por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderada de la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, en relación a la demanda laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido o en su caso, sea considerado el reintegro de la demandante en las mismas condiciones de trabajo que desempeñaba, pago de los salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios sociales que le corresponden a la cesantía de acuerdo con la ley, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado de la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Negocios, hondureña y del mismo domicilio que el anterior, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal señora MARIA ELENA MONDRAGON, mayor de edad, casada, Master en Economía, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia de fecha uno de febrero del presente año (2012) dictada por el Juzgado de Letras de ésta Sección judicial; reforma que se contrae a: DECLARAR SIN LUGAR la demanda promovida por la señora: LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS por medio de la presidente de dicha institución, la señora: MARIA ELENA MONDRAGON, para el reintegro en las mismas condiciones existentes al momento del despido, el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla la sentencia condenatoria respectiva, mas las indemnizaciones legales y beneficios convencionales que le correspondan, asimismo el ajuste por costo de vida que el banco otorga cada año de vigencia del contrato y que corresponde a un ajuste automático de la escala de sueldo que está vigente igual al 85% del incremento anual registrado por el índice general de precios al consumidor y que elabora el Banco Central de Honduras (cláusula décimo séptima) y cualquier otro beneficio establecido en el contrato colectivo; en consecuencia, se ABSUELVE a la demandada por tales conceptos; sin perjuicio de los derechos ofertados por la patronal en la nota mediante la cual le comunicó la terminación del contrato de trabajo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia, en cuanto a lo exoneración de costas de primera instancia.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a prestar sus servicios a la institución bancaria, el 12 de julio de 2006, en el puesto de auxiliar de control, asignada a la Sección Internacional y Comercio Exterior; que mediante carta de fecha 28 de abril de 2011, enviada por el Gerente del Banco Central de Honduras de la sucursal de San Pedro Sula, en la cual se le despidió en forma injusta a la demandante, dando por terminada su relación de trabajo con dicha institución, sin invocarle de manera concreta y precisa la causal de despido de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo y el artículo 46 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado positivo.- 2.- La parte demandada, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se realizó una evaluación de la estructura organizativa, distribución y carga de trabajo en la sucursal del Banco en la ciudad de San Pedro Sula, para lo cual utilizó un sistema de entrevista directa con cada uno de los empleados permanentes y supernumerarios, a fin de establecer el tiempo investido en las tareas a su cargo y determinar si existía una sobrecarga u holgura en sus actividades; estudio que determinó que la Sección Internacional y Comercio Exterior en la que se desempeñaban 6 empleados, presentaba una holgura en la carga de trabajo de 10.00 horas diarias y específicamente la plaza ocupada por la demandante, mostraba una holgura en la carga de trabajo de 2.84 horas diarias, por lo que se recomendó la cancelación de 4 plazas en dicha área, incluida la de la demandante, resaltando que la aprobación de la nueva estructura organizativa para la sucursal del Banco en la ciudad de San Pedro Sula, vino a representar un ahorro anual aproximado de L.3,366,521.00 para el Banco Central de Honduras y por ende al Estado, el cual está amparado en las cláusulas tercera y novena del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, así como en el artículo 95, numeral 19) del Código del Trabajo, quedando plenamente acreditada la justa causa que tuvo el Banco para dar por terminada la relación laboral con la demandante.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha uno de febrero de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito, condenando al Banco Central de Honduras, a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, salarios dejados de percibir y declaró con lugar el incidente de tachas propuesto contra las testigos Nely Rosinda Martínez Hernández y Enma Isabel Zúniga Fuentes, sin costas; bajo el criterio de que la causal invocada por la demandada para poner fin a la relación va contra el principio de estabilidad no solo porque la causal no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, sino porque la libre administración es limitada y ésta no puede estar sobre la Ley y nuestra Constitución de la República garantiza el derecho a la estabilidad laboral y en el presente caso la reestructuración no se hizo observando lo dispuesto en el contrato colectivo vigente en su cláusula novena.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, dictó sentencia reformando la de primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda promovida por la señora Leslie Oralia Castañeda López, contra el Banco Central de Honduras, para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, más las indemnizaciones legales y beneficios convencionales que le correspondan y otros, en consecuencia, absolvió a la demandada por tales conceptos, sin perjuicio de los derechos ofertados por la patronal en la nota mediante la cual le comunicó la terminación del contrato de trabajo; confirmando la referida sentencia en cuanto a lo exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio de que se ha venido sosteniendo que la reestructuración administrativa no constituye causa justa de terminación del contrato, pero en el caso de autos, la terminación del contrato de trabajo para con la demandante se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público, y para ello, el Directorio de la entidad demandada aprobó una nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco en esta ciudad, hecho que implicó la supresión de la plaza de auxiliar de control, categoría 12, en razón de la holgura de 10 horas diarias que se encontró en dicha sección y que conlleva un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente L.3,366,521.00, todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal, en aras del bien común.- 5.- Mediante auto de fecha catorce de mayo de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, de generales ya establecidas, en su condición de apoderada de la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintiocho de junio de dos mil doce, compareció ante este Tribunal la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, de generales ya establecidas, en su condición de apoderada de la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante proveido de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha tres de agosto de dos mil doce, el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, en su condición de apoderado del BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía, se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de apoderada de la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, expresa su primer y segundo motivo de la siguiente forma: “PRIMER MOTIVO DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con el 95 numeral 19) y 111 numeral 1) del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en lo que se refiere exclusivamente a la infracción directa “SEGUNDO MOTIVO DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por INFRACCION DIRECTA por falta de aplicación del artículo 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República; artículos uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número Dieciocho guión dos mil diez (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 129 de la Constitución de la República determina el derecho de estabilidad laboral y lo desarrolla el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, que en su parte conducente establece: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) el ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este artículo; y b) si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio.” La INFRACCION DIRECTA ocurre cuando a un hecho debidamente probado NO SE APLICA la norma que lo regula en un caso concreto. Es un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ mediante nota de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil once (2011) sin señalar los hechos o motivos que facultan al empleador para despedir a la demandante. En la indicada nota se le comunica a la demandante que la plaza que ocupa ha sido cancelada dando lugar a la terminación de la relación laboral en virtud de una resolución emitida por el Banco Central de Honduras que autoriza una nueva estructura organizacional, lo cual obra a folio ocho (08) de la primera pieza de autos. No obstante, el día viernes, 16 de marzo del 2012, la referida Corte de Apelaciones dicta una sentencia definitiva en donde establece que la reestructuración administrativa no constituye causa justa de terminación del contrato, pero que en el caso de autos la terminación del contrato de trabajo con la trabajadora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y por ello en razón de las disposiciones legales obligatorias contenidas en la LEY DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA con vigencia temporal, que autoriza a los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al Banco Central de Honduras como una entidad descentralizada para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del Gasto Público y de orden financiero, por tal razón es procedente el despido y para ello aplica dicha Ley de Emergencia Fiscal y Financiera en sus artículos 1, 2, 3, 4 y 5, obviando que el artículo 6 de la indicada Ley establece que su vigencia es de naturaleza temporal y que su aplicación será durante un año contado a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, hecho éste que se produjo el día DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ, en consecuencia su vigencia finalizó el día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, y el despido se produce el 28 de abril del año 2011. La aplicación de las disposiciones carentes de vigencia impulsaron a la Corte sentenciadora a omitir y dar valor al derecho de estabilidad laboral consagrado en el artículo 129 constitucional y por ende niega el reintegro demandado conforme lo establecido en el 113 primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código de Trabajo, provocando consecuentemente la infracción directa por falta de aplicación de la indicada norma jurídica de carácter sustantivo”.- III. Pero es el caso que la recurrente en el desarrollo de los cargos que anteceden señala que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto. Sin embargo resulta que en el caso in examine, la recurrente parte de una premisa incorrecta al manifestar que “…es un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ mediante una nota sin señalar los hechos o motivos que encajan dentro del marco legal que facultan al empleador para despedir a la demandada…”, cuando más bien esta situación fáctica ha sido el objeto central de la controversia y del material probatorio, por lo que no era la infracción directa la vía adecuada para atacar la sentencia impugnada, puesto que bien lo señala la doctrina y la jurisprudencia, que no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. Por otra parte, la recurrente realiza alegatos de instancia impropios de este recurso extraodinario, volviendo por tanto inestimable los cargos.- IV. Que la recurrente formula su tercer motivo de la siguiente manera: “TERCER MOTIVO DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional, por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 95 numeral 19) en relación con el 111 numeral 10) del Código de Trabajo y de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número DIECIOCHO GUION DOS MIL DIEZ (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año, habiendo dejado de aplicar los artículos 129 de la Constitución de la República y 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo en la forma expuesta también resulta inadmisible puesto que en el sub-júdice la forma de terminación del contrato de trabajo, acorde a lo preceptuado en la norma señalada como violada (artículo 95 numeral 19), fue un hecho sometido a la controversia y al material probatorio, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto de aplicación indebida, ya que el Juzgador de instancia tiene autonomía en la valoración de la prueba.- VI. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- VII. Para efectos jurisprudenciales es preciso establecer, que si bien es cierto se ha venido sosteniendo y se mantiene el criterio en cuanto a que la reestructuración administrativa no es causal de despido por no enmarcarse en las señaladas en el articulo 112 del Código del Trabajo, ello no es óbice para que no se pueda realizar la terminación de la relación de trabajo bajo los presupuestos establecidos en el artículo 95 numeral 19) en relación con el artículo 111 numeral 1) ambos del Código del Trabajo, no bajo la concepción del despido injusto e ilegal preceptuado en los artículos 129 Constitucional y 113 del Código del Trabajo como garantes de la estabilidad laboral, sino, como ya se dijo, bajo el concepto de la terminación del contrato de trabajo conforme con lo dispuesto en el artículo 111 relacionado con el 95 numeral 19) del cuerpo legal antes referido.- VIII.- Que el Recurrente alega nulidad subsidiaria argumentando lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA Con base en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio la Sentencias que se impugnan cuando aparezca de manifiesto alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en Materia Laboral es admisible como causal, el error INPROCEDENDO cuando por el quebrantamiento de normas procesales se llegue a infringir normas sustantivas de carácter laboral; se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA que reforma la sentencia de primera instancia del expediente de autos por los motivos siguientes: Con fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil doce (2012), la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al proferir su fallo en la Demanda de Emplazamiento Laboral promovida por la señora Leslie Oralia Castañeda López Fuentes en contra de la Institución denominada Banco Central de Honduras, en el numeral tercero de la misma expresó lo siguiente: “TERCERO: Que cuando convencidos de que la situación económica del País exige la aplicación de medidas destinadas a restringir en la administración pública el principio de estabilidad laboral como medida de excepción, mediante ajustes estructurales por motivos de interés económico; racionalización del gasto público y conveniencia social, dado el interés y bienestar general que el Estado se encuentra obligado a observar y proveer a la sociedad; en ese sentido mediante decreto No. 18-2010, el Estado creo la denominada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal de un año, dirigida a la toma de decisiones o medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado.- Que no obstante esta Alzada ha venido sosteniendo que la reestructuración administrativa no constituye justa causa de terminación del contrato; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre ellas las identificadas bajo los números CL56-09, CL-499-09, CL-211-09 pero en caso de autos, la terminación del contrato de trabajo para con la demandante se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y para ello, el Directorio de la entidad demandada, aprobó una nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco en ésta ciudad, hecho que implicó la supresión entre otras, de la sección Internacional y Comercio Exterior, categoría FC, que fuera absorbida por la Jefatura de Contabilidad, en razón de la holgura que tenía dicha sección, según se desprende del informe del estudio y propuesta que presentara el Jefe del Departamento de Organización y Planeamiento de la demandada en fecha 01 de abril de 2011, y que conllevan un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente Tres Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiún lempiras (L. 3,366,521.00) (f.81 al 96); todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en la citada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, que autorizaba las medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado y que naturalmente iban a afectar los mecanismos existentes en cuanto a la vinculación y estabilidad en el empleo; lo anterior hace que la desvinculación contractual sea válida y legal, la estabilidad laboral de un empleado sede (sic) ante la necesidad de reducir el gasto público en materia salarial, y ello así lo autoriza la cláusula novena del contrato colectivo de trabajo (f.99).- Desde luego, no se trata de una suspensión o eliminación del derecho a dicha estabilidad que se garantiza en las relaciones laborales con la reinstalación en los casos de despido injusto o con el pago de las indemnizaciones; no obstante, si el cuerpo legal en referencia, autorizó a los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al BANCO CENTRAL DE HONDURAS como una entidad descentralizada, para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, la reestructuración organizacional mediante la cual se ha procedido a la supresión de plazas por resultar supernumerario el personal que ahí labora, según los análisis que al efecto se realizaron, la aprobación de la nueva estructura organizacional, cede frente a la necesaria cancelación de la plaza que ocupaba la demandante y su consecuente retiro del servicio; para lo cual está previsto el pago de las prestaciones laborales más no la reinstalación a su puesto de trabajo.-” En seguida, en la parte dispositiva y en el POR TANTO se fundamenta dicha resolución entre otros, en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera y acontece que tal y como lo manifiesta la Corte sentenciadora, esta es la motivación jurídica para declarar sin lugar la reinstalación de la trabajadora demandante y es del caso que la indicada LEY DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA carece de vigencia desde el día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, por lo cual se aplicó indebidamente en el caso del juzgamiento de la demanda promovida por la trabajadora demandante, una Ley que NO ESTABA VIGENTE, tampoco la misma fue invocada y sometida al debate por la parte demandada, por lo que dicho tribunal incongruentemente la aplica sin que las partes la hayan utilizado como fundamento jurídico, produciendo indefensión y violentando su deber de congruencia contenido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, por lo que procede la nulidad solicitada.”.- IX.- Que analizados por este Tribunal los argumentos señalados por la impetrante para sustentar la nulidad antes expuesta, no observa este Tribunal que se haya violentado el debido proceso y el derecho de defensa de las partes en razón de que la disposición que indica como aplicada indebidamente por no estar vigente y que “tampoco fuera invocada y sometida al debate por la parte demandada”, resultan desacertados toda vez que la misma si estaba vigente al momento de producirse la terminación laboral, además de que con base en los principios procesales DA MIHI FACTUM ET DABO TIBI IUS, (dame el hecho y te daré el derecho) y IURA NOVIT CURIA (el Tribunal conoce el Derecho), el juzgador está facultado para aplicar la ley en razón de los hechos alegados en el proceso; en consecuencia no procede la nulidad subsidiaria alegada en el escrito de mérito.- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los tres motivos de casación y la nulidad subsidiaria esgrimida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación de la sentencia de fecha dos de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 273-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL