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Sentencia CL-271-12 — Registro 3119

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, en virtud de despido directo, ilegal, arbitrario e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible en razón de los defectos técnicos siguientes: a) alude el Recurrente a los conceptos de aplicación indebida e interpretación errónea, siendo dos formas distintas de violar la ley, los que debió precisar en forma separada e independiente; b) olvida señalar en el precepto autorizante, el párrafo en que considera comprendido el concepto de la infracción; y, c) señala como normas infringidas los artículos “3 y 346 del Código del Trabajo vigente y el Decreto Ley número 112 de la Ley del Séptimo día y décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el Decreto número 135-94 de la Ley del Decimo Cuarto mes de Salario en concepto de compensación Social”. Pero es el caso que la primera disposición no ostenta la calidad de sustantiva y la segunda comprende párrafos y literales que era necesario precisar, además se omite indicar las disposiciones contenidas en los decretos ley citados, que en su concepto fueron violados"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5) a (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que este Tribunal pueda o no orientar su estudio y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la Recurrente solicita la casación total, pero es el caso que la sentencia impugnada contiene pronunciamientos en favor de la parte demandada, en consecuencia la petición debió haber sido formulada en forma parcial. La solicitud así expuesta ostensiblemente carece de la precisión exigida por la técnica del recurso de casación, lo que impide su prosperidad"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CL-271-12

TE

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de diciembre de dos mil trece.-

VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia en fecha once de junio del año dos mil doce, por el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado del señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO, y en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, por la abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP); en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, en virtud de despido directo, ilegal, arbitrario e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes en concepto de compensación social, reajuste de salario y pago de salario asignados a la plaza, costas personales y judiciales; interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de abril del año dos mil once, por el señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO, mayor de edad, soltero, tractorista, hondureño y con domicilio en Trujillo, Departamento de Colón, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General, señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de marzo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha uno de diciembre del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA Primero: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha uno de diciembre del año 2011, en la diligencias iniciadas con la demanda ordinaria promovida por el señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO contra la entidad jurídica EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), representada por el señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE; reforma que se contrae a I.- Declarar sin lugar la demanda laboral de la referencia para el pago del séptimo día y el ajuste y pago de salario asignado a la plaza de jornalero de servicios portuarios en la modalidad de permanente, en consecuencia absuelve de toda responsabilidad a la demandada por dichos conceptos; II. limitar la reinstalación del señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO en el puesto de jornalero de servicios portuarios en iguales o mejores condiciones contractuales hasta en tanto existan las circunstancias que motivaron su contratación, III. Excluir en el numeral 2) de la parte resolutiva: La condena de pago en concepto de vacaciones y bonificación de esta de los períodos 2007-2008, 2008-2009, así como de las bonificaciones de los períodos 2009-2010 y 2010-2011, en consecuencia se absuelve a la demandada de toda responsabilidad económica por dichos conceptos; IV. Fijar como cuantía de la condena de pago la suma de Diez Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con Sesenta y Tres Centavos (L.10425.63), por los conceptos establecidos en primera instancia: vacaciones 2009-2010: Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras con Cincuenta y un centavos (L2,175.51); vacaciones 2010-2011: Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con Noventa y Dos centavos (L 2,654.92); décimo cuarto mes 2010-2011: Cinco Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Veinte centavos (L5,595.20); V. Absolver de costas de primera instancia. Segundo: CONFIRMANDO la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos.- SIN COSTAS…”.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a laborar con la demandada el 12 de enero del 2010, mediante contrato individual de trabajo escrito por tiempo indefinido, firmado con el entonces Gerente General, mediante el cual se le reconoció un año de antigüedad para efecto de pago de vacaciones y auxilio de cesantía, sin embargo con la nueva administración fue obligado a firmar una hoja enviada vía fax desde Puerto Cortés en la que renunciaba a su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, comprometiéndose la empresa a continuar empleándolo mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, lo cual cumplió otorgando algunos contratos, finalizando dicha relación laboral mediante nota del 15 de abril del año 2011, emitida por el Jefe de Recursos Humanos, mediante la cual se le comunica su despido.-

2.- La parte demandada, EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda señalando que rechaza y sujeta a prueba en juicio los hechos y omisiones en que se fundamenta la demanda, en tanto que admite en defensa de su representada ser cierto que el trabajador demandante tuvo una relación laboral con la empresa inicialmente mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, para posteriormente ser contratado mediante contrato individual por tiempo indefinido, alegando que dicho contrato fue anulado voluntariamente por el trabajador, quien aceptó continuar la relación laboral en forma eventual mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, del mismo modo que niega que la nota entregada por el Jefe de la División de Recursos Humanos constituya un despido, sino una notificación que el patrono remite al trabajador por cortesía con base en la cláusula quinta numeral 3 del contrato de trabajo.-

3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha uno de diciembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda en cuanto al reintegro, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, pago de salarios estipulados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro, condenando a la demandada al pago de esos conceptos, con costas. Criterio: que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, precepto que tiene aplicación en el presente caso al haberse constatado que la empresa demandada ejerció presiones para obligar al trabajador demandante para renunciar a su contrato de trabajo por tiempo indefinido, para posteriormente contratarlo por tiempo determinado, que es obligación ineludible del patrono cumplir con las obligaciones emanadas del contrato de trabajo y que son impuestas por el Código del Trabajo vigente como ser salarios, derechos adquiridos, constatándose en autos que el patrono demandado ha incumplido con el pago del séptimo día, vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes de salario a los que el trabajador tiene perfecto derecho, así como los salarios correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil diez.-

4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de marzo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar sin lugar la demanda para el pago del séptimo día y el ajuste y el pago de salario asignado a la plaza de jornalero de servicios portuarios en la modalidad de permanente, en consecuencia absolvió de toda responsabilidad a la demandada por dichos conceptos, limitando la reinstalación del demandante en el puesto de jornalero, hasta tanto existan las circunstancias que motivaron su contratación, excluyendo la condena del pago de vacaciones y bonificación de estas de los períodos 2007-2008, 2008-2009, así como las bonificaciones de los períodos 2009-2010 y 2010-2011, en consecuencia absolvió a la demandada de esos conceptos, fijando la condena en L.10,425.63, por los conceptos de vacaciones 2009-2010, vacaciones 2010-2011, decimocuarto mes 2010-2011, confirmando la sentencia en sus demás extremos y absolviendo de costas de primera instancia, sin costas. Criterio: que la parte actora renunció a las condiciones del contrato de trabajo por tiempo indefinido, mediante un acto consentido por las partes contractuales, al no haber realizado reclamo alguno, firmando contratos de trabajo por tiempo determinado posteriormente, razón por la cual no procede darle validez al contrato de trabajo por tiempo indefinido que suscribiera el 12 de enero de 2010, en el caso de autos la demandada reconoce la existencia y terminación de la relación laboral, iniciado mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, para labores de jornalero, pagándosele su salario mediante la planilla asignada, que es indudable que la relación de trabajo entre las partes, inició el 13 de julio del 2009, por lo cual resulta improcedente el pago de vacaciones y su bonificación de los períodos 2007-2008, 2008-2009, asimismo del pago de vacaciones de los períodos 2009-2010, 2010-2011, decimotercer y decimocuarto mes de salario correspondiente a los años 2011 en las cuantías fijadas es improcedente, ya que el demandante es un empleado por tiempo determinado. También es incorrecta la condena del pago del séptimo día, ya por disposición legal, se entiende que el mismo está incluido cuando se pacta de forma mensual, el pago del salario conforme el asignado a la plaza de jornalero de servicios portuarios que reclama el actor, no es posible concederlo, ya que este se desempeñaba como empleado contratado por tiempo determinado.-

5.- Que mediante auto de fecha catorce de mayo del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los abogados JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS actuando en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), y MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación de los recursos, omitiéndose el traslado de los autos y ordenando que se retuviera en la Secretaría del Despacho para que los recurrentes comparecieran en el término de veinte días a formular por escrito sus demandas de casación.-

6.- Que en fecha once de junio del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA en su condición de apoderado del señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenando el traslado al opositor para que en el término de diez días contestara dicho recurso, quien no hizo uso de ese término, por lo que, en proveído de fecha catorce de agosto del año dos mil doce, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA apoderada de la parte demandada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.-

7.- Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal la abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, en su condición de apoderado de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil doce, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha dos de agosto del año dos mil doce, el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado del señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO, ordenando proseguir con el trámite legal correspondiente.-

8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.-

II.- Que el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA en su condición de apoderado del señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO expone un primer y único motivo de casación en la forma siguiente: “Acuso la Sentencia de fecha trece de Marzo del año dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con Sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea, y que se refiere al artículo número 3 y 346 del Código del Trabajo Vigente y Decreto Ley número 112 de la Ley el Séptimo día y decimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el Decreto número 135-94 de la Ley del Decimo Cuarto mes de Salario en concepto de compensación Social. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es el artículo número 3 y 346 del Código del Trabajo Vigente y Decreto Ley número 112 de la Ley del Séptimo día y decimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el Decreto número 135-94 de la Ley del Decimo Cuarto mes de Salario en concepto de compensación Social. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación esta comprendido en el artículo 765, numeral 1), del Código del Trabajo”.-

III.- Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible en razón de los defectos técnicos siguientes: a) alude el Recurrente a los conceptos de aplicación indebida e interpretación errónea, siendo dos formas distintas de violar la ley, los que debió precisar en forma separada e independiente; b) olvida señalar en el precepto autorizante, el párrafo en que considera comprendido el concepto de la infracción; y, c) señala como normas infringidas los artículos “3 y 346 del Código del Trabajo vigente y el Decreto Ley número 112 de la Ley del Séptimo día y décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el Decreto número 135-94 de la Ley del Decimo Cuarto mes de Salario en concepto de compensación Social”. Pero es el caso que la primera disposición no ostenta la calidad de sustantiva y la segunda comprende párrafos y literales que era necesario precisar, además se omite indicar las disposiciones contenidas en los decretos ley citados, que en su concepto fueron violados.-

IV.- Que la abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), formula la Declaración del Alcance de la Impugnación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASA totalmente la sentencia definitiva de fecha trece de marzo del año dos mil doce (2012) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Francisco Morazán.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO promovida por el señor MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO OCAMPO contra la Empresa Nacional Portuaria, a través del Gerente General señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, todos de generales conocidas. TERCERO: ABSUELVE de toda responsabilidad a la institución demandada, en relación al Reintegro al trabajo, Pago de salarios dejados de percibir y demás conceptos reclamados.- SIN COSTAS.- Y MANDA: que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los trámites legales correspondientes”.-

V.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que este Tribunal pueda o no orientar su estudio y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la Recurrente solicita la casación total, pero es el caso que la sentencia impugnada contiene pronunciamientos en favor de la parte demandada, en consecuencia la petición debió haber sido formulada en forma parcial. La solicitud así expuesta ostensiblemente carece de la precisión exigida por la técnica del recurso de casación, lo que impide su prosperidad.

VI.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.-

VII.- Que resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales esta Sala estima del caso señalar, que el reintegro de un trabajador a su puesto de trabajo debe realizarse en los términos previstos en los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo, es decir, que su derecho al cumplimiento del contrato por esa vía es para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, por ende en la situación de estimarse la procedencia de la acción de reinstalación, presupone que la relación laboral es de carácter permanente o sea por tiempo indefinido.-

VIII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de apoderado demandante en la pretensión que encierra en su primer y único motivo, de igual forma declarar inestimable el recurso de casación expuesto por la abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA ESPINOZA, como apoderada de la parte demandada.-

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto y formalizado por el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, su condición de apoderado demandante en su primer y único motivo. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la abogado MERARY ELENA DIAZ MOLINA ESPINOZA, como apoderada de la parte demandada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre el dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 271-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

Martínez

Paz Haslam

Arita