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Sentencia CL-55-11 — Registro 1788

Resumen

La trabajadora interpuso demanda ordinaria laboral de primera instancia para que judicialmente se determine en sentencia definitiva el reconocimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral por tiempo indefinido, que se condene y ordene a la empresa demandada la firma de un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con reconocimiento del puesto de trabajo en primer instancia se falló a favor de las pretensiones del trabajador en segunda instancia se reformó la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que en ausencia de disposiciones especiales en el proceso laboral el juez deberá acudir a las normas análogas del Código del Trabajo y en su defecto a la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, ahora Código Procesal Civil.- III.- Que la jurisdicción del Trabajo debe regir el contenido formal de sus sentencias en las disposiciones del Código del Trabajo y en aquellas situaciones en que dicho Código guarde silencio, ya sea de normas especiales o analógicas para regular las mismas, deben aplicarse en forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil, el cual establece que los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo, deberán ser motivados y se contendrán en párrafos separados y numerados.- IV.- La conexión entre los antecedentes de hecho o situaciones fácticas y los fundamentos de derecho tiene un papel trascendente en el valor que tendrá la solución jurídica frente a las partes y frente a la comunidad que mira expectante el tipo de justicia que se está produciendo en sus tribunales, los que por una parte fijan las soluciones frente a aquellos que están enfrentados en una controversia, pero por otra dicha solución tiene una pretensión con la universalidad y consistencia de criterio que no puede ser soslayadas.- V.- La fundamentación de un fallo le da sentido a todo el proceso que le precede, demuestra la necesidad de las intervenciones, del contradictorio que se ha planteado, del esfuerzo dialéctico de las partes, de los argumentos y contra argumentos que han sido presentados, así como la visión del caso que ha sido hecho valer por cado uno de los intervinientes. Por ello la motivación cumple un papel primordial frente al derecho fundamental del debido proceso.- VI.- Además la importancia de la fundamentación de una sentencia se puede entender cuando se le ve desde el punto de vista de las instancias que revisan el proceso. Analizar y estudiar el caso en una apelación o en casación significa que se le pasará lista a las razones que los jueces han dado para acoger o no determinadas pretensiones de los litigantes y así poder revisar su adecuación, idoneidad, logicidad y legalidad.- VII.- Es en este escrutinio que la Sala no comparte, en aras de la seguridad jurídica, la desviación del criterio reiterado que ha tenido la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en la resolución de casos similares (ver sentencias SL-222-11, SL-57-11 y 47-11). Por otra parte, al examinar en el caso sub-judice su fundamentación jurídica no devela el significado de su resolución, con el agravante de que al revocar el fallo de primera instancia, omite pronunciar la declaración correspondiente a las pretensiones de las partes, estimando o desestimando todas o algunas de las mismas, por lo que procede declarar su nulidad.- VIII.- Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material.- X. Que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad.- XI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.."

Legislación citada

  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de junio del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de mayo del año dos mil once, por la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en Puerto Cortes, Departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la señora YADIRA YANES CASTRO, en relación a la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que judicialmente se determine en sentencia definitiva el reconocimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral por tiempo indefinido, que se condene y ordene a la empresa demandada la firma de un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con reconocimiento del puesto de trabajo, de antigüedad de empresa y ocupacional por haberse comprometido la empresa demandada mediante acta ante la Inspectoría del Trabajo de esta Sección Judicial a su suscripción, pago de salarios dejados de percibir por decisión unilateral de la empresa demandada hasta la fecha en que se cumpla con el reconocimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral, pago en forma retroactiva de salario aplicable a trabajadores permanentes que ejecutan labores iguales o similares a la de la demandante, pago de vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes, horas extras y cualquier otro derecho laboral en base a la nivelación salarial, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha doce de marzo de dos mil diez, promovida por la señora YADIRA YANES CASTRO, mayor de edad, hondureña, soltera, Perito Mercantil y Contadora Pública y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General el señor MAYNOR HUBERTO PONTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de febrero de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: REVOCANDO, la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, en audiencia pública de fecha uno de diciembre del dos mil diez, (2010) en las diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por YADIRA YANES CASTRO, para que judicialmente se determine en sentencia definitiva el reconocimiento de una relación de trabajo o vinculo laboral por tiempo indefinido, que se condene y ordene a la Empresa demandada a la firma de un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con reconocimiento del puesto de trabajo, de antigüedad de Empresa y ocupacional por haberse comprometido la empresa demandada mediante acta ante la Inspectoria del Trabajo de esta Sección Judicial a su suscripción, pago de salarios dejados de percibir por decisión unilateral de la empresa demandada hasta la fecha en que se cumpla con el reconocimiento de una relación de trabajo por tiempo indefinido, firma del contrato individual de trabajo en aplicación del articulo 129 de la Constitución de la República como norma autorizante, pago en forma retroactiva de salario aplicable a trabajadores permanentes que ejecutan labores iguales o similares, pago de vacaciones, décimo tercero y cuarto mes, horas extras y cualquier otro derecho laboral en base a la nivelación salarial; contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, a través de su Representante Legal, todos de generales conocidas en autos… SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con la demandada como Auxiliar de Oficina en el Departamento de Auditoria Interna, mediante suscripción de contrato individual de trabajo por tiempo determinado, del 28 de marzo al 25 de mayo de 2006, acreditando que la demandante suscribió con la demandada 23 contratos individuales de trabajo, de forma continua, terminando el último en fecha 19 de diciembre de 2009, de manera ininterrumpida, todos para desempeñarse en el mismo puesto, asignándole la ficha No.29583-2; que en fecha 3 de noviembre de 2009, el Auditor Interno de la empresa demandada y en ese momento su jefe, envió al Gerente General de la empresa, el moderando UAI-218/2009, mediante el cual solicitó su contratación permanente y el de dos compañeras mas, habiendo aprobado el Gerente dicha solicitud; sin embargo en fecha 6 de noviembre de 2009 el mismo Gerente envió a la Jefe de la División de Recursos Humanos el memorando DRH-424-2009, mediante el cual le informa que en relación con el memorando UAI-218/2009 de fecha 3 de noviembre de 2009, dejar sin valor y efecto su aprobación por esa Gerencia, a excepción de una de sus compañeras, por lo cual solicitó los servicios de un Inspector de Trabajo en fecha 16 de noviembre de 2009, a efecto de que se constatara la existencia del original de memorando UAI-218-2009, así como que se constatara si a su otra compañera se le había contratado en forma permanente y por tiempo indefinido, se constatara también las causas o motivos por los cuales a ella no se le había contratado por tiempo indefinido tal y como lo estableció y ratificó la gerencia, para lo cual se personó en las oficinas de la demandada el receptor en fecha 3 de diciembre de 2009, donde fueron atendidos por el Jefe de la División de Recursos Humanos y quien expresó que efectivamente existe el memorando UAI-218/2009 de fecha 3 de noviembre de 2009, que se agregó copia del memorando DRH-424-2009 de fecha 6 de noviembre del 2009 emitido por el Gerente General de la empresa en el que se deja sin valor y efecto su aprobación a excepción de su compañera de trabajo, de quien se constató que fue contratada en forma permanente a partir del 6 de noviembre de 2009, por tal razón acudió nuevamente a la Inspectoría de trabajo para comparecer a una audiencia de conciliación junto con la empresa demandada, misma que se celebró el 17 de diciembre de 2009, audiencia en la cual, la apoderada de la empresa solicitó su suspensión, llevándose a cabo el día 6 de enero de 2010, audiencia en la cual la apoderada de la parte demandada manifestó darle contrato de trabajo por tiempo indeterminado a sus dos compañeras menos a ella; los diferentes Abogados que ocuparon el cargo de Jefe de División de Recursos Humanos, nunca tomaron en consideración que la demandada ya se había comprometido en un acta ante las autoridades del Trabajo a suscribir con ella un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que quisieron obligarle a firmar uno de los 120 contratos que la empresa demandada otorgó, pero no en el puesto que trabajaba, ni con el salario que habían convenido en el acta de fecha 6 de enero de 2010, pero siguió laborando, citó de nuevo a la empresa demandada, que en fecha 18 de febrero de 2010 se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la cual no se obtuvo ninguna respuesta positiva, a la fecha de la presentación de la demanda, seguía laborando en la empresa demandada, en el mismo puesto de trabajo y cumpliendo hasta funciones nuevas que le han sido asignadas, pero sin recibir salario alguno por el trabajo, lo que no considera justo y le causa perjuicios económicos. Solicita que judicialmente se determine en sentencia definitiva el reconocimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral por tiempo indefinido; que se condene y ordene a la empresa demandada a la firma de su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido en el puesto de Auxiliar de Oficina en el Departamento de Auditoria Interna que desempeña, con reconocimiento de puesto de trabajo, de antigüedad de empresa y ocupacional, por haberse comprometido la empresa mediante acta de inspectoría de trabajo su suscripción; pago de los salarios dejados de percibir por decisión unilateral de la empresa demandada hasta la fecha en que se cumpla con el reconocimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral por tiempo indefinido y la firma del contrato de trabajo en aplicación al artículo 129 de la Constitución de la República, pago en forma retroactiva de salario aplicable a trabajadores permanentes que ejecuten labores iguales o similares, pago de vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes, horas extras y cualquier otro derecho laboral en base a la nivelación salarial, costas.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda señalando que en la demanda de mérito se argumenta en un ofrecimiento sobre un puesto de trabajo que no existe, que parte sobre un contrato por tiempo determinado con respecto al puesto de trabajo ya que la demandante se desempeñaba como Auxiliar de Oficina en Auditoria Interna, que este cargo solo fue temporal por las necesidades internas de la empresa de desarrollar ciertas labores temporales, ya que la demandante nunca sustituyó o desempeñó las labores de un empleado permanente, lo cual es realizado mediante la acción de personal comúnmente conocida como “cambio de planilla” ya que tal derecho, por disposiciones del contrato colectivo, solo corresponde a los empleados permanentes sindicalizados, que el ofrecimiento hecho a la demandante por el Abogado de la empresa, debe tomarse sobre una circunstancia laboral que no existía, situación que por falta de desconocimiento de la demandante no fue alegada en su momento, aun y cuando se quiso enmendar tal error al ofrecerle otro contrato debido a la inexistencia de la plaza que ella quería, sin embargo se señala que el ofrecimiento que fue hecho debió estar enmarcado en la ley o sobre bases presupuestarias de la empresa, aclarando que las plazas y salarios permanentes de que dispone la empresa demandada, como institución autónoma del Poder Ejecutivo, no dependen de un simple ordenamiento jerárquico y de estructura, como sucede en las empresas privadas, si no, mas bien, de todo un planeamiento presupuestario consagrado a la Constitución de la República, Ley Orgánica de la ENP, Ley de Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y las demás disposiciones administrativas del Gobierno Central, que el ofrecimiento de otorgarle a la demandante un contrato como el que ella demanda sobre la plaza inexistente de Auxiliar de Oficina en Auditoria Interna, no era una simple determinación que dependía de la voluntad de un funcionario mal informado o de la función realizada por el trabajador, si no, que dicha labor este determinada dentro del cuadro de plazas por tiempo indefinido de la empresa demandada.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 1 de diciembre de 2010, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral tendiente a que mediante sentencia definitiva se condene a la demandada a dar estricto cumplimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral por tiempo indefinido como reconocimiento de puesto de trabajo, antigüedad de empresa y ocupacional por haberse comprometido la empresa mediante acta a su suscripción ante la Inspectoría del Trabajo; pago de los salarios dejados de percibir por decisión unilateral de la empresa hasta la fecha en que se cumpla con el reconocimiento de una relación de trabajo o vínculo laboral por tiempo indefinido y firma de contrato de trabajo; al pago en forma retroactiva aplicable a los trabajadores permanentes que desempeñan labores iguales o similares por la cantidad de L.15,383.00 más el séptimo día, pago de vacaciones, pago de decimotercer mes, pago de decimocuarto mes de salario, pago de horas extras, con costas, condena a la demandada al pago de esos conceptos que ascienden a la cantidad de L.262,532.56, con costas. Criterio: la actividad realizada por la demandante se considera permanente y continua dentro de la empresa demandada, la plaza de Auxiliar de Oficina en Auditoria Interna es una actividad de gran importancia en la empresa demandada por cuanto tiene entre sus actividades la de facturación a clientes de la empresa, actividad por la cual la empresa recibe sus ingresos, la actividad desempeñada por la trabajadora subsiste en la actualidad bajo la denominación de Asistente del Auditor, según documento contentivo de la descripción de trabajo, aunque la demandante sigue en el sistema, se constató que no se le ha pagado los salarios, adeudándosele el mismo y el pago de horas extras, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo todo acto de liquidación, compensación o transacción para tener validez debe ser realizado ante autoridad administrativa o judicial competente, por lo que habiéndose constatado que el entonces Gerente General de la empresa, mediante acta laboral levantada por la Inspectoría en fecha 6 de enero de 2010, se comprometió a otorgarle trabajo por tiempo indeterminado en el puesto de auxiliar de auditoria interna a partir del 7 de abril de 2010, por lo que dicho acuerdo conciliatorio obliga a cumplir a la demandada lo expresamente pactado, si bien es cierto la parte demandada ha probado que la empresa no exigió a la demandante agotar procedimientos previos para optar a la plaza, dicha omisión es ningún momento es imputable al trabajador.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 2 de febrero de 2011, dictó sentencia definitiva REVOCANDO la sentencia de primera instancia, sin costas. Criterio: Aun cuando se concluye, que por la duración de la prestación de trabajo de la actora es por tiempo indeterminado, no es posible mediante sentencia, se obligue a un empleador a firmar un contrato de trabajo por tiempo indefinido, pues ante la suscripción reiterada de contratos por tiempo definido, ya la Ley determina cual es la calidad del contrato que deberá regir y mas aún, si la trabajadora continuó laborando aún después de llegar a su término el último contrato, lo que supone una prórroga en su contratación y la aceptación de su condición de permanente en amparo a lo establecido en la norma “30” del Código del Trabajo; por otra parte, tales contratos de trabajo, no fueron alterados de manera alguna en cuanto al salario devengado; en tal sentido, ambas pretensiones y su concesión por el A-Quo resultan improcedentes; si en el curso de este proceso, la trabajadora dejó de laborar para la demandada por causas imputables a ésta, la trabajadora tenía habilitadas las acciones para reclamar ante la autoridad competente.- 5.- Que mediante sentencia de fecha uno de marzo de dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada de la señora YADIRA YANES CASTRO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha seis de mayo de dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, de generales ya señaladas y en su condición de apoderada de la señora YADIRA YANES CASTRO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha seis de mayo de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha seis de junio de dos mil once, la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que en ausencia de disposiciones especiales en el proceso laboral el juez deberá acudir a las normas análogas del Código del Trabajo y en su defecto a la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, ahora Código Procesal Civil.- III.- Que la jurisdicción del Trabajo debe regir el contenido formal de sus sentencias en las disposiciones del Código del Trabajo y en aquellas situaciones en que dicho Código guarde silencio, ya sea de normas especiales o analógicas para regular las mismas, deben aplicarse en forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil, el cual establece que los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo, deberán ser motivados y se contendrán en párrafos separados y numerados.- IV.- La conexión entre los antecedentes de hecho o situaciones fácticas y los fundamentos de derecho tiene un papel trascendente en el valor que tendrá la solución jurídica frente a las partes y frente a la comunidad que mira expectante el tipo de justicia que se está produciendo en sus tribunales, los que por una parte fijan las soluciones frente a aquellos que están enfrentados en una controversia, pero por otra dicha solución tiene una pretensión con la universalidad y consistencia de criterio que no puede ser soslayadas.- V.- La fundamentación de un fallo le da sentido a todo el proceso que le precede, demuestra la necesidad de las intervenciones, del contradictorio que se ha planteado, del esfuerzo dialéctico de las partes, de los argumentos y contra argumentos que han sido presentados, así como la visión del caso que ha sido hecho valer por cado uno de los intervinientes. Por ello la motivación cumple un papel primordial frente al derecho fundamental del debido proceso.- VI.- Además la importancia de la fundamentación de una sentencia se puede entender cuando se le ve desde el punto de vista de las instancias que revisan el proceso. Analizar y estudiar el caso en una apelación o en casación significa que se le pasará lista a las razones que los jueces han dado para acoger o no determinadas pretensiones de los litigantes y así poder revisar su adecuación, idoneidad, logicidad y legalidad.- VII.- Es en este escrutinio que la Sala no comparte, en aras de la seguridad jurídica, la desviación del criterio reiterado que ha tenido la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en la resolución de casos similares (ver sentencias SL-222-11, SL-57-11 y 47-11). Por otra parte, al examinar en el caso sub-judice su fundamentación jurídica no devela el significado de su resolución, con el agravante de que al revocar el fallo de primera instancia, omite pronunciar la declaración correspondiente a las pretensiones de las partes, estimando o desestimando todas o algunas de las mismas, por lo que procede declarar su nulidad.- VIII.- Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material.- X. Que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad.- XI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769 y 777 del Código del Trabajo; 22, 200, 211, 212 numeral 4) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, de fecha dos de febrero del dos mil once. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de junio del dos mil doce; Certificación de la sentencia de fecha cinco de junio del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 55-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL