Sentencia CL-639-11 — Registro 2334
Resumen
En segunda instancia se reforma la sentencia dictada por el juzgado declarando sin lugar la demanda ordinaria de emplazamiento promovida por el trabajador
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“ Que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar ni aún bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.-III.- Que con base en el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente" y, según el Artículo 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".- “ Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 número 1, dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".”Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- “” Que conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es deber de las autoridades judiciales hondureñas adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.-“ Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.-“ Que revisada la sentencia impugnada este Tribunal advierte que en dicho fallo se omite condenar el pago de los derechos adquiridos, mismos que son de orden público, tal como lo establece el artículo 3 del Código del Trabajo en relación con el 128 párrafo primero de la Constitución de la República, ya que los mismos deben pagarse independientemente de la forma en que se haya dado la forma de terminación de la relación de trabajo.- “ Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia.- “ Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, siendo nulos los actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de los trabajadores, teniendo el pago de los derechos adquiridos un carácter obligatorio para el empleador, independientemente de la forma de la terminación de la relación de trabajo, derecho que tiene relevancia constitucional” Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- “ Que la nulidad absoluta en el recurso de casación procede por defectos procesales de oficio aunque no se hubieren denunciado por el Recurrente” Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR de OFICIO la sentencia recurrida.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., once de diciembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha catorce de febrero del dos mil doce, por el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido verbal, salarios dejados de percibir y costas, interpuesta el veinticinco de junio del dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, por el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, de generales conocidas, en su condición de apoderado legal del señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ, mayor de edad, soltero, ingeniero mecánico y de este domicilio contra la empresa INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. de C.V., por medio del señor OLIMPO FIDEL ALVAREZ ALVAREZ, mayor de edad, casado, ingeniero en electromecánica y telecomunicaciones, de nacionalidad ecuatoriana y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinte de septiembre del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO, accionando en su condición de Apoderada Demandada Apelante 2)REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha tres de junio del año 2011 y que se encuentra agregada a folios 148, 149, 150, y 151 de la primera pieza de autos así: A) REVOCA los numerales 1, 2 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia. en consecuencia:1) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, en Representación del señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ, en contra de la sociedad denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal el señor FIDEL OLIMPO ALVAREZ ALVAREZ.- 2)ABSUELVE a la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. DE C.V., a pagar al demandante señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ, la cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 401.914.43), por los conceptos siguientes: Preaviso L. 133.000.00, Auxilio de Cesantía Lps. 133,000.00, Auxilio de cesantía proporcional Lps.24,643.00, Vacaciones Proporcionales L.10,298.00 Décimo Tercer mes Proporcional L.4,750.00, Décimo Cuarto Mes Proporcional L.33,250.00, A titulo de daños y perjuicios los salarios Dejados de percibir.- Desde que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia.- 3) DECLARAR SIN LUGAR LA DEDUCCION DE CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS, en concepto de préstamo otorgado al trabajador por la demandada.- B) CONFIRMANDO los numerales 4, 5 y 6 de la parte resolutiva de la sentencia. 3) SIN COSTAS en esta ambas instancias.” El Aquo en la parte resolutiva de la sentencia declaro sin lugar la cantidad de L 114,000.00 en concepto de Décimo tercer mes (dos años), absolviendo a la empresa demandada al pago por este concepto, y la Excepción Perentoria de PRESCRIPCION opuesta por el apoderado demandado.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó su relación de trabajo en la empresa INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A., en fecha 21 de septiembre del 2007, en el cargo de Gerente de Proyectos, siendo despedido verbalmente en fecha 30 de Enero del año 2010.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. contestó dicha demanda señalando que acepta unos hechos y rechaza otros, por lo que la defensa se apoya en los hechos y razones siguientes: No es cierto que la demandada haya despedido al demandante, que se realizó una revisión a los archivos del Ministerio del Trabajo y se constató que el trabajador nunca solicito un inspector del trabajo a efecto de verificar el supuesto despido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha tres de junio del dos mil once, dictó sentencia definitiva la que en su parte conducente dice: “FALLA: “1- Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO en representación del señor CARLOS EDUARDO ALARCON VÁSQUEZ en contra de la sociedad mercantil denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. DE C.V. a través de su representante legal el señor FIDEL OLIMPO ÁLVAREZ ÁLVAREZ. 2- CONDENA a la sociedad Mercantil denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A DE C.V. a pagar al demandante señor CARLOS EDUARDO ALARCON VÁSQUEZ la cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS (L 401,914.43), por los conceptos siguientes: preaviso L. 133,000.00, AUXILIO DE CESANTIA L. 133,000.00, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L. 24,006.43, VACACIONES PROPORCIONALES L 10,298.00, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 4,750.00, DECIMO CUARTO MES (DOS AÑOS) L 114,000.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 33,250.00 y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la presente sentencia. 3- DEDUCIR de la cantidad condenada de L 401,914.43, la cantidad de L. 53,390.00, en concepto de préstamo otorgado al trabajador por la demandada, por lo cual resulta un total a recibir de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L 349,524.43).4- sin lugar LA CANTIDAD DE L 114,00.00 en concepto de décimo tercer mes (dos años). 5-ABSOLVER a la sociedad Mercantil denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A DE C.V. por el pago de este concepto. 6- SIN LUGAR la Excepción perentoria de PRESCRIPCION opuesta por el Apoderado Demandado Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el trabajador demandante recibió llamada en donde se le comunico que ya no laboraría para la empresa y que su relación laboral seria en otros términos, extremo que se constató mediante inspección en donde se encuentra acreditado que el demandante recibió sueldo hasta la primera quincena del mes de mayo, no acreditando la empresa demandada lo contrario, por lo que si existió despido y procede declarar a lugar la demanda de merito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de noviembre del dos mil once, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO, accionando en su condición de Apoderada Demandada Apelante 2)REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha tres de junio del año 2011 y que se encuentra agregada a folios 148, 149, 150, y 151 de la primera pieza de autos así: A) REVOCA los numerales 1, 2 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia. en consecuencia:1) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, en Representación del señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ, en contra de sociedad denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal el señor FIDEL OLIMPO ALVAREZ ALVAREZ.- 2)ABSUELVE a la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. DE C.V., a pagar al demandante señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ, la cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 401.914.43), por los conceptos siguientes: Preaviso L. 133.000.00, Auxilio de Cesantía Lps. 133,000.00, Auxilio de cesantía proporcional Lps.24,643.00, Vacaciones Proporcionales L.10,298.00 Décimo Tercer mes Proporcional L.4,750.00, DECIMO CUARTO MES (DOS AÑOS) L 114,000.00, Décimo Cuarto Mes Proporcional L.33,250.00, A titulo de daños y perjuicios los salarios Dejados de percibir.- Desde que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia.- 3) DECLARAR SIN LUGAR LA DEDUCCION DE CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS, en concepto de préstamo otorgado al trabajador por la demandada.- B) CONFIRMANDO los numerales 4, 5 y 6 de la parte resolutiva de la sentencia. 3) SIN COSTAS en esta ambas instancias.” Bajo el criterio, que el A-quo concluye con su fallo con base a conjeturas y supone cosas equivocadas y que no acreditaron en la realidad. El derecho no es en base a suposiciones es por medio de pruebas que hacen uso de las partes, por lo que en la secuela del juicio el trabajador no probó el despido verbal de que fue objeto, por lo que no se siguió el procedimiento correcto a efecto constatar ese despido por medio de un Inspector del Trabajo y según los medios de prueba practicados ninguno prueba tal despido, por lo que el Tribunal de Alzada es de la firme opinión de que la sentencia no esta dictada conforme a derecho y procede su reformatoria.- 5.- Que mediante sentencia de fecha catorce de diciembre del dos mil once, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, actuando en su condición de apoderado del Señor CARLOS EDUARDO ALARCON VASQUEZ, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha catorce de febrero del dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, de generales expresadas y actuando en su condición de apoderado legal del señor CARLOS EDUARDO ALARCOM VASQUEZ, formalizando su recurso de casación laboral, presentó dos motivos.- 7.- Que en fecha catorce de febrero del dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha uno de marzo del dos mil doce, la Abogada DALIA ELIZABETH HAM NAVARRO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada de la empresa INDUSTRIAL INSTRUMENTATION S.A. de C.V. .- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar ni aún bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.- III.- Que con base en el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente" y, según el Artículo 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".- IV.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 número 1, dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".- V.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI.- Que conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es deber de las autoridades judiciales hondureñas adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII.- Que revisada la sentencia impugnada este Tribunal advierte que en dicho fallo se omite condenar el pago de los derechos adquiridos, mismos que son de orden público, tal como lo establece el artículo 3 del Código del Trabajo en relación con el 128 párrafo primero de la Constitución de la República, ya que los mismos deben pagarse independientemente de la forma en que se haya dado la forma de terminación de la relación de trabajo.- IX.- Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia.- X.- Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, siendo nulos los actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de los trabajadores, teniendo el pago de los derechos adquiridos un carácter obligatorio para el empleador, independientemente de la forma de la terminación de la relación de trabajo, derecho que tiene relevancia constitucional.- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que la nulidad absoluta en el recurso de casación procede por defectos procesales de oficio aunque no se hubieren denunciado por el Recurrente.- XIII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR de OFICIO la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 128 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 número 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 numeral 1, 211, 212 numeral 4), 214 numeral 2), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1, 64, 67 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 del reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial el 20 de septiembre del 2011, visible a folios 13 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación de la sentencia de fecha once de diciembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 639-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL