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Sentencia CL-252-12 — Registro 2820

Resumen

El recurrente interpuso demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de un despido directo; la segunda instancia confirmo la sentencia dictada por primera instancia que declaro sin lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta no resulta admisible, ya que el Impetrante incurrió en los defectos técnicos, a saber: a) en su formulación alega error de hecho por la apreciación errónea de la prueba documental, sin embargo tanto en su formulación como en su explicación realiza varios señalamientos que el ad-quem no apreció dicha prueba; y, b) el error de hecho no resulta procedente sino cuando el mismo es evidente, es decir, que en caso de situaciones dudosas los Tribunales del Trabajo pueden resolver el asunto en la forma que estimen mejor acreditado los extremos en controversia; en el sub judice, se señala que el documento donde se notifica el despido no se precisa la causa o motivo del mismo, sin embargo, se omite explicar que ese documento no es precisamente el que dio por terminada la relación laboral, sino que el mismo fue emitido al solicitar el demandante por medio de su apoderado, la reposición del acuerdo del despido y se procediera a modificarlo con el reconocimiento y pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, a lo cual accedió la demandada y ello originó la emisión del documento que se señala; por lo que resulta evidente que no existe ningún error de hecho en la correcta valoración de ese medio probatorio"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de agosto del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintidós de junio de dos mil doce, por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor ALFREDO ENRIQUE LAINEZ ALVAREZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de un despido directo, ilegal e injusto, pago de los salarios dejados de percibir, pago de incrementos salariales y demás derechos que pudieren corresponderle en ausencia al trabajo y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, por el señor ALFREDO ENRIQUE LAINEZ ALVAREZ, mayor de edad, casado, Ingeniero en Sistemas, hondureño y de este domicilio, en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director General señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que fallo CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por el señor ALFREDO ENRIQUE LAINEZ ALVAREZ, en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.); absolviendo a la institución demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada el 18 de febrero de 2002, en el cargo de Jefe del Departamento de Identificación e Informática del Registro Nacional de las Personas; que en fecha 6 de julio de 2010, mediante acuerdo interno No.091-2010-A, se le notificó por vía de despido directo la determinación de destituir al demandante del cargo que venía desempeñando, alegando la institución demandada falta graves cometidas en el desempeño de sus funciones; posteriormente el RNP reconoció su error al emitir un nuevo Acuerdo No.102-2010 de fecha 13 de julio del año 2010, pero esta vez dejando sin valor ni efecto el Acuerdo No.091-2010-A y luego emite un nuevo Acuerdo No.103-10 en donde se decidió cancelarlo del cargo a partir del 6 de julio de 2010 aceptando la ilegalidad del Acuerdo No.091-2010, y en la certificación de fecha 13 de junio de 2010, que contiene el punto de Acta 6.3 se resolvió el recurso de Reposición interpuesto, en donde el Directorio declaró con lugar el mismo y ordenó se procediera hacer el pago de las prestaciones laborales de conformidad con la ley, lo cual lo releva de prueba en relación a las imputaciones que le hacen en el despido No.091-2010-A, en consecuencia al no existir causal alguna estipulada en el artículo 112 del Código del Trabajo, y al amparo del artículo 113 y 129 de la Constitución de la República, el demandante acciona por el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones; debido a la ilegalidad e injusta acción y ante la negativa de reintegrarlo a sus labores, recurrió a la misma institución a efecto de que se le pagaran en ese entonces sus prestaciones laborales, a lo cual la institución demandada viendo la ilegalidad de su destitución procedió a emitir el Acuerdo 103-2010 ordenado la anulación del acuerdo a través del cual se le destituyó y procedió a instruir el pago de las prestaciones laborales, pero al no cumplir con lo resuelto, de lo cual se dio cuenta el demandante a través de la organización sindical, por tal razón interpone la acción de reintegro. 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que la cancelación del demandante por haber cometido actos graves, pero en virtud del Recurso de Reposición que fuera presentado por el Apoderado del demandante, el Director del RNP en sesión extraordinaria celebrada por el Directorio el 13 de julio del 2010, mediante Acuerdo 102-2010, acordó dejar sin valor y efecto el Acuerdo Numero 091-2010-A, que destituía al demandante y mediante Acuerdo 103-2010 de la misma fecha, ordena nuevamente su cancelación a partir del 6 de julio del 2010, pero esta vez con el reconocimiento de los derechos laborales que le pudieran corresponder por los años de servicio que prestó a la institución. Para realizar el trámite del cheque correspondiente para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, era necesario que el interesado presentara la documentación correspondiente de las diferentes instituciones en las cuales tenia cuentas pendientes, además de presentar el inventario físico de los bienes nacionales asignados, dicha documentación no fue presentada, por lo que de oficio el RNP lo hizo, hasta terminar las gestiones elaborando el cheque respectivo de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual hasta la fecha no ha sido retirado por el demandante, el cheque fue emitido por la cantidad de L.656,794.94 y con las deducciones realizadas por diferentes conceptos, el mencionado cheque resulta por la cantidad de L.330,774.48; que dentro de las atribuciones conjuntas del Director y Sub-Directores del R.N.P., se encuentra la de nombrar, contratar, ascender, trasladar, sancionar y cancelar al personal de la institución, lo anterior está establecido en el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral de reintegro promovida por el señor Alfredo Enrique Lainez Alvarez, en contra del Registro Nacional de las Personas (R.N.P.); absolviendo a la institución demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que al actor no le asiste la acción de reintegro, ya que desde que el momento que recurre en contra del despido a través del recurso de reposición interpuesto, ejerce el derecho que el artículo 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo le otorgan de escoger que el resarcimiento por el despido sufrido sea a través del pago de las prestaciones laborales, y en todo caso si la satisfacción del daño no se cumplió, por las razones que hayan sido, en ese caso debió haber recurrido ante esta instancia judicial solicitando el cumplimiento del pago de las prestaciones laborales, según lo resuelto en el recurso de reposición interpuesto por el mismo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de febrero de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante con su demanda interpuesta de reintegro al trabajo debe de recordar el Acta de Compromiso que se celebró entre su apoderado legal y la Institución demandada PUNTO DE ACTA 6.3 de fecha 13 de julio del año dos mil diez, en donde la demandada cumplió con lo acordado procediéndose al pago de sus prestaciones laborales mediante la emisión del cheque No.0036929 a su favor comprometiéndose en el mismo acuerdo de EXIMIR al R.N.P., de toda responsabilidad, pasada, presente y futura, lo mismo de no presentar ningún reclamo en cuanto lo que existió entre las partes, comprometiéndose también a firmar cualquier documento que ponga fin a la relación laboral entre las partes, por lo consiguiente, debe honrar su compromiso que voluntariamente celebro con el Registro Nacional de las Personas. 5.- Mediante auto de fecha catorce de mayo de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderado del señor ALFREDO ENRIQUE LAINEZ ALVAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha veintidós de junio de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderado del señor ALFREDO ENRIQUE LAINEZ ALVAREZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación. 7.- En fecha veintidós de junio de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.). 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su único motivo sostiene: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCION INDIRECTA PROVENIENTE DE APRECIACION ERRONEA DEL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE DESPIDO NUMERO 103-2010 de fecha 13 de Julio de 2010, QUE OBRA A FOLIO 95 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS QUE HIZO AL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA INCURRIR EN ERROR DE HECHO QUE APARECE DE MANIFIESTO EN LOS AUTOS Y QUE LO LLEVO DE FORMA INDIRECTA A LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA INVOCADA EN ESTE MOTIVO.- NORMA SUSTANTIVA VIOLADA.- La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 interpretado párrafo segundo, 117 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA.- La prueba singularizada dejada de apreciar por el Tribunal recurrido en los medios de prueba DOCUMENTAL, CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE DESPIDO, QUE OBRA A FOLIO 95 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS PROCESALES VIOLADAS.- Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1º, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación a la apreciación errónea de determinada prueba.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- La Corte Acusada aprecio en forma errónea el medio de prueba documental consistente en el folio 95 de la primera pieza de autos, se encuentra el medio de prueba Documental, consistente en el ACUERDO DE CANCELACION 103-2010, en donde se ACORDO: Cancelar al ciudadano ALFREDO ENRRIQUE LAINEZ ALVAREZ, del cargo de jefe del departamento de identificación e informática a partir del 06 de julio de 2010, con el reconocimiento de sus derechos laborales que le pudieran corresponder por los años de servicio que presto a la institución, ordenando la emisión del cheque correspondiente.- De la simple lectura del acuerdo, se llega a la conclusión que no se le invoco justa causa de despido conforme lo establecido en el articulo 117 del Código del Trabajo. El articulo 113 párrafo segundo del Código del Trabajo, establece que el trabajador puede demandar que el patrono le pruebe la justa causa del despido y en caso contrario puede exigir el cumplimiento del contrato que se le reinstale al trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir, en el caso de autos es evidente la existencia de un despido sin causa justificada de la simple lectura de la nota de despido que obra a folio 95 de los autos de primera instancia. Es evidente que la apreciación errónea de la prueba individualizada llevó al Tribunal de Segunda Instancia en clara violación de las normas laborales establecidas en el articulo 113 interpretado párrafo segundo y 117 del Código del Trabajo.- Con lo anterior queda demostrado que si el Tribunal recurrido hubiera apreciado la prueba documental individualizada en este único motivo de Casación, no hubiera incurrido en el error de hecho planteado.- Al violar las reglas procésales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, esto llevó al Tribunal de Segunda Instancia a su vez, a la violación de la norma sustantiva contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo párrafo segundo que literalmente manda: “El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del Contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones.” Relacionando este mismo articulo que el trabajador puede exigir el cumplimiento del contrato de forma alternativa con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este artículo y si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio.- En el presente caso esta debidamente acreditado que el demandante como empleado permanente de la demandada, estaba comprendido en la aplicación del artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, de lo que se colige que el Tribunal de Segunda Instancia incurrió en error de hecho por apreciación errónea de la prueba documental individualizada en este único motivo”. III.- Que el cargo en la forma expuesta no resulta admisible, ya que el Impetrante incurrió en los defectos técnicos, a saber: a) en su formulación alega error de hecho por la apreciación errónea de la prueba documental, sin embargo tanto en su formulación como en su explicación realiza varios señalamientos que el ad-quem no apreció dicha prueba; y, b) el error de hecho no resulta procedente sino cuando el mismo es evidente, es decir, que en caso de situaciones dudosas los Tribunales del Trabajo pueden resolver el asunto en la forma que estimen mejor acreditado los extremos en controversia; en el sub judice, se señala que el documento donde se notifica el despido no se precisa la causa o motivo del mismo, sin embargo, se omite explicar que ese documento no es precisamente el que dio por terminada la relación laboral, sino que el mismo fue emitido al solicitar el demandante por medio de su apoderado, la reposición del acuerdo del despido y se procediera a modificarlo con el reconocimiento y pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, a lo cual accedió la demandada y ello originó la emisión del documento que se señala; por lo que resulta evidente que no existe ningún error de hecho en la correcta valoración de ese medio probatorio. IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de septiembre de dos mil trece. Certificación de la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el número S.L. 252-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL