Sentencia CL-216-12 — Registro 2778
Resumen
demanda ordinaria laboral para la reinstalación al puesto de trabajo, salarios dejados de percibir y costas del juicio, declarada sin lugar y confirmada por segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que constitucionalmente toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; las Leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público.- VII.- Que el fallo recurrido reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes, establece el criterio de que la misma terminó porque el nombramiento del demandante es nulo de pleno derecho ya que no participó en un proceso de concurso requerido en la Ley Orgánica de la UNAH, sosteniendo que es la misma demandada la que dio lugar a tal situación, sin embargo los efectos jurídicos solo los analiza desde el punto de vista del derecho administrativo, sin pronunciarse sobre la situación laboral que de tal nulidad se deriva.- VIII.- Que de la simple lectura de dicha sentencia se aprecia que en uno de sus considerandos (considerando seis) se indica, aunque de forma confusa y con notoria mala redacción, que “…conforme a la anulabilidad del nombramiento de Acuerdo el demandante siguió laborando interinamente y en ningún momento despido alegado por el demandante”.- IX.- Que en materia laboral, la nulidad de pleno derecho puede decretarse en función del carácter de orden público de las normas laborales y a favor y en protección de los derechos del trabajador, tal como lo establecen los artículos 128 preámbulo de la Constitución de la República y 2, 3 y 48 del Código de Trabajo.- XII.- Que el artículo 8 del Código del Trabajo determina la preeminencia entre las leyes del Trabajo ó de la Seguridad Social, en caso de conflicto con las de otra índole, por lo que la controversia suscitada en el caso sub-júdice producto de la nulidad de un acuerdo de nombramiento, debía revisarse a la luz de la normativa jurídica laboral.- XIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIV.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 128 (Decreto)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 931 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de septiembre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha catorce de mayo del dos mil doce, por el Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor RAFAEL ALFREDO VALLADARES SAUCEDA, en relación a la demanda ordinaria laboral para la reinstalación al puesto de trabajo, salarios dejados de percibir y costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha quince de junio del dos mil diez, por el señor RAFAEL ALFREDO VALLADARES SAUCEDA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas, hondureño y de este domicilio, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su representante JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, Licenciada en psicología, hondureña y con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito central.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de mayo del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor RAFAEL ALFREDO VALLADARES SAUCEDA, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal su Rectora Señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ.- SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal JULIETA GONZALINA CASTELLANOS de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante en el escrito de su acción, manifiesta que inicio su relación laboral en fecha 7 de octubre del 2008, en el cargo de Secretario Ejecutivo de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), interinamente hasta el 31 de diciembre del mismo año; en fecha 17 de diciembre del 2008 fue nombrado de manera permanente en el mismo cargo; el día 3 de enero del 2010 de manera ilegal la actual Rectora declara la nulidad de su acuerdo permanente a partir del 31 de enero del 2010, no siendo nombrado en la Comisión de Transición de la Universidad como lo expresa el acuerdo de destitución; se presentó reclamo ante la autoridad de trabajo correspondiente a la cual no acudió la demandada y se continuó con el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que de conformidad con el articulo 19 numeral 9 de la Ley Orgánica de la UNAH es atribución de la Rectoría, previo concurso público nombrar al personal administrativo y docente, sin excepción, de tal manera que un cargo de confianza como Secretario Ejecutivo de Desarrollo Institucional en forma permanente solo puede acceder mediante concurso público, así no se ha convocado a concurso está interinamente y goza de todos los derechos de los empleados permanentes excepto la inamovilidad en el cargo, la Rectoría anuló el acuerdo de nombramiento en virtud de no cumplir con los requisitos como ser el concurso público, careciendo de legalidad y en consecuencia no puede producir efectos ni generar derechos y obligaciones por ser contrario a la ley.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda de mérito, absolver a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de toda responsabilidad en el juicio, sin costas, bajo el criterio que en el puesto que desempeñaba el demandante se encuentra otra persona nombrada interinamente corroborando que no se nombrará permanentemente, en consecuencia la UNAH acordó la nulidad en apego estricto a la Ley Orgánica de la Universidad.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha once de noviembre del dos mil once, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, sin costas, bajo el criterio que conforme la anulación del acuerdo de nombramiento el demandante siguió laborando interinamente no existiendo despido, actuando la UNAH en base a su Ley Orgánica procediendo anular el acuerdo que no se ajustaba en base a la ley.- 5.- Que mediante auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, en su condición de apoderado del señor RAFAEL ALFREDO VALLADARES SAUCEDA, actuando contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha catorce de mayo del dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, actuando en su condición antes indicada, formalizando su demanda exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha quince de mayo del dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, teniéndose de ese modo por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciendolo en fecha veintitrés de mayo del dos mil doce el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, actuando en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que constitucionalmente toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; las Leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público.- VII.- Que el fallo recurrido reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes, establece el criterio de que la misma terminó porque el nombramiento del demandante es nulo de pleno derecho ya que no participó en un proceso de concurso requerido en la Ley Orgánica de la UNAH, sosteniendo que es la misma demandada la que dio lugar a tal situación, sin embargo los efectos jurídicos solo los analiza desde el punto de vista del derecho administrativo, sin pronunciarse sobre la situación laboral que de tal nulidad se deriva.- VIII.- Que de la simple lectura de dicha sentencia se aprecia que en uno de sus considerandos (considerando seis) se indica, aunque de forma confusa y con notoria mala redacción, que “…conforme a la anulabilidad del nombramiento de Acuerdo el demandante siguió laborando interinamente y en ningún momento despido alegado por el demandante”.- IX.- Que en materia laboral, la nulidad de pleno derecho puede decretarse en función del carácter de orden público de las normas laborales y a favor y en protección de los derechos del trabajador, tal como lo establecen los artículos 128 preámbulo de la Constitución de la República y 2, 3 y 48 del Código de Trabajo.- XII.- Que el artículo 8 del Código del Trabajo determina la preeminencia entre las leyes del Trabajo ó de la Seguridad Social, en caso de conflicto con las de otra índole, por lo que la controversia suscitada en el caso sub-júdice producto de la nulidad de un acuerdo de nombramiento, debía revisarse a la luz de la normativa jurídica laboral.- XIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIV.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207.1, 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR de oficio la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha 11 de noviembre de 2011, visible a folios 20 al 22 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 216-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL