Sentencia CL-184-12 — Registro 2509
Resumen
En primera instancia se interpuso demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe en juicio la causa en que se fundó el despido,que se declaro sin lugar. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia que fallo reformando y declarando con lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que solicita que se confirme la sentencia apelada respecto a la condena de pago por derechos adquiridos, lo cual es un pronunciamiento que es propio de segunda instancia y no de cuando se debe dictar el fallo en sede de instancia, que es lo que correspondería realizar a esta Corte en caso de ser admisible la demanda de casación. Tal falencia impide a este Tribunal de Casación orientar su actividad.- IV.- Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral uno (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de mayo del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha ocho de mayo del año dos mil doce, por el Abogado HECTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD., en relación a la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe en juicio la causa en que se fundó el despido, caso contrario de no probar sea obligado mediante sentencia definitiva condenatoria a pagarle las prestaciones sociales, decimotercer mes en concepto de aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, salarios caídos, costas, todo en virtud de despido injusto e ilegal de que fue objeto; interpuesta ante el entonces Juzgado Primero de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil seis, por el señor IDAN ANTONIO CASTILLO, hondureño, mayor de edad, casado, jornalero, con domicilio en La Lima, Departamento de Cortés, en contra de la sociedad mercantil denominada TELA RAILROAD COMPANY LTD., por medio de su Representante Legal, señor MARK OAKLEY, Inglés, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresas.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia definitiva por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre del año 2011, en la diligencias iniciadas con la demanda ordinaria promovida por el señor IDAN ANTONIO CASTILLO contra la entidad jurídica TELA RAILROAD COMPANY LTD, representada por el señor JORGE EDUARDO MOYA; reforma que se contrae a: I.- DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA, en consecuencia se condena a la demandada a pagar la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L 128,680.65) integrados de la siguiente manera: preaviso: L 15,138.90, auxilio de cesantía: L 113,541.75; II.- Fijar como cuantía total de la condena de pago la suma de CIENTO TREINTAY OCHO MIL NOVECIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L 138,977.51); más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo hasta el momento en que la sentencia quede firme; III.- CONFIRMAR en su parte resolutiva la sentencia apelada y relacionado respecto a la condena de pago por derechos adquiridos según los montos en primera instancia, así como en sus demás extremos. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 27 de abril de 1998 y que al momento de su despido se desempeñaba en el puesto de asistente de protección de fruta, desmanando el racimo de banano y cortando bellotas en campo corozal No. 1, del Municipio de La Lima, de Cortés, que en fecha 26 de junio de dos mil seis, fue injusta e ilegalmente despedido de su trabajo mediante nota de despido firmada por un representante de la empresa demandada, en dicha nota se le imputa como causal para despedirlo abandono del trabajo, expresando la parte patronal que en fecha 7 de junio del año 2006, abandonó su trabajo sin justificación alguna y sin permiso del patrono, tal imputación la rechaza pues no ha tenido en ningún momento ni siquiera la idea de abandonar su trabajo, lo que ocurrió es que ese día se presentó a su trabajo a la hora indicada, acto seguido el supervisor de esa finca le dio la respectiva orden o rol de trabajo, y cuando se disponía a desempeñar su labor, el mismo supervisor le expresó claramente que él se había robado unas bellotas de los racimos de banano, lo que prácticamente constituía una acusación, hecho que tuvo verificación en presencia de varios compañeros, él le respondió que él estaba equivocado y que lo iba a demostrar, primero le dijo que iban a ir a contar las bellotas a la una de la tarde, entonces le preguntó como en broma quien iba a pagarle el tiempo perdido, entonces le dijo que ya no se realizaría dicho conteo, en consecuencia se fue para donde los directivos del SITRATERCO, a fin de que lo acompañaran en el conteo de dichas bellotas, pues estas son coartadas se hace el reporte correspondiente respecto al número de la misma. Solicita que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea obligado a pagarle las prestaciones laborales, derechos adquiridos y los salarios dejados de percibir, costas, por despido injusto e ilegal.- 2.- La parte demandada, la TELA RAILROAD COMPANY LTD, contestó dicha demanda señalando que el día 7 de junio del año 2006 a las 6:30 am se le dio la instrucción al demandante para realizar la labor de protección de fruta en los cables 8 y 9 de la Finca Corozal para embolsar la cinta color rojo y firmo la fuerza laboral (hoja de registro donde se firma como enterado de la instrucción de trabajo recibida ese día), que cuando el supervisor lo buscó para revisar el trabajo, el demandante no se encontraba y no había embolsado ni un tan solo racimo y cuando indagó en la bodega de materiales para verificar si había entregado bellotas el administrador dijo que ese día no había sacado material para trabajar, ante lo cual se requirió la intervención de la autoridad administrativa, quien delegó a un inspector para que se constituyera al centro de trabajo, ante quien el demandante reconoce haber abandonado sus labores y en su descargo señala que es porque andaba contando bellotas, alega que es cierto que el demandante abandonó sus labores sin causa justificada, pues hay registros que se presentó y recibió instrucciones de trabajo, lo cual motivó a que la empresa en virtud de una flagrante violación al reglamento de trabajo tomara la decisión de despedirlo sin ninguna responsabilidad para ello.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre el año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, en consecuencia absuelve a la demandada del reintegro del demandante, condena a la demandada al pago de derechos adquiridos, sin costas. Criterio: que no justifica la acción realizada por el demandante de retirarse de su trabajo sin permiso de su patrón, el hecho que acudiera al comité ejecutivo del sindicato, en reclamo de sus derechos, ya que bien pudo hacerlo siguiendo los lineamientos legales en su caso pedir permiso para retirarse de su trabajo o esperar que terminara su jornada de trabajo e ir a poner las respectivas denuncias ante la patronal y ante el sindicato para que estos resolvieran su problema laboral, porque precisamente por eso existe el sindicato para que represente a los trabajadores, el trabajador no puede después de iniciar su jornada de trabajo, retirarse cuando este se le antoje debe hacerlo con permiso y causa justificada entendiéndose causa justificada el caso fortuito, calamidad doméstica.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar con lugar la demanda, en consecuencia condena a la demandada a pagar el monto de las prestaciones e indemnizaciones laborales, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato hasta que la sentencia quede firme, pago de derechos adquiridos, sin costas. Criterio: que la violación de las obligaciones de los trabajadores no autoriza por si la terminación justificada del contrato de trabajo, pues para ello se requiere que ese comportamiento haya sido reiterado o confrontativo, capaz de alterar el orden y disciplina al interior de la empresa, de ahí que no es posible revestir o calificar de gravedad un acto que como inconveniente o violatorio de obligaciones pudo ser corregido mediante la imposición de sanciones, la Ley deja cierto margen de acción según la gravedad de la falta, el empleador no descarte la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria de otro tipo antes de recurrir a esta sanción en última instancia y en el caso de autos no se acreditó que el demandante haya tenido un comportamiento irregular o reiterativo en cuanto a la falta que se señala.- 5.- Que mediante auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado JOSE RENE ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado de la TELA RAILROAD COMPANY LTD., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha ocho de mayo del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE RENE ALVAREZ, en su condición de apoderado de la TELA RAILROAD COMPANY LTD., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación.- 7.- Que en fecha ocho de mayo del año dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE RENE ALVAREZ, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintinueve de mayo del año dos mil doce, el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, actuando en su condición de apoderado de IDAN ANTONIO CASTILLO.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma, tanto legales como jurisprudenciales.- II.- Que el abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA; PRIMERO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula, cortés, el día diecisiete de febrero del año dos mil doce, la CUAL REFORMA la Sentencia Definitiva pronunciada por el juzgado de Letras del trabajo el día veinticinco de noviembre del dos mil once. SEGUNDO: DECLARA S1N LUGAR LA DEMANDA LABORAL promovida por IDAN ANTONIO CASTILLO. En contra de la TELA RAILROAD COMPANY LTD. Por medio de su representante legal el señor JORGE EDUARDO MOYA, donde demanda el PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. TERCERO; ABSUELVE a la demandada TELA RAILROAD COMPANY LTD. De la obligación de PAGAR PRESTACIONES LABORALES al demandante y de toda responsabilidad económica laboral derivada de la relación de trabajo con el demandante. TERCERO: CONFIRMAR en su parte resolutiva la Sentencia apelada y relacionada respecto a la condena de pago por derechos adquiridos según los montos establecidos en primera instancia. SIN COSTAS. MANDA: Que con certificación de éste fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.”.- III.- Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que solicita que se confirme la sentencia apelada respecto a la condena de pago por derechos adquiridos, lo cual es un pronunciamiento que es propio de segunda instancia y no de cuando se debe dictar el fallo en sede de instancia, que es lo que correspondería realizar a esta Corte en caso de ser admisible la demanda de casación. Tal falencia impide a este Tribunal de Casación orientar su actividad.- IV.- Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha siete de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 184-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL