Sentencia CL-272-12 — Registro 3153
Resumen
Demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido o en su caso, sea considerado el reintegro e las mismas condiciones de trabajo que desempeñaba, pago de los salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios sociales que le corresponden a la cesantía de acuerdo con la ley; segunda instancia reforma la sentencia declarando sin lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“II. Que la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de apoderada de la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ expresa su primer y segundo motivo de la siguiente forma: “PRIMER MOTIVO DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con el 95 numeral 19) y 111 numeral 1) del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en lo que se refiere exclusivamente a la infracción directa “SEGUNDO MOTIVO DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por INFRACCION DIRECTA por falta de aplicación del artículo 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República; artículos uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número Dieciocho guión dos mil diez (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo”.- III. Pero es el caso que la recurrente en el desarrollo de los cargos que anteceden señala que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto. Sin embargo resulta que en el caso in examine, la recurrente parte de una premisa incorrecta al manifestar que “…es un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ mediante una nota sin señalar los hechos o motivos que encajan dentro del marco legal que facultan al empleador para despedir a la demandada…”, cuando más bien esta situación fáctica ha sido el objeto central de la controversia y del material probatorio, por lo que no era la infracción directa la vía adecuada para atacar la sentencia impugnada, puesto que bien lo señala la doctrina y la jurisprudencia, que no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. Por otra parte, la recurrente realiza alegatos de instancia impropios de este recurso extraordinario, volviendo por tanto inestimable los cargos.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Que el cargo en la forma expuesta también resulta inadmisible puesto que en el sub-júdice la forma de terminación del contrato de trabajo, acorde a lo preceptuado en la norma señalada como violada (artículo 95 numeral 19), fue un hecho sometido a la controversia y al material probatorio, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto de aplicación indebida, ya que el Juzgador de instancia tiene autonomía en la valoración de la prueba.- VI. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- VII. Para efectos jurisprudenciales es preciso establecer, que si bien es cierto se ha venido sosteniendo y se mantiene el criterio en cuanto a que la reestructuración administrativa no es causal de despido por no enmarcarse en las señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, ello no es óbice para que no se pueda realizar la terminación de la relación de trabajo bajo los presupuestos establecidos en el artículo 95 numeral 19) en relación con el artículo 111 numeral 1) ambos del Código del Trabajo, no bajo la concepción del despido injusto e ilegal preceptuado en los artículos 129 Constitucional y 113 del Código del Trabajo como garantes de la estabilidad laboral, sino, como ya se dijo, bajo el concepto de la terminación del contrato de trabajo conforme con lo dispuesto en el artículo 111 relacionado con el 95 numeral 19) del cuerpo legal antes referido.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., dos de diciembre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, mayor de edad, soltera, hondureña, y de este domicilio, en su condición de apoderada de la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ; en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido o en su caso, sea considerado el reintegro e las mismas condiciones de trabajo que desempeñaba, pago de los salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios sociales que le corresponden a la cesantía de acuerdo con la ley, interpuesta el veintidós de julio del dos mil once, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de san Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ, mayor de edad, casada, Secretaria, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Presidenta la señora MARIA ELENA MONDRAGON, mayor de edad, casada, Master en Economía, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha diecinueve de marzo del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San pedro Sula, departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia de fecha diecinueve de enero del presente año (2012), dictada por el Juzgado de Letra de ésta Sección judicial; reforma que se contrae a: DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, pago de beneficios contractuales derivados del contrato colectivo, en consecuencia, se ABSUELVE a la demandada por tales conceptos; sin perjuicio de los derechos ofertados por la patronal en la nota mediante la cual comunico la terminación del contrato de trabajo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en cuanto a la exoneración de ostas de primera instancia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia a la parte demandada, por haber sido atendidas sus pretensiones.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inicio a laborar en el Banco Central de Honduras en fecha 01 de febrero del 1983, desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Secretaria y Archivo, siendo despedida en fecha tres de mayo del dos mil once, devengando un salario mensual de L.27,571.96, acudió a las oficinas administrativas del departamento de conciliación de la Secretaria del Trabajo a efecto de llegar a un arreglo conciliatorio, mismo que resulto infructuoso, dándose así por agotado el tramite en vía administrativa.- 2. La parte demandada, El BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechaza las pretensiones establecidas por la demandante, alegando a su favor que la demandada siguiendo principios de libre administración, está facultado para ejecutar las medidas necesarias para el desarrollo de las actividades que por Ley le corresponde y su normativa interna le permite cancelar las plazas cuya existencia resulta innecesaria siempre que se le siga el procedimiento respectivo y se reconozcan los derechos que al empleado ocupa le corresponda.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda laboral para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, promovida por LEONEL MEDRANO IRIAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia quien actúa en su condición de apoderado judicial de la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ; contra la BANCO CENTRAL DE HONDURAS a través de su representante legal señora MARIA ELENA MONDRAGON de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: CONDENA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su representante legal señora MARIA ELENA MONDRAGON, a REINTEGRAR a la trabajadora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ, en un puesto igual o mejores condiciones que tenia al momento de producirse el despido; mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla la reinstalación de su cargo. 2) SIN COSTAS.” Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso el tribunal es del criterio que la causal invocada por la demandada para poner fin a la relación va contra el principio de estabilidad no solo porque la causal no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, sino porque la libre administración es limitada y esta no puede estar por encima de la ley y estabilidad laboral, y en el presente caso la demandada aunque alegue que realizó una reestructuración la cual es permitida según el contrato colectivo de trabajo vigente en su cláusula novena.- Por lo que el Tribunal considera que dicho despido es injusto en consecuencia es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha diecinueve de marzo del dos mil doce, dictó sentencia definitiva que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia de fecha diecinueve de enero del presente año (2012), dictada por el Juzgado de Letra de ésta Sección judicial; reforma que se contrae a: DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, pago de beneficios contractuales derivados del contrato colectivo, en consecuencia, se ABSUELVE a la demandada por tales conceptos; sin perjuicio de los derechos ofertados por la patronal en la nota mediante la cual comunico la terminación del contrato de trabajo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en cuanto a la exoneración de ostas de primera instancia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia a la parte demandada, por haber sido atendidas sus pretensiones.” Bajo el criterio que del estudio minucioso de los autos, el Tribunal observa que entre las pretensiones de la demandante, se encuentra pago de beneficios contractuales derivados del contrato colectivo, sin que haya pronunciamiento alguno por la juez de primera instancia; situación que se contrapone a lo que establecen las normas procesales en cuanto a los requisitos internos de toda sentencia: claridad, precisión, congruencia y exhaustividad particularmente el artículo 206 del Código Procesal Civil, por lo que debe pronunciarse este Tribunal denegando tal pretensión para suplir la mencionada omisión puesto que a la accionante, tales derechos aunque reconocidos por el contrato colectivo, estaban sujetos primero a una evaluación y por la otra al reconocimiento de la pretensión principal y en el caso de autos ninguno de los presupuestos concurren para su reconocimiento.- 5. Que mediante auto de fecha catorce de mayo del dos mil doce, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado EVELYN MONTERROSA SIERRA, de generales conocidas y actuando en su condición de Apoderada de la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del Recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, compareció ante este Tribunal la Abogada EVELYN MOTERROSA SIERRA, de generales y condición ya señaladas, formalizando su recurso de casación laboral, presentando tres motivos de casación y solicitó nulidad subsidiaria.- 7. Que en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada EVELYN MONTERROSA, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el termino de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha tres de agosto del dos mil doce el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, apoderado de la parte demandada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía, se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de apoderada de la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ expresa su primer y segundo motivo de la siguiente forma: “PRIMER MOTIVO DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con el 95 numeral 19) y 111 numeral 1) del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en lo que se refiere exclusivamente a la infracción directa “SEGUNDO MOTIVO DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por INFRACCION DIRECTA por falta de aplicación del artículo 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República; artículos uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número Dieciocho guión dos mil diez (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo”.- III. Pero es el caso que la recurrente en el desarrollo de los cargos que anteceden señala que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto. Sin embargo resulta que en el caso in examine, la recurrente parte de una premisa incorrecta al manifestar que “…es un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ mediante una nota sin señalar los hechos o motivos que encajan dentro del marco legal que facultan al empleador para despedir a la demandada…”, cuando más bien esta situación fáctica ha sido el objeto central de la controversia y del material probatorio, por lo que no era la infracción directa la vía adecuada para atacar la sentencia impugnada, puesto que bien lo señala la doctrina y la jurisprudencia, que no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. Por otra parte, la recurrente realiza alegatos de instancia impropios de este recurso extraordinario, volviendo por tanto inestimable los cargos.- IV. Que la recurrente formula su tercer motivo de la siguiente manera: “TERCER MOTIVO DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional, por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 95 numeral 19) en relación con el 111 numeral 10) del Código de Trabajo y de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número DIECIOCHO GUION DOS MIL DIEZ (18-2010) de fecha 25 de marzo del 2010, publicado en La Gaceta del 16 de abril de ese mismo año, habiendo dejado de aplicar los artículos 129 de la Constitución de la República y 113, primer y tercer párrafo, literal b) interpretado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo en la forma expuesta también resulta inadmisible puesto que en el sub-júdice la forma de terminación del contrato de trabajo, acorde a lo preceptuado en la norma señalada como violada (artículo 95 numeral 19), fue un hecho sometido a la controversia y al material probatorio, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto de aplicación indebida, ya que el Juzgador de instancia tiene autonomía en la valoración de la prueba.- VI. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- VII. Para efectos jurisprudenciales es preciso establecer, que si bien es cierto se ha venido sosteniendo y se mantiene el criterio en cuanto a que la reestructuración administrativa no es causal de despido por no enmarcarse en las señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, ello no es óbice para que no se pueda realizar la terminación de la relación de trabajo bajo los presupuestos establecidos en el artículo 95 numeral 19) en relación con el artículo 111 numeral 1) ambos del Código del Trabajo, no bajo la concepción del despido injusto e ilegal preceptuado en los artículos 129 Constitucional y 113 del Código del Trabajo como garantes de la estabilidad laboral, sino, como ya se dijo, bajo el concepto de la terminación del contrato de trabajo conforme con lo dispuesto en el artículo 111 relacionado con el 95 numeral 19) del cuerpo legal antes referido.- VIII.- Que la Recurrente alega nulidad subsidiaria argumentando lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA Con base en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio la Sentencias que se impugnan cuando aparezca de manifiesto alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en Materia Laboral es admisible como causal, el error INPROCEDENDO cuando por el quebrantamiento de normas procesales se llegue a infringir normas sustantivas de carácter laboral; se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA que reforma la sentencia de primera instancia del expediente de autos por los motivos siguientes: Con fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil doce (2012), la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al proferir su fallo en la Demanda de Emplazamiento Laboral promovida por la señora NELY ROSINDA MARTINEZ HERNANDEZ en contra de la Institución denominada Banco Central de Honduras, en el numeral tercero de la misma expresó lo siguiente: “TERCERO: Que cuando convencidos de que la situación económica del País exige la aplicación de medidas destinadas a restringir en la administración pública el principio de estabilidad laboral como medida de excepción, mediante ajustes estructurales por motivos de interés económico; racionalización del gasto público y conveniencia social, dado el interés y bienestar general que el Estado se encuentra obligado a observar y proveer a la sociedad; en ese sentido mediante decreto No. 18-2010, el Estado creo la denominada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal de un año, dirigida a la toma de decisiones o medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado.- Que no obstante esta Alzada ha venido sosteniendo que la reestructuración administrativa no constituye justa causa de terminación del contrato; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre ellas las identificadas bajo los números CL56-09, CL-499-09, CL-211-09 pero en caso de autos, la terminación del contrato de trabajo para con la demandante se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y para ello, el Directorio de la entidad demandada, aprobó una nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco en ésta ciudad, hecho que implicó la supresión entre otras, de la sección Internacional y Comercio Exterior, categoría FC, que fuera absorbida por la Jefatura de Contabilidad, en razón de la holgura que tenía dicha sección, según se desprende del informe del estudio y propuesta que presentara el Jefe del Departamento de Organización y Planeamiento de la demandada en fecha 01 de abril de 2011, y que conllevan un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente Tres Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiún lempiras (L.3,366,521.00) (f.81 al 96); todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en la citada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, que autorizaba las medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado y que naturalmente iban a afectar los mecanismos existentes en cuanto a la vinculación y estabilidad en el empleo; lo anterior hace que la desvinculación contractual sea válida y legal, la estabilidad laboral de un empleado sede (sic) ante la necesidad de reducir el gasto público en materia salarial, y ello así lo autoriza la cláusula novena del contrato colectivo de trabajo (f.99).- Desde luego, no se trata de una suspensión o eliminación del derecho a dicha estabilidad que se garantiza en las relaciones laborales con la reinstalación en los casos de despido injusto o con el pago de las indemnizaciones; no obstante, si el cuerpo legal en referencia, autorizó a los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al BANCO CENTRAL DE HONDURAS como una entidad descentralizada, para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, la reestructuración organizacional mediante la cual se ha procedido a la supresión de plazas por resultar supernumerario el personal que ahí labora, según los análisis que al efecto se realizaron, la aprobación de la nueva estructura organizacional, cede frente a la necesaria cancelación de la plaza que ocupaba la demandante y su consecuente retiro del servicio; para lo cual está previsto el pago de las prestaciones laborales más no la reinstalación a su puesto de trabajo.-” En seguida, en la parte dispositiva y en el POR TANTO se fundamenta dicha resolución entre otros, en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera y acontece que tal y como lo manifiesta la Corte sentenciadora, esta es la motivación jurídica para declarar sin lugar la reinstalación de la trabajadora demandante y es del caso que la indicada LEY DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA carece de vigencia desde el día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, por lo cual se aplicó indebidamente en el caso del juzgamiento de la demanda promovida por la trabajadora demandante, una Ley que NO ESTABA VIGENTE, tampoco la misma fue invocada y sometida al debate por la parte demandada, por lo que dicho tribunal incongruentemente la aplica sin que las partes la hayan utilizado como fundamento jurídico, produciendo indefensión y violentando su deber de congruencia contenido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, por lo que procede la nulidad solicitada.”.- IX.- Que analizados por este Tribunal los argumentos señalados por la impetrante para sustentar la nulidad antes expuesta, no observa este Tribunal que se haya violentado el debido proceso y el derecho de defensa de las partes en razón de que la disposición que indica como aplicada indebidamente por no estar vigente y que “tampoco fuera invocada y sometida al debate por la parte demandada”, resultan desacertados toda vez que la misma si estaba vigente al momento de producirse la terminación laboral, además de que con base en los principios procesales DA MIHI FACTUM ET DABO TIBI IUS, (dame el hecho y te daré el derecho) y IURA NOVIT CURIA (el Tribunal conoce el Derecho), el juzgador está facultado para aplicar la ley en razón de los hechos alegados en el proceso; en consecuencia no procede la nulidad subsidiaria alegada en el escrito de mérito.- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los tres motivos de casación y la nulidad subsidiaria esgrimida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación de la sentencia de fecha dos de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 272-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL