Sentencia CL-450-11 — Registro 2326
Resumen
En primera instancia se declara sin lugar la demanda interpuesta por el trabajador por concepto de prestaciones laborales, reintegro al trabajo, absolviendo a la empresa demandada de toda responsabilidad económica laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- "Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 25 de Agosto de 2011, que confirma la sentencia que conocía en consulta y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón en fecha 05 de octubre de 2010, la cual ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor JHONY ERIE ELWIN PADILLA y absuelve a la demandada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA al pago de los conceptos a favor del trabajador; bajo el criterio que el despido del trabajador es legal y justificado por haberse ausentado de sus labores, sin embargo la decisión del ad quem al confirmar el de primera instancia no reconoce los derechos adquiridos que corresponden de conformidad a la Ley.- VII.- Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia.- VIII.- Que además de lo anterior dicho Tribunal no hace ningún pronunciamiento sobre la situación jurídica contenida en el párrafo segundo del artículo 81 de la Constitución de la República, donde se determina que nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, si no en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-"Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- "Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia..."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de diciembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dos de diciembre de dos mil once, por el Abogado LUCKY EFRAIN SARRES TORRES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Trujillo, Departamento de Colón, en su condición de apoderado del señor JHONY ERIE ELWIN PADILLA, en relación a la demanda ordinaria laboral por concepto de prestaciones laborales, reintegro al trabajo, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha cuatro de septiembre de dos mil nueve, por el señor JHONY ERIE ELWIN PADILLA, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, y con domicilio en Trujillo, Departamento de Colón, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General, señor ROBERTO JAVIER CHACON TEJEDA, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil once, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, misma que declaró SIN LUGAR la demanda de mérito, en consecuencia, absolvió a la empresa demandada de toda responsabilidad económica laboral emanada del presente juicio, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 21 de junio de 2004, que en fecha 28 de mayo de 2009, la demandada celebró audiencia de descargo en donde se le acusó al demandante de una riña mutua con un motorista portuario, hecho sucedido el 1 de mayo de 2009 conciliando entre las partes, por lo cual la demandada mediante nota de fecha 1 de junio de 2009, le aplicó la suspensión de labores sin goce de salario por el término de 8 días efectivo a partir del 2 al 9 de junio del mismo año, posteriormente el demandante recibió un memorando de fecha 3 de marzo de 2009, el cual fue recibido hasta el 3 de junio del mismo año, en donde se le comunica que había sido traslado como guardia de protección portuaria, debiéndose presentarse a laborar el 12 de junio de 2009, no estando de acuerdo con dicho traslado el demandante presentó una impugnación a la Gerencia de Recursos Humanos de la demandada, alegando que la medida disciplinaria de traslado había prescrito porque desde la fecha que sucedió y tuvo conocimiento la demandada y el día que fue notificado del traslado el demandante ya había transcurrido más de un mes, conforme lo establecido en los artículos 3, 861, 862 y 863 del Código del Trabajo, siendo despedido el 27 de julio de 2009.- 2.- La parte demandada, EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma, colocándolos en controversia y que la demandada demostraría en juicio lo contrario a las pretensiones del demandante.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha cinco de octubre de dos mil diez, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de mérito y absolvió a la empresa demandada de toda responsabilidad económica laboral emanada del presente juicio, sin costas; bajo el criterio de que según las alegaciones del apoderado demandante con el hecho de estarse presentando a las instalaciones portuarias en Puerto Castilla y negándose a recibir el cheque que contenía los viáticos para su trabajo, resultaba suficiente para no recibir sanción alguna por la desobediencia a lo instruido respecto a su traslado a Puerto Cortés, que sin justificación alguna desobedeció, más bien lo alegado confirma la ausencia del demandante en su centro de trabajo, lo que da origen a la aplicación del artículo 112 inciso h del Código de Trabajo en cumplimiento al contrato de trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veinticinco de agosto de dos mil once, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio de que se colige que el contrato que motiva las diligencias fue suscrito por las partes contratantes por tiempo indefinido teniendo vigencia el mismo hasta el 27 de julio de 2009 en que se despide directamente al demandante invocando la causal de despido establecida en el artículo 112 inciso h) del Código de Trabajo, al no acatar las disposiciones del patrono al trasladarlo de Puerto Castilla a Puerto Cortés, con el mismo sueldo y cargo.- 5.- Mediante sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, este Alto Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUCKY EFRAIN SARRES TORRES, en su condición de apoderado del señor JHONY ERIE ELWIN PADILLA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito. Y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- En fecha dos de diciembre de dos mil once, compareció ante este Tribunal el Abogado LUCKY EFRAIN SARRES TORRES, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que en providencia de la misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado LUCKY EFRAIN SARRES TORRES, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha once de enero de dos mil doce, la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal Supremo se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 25 de Agosto de 2011, que confirma la sentencia que conocía en consulta y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón en fecha 05 de octubre de 2010, la cual ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor JHONY ERIE ELWIN PADILLA y absuelve a la demandada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA al pago de los conceptos a favor del trabajador; bajo el criterio que el despido del trabajador es legal y justificado por haberse ausentado de sus labores, sin embargo la decisión del ad quem al confirmar el de primera instancia no reconoce los derechos adquiridos que corresponden de conformidad a la Ley.- VII.- Los Derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indubitable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley le prohíbe su renuncia, razón por la que este derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia.- VIII.- Que además de lo anterior dicho Tribunal no hace ningún pronunciamiento sobre la situación jurídica contenida en el párrafo segundo del artículo 81 de la Constitución de la República, donde se determina que nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, si no en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 25 de Agosto de 2011, visible a folios 10 al 14 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación de la sentencia de fecha once de diciembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 450-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL