Sentencia CL-75-11 — Registro 1751
Resumen
Los recurrentes interpusieron demanda ordinaria laboral colectiva para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios pactados en contratos de trabajo por tiempo indefinido, salarios dejados de percibir, costas procesales; La segunda instancia fallo reformando la sentencia contrae a: a) ABSOLVER a la empresa demandada al pago del séptimo día, b) fijar como monto de la condena la cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS, que corresponde al pago de reajuste al salario mínimo y el pago de vacaciones (2007-2008) JOSE LUIS GARCIA MURILLO; FRANCISCO DE JESUS IRAHETA, con respecto al pago de vacaciones (2008-2009); DENNIS ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ que corresponde al reajuste del salario mínimo y YOLANDA MATAMOROS MONCADA, reajuste al salario mínimo (julio — diciembre del año 2009); todos por los montos fijados por el Aquo.- c) Sin Costas en esta instancia por no haber sido vencido totalmente en juicio. SEGUNDO CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En el cargo se comete el error técnico de alegarse infracción directa e interpretación errónea del artículo 113 del Código del Trabajo, es decir se hace referencia en un mismo motivo a dos formas distintas de violación de la ley: la infracción directa, que el Código del Trabajo equipara a la falta de aplicación y la interpretación errónea, conceptos incompatibles que debieron ser expuestos de manera separada e independiente; por otra parte, no se tuvo en cuenta que la norma legal sustantiva señalada como infringida tiene párrafos y literales que debieron ser precisados, ya que versan sobre situaciones jurídicas diferentes"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de mayo del año dos mil once, por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), en relación a la demanda ordinaria laboral colectiva para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios pactados en contratos de trabajo por tiempo indefinido, salarios dejados de percibir, costas procesales y personales, pago del séptimo día, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha siete de mayo de dos mil diez, promovida por los señores JOSE LUIS GARCIA MURILLO, casado, Electricista Industrial, FRANCISCO DE JESUS IRAHETA, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras, DENNIS ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, soltero Jornalero, YOLANDA MATAMOROS MONCADA, casada, Bachiller en Ciencias y Letras y WILL NEPTALY RIVERA PERLA, soltero, jornalero, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General Señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés .- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de febrero de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia definitiva apelada de fecha treinta de noviembre del año dos mil diez, proferida por el Juzgado Seccional de Letras del Trabajo, de la ciudad de Puerto Cortés , departamento de Cortés, (folios 320- 327) en las diligencias iniciadas con la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia, promovida por los señores: JOSE LUIS GARCIA MURILLO, FRANCISCO DE JESUS IRAHETA, DENNIS ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, YOLANDA MATAMOROS MONCADA, WILL NEPTALY RIVERA PERLA, contra la Empresa Nacional Portuaria, a través de su Gerente General MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, reforma que se contrae a: a) ABSOLVER a la empresa demandada al pago del séptimo día, b) fijar como monto de la condena la cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS, que corresponde al pago de reajuste al salario mínimo y el pago de vacaciones (2007-2008) JOSE LUIS GARCIA MURILLO; FRANCISCO DE JESUS IRAHETA, con respecto al pago de vacaciones (2008-2009); DENNIS ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ que corresponde al reajuste del salario mínimo y YOLANDA MATAMOROS MONCADA, reajuste al salario mínimo (julio — diciembre del año 2009); todos por los montos fijados por el Aquo.- c) Sin Costas en esta instancia por no haber sido vencido totalmente en juicio. SEGUNDO CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos.” Que el A-quo en la parte resolutiva de su sentencia declaró con lugar la demanda de mérito, en consecuencia, condena a la empresa demandada: 1) Al Reintegro de los trabajadores demandantes en forma permanente; 2) al pago de reajuste de salario mínimo legal, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario; y 3) al pago de las cantidades siguientes: JOSE LUIS GARCIA MURILLO: reajuste de salario mínimo a partir de enero del 2009 a abril del 2010 por la cantidad de L.8,508.89; vacaciones año 2007-2008: L.1,367.00; 2008-2009: L.2,586.12; Francisco DE JESUS IRAHETA; vacaciones año 2008-2009: L.2,985.48; DENNIS ALBERTO HERNANDEZ; reajuste de salario mínimo a partir de junio a diciembre del 2009: L.1,283.22; YOLANDA MATAMOROS MONCADA: Reajuste de salario mínimo de julio a diciembre del 2009: L.5,019.31.-4) Al pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales se reintegre a los trabajadores en igualdad de condiciones que tenían al momento del despido, a titulo de daños y perjuicios.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes, en el escrito de su acción manifiestan que el señor José Luís García Murillo inició su relación laboral con la demandada primero por contratos en fecha 20 de junio de 2006 y habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 22 de enero de 2010, siendo despedido el 22 de abril, desempeñándose en ese entonces en el puesto de Auxiliar de Servicios Portuarios en Taller Eléctrico, el señor Francisco De Jesús Iraheta, inició su relación laboral con la demandada primero por contratos en fecha 16 de octubre de 2008 y habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 12 de enero de 2010, siendo despedido el 21 de abril de 2010, desempeñándose en ese entonces en el puesto de Guardia de Protección Portuaria, Dennis Alberto Hernandez Ramírez, inició su relación laboral con la demandada primero por contratos en fecha 6 de julio de 2009 y habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 18 de enero de 2010, siendo despedido el 22 de abril de 2010, desempeñándose en ese entonces en el puesto de Jornalero de Mantenimiento, Yolanda Matamoros Moncada, inició su relación laboral con la demandada primero por contratos en fecha 9 de enero de 2009 y habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 9 de diciembre de 2009, siendo despedida el 22 de abril de 2010, desempeñándose en ese entonces en el puesto de Mensajera, y el señor Will Neptaly Rivera Perla inició su relación laboral con la demandada primero por contratos en fecha 8 de marzo de 2006 y habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 8 de mayo de 2009, siendo despedido el 3 de mayo de 2010, desempeñándose en ese entonces en el puesto de Jornalero de Mantenimiento, en nota de despido por cada uno recibida se sustenta que se está realizando un proceso de reajuste de personal, por razones exclusivamente presupuestarias; en virtud de que el Gobierno, en sesión de Consejo de Ministros, celebrada en fecha 1 de febrero de 2010, instruyó para que todas las instituciones del sector público procedieran a reformular el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal del 2010, aplicando una reducción del 20% de fondos nacionales sobre el total del techo formulado en el mes de septiembre de 2009, situación que se ordenó a la actual administración, mediante circular número 004-2010, por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, situación que vuelve insostenible desde el parámetro presupuestario para la empresa continuar con la cantidad de empleados que tiene y además habría incumplimiento en el pago de contrato de trabajo por falta de presupuesto, razón por la cual se le consignaran sus derechos laborales, notas firmadas por el Jefe de División de Recursos Humanos de la demandada, despido que consideran totalmente ilegal, ya que no se sustenta en el Código de Trabajo, ya que la reorganización de personal no es causal en el descrita y al reconocerles el pago de sus prestaciones laborales, reconoce que el despido es ilegal e injustificado.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA manifiesta que todas las plazas que ocupaban los demandantes están sin el correspondiente soporte presupuestario, puesto que la Administración anterior durante los meses de octubre de 2009 al mes de febrero de 2010, se excedió en la contratación de personal, específicamente en la suscripción de contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido y no dejó debidamente contemplado en el presupuesto las plazas que se otorgan entre las cuales se encuentran las de los demandantes, situación que vuelve insostenible desde el parámetro presupuestario el cumplimiento del contrato de trabajo suscrito entre las partes, con la limitante que el presupuesto del año 2010 hay que aplicarle un 20% de reducción, lo que se encuentra debidamente ordenado en la circular 004-2010 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 25 de noviembre de 2010, dictó sentencia declarando con lugar la demanda tendiente a que mediante sentencia definitiva se condene a la demandada al reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios por tiempo indefinido a los demandantes, pago de séptimo día, al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que tenga lugar el reintegro, costas, reajuste y nivelación del pago de salario mínimo legal, condena al reintegro de los demandantes a sus puestos de trabajo, pago de reajuste de salario mínimo, vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes que significan una cantidad total de L.113,472.18, mas el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales sean reintegrados en igualdad de condiciones a las que tenían al momento del despido, a título de daños y perjuicios, costas, bajo el criterio que se constató que no existe reorganización alguna en la empresa demandada por cuanto se constató que existen nuevas contrataciones de personal que desempeñan las mismas funciones de los demandantes en la empresa demandada al momento de verificarse la Inspección personal del juez, el argumento de que las plazas fueron asignadas sin someterlas a concurso es un hecho imputable al patrono y no a los trabajadores, se constató que a los demandantes no se les pagaba el salario mínimo legal establecido, por lo cual en uso de la extra petita procede el reajuste así como se constató que no se le pagaron las vacaciones, estando plenamente desvirtuada la causal de despido notificada a los trabajadores en las notas de despido es procedente el reintegro.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 3 de febrero de 2011, dicto sentencia definitiva reformando la sentencia de primera instancia, en el sentido de absolver a la empresa demandada del pago del séptimo día, fijando otra cantidad de condena, siendo la nueva L.21,750.12, confirma la sentencia referida en sus demás extremos, sin costas, bajo el mismo criterio del A-Quo, a excepción del pago del séptimo día que establece que según la Ley del séptimo día y décimo tercer mes de salario, que establece el pago del día de descanso se considera incluido en el total del salario devengado en la semana en los casos para aquellos trabajadores cuyos salarios estén tasados por mes o quincena.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha diez de mayo de dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, de generales ya señaladas, en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda con dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha diez de mayo de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintiséis mayo de dos mil once, el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado de los señores JOSE LUIS GARCIA MURILLO, FRANCISCO DE JESUS IRAHETA, DENNIS ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, YOLANDA MATAMOROS MONCADA, WILL NEPTALY RIVERA PERLA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado. Es por todo ello que la demanda casacional de trabajo requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- La Abogada MERARY ELENA DÍAZ MOLINA estructura su primer cargo de la siguiente manera: “Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de Ley sustantiva por infracción directa por interpretación errónea del articulo 113, del Código del Trabajo, en relación con el Artículos III y IX del Estatuto de Empleados de Confianza, 13 y 15 del Reglamento de Escalafón, todos de la Empresa Nacional Portuaria. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, párrafo primero ordinal 1° del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva violada la constituye el artículo 113 en su contesto, del Código del Trabajo, en relación con el Artículos III y IX del Estatuto de Empleados de Confianza, 13 y 15 del Reglamento de Escalafón, todos de la Empresa Nacional Portuaria”.- III.- En este primer cargo se comete el error técnico de alegarse infracción directa e interpretación errónea del artículo 113 del Código del Trabajo, es decir se hace referencia en un mismo motivo a dos formas distintas de violación de la ley: la infracción directa, que el Código del Trabajo equipara a la falta de aplicación y la interpretación errónea, conceptos incompatibles que debieron ser expuestos de manera separada e independiente; por otra parte, no se tuvo en cuenta que la norma legal sustantiva señalada como infringida tiene párrafos y literales que debieron ser precisados, ya que versan sobre situaciones jurídicas diferentes.- IV.- La Impetrante estructura su segundo cargo de la siguiente manera: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del Articulo 46 literal b) del Código del Trabajo, del Código del Trabajo, en relación con los Artículos 13 y 15 del Reglamento de Escalafón y Artículos 2, 10 y 55 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo, todos estos instrumentos jurídicos de la Empresa Nacional Portuaria. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero, numeral 1º del artículo 765 del Código del Trabajo. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo en relación con el artículo III y IX del Estatuto de los Empleados de Confianza y Cláusula 2, 10 y 15 del Contrato Colectivo y Articulo 13 y 14 del Reglamento de Escalafón, todos estos Instrumentos de la Empresa Nacional Portuaria”.- V.- En este segundo motivo se señala como infringido el artículo 46, literal b), del Código del Trabajo, precepto legal que no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiéndose como tal toda aquella norma jurídica de la cual surgen derechos y deberes correlativos. Además, se incurre en el defecto técnico de no precisar con claridad las normas relacionadas, ya que en un apartado cita unas y en otro invoca otras disposiciones.- VI. El cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen casacional; por ello, de la forma en que esté estructurado depende que esta Corte de Casación pueda o no confrontar el fallo recurrido con los derechos que se estiman vulnerados. En el presente caso, los dos motivos expuestos presentan falencias que vuelven inestimable el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de mayo del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha ocho de mayo del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 75-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL