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Sentencia CL-650-11 — Registro 2304

Resumen

La trabajadora interpuso demanda ordinaria laboral de reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto en primer instancia se declaró con lugar la demanda, en segunda instancia se confirmó el fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que también es criterio jurisprudencial de este Tribunal, que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por la misma Impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en este caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no basta argumentar su existencia, como ocurre en el caso de autos, razones que hacen inadmisible el único motivo.- V.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación invocado por la Recurrente."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 95, numeral 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de diciembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticinco de enero de dos mil doce, por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, por la señora FANNY LYLY BUSTILLO PALMA, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Director Ejecutivo señor PEDRO ARNALDO PINTO, mayor de edad, casado, Profesor y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: 1) Declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, promovida por la señora FANNY LYLY BUSTILLO PALMA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); 2) CONDENO a la institución demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que pudieren corresponderle, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) SIN COSTAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 1 de agosto de 2002, en el cargo de Auxiliar de Cobro, que mediante nota de fecha 4 de agosto de 2006, la demandante fue despedida del cargo invocándole como causal de despido una resolución dictada por el Consejo Directivo del INPREMA, contra dicho despido ilegal la demandante interpuso demanda de reintegro al trabajo y pago de salarios caídos, por orden judicial fue reintegrada al trabajo el 15 de diciembre de 2008; que el 14 de enero de 2009, la institución demandada vuelve a despedir a la demandante invocándole una reestructuración que implica la cancelación de dicha plaza, fundamentándose en los artículos 116, 117, 119 y 120 del Código del Trabajo, el cual no constituye causal de despido, violando de esta manera la garantía constitucional de estabilidad en el trabajo, establecida en el artículo 129 de la Constitución de la República.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que la reestructuración señalada como causa de terminación del Contrato de Trabajo con la ahora demandante, obedeció o tuvo por objeto el ahorro en cuenta financiera ya que al revisarle el Recurso Humano en las diferentes oficinas y departamentos de la Institución demandada, se encontraron sobre ejecución de trabajos y funciones en algunos de ellos incluyendo el puesto de Auxiliar de Cartera, en consecuencia, respetuoso de la ley, previo a la terminación del contrato de trabajo con la demandante, mismo que es objeto de estudio, se notificó oportunamente al Tribunal Superior de Cuentas y a la Secretaría de Finanzas que se decidió cancelar algunos de los puestos de trabajo del INPREMA bajo la figura del reajuste de personal o reestructuración para optimizar los recursos y respetar los techos presupuestarios que dicha Secretaría había asignado a la Institución demandada, para posteriormente darle cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, para este cometido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de junio de dos mil once, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda de mérito y condenó al instituto demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que pudieren corresponderle, sin costas; bajo el criterio de que si bien es cierto la parte demandada acepta que se dio por terminado el contrato de trabajo de la demandante, debido a la reestructuración en la institución, no es menos cierto, que dicha causal no se encuentra comprendida dentro de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo que implica que el despido alegado se vuelva injusto e ilegal.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que para tener por justificado el despido de un trabajador, el Legislador previó en el artículo 112 del citado texto legal un listado numerus clausus que contiene taxativamente las justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad alguna de su parte; y entre ellas en ninguna se hace referencia a que la “Reestructuración” justifiquen la terminación de la relación laboral.- 5.- Mediante sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil once, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- En fecha veinticinco de enero de dos mil doce, compareció ante éste Tribunal la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- En fecha veinticinco de enero de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha siete de febrero de dos mil doce, la Abogada GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ, actuando en su condición de apoderada de la señora FANNY LYLY BUSTILLO PALMA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ en el único motivo de casación sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa al dejar de aplicar el Artículo 95, inciso 19), del Código del Trabajo, en relación con el artículo 111, inciso 1°, del mismo Código, relacionado a su vez con la cláusula 16 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente suscrito entre el INPREMA y el SITRAINPREMA, que en el mismo orden de cita a continuación me permito transcribir: El artículo 95 del Código del Trabajo establece: Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las demás leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: “19) llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de estas, respetaran los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando” Al relacionarlo con el artículo 111 del mismo texto legal que establece: Son causas para la terminación de los contratos de trabajo: “1°.- Cualquiera de las estipulaciones en ellos si no fueran contrarias a la ley”. Cláusula No. 16: En caso de que el Instituto sea objeto de reestructuración y se origine con ello la reducción de personal, se respetaran los derechos de antigüedad de los trabajadores y en igualdad de condiciones se obliga a preferir a personal sindicalizado para que continuara laborando en el Instituto. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo expresado está comprendido en el Articulo 765, ordinal 1°, párrafo primero, del Código del Trabajo.”.- III.- Este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 02-11, 09-11, 20-11); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación laboral y el reajuste de personal o reestructuración administrativa que alega la demandada operó, extremos que fueron objeto del debate y del material probatorio, por lo cual no resultaba viable el ataque al fallo recurrido por esa vía.- IV.- Que también es criterio jurisprudencial de este Tribunal, que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por la misma Impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en este caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no basta argumentar su existencia, como ocurre en el caso de autos, razones que hacen inadmisible el único motivo.- V.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación invocado por la Recurrente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 Y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 650-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL