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Sentencia CL-19-11 — Registro 2475

Resumen

En primera instancia demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes proporcional, vacaciones proporcionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"VII. Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del análisis realizado, ha llegado a la conclusión de que el presente caso no es justiciable en vía contencioso-administrativa, pues las y los demandantes plasman en su demanda elementos fácticos y jurídicos que deben ser sometidos a un estudio que sólo puede ser realizado por un ente juzgador que, con el mérito de lo actuado, pueda determinar si en los convenios suscritos por las partes concurren los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y pueda o no declarar la existencia de una relación laboral y sus consecuencias jurídicas.- VIII.- Que en este caso se estima conveniente señalar la disposición constitucional contenida en el artículo 324, que establece: “Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativas y penal contra el infractor.”."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., tres de abril del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia en el conflicto de competencia en virtud de la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes; en fecha veintisiete de septiembre del dos mil diez, por la Abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ, mayor de edad, soltera, Hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, actuando en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras, en relación a la demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes proporcional, vacaciones proporcionales, reajuste de vacaciones, salarios adeudados costas del juicio e indemnizaciones que en derecho correspondan, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha catorce de octubre del dos mil nueve, por las Señoras DIONISIA ORTEGA AVILA, KENIA LIZETH DORMES, y DELMI PINEDA RIVERA, todas mayores de edad, casadas, hondureñas y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortes, contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por medio de la Procuradora General de la República en ese entonces Señora ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Que en fecha catorce de octubre del dos mil nueve comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, las Señoras DIONISIA ORTEGA AVILA, KENIA LIZETH DORMES y DELMI PINEDA RIVERA, promoviendo demanda contra el Estado de Honduras por medio de la Procuradora General de la República en ese entonces ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, de generales ya establecidas, la cual fue subsanada y admitida mediante providencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil nueve.- 2.- Que en fecha veintisiete de septiembre del dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés la Abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ, actuando en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras, contestando la referida demanda e interponiendo la Excepción Dilatoria de incompetencia de Tribunal, señalándose audiencia de conciliación en fecha seis de octubre del dos mil diez, misma que el A quo declaró clausurada y fracasada, y acto seguido se abrió la audiencia primera de tramite mediante la cual el Abogado CARLOS ADONAY REYES, apoderado de las señoras DIONISIA ORTEGA AVILA, KENIA LIZETH DORMES y DELMI PINEDA RIVERA, se pronuncio sobre la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal.- 3.- Que en la misma audiencia de fecha seis de octubre del dos mil diez, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: Tener por contestada la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda por parte del apoderado actor y siendo que según dispone el Articulo 872 del Código del Trabajo establece los conflictos de competencia entre dos o mas tribunales, o entre uno de estos y un Tribunal Ordinario o Administrativo, o entre un Tribunal del Trabajo y un Juez de otra Sección Judicial, o entre dos Juzgados de distintas Secciones Judiciales, serán dirimidos por la Corte Suprema de Justicia.- En Aplicación de dicha disposición se ordena remitir las diligencias del juicio a la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de dirimir el conflicto de competencia.- 4.- Que en su oportunidad se citó a las partes para oír sentencia.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- La potestad jurisdiccional del Estado reside en todos los jueces y magistrados del Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento y ejecución de lo juzgado, el ejercicio de esta función pública se encuentra delimitado por reglas de competencia, que tienen por objeto determinar cuál es, en concreto, el órgano jurisdiccional que debe conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una determinada situación jurídica controvertida que ha puesto en movimiento la actividad judicial.- II.- Consta en autos: a) que se ha promovido una excepción dilatoria de incompetencia ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, aduciéndose que, dada la naturaleza de los contratos suscritos por las partes, el competente para conocer de este asunto litigioso es el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad antes mencionada; y, b) que las presentes diligencias han sido remitidas a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, para su estudio, con fundamento en el artículo 872 del Código del Trabajo.- III.- En relación con lo señalado en el apartado precedente, este tribunal considera que, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y el Código de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria en el presente caso, respecto a la fijación de los límites dentro de los cuales el juzgador laboral puede y debe ejercer su facultad jurisdiccional, se presentan tres escenarios ciertamente distintos: el primero, cuando se opone una excepción dilatoria de incompetencia o se promueve una cuestión competencial por vía declinatoria, que en esencia son lo mismo y se ventilan como incidente del negocio principal ante el juez o tribunal cuya competencia se niega; el segundo, cuando se promueve una cuestión competencial por vía inhibitoria, que se plantea ante el juez o tribunal cuya competencia se afirma; y el tercero, cuando surge un conflicto competencial, que sólo puede tener su origen en la inhibitoria, por desacuerdo entre el órgano requirente y el órgano requerido, sea porque ambos insistan en conocer del mismo asunto o porque ninguno de ellos se considere competente para dirimirlo.- IV.- En tal sentido, se debe tener claro que este despacho judicial, de conformidad con lo que dispone el artículo 872 del Código del Trabajo, en principio, no podría emitir ningún pronunciamiento, ya que lo que consta en autos no es un conflicto de competencia, sino una excepción dilatoria que tendría que haber sido decidida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, mediante sentencia interlocutoria, tal como lo dispone el artículo 710 del Código del Trabajo. No obstante lo anterior, se ha decidido examinar los antecedentes de instancia traídos a la vista, para establecer cuál es el órgano judicial competente para conocer del caso de mérito; ello, en absoluto respeto de los intereses legítimos de las partes y en atención al derecho que todas las personas tienen a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso judicial y a los principios de economía y celeridad procesal.- V.- De la demanda y su contestación, se colige: 1) que las demandantes alegan la existencia de contratos de trabajo por tiempo indefinido y haber sido objeto de despido directo ilegal e injustificado; y, 2) que la demandada argumenta que los convenios suscritos son contratos administrativos de prestación de servicios profesionales, elevados al rango de acuerdos ministeriales. Se nos presenta, así, un escenario en donde entran en choque dos órdenes jurisdiccionales: por un lado, la Jurisdicción del Trabajo, encargada de tutelar los derechos laborales; y por el otro, la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, encargada de garantizar la legalidad de los actos definitivos producidos por el Estado en el ejercicio de su potestad administrativa.- VI.- Cuando se está frente a una cuestión competencial que involucra a las Jurisdicciones del Trabajo y de lo Contencioso-Administrativo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la naturaleza jurídica de los contratos, que se deben analizar a la luz de lo establecido en los artículos 8 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado y 3 párrafos 1° y 2° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, con el propósito de determinar si dichos convenios entran o no en la categoría de los regulados por el capítulo vii del mencionado cuerpo legal y, consecuentemente, en la especie de contratos a los cuales hace referencia el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; b) si a la parte que alega tener la condición de trabajadora le es o no aplicable la exclusión referida en el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, relacionado éste con el artículo 5 numeral 29) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, precepto que conceptualiza el término “empleado público”; c) los derechos constitucionales del trabajo y los principios que informan el derecho laboral, en especial el principio de la primacía de la realidad, vistos, aquellos y éstos, desde la perspectiva de los derechos humanos; d) el carácter de orden público que tienen las normas que instituyen la Jurisdicción del Trabajo; e) el carácter improrrogable de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que la hace no susceptible de sumisión y le impide conocer de ciertos asuntos que no le están atribuidos por las reglas generales que han precedido a su institución, ni extender su competencia más allá de lo específicamente preceptuado en la ley que le regula, no pudiendo, en virtud de ello, decidir sobre cuestiones de orden laboral.- VII. Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del análisis realizado, ha llegado a la conclusión de que el presente caso no es justiciable en vía contencioso-administrativa, pues las y los demandantes plasman en su demanda elementos fácticos y jurídicos que deben ser sometidos a un estudio que sólo puede ser realizado por un ente juzgador que, con el mérito de lo actuado, pueda determinar si en los convenios suscritos por las partes concurren los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y pueda o no declarar la existencia de una relación laboral y sus consecuencias jurídicas.- VIII.- Que en este caso se estima conveniente señalar la disposición constitucional contenida en el artículo 324, que establece: “Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativas y penal contra el infractor.”.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral–Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados y 324 de la Constitución de la República; 2 párrafo 1° y numeral 2) y 665 del Código del Trabajo; 3 literal a) y 4 literal a) de la Ley de lo Contencioso-Administrativo; 1 párrafo 1°, 25, 26, 27 párrafo 1°, 28, 30, 31 y 42 párrafo 1° del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5 numeral 29) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) declara COMPETENTE al JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para conocer de la presente acción; y, 2) con la respectiva certificación, manda sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de Abril del Dos Mil Trece; Certificación de la Resolución de fecha tres de Abril del dos mil trece, recaída en la Cuestión de Competencia número 19-11.

LUCILA CRUZ MENÈNDEZ

SECRETARIA GENERAL