Sentencia CL-666-11 — Registro 2248
Resumen
La parte demanda presento ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales; la segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia y absolvio a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que reclama la demandante; asimismo, condeno a la demandada a pagar derechos adquiridos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que si bien es cierto en materia laboral impera el principio de gratuidad, también lo es que el juzgador está facultado para condenar en costas cuando ha observado deslealtad procesal, temeridad, falta de razones suficientes para litigar, entre otras, en consecuencia es visto que la Impetrante en el presente caso recurre contra la condena de derechos adquiridos impuesta a la demandada, lo cual no justifica haber acudido a esta vía, cuando ese tipo de derechos son irrenunciables y le corresponden al trabajador aún y cuando fuese despedido con causa justificada, por lo que la ausencia de derecho para acudir a este recurso extraordinario y el propósito de alargar innecesariamente el juicio, es procedente condenar en costas a la demandada.- V.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra su único motivo de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de octubre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha trece de febrero de dos mil doce, por la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, mayor de edad, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderada sustituta del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, séptimo día, salarios caídos y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, por la señora MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en contra de la COMISION EJECUTIVA DEL VALLE DE SULA, conocida como COMISION TECNICA DE DESARROLLO DEL VALLE DE SULA, a través de su Director Ejecutivo señor CARLOS GERARDO RAMIREZ, mayor de edad, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró SIN LUGAR la demanda laboral promovida por la señora MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ, en contra de la COMISION EJECUTIVA DEL VALLE DE SULA, conocida como COMISION TECNICA DE DESARROLLO DEL VALLE DE SULA, en consecuencia, ABSOLVIO a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que reclama la demandante; asimismo, CONDENO a la demandada a pagar a la trabajadora demandante la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (LPS.10,241.27), en concepto de derechos adquiridos desglosados de la siguiente manera: vacaciones proporcionales: L.1,991.32; aguinaldo proporcional: L.5,500.00 y décimo cuarto mes proporpocional: L.2,749.95, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a laborar con la demandada en fecha 27 de enero de 2009, desempeñándose como Conserje de Limpieza, que mediante nota de fecha 30 de diciembre de 2009, la demandada le notificó a la demandante su despido, invocándole como causal “que por razones presupuestarias y legales que aplican a éste caso, restringidos además por el cambio de gobierno que se avecina”, el cual no se encuentra contemplada dentro de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; que dicha relación laboral que mantuvo la demandante con la institución demandada, está sustentada en tareas y funciones de carácter permanentes y continúas, lo cual indudablemente traduce el contrato mal llamado de servicios generales a un contrato individual de trabajo con carácter indefinido.- 2.- La parte demandada, COMISION TECNICA DE DESARROLLO DEL VALLE DE SULA; ESTADO DE HONDURAS contestó dicha demanda señalando que la demandante pretende hacer creer que se desempeñaba como empleada permanente de la demandada, argumento éste que es totalmente falso, ya que dicha relación laboral era basada en contratos por Servicios Profesionales, mismos que eran por un tiempo determinado, que en los contratos se estipulaba y efectivamente se realizaba la deducción del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta y en algunos contratos dependiendo el precio se le deducía el 10% de garantía a los pagos efectuados a la demandante, así como también la demandada le extendía la correspondiente Orden de Inicio por cada contrato a realizar, haciéndole a la demandante la devolución de la garantía rendida por cumplimiento del contrato respetivo, debiendo el consultor o sea la demandante informar por escrito las actividades mensuales realizadas, previo al pago correspondiente; que la demandada es una institución de carácter estatal, dependiente de SOPTRAVI, por lo que la misma Ley de Contratación del Estado la regula en cuanto a los servicios de consultoría que celebre dicha institución y que constituya ejecución de proyectos de obras de prioridad del Estado de Honduras.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha doce de septiembre de dos mil once, dictó sentencia declarando Sin Lugar la demanda de mérito y Absolvió a la demandada del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que reclama la demandante; condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de Lps.10,241.27, en concepto de derechos adquiridos, sin costas; bajo el criterio de que en el caso de la suscripción de los contratos por tiempo determinado y finalizado éste sin que se haya procedido a la suscripción de otro u otros contratos posteriores al que dio inicio a la relación laboral da lugar únicamente al reconocimiento del pago de los derechos adquiridos que de manera proporcional le pudieran corresponder, más no así al pago de prestaciones laborales puesto que la demandada procedió a notificarle a la demandante que no le seria renovado el contrato que por tiempo determinado suscribieron ambas partes.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio de que es indiscutible el contrato suscrito entre la demandante y la demandada sale del contexto de los contratos de servicios profesionales que regula la Ley de Contratación del Estado; pero tampoco puede considerarse que dicha contratación implica que sea por tiempo indeterminado dada la naturaleza de la labor, pues la entidad demandada tiene contratada e incluida en las planillas de pago a la señora SILVIA ARACELY GARCIA, en el puesto de aseadora, quién se desempeñaba como tal en el mes de noviembre de 2009 y enero de 2010, es decir durante y después de la vigencia del contrato suscrito entre la demandante y la demandada, situación que hace que se descarte la posibilidad de que las labores realizadas por la actora fueran necesariamente desempeñadas por persona sustituta a la actora; en cuanto al reclamo de pago de séptimo día, siendo que la demandante percibía su salario en forma mensual, se entiende por disposición legal que en el mismo se incluye dicho concepto, según lo establece el artículo 6 literal a) de la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer mes, lo que hace que su pretensión sea improcedente.- 5.- Mediante sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil once, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- En fecha trece de febrero de dos mil doce, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, actuando en su condición de apoderada sustituta del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- En fecha trece de febrero de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha quince de marzo de dos mil doce, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado CESAR MILIAN PRADO, apoderada de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS actuando en su condición de apoderada del Estado de Honduras, expone en su único motivo de casación lo siguiente: “Infracción directa por falta de apreciación de determinadas pruebas y aplicación indebida de los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo vigente, en contraposición con los artículos 94, de La Ley de Contratación del Estado, que define EL CONTRATO DE CONSULTORÍA, COMO EL CONTRATO POR EL CUAL UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, A CAMBIO DE UN PRECIO, SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS ESPECÍFICOS A LA ADMINISTRACIÓN EN LA MEDIDA Y ALCANCES QUE ÉSTA DETERMINE, PARA EFECTUAR ESTUDIOS, DISEÑOS, ASESORÍA, COORDINACIÓN O DIRECCIÓN TÉCNICA, LOCALIZACIÓN DE OBRAS, PREPARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN O SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS U OTROS TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA; y los artículos 233, y 234 de su Reglamento que rezan: Art. 233. Ámbito. Los Contratos de Consultoría a que se refiere el Artículo 94 de La Ley serán suscritos con personas naturales o Jurídicas que tengan la idoneidad técnica y profesional y los demás requisitos previstos en la ley y en el presente Reglamento; Articulo 234. Ejecución del Contrato y responsabilidad del contratista. El Contrato se ejecutara con sujeción a sus cláusulas, incluyendo los correspondiente términos de referencia y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la Administración al contratista. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación esta comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del código de trabajo.”.- III.- Lo anterior no constituye una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) Alega al mismo tiempo infracción directa, falta de apreciación de pruebas y aplicación indebida de la ley, modalidades de violación a la Ley distintas y con diferentes alcances jurídicos, que la Recurrente debió expresar en párrafos separados y numerados; b) cita entre otras, como normas sustantivas laborales de orden nacional violadas los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo vigente siendo que las mismas no ostentan ese carácter; c) no es precisa en el señalamiento del precepto autorizante, en razón de que indica varias formas de violación de la ley.- IV.- Que si bien es cierto en materia laboral impera el principio de gratuidad, también lo es que el juzgador está facultado para condenar en costas cuando ha observado deslealtad procesal, temeridad, falta de razones suficientes para litigar, entre otras, en consecuencia es visto que la Impetrante en el presente caso recurre contra la condena de derechos adquiridos impuesta a la demandada, lo cual no justifica haber acudido a esta vía, cuando ese tipo de derechos son irrenunciables y le corresponden al trabajador aún y cuando fuese despedido con causa justificada, por lo que la ausencia de derecho para acudir a este recurso extraordinario y el propósito de alargar innecesariamente el juicio, es procedente condenar en costas a la demandada.- V.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) CON COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de Noviembre del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha nueve de octubre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 666-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL