Sentencia CL-256-12 — Registro 2780
Resumen
Los trabajadores interpusieron demanda ordinaria laboral de primera instancia para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reformada por segunda instancia declarada con lugar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Censora en el cargo expuesto incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelve inadmisible: a) manifiesta que, según su criterio, la sentencia impugnada es violatoria de ley por infracción directa, sin embargo, la infracción alegada debe realizarse siempre con independencia del material probatorio que obra en el proceso; y, b) los artículos 46, 47 y 48 del Código del Trabajo, entre otros citados como violados no ostentan el carácter de ser normas sustantivas."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de septiembre del año dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de junio del año dos mil doce, por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, hondureña, y con domicilio en Puerto Cortés, departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP); en relación a la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, pago de los demás derechos laborales de conformidad a la contratación colectiva y costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio del año dos mil diez, por los señores ARICELDA MARIXZA LÓPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA y DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, todos mayores de edad, casados, hondureños y del domicilio de la Ciudad Puerto de San Lorenzo, Departamento de Valle y en tránsito por esta Ciudad Capital, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, actuando en su condición de Apoderado demandante-apelante.- 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 12 de agosto del 2011 así: a) REVOCANDO los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia b) DECLARA CON LUGAR la demanda promovida por ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P), a través del Gerente General MAYNOR HUMBERTO PINO VALLE en cuanto al Reintegro a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir en consecuencia c) CONDENA AL DEMANDADO LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P), a través del Gerente General MAYNOR HUMBERTO PINO VALLE, a reintegrar a ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir. 3.- CONFIRMANDO el numeral tres de la parte resolutiva de la sentencia.- 4.- SIN COSTAS en esta instancia.” Y el tribunal A-Quo resolvió así: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por, ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORIO REYES,. Contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) a través del Gerente General MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir en consecuencia; 2) ABSUELVE AL DEMANDADO la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) a través del Gerente General MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, a reintegrar a ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORIO REYES, a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; 3) SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que comenzaron a laborar para la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.) en las fechas, puestos y con un salario mensual y que a continuación se detallan: ARICELDA MARIXZA LÓPEZ, fecha de ingreso el 28 de mayo del año 2007, en el puesto de Encargada de Limpieza, devengando un salario mensual de L. 5,500.00; MARTIN ALVARADO, fecha de ingreso el 10 de abril del año 2006, en el puesto de Jornalero de Servicios Portuarios, devengando un salario mensual de L. 5,500.00; OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, fecha de ingreso el 17 de abril del año 2007, en el puesto de Jornalero de Servicios Portuarios, devengando un salario mensual de L. 5,500.00; DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, fecha de ingreso el 10 de abril del año 2006, en el puesto de Jornalero de Servicios Portuarios, devengando un salario de L. 5,500.00. Que firmaron contratos de trabajo por periodos de 59 días cada uno, en forma continua e ininterrumpida en sus puestos de trabajo, hasta el momento del despido de que fueron objeto, lo cual evidencia la ilegalidad de lo actuado ya que de conformidad a la ley, su relación laboral era por tiempo indefinido y solo podía terminar invocándoles causales establecidas en la ley, no siendo así, lo actuado es un despido ilegal e injustificado. Que mediante nota de fecha 12 de abril del año 2010 y firmada por el señor OSCAR ARMANDO LÓPEZ, en su condición de Jefe de la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria (E.N.P.), se les comunicó que sus contratos de trabajo cuya fecha de vencimiento era el 17 de abril del año 2010, no sería renovado. Que sus despidos son ilegales e injustos por las razones siguientes: 1) El artículo 47 párrafo primero del Código de Trabajo claramente indica que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración. Quienes ahora demandan fueron contratados para realizar labores que son permanentes en la empresa, consecuentemente son empleados por tiempo indefinido, lo anterior relacionado con el artículo 52 párrafo final del mismo Código de Trabajo que textualmente dice: “Si transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba”. Además se ha violentado de esa manera lo dispuesto en nuestra Constitución en el artículo 129, referente a la estabilidad en el empleo, y las justas causas de separación. 2) Siendo que nuestro contrato de trabajo por lo expuesto era por tiempo indefinido, la única forma de terminar la relación laboral era invocarles causales enumeradas en el artículo 112 del Código de Trabajo. 3) En el presente caso no se les expresó con claridad y precisión la causa o motivo que movió a su patrono para despedirles; por lo cual la Empresa Nacional Portuaria (ENP) violentó lo establecido en el Artículo 117 del Código de Trabajo. 4) Que sus puestos de trabajo por su naturaleza es permanente o continuo lo que evidencia que la relación de trabajo existente entre la ahora demandada y ellos era por tiempo indefinido, firmando contratos de trabajo por más de un año en forma continua e ininterrumpida. Que en un afán de lograr un acuerdo conciliatorio acudieron a la oficina de la Dirección General del Trabajo, en el departamento de conflictos Individuales de la Ciudad de Choluteca, sin embargo no se logró ningún acuerdo favorable para las partes demandantes.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda señalando que es necesario aclarar que las plazas y salarios permanentes de que dispone la Empresa Nacional Portuaria, como Institución Autónoma del Poder Ejecutivo, no dependen de un simple ordenamiento jerárquico y de estructura, como sucede en las Empresas Privadas, si no, mas bien, de todo un planeamiento presupuestario consagrado en la Constitución de la República (Art 362), Ley Orgánica de la ENP, Ley de Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y las demás disposiciones administrativas del Gobierno Central. En tal sentido, es necesario establecer que la determinación de Labores Permanentes no las determina en sí la función realizada por un trabajador, sí no, que dicha labor este determinada dentro del Cuadro de Plazas Permanentes de la Empresa Nacional Portuaria. En el caso de los señores Aricelda Marixza Lopez, Martín Alvarado, Oscar Ulises Sierra Euceda y Diógenes Cruz Osorto Reyes, se debe ser categóricos al establecer que las funciones por ellos realizadas nunca tuvieron el carácter de permanentes, ya que, contraria a la tesis argumentada por este, los señores Aricelda Marixza Lopez, Martín Alvarado, Oscar Ulises Sierra Euceda y Diógenes Cruz Osorto Reyes, durante la vigencia de su contrato eventual, en sus cargos de Encargada de Limpieza y Jornaleros de Servicios Portuarios, respectivamente, no se encuentra incluido dentro del cuadro de Plazas Permanentes de la Empresa Nacional Portuaria. Que los señores demandantes nunca sustituyeron o desempeñaron las labores de un empleado permanente por motivos de vacación, incapacidad o ausencia, lo cual es realizado mediante la acción de personal comúnmente conocida como “Cambio de Planilla” ya que tal derecho, por disposiciones del Contrato Colectivo, solo corresponde a los Empleados Permanentes síndicalizados, y que no es el caso de los señores Aricelda Marixza Lopez, Martín Alvarado, Oscar Ulises Sierra Euceda y Diógenes Cruz Osorto Reyes. Que la presente acción laboral es una demanda de reintegro, lo que, por consecuencia lógica, deviene de un DESPIDO, y en el presente caso tal situación no ha sido alegada ni aclarada por las partes actoras quienes solicitan el reintegro y no establece el acto jurídico que lo motiva (Despido).- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR LA DEMANDA y ABSUELVE AL DEMANDADO la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), a reintegrar a ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORIO REYES, a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas. Criterio: Que la demandada no despidió a los demandantes sino que los contratos de ellos habían llegado al fin de los mismo y que la demandada solamente tenia que notificarles la fecha de la terminación laboral y la decisión de que no serian renovados, en consecuencia es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho merito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 12 de agosto del 2011 así: a) REVOCANDO los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia b) DECLARA CON LUGAR la demanda promovida por ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P), a través del Gerente General MAYNOR HUMBERTO PINO VALLE en cuanto al Reintegro a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir en consecuencia c) CONDENA AL DEMANDADO LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P), a través del Gerente General MAYNOR HUMBERTO PINO VALLE, a reintegrar a ARICELDA MARIXZA LOPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA, DIOGENES CRUZ OSORTO REYES, a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir y CONFIRMANDO el numeral tres de la parte resolutiva de la sentencia, sin costas en segunda instancia; Criterio: Que el artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración. Los demandantes realizaban trabajos que son permanentes en la empresa, no son trabajadores eventuales lo mismo dispone el artículo 52 del Código del Trabajo que después de un año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de servicios o trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido. Se constató mediante los medios de prueba Inspección por Comunicación, un listado de nuevo personal en los mismos puestos que ocuparon los trabajadores despedidos, este extremo confirmado con la Prueba Testifical.- 5.- Que mediante sentencia de fecha catorce de mayo del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación.- 7.- Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintisiete de julio del año dos mil doce, el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, actuando en su condición de apoderado de los señores ARICELDA MRIXZA LÓPEZ, MARTIN ALVARADO, OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA y ÓIOGENES CRUZ OSORTO REYES.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, desarrolla su único motivo de la siguiente manera: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 46, 47, 48 del Código del Trabajo en relación con la cláusula Dos y Cincuenta y seis del Undécimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de Trabajadores de la E.N.P. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Resulta honorable Corte, que el Juzgador infringe directamente la ley sustantiva citada al haberla ignorado, y no aplicarla siendo el caso de hacerlo. Honorable Corte, el Juzgador está en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan la critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que no se aplicaron las normas sustantivas invocadas, aun habiéndose acreditado plenamente que la relación laboral entre el demandante y la institución demandada fue mediante contrato por tiempo determinado.- Honorable Corte, nuestro Código del Trabajo en el artículo 111 numeral 1) establece las causas de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes, como ser cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley, en este caso el Contrato que regía la relación laboral del demandante era por Tiempo Determinado como lo establece el artículo 46, 47 y 48 del Código del Trabajo, que por ser un empleado eventual cuyo contrato llego a su fin por terminación del plazo de duración y que no ha sido despedido, solicita el reconocimiento de un estatus de empleado permanente, todo lo cual es contrario a la Ley Laboral y a las disposiciones presupuestarias del Poder Ejecutivo, ya que nunca realizo labores permanentes y su plaza no esta regulada de conformidad a las normas presupuestarias, las que son de estricto cumplimiento, por lo tanto ya se había consignado su período de vencimiento- No es posible en estricto derecho reconocer permanencia en el cargo en esta modalidad de contratos, más aún cuando no se ha hecho la previsión presupuestaria correspondiente y se ha inobservado la normativa interna de la institución como lo son, el Contrato Colectivo y el Reglamento del Escalafón, por lo que ineludiblemente debe aplicarse la norma sustantiva invocada, no habiéndolo hecho así se ha incurrido en infracción directa de la ley por falta de aplicación, dando lugar a la prosperidad del cargo y casar la sentencia anulando la proferida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha seis (06) de febrero de dos mil doce (2012), en cuanto declara con lugar la demanda de reintegro y pago de derechos correspondientes a los contratos por tiempo indefinido y salarios dejados de percibir. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Las normas sustantivas violadas se encuentran en los artículos 46, 47 48 y 111 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo, en relación en relación con la cláusula Dos y Cincuenta y seis del Undécimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de Trabajadores de la E.N.P.”.- III.- Que la Censora en el cargo expuesto incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelve inadmisible: a) manifiesta que, según su criterio, la sentencia impugnada es violatoria de ley por infracción directa, sin embargo, la infracción alegada debe realizarse siempre con independencia del material probatorio que obra en el proceso; y, b) los artículos 46, 47 y 48 del Código del Trabajo, entre otros citados como violados no ostentan el carácter de ser normas sustantivas.- IV.- Que por lo anterior procede declarar No Haber Lugar al recurso de casación en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 256-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL