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Sentencia CL-602-11 — Registro 2300

Resumen

La parte recurrida presentó demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido verbal fallo; la segunda instancia fallo revocando la sentencia de primera instancia, declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el fallo de segunda instancia deja sin valor la sentencia de primera al revocarla, sin embargo, este Tribunal advierte que la sentencia en mención omite en la parte dispositiva realizar las declaraciones que se deducen de aplicar las normas jurídicas sobre el objeto del litigio, ya sea condenado o absolviendo y decidiendo todos los puntos litigiosos del debate procesal, incluyendo el punto relacionado con la tacha opuesta al testigo Raúl Padilla Oliva; todo en aras del deber de congruencia que debe tener toda resolución judicial, en consecuencia y en razón de que no se establecen los ordenamientos correspondientes, es procedente declarar su nulidad.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de noviembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 10 de febrero del año dos mil doce, por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del señor VICTOR RAYMUNDO; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido verbal, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, por el señor VICTOR RAYMUNDO, mayor de edad, casado, jardinero, hondureño y con domicilio en Trujillo, Colón, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO, del departamento de COLON, por medio de su Alcalde Municipal, señor JOSE ANTONIO LAINEZ.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil once, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, que fallo REVOCANDO la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón y que dice así: “FALLA: PRIMERO: Declarando Ha Lugar el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Revocando la sentencia definitiva de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diez, recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de esta resolución, de que se hizo mérito, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Trujillo, por Ministerio de Ley, departamento de Colón; TERCERO: Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera el carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales consiguientes. Sin Costas” y el Tribunal de primera instancia resolvió de la siguiente manera: “FALLA: Primero: Declarar con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento, promovida por el señor: VICTOR RAYMUNDO, contra el señor: JOSE ANTONIO LAINEZ MEJIA, en su condición de Alcalde Municipal de esta ciudad, ambos de generales conocidas en la demanda de merito.- Segundo: 1.- CONDENAR al señor: JOSE ANTONIO LAINEZ MEJIA, en su condición de Alcalde Municipal de esta ciudad, a pagar al demandante: VICTOR RAYMUNDO, la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 93,651.95), por los conceptos siguientes: Preaviso Lps. 12,833.34; Auxilio de Cesantía Lps. 12,833.34; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 2,068.21; Vacaciones Lps. 4,705.36; Vacaciones Proporcionales(Lps. 1,033.04); Treceavo mes del año 2009: Lps. 5,5000.00; Treceavo mes proporcional Lps. 472.99; Catorceavo mes del año 2009: Lps. 5,500.00; Catorceavo mes proporcional Lps. 3,208.27; Mas el pago del reajuste del salario mínimo según decreto No 374-08 vigente a partir del primero de enero del año dos mil nueve, que corresponde la cantidad Lps. 45,497.40; 2- MAS salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, hasta que con sujeción de las normas laborales quede firme la presente sentencia.- Tercero: se declare sin lugar la tacha del testigo señor RAUL PADILLA OLIVA, presentada por la Abogada: WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de apoderada legal de la parte demandante.- Cuarto: Con costas”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para Corporación Municipal de Trujillo, Colon, el cinco (05) de octubre del 2007, desempeñándome en el puesto de jardinero, devengando un sueldo mensual de dos mil lempiras (L.2,000.00), hasta el día uno de febrero del 2010, fue sorprendido por el señor RAUL PADILLA, Jefe de Recursos Humanos de dicha Alcaldía, quién le dijo que se retirara y no volviera a trabajar que para el ya no habría mas trabajo porque era nueva administración y que ahora somos los cachurecos los que mandamos. Buscando un arreglo conciliatorio, acudió a la autoridad administrativa del trabajo, sin ningún resultado satisfactorio.- 2.- La parte demandada, ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO, del departamento de COLON, contestó dicha demanda señalando que con el demandante VICTOR RAYMUNDO, nunca ha celebrado contrato de trabajo alguno, o sea que nunca fue trabajador de la Municipalidad de Trujillo, Colon, ya que para que sea trabajador debe tener un contrato individual de trabajo donde realice: A) La actividad personal del trabajador, es decir realizada por si mismo; B) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono que faculta este para exigir el cumplimiento de ordenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; C) Un salario como retribución del servicio, Estos aspectos no los llena el señor VICTOR RAYMUNDO, para que sea catalogado como trabajador, en consecuencia no se le pueden pagar prestaciones e indemnizaciones que reclama mediante la presente demanda.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de Ley, de Trujillo, departamento de Colon, en fecha 23 de noviembre del año 2010, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENAR al señor JOSE ANTONIO LAINEZ MEJIA, en su condición de Alcalde Municipal de Trujillo, Colon, a pagar al demandante: VICTOR RAYMUNDO, la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 93,651.95), por los conceptos siguientes: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, Vacaciones, Vacaciones Proporcionales, Treceavo mes del año 2009, Treceavo mes proporcional, Catorceavo mes del año 2009, Catorceavo mes proporcional, Mas el pago del reajuste del salario mínimo según decreto No 374-08 vigente a partir del primero de enero del año dos mil nueve y los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, que se declare SIN LUGAR la tacha del testigo señor RAUL PADILLA OLIVA, presentada por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de apoderada legal de la parte demandante, CON COSTAS; con el criterio de que se tiene por cierto lo alegado por el demandante pues los Artículos 29 y 30 del Código de Trabajo, establece que a falta de estipulación escrita se tendrá por condiciones del contrato las determinadas por las leyes y en defecto de estas por los usos y costumbres de cada localidad en la especie y categoría de los servicios y obras de que se trate, asimismo; Que la inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, u omita algunos de sus requisitos, hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario.- 4.- La Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, en fecha 20 de octubre del año 2011, dictó sentencia definitiva declarando Ha Lugar el presente recurso de apelación y Revocando la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Trujillo, por Ministerio de Ley, departamento de Colón, sin costas; Con el criterio de que los artículos 29 y 30 del Código del Trabajo, en cuya virtud prevé que es obligación de todo patrono al establecer cualquier prestación de servicio por parte de un trabajador hacer constar por escrito para evitar cualquier eventualidad que pueda surgir con el transcurso del tiempo, o de lo contrario tal situación le acarreará responsabilidad al patrono, salvo prueba en contrario y como ya se indicó de la misma prueba aportada por el actor, mas las pruebas de inspección ofertadas por la parte patronal, lo que se estima probado el que el señor VICTOR RAYMUNDO era una persona que realizaba labores eventuales de limpieza y chapea de solares. Lográndose establecer la inexistencia de una relación laboral, como también que no concurren los elementos del Contrato de Trabajo de acuerdo a lo que dispone el articulo 20 del Código de Trabajo.- Estimamos que en la decisión de la ad quo, fue desacertada pues para hablar de justa causa de un despido en materia laboral, previo es acreditar si existe o no la relación laboral, no acreditada la misma, no existe entonces causa de despido y en ese orden lógico se concluye que la naturaleza del trabajo prestado por el actor, se enmarca en normativas, que se encuentran fuera del conocimiento de la jurisdicción laboral, por tratarse de servicios de prestación civil, en donde no concurrió uno de los elementos como es la subordinación, pues ni siquiera se acreditó por ejemplo que cumpliera una jornada de trabajo, en la existencia de una relación laboral de acuerdo a lo que dispone el artículo 20 del Código del Trabajo, que además impone que para que esa relación se dé, deben concurrir los tres elementos, en consecuencia no es la materia laboral la llamada a resolver el conflicto planteado por el demandante.- 5.- Que mediante sentencia de fecha 30 de noviembre del año 2011, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, actuando en su condición de apoderada del señor VICTOR RAYMUNDO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha 10 de febrero del año 2012, compareció ante este Tribunal la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, actuando en su condición de apoderada del señor VICTOR RAYMUNDO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación.- 7.- Que en fecha 10 de febrero del año 2012, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha 15 de marzo del año 2012, se declaro PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el termino dejado de utilizar por el Abogado JOSE MANUEL MADRID, para contestar la demanda de casación, en su condición de apoderado de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar ni aún bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.- III.- Que con base en el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente" y, según el Artículo 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".- IV.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 número 1, dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".- V.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI.- Que conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es deber de las autoridades judiciales hondureñas adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII.- Que en el presente caso, el ad-quem en sentencia de fecha 20 de octubre del 2011, falla revocando la de primera instancia de fecha 23 de noviembre del 2010 de la forma siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando Ha lugar, el presente recurso de Apelación; SEGUNDO: Revocando la Sentencia definitiva de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diez, recaída en la demanda Ordinaria Laboral descrita en el preámbulo de esta resolución, de que se hizo merito, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del trabajo de Trujillo, por ministerio de Ley, departamento de Colon; TERCERO: Y MANDA: que una vez que este fallo adquiere el carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales consiguientes. Sin costas. Quedan las partes notificadas en estrado…”.- IX.- Que el fallo de segunda instancia deja sin valor la sentencia de primera al revocarla, sin embargo, este Tribunal advierte que la sentencia en mención omite en la parte dispositiva realizar las declaraciones que se deducen de aplicar las normas jurídicas sobre el objeto del litigio, ya sea condenado o absolviendo y decidiendo todos los puntos litigiosos del debate procesal, incluyendo el punto relacionado con la tacha opuesta al testigo Raúl Padilla Oliva; todo en aras del deber de congruencia que debe tener toda resolución judicial, en consecuencia y en razón de que no se establecen los ordenamientos correspondientes, es procedente declarar su nulidad.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 número 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 64, 67 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 206, 211, 701 numeral 3), 931 del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586, y 1589 del Código Civil. RESUELVE: ANULAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, de fecha 20 de octubre del 2011, visible a folios once (11) al catorce (14) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de diciembre del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 602-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL