Sentencia CL-444-11 — Registro 2219
Resumen
En segunda instancia se reforma la sentencia, absolviendo a la demandada (empresa) de toda responsabilidad económica por los conceptos reclamados por la parte trabajdora
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- “ Que el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, en el primer y único motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley Sustantiva del orden nacional por infracción directa de los artículo 349 párrafo primero del Código del Trabajo, relacionado con los Artículos 13 párrafo primero de la Ley del Séptimo día y Decimo Tercer Mes en concepto de Aguinaldo, Articulo 2 del Reglamento del Decimo Cuarto Mes de Salario en Concepto de compensación social; por ERROR DE HECHO, derivado de la FALTA DEAPRECIACIÓN de los medios de prueba que a continuación Singularizo.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal Primero, Párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo numeral 1)...”.- “ Que en el cargo que antecede, el Recurrente incurre en las siguientes imprecisiones que lo vuelven inadmisible, a saber: a) Alega dos formas diferentes de infringir la Ley al señalar por una parte infracción directa y por otra parte que fue por error de hecho derivado de la falta de apreciación de los medios de prueba, cuando la infracción directa se produce por falta de aplicación, aplicación indebida o por interpretación errónea y con absoluta independencia del haz probatorio, debiendo haber sido expuestas en forma separada e independiente; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante.- “ El Tribunal de Casación no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende” Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de noviembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de diciembre de dos mil once, por el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado de la señora DAYANA MARIA PONCE AGUILAR; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de los derechos adquiridos y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de julio de dos mil nueve, por la señora DAYANA MARIA PONCE AGUILAR, mayor de edad, soltera, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en contra de la Sociedad F.A. ARIAS & MUÑOZ HONDURAS, S.A., por medio de su Representante Legal señor DENNIS MATAMOROS BATSON, mayor de edad, casado, Abogado y Notario, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual falló REFORMANDO la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en el sentido de declarar sin lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la señora DAYANA MARIA PONCE AGUILAR, contra la Sociedad F.A. ARIAS & MUÑOZ HONDURAS S.A., en consecuencia, absolvió a la demandada de toda responsabilidad económica por los conceptos reclamados; confirmando en su parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto a la exoneración de costas; Sin Costas en segunda instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 02 de mayo del año 2001, en forma verbal como procuradora del bufete del Abogado Dennis Matamoros Batson, que en el mes de septiembre de 2002, se constituyó como una sociedad anónima, por lo que pase inmediatamente a laborar con dicha sociedad, en virtud de haberse sustituido el patrono anterior conforme lo que establece el artículo 28 del Código del Trabajo, por el cual siguió laborando la demandante para dicha sociedad teniendo siempre como Representante del patrono al Abogado Matamoros; que para el control de la labor realizada la demandada tiene un sistema o programa llamada Timeslip en donde se deben de ingresar las ocho horas de trabajo diario en el cual se tenía que indicar lo que se había realizado de lunes a sábado; que en fecha 23 de abril de 2009, la demandante presentó la renuncia como empleada de la demandada, solicitando que le hicieran efectivo el pago de los derechos adquiridos, lo cual no fue atendida dicha petición, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo, sin obtener ningún resultado satisfactorio.- 2.- La parte demandada, F.A. ARIAS & MUÑOZ HONDURAS, S.A., contestó dicha demanda señalando que la demandante prestaba sus servicios con la demandada como abogada asociada en el libre ejercicio de la profesión y no como una trabajadora ordinaria en la misma, que la demandante tenía a su cargo el manejo de fondos que por concepto de gastos registrales debían cancelarse para la correspondiente inscripción de las garantías ante el Registro de la Propiedad, resultando que la demandante no destinó enteramente los fondos manejados a la cancelación de los gastos registrales antes mencionados, situación que fue aceptada y afrontada en su oportunidad por la demandante, acordándose al efecto el abono del saldo faltante de gastos, contra el pago de los honorarios que por los servicios le correspondía percibir, habiendo decidido dejar el bufete voluntariamente; que la demandante no estaba sujeta a un horario o jornada de trabajo determinados, gozando de libertad en la forma de llevar a cabo sus cometidos profesionales, llevando incluso sus propios asuntos, los que eran facturados y cobrados por su cuenta.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinte de junio de dos mil once, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito y condenó a la sociedad demandada al pago de la cantidad de Lps.97,898.69, en concepto de derechos adquiridos a favor de la demandante, sin costas; bajo el criterio de que entre la demandante y la sociedad demandada, existió una relación de trabajo ya que se dan los tres elementos esenciales que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, tal y como se ha acreditado con los medios de prueba propuestos ya que como se dejó establecido anteriormente, la demandante cumplía con un horario establecido por la demandada, para efectos de pago, debía de introducir el programa establecido por el patrono, las actividades desarrolladas, y así hacerle efectivo el pago correspondiente; que el pago de los derechos adquiridos es un derecho consignado en nuestra Constitución de la República así como en nuestra legislación laboral, independiente como se de por terminada la relación de trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, dictó sentencia reformando la de primera instancia en el sentido de declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de los derechos adquiridos y absolvió a la sociedad demandada de toda responsabilidad económica por los conceptos reclamados y confirmó en la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto a la exoneración de costas; Sin Costas; bajo el criterio de que conforme la prueba aportada al proceso, resulta evidente la existencia de una relación entre la demandante y la entidad demandada, en donde la primera tiene la calidad de abogada asociada de la segunda, y que conlleva la prestación de servicios profesionales para terceros por los cuales percibía honorarios profesionales, más no se aprecia una continuidad de la demandante para con la demandada en calidad de patrono, de tal forma que estuviera sujeta a órdenes o instrucciones, circunstancia que lleva a los contratos de excepción, y no a los de trabajo precisamente por situarse la relación en la prestación de servicios profesionales.- 5.- Mediante sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado DANIEL ANTONIO MONCADA TURCIOS, actuando en su condición de apoderado de la de la señora DAYANA MARIA PONCE AGUILAR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- En fecha cinco de diciembre de dos mil once, compareció ante éste Tribunal el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, de generales ya señaladas, en su condición de apoderado de la señora DAYANA MARIA PONCE AGUILAR, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- En fecha cinco de diciembre de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha doce enero de dos mil doce, la Abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, actuando en su condición de apoderada de la Sociedad F.A. ARIAS & MUÑOZ HONDURAS, S.A..- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, en el primer y único motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley Sustantiva del orden nacional por infracción directa de los artículo 349 párrafo primero del Código del Trabajo, relacionado con los Artículos 13 párrafo primero de la Ley del Séptimo día y Decimo Tercer Mes en concepto de Aguinaldo, Articulo 2 del Reglamento del Decimo Cuarto Mes de Salario en Concepto de compensación social; por ERROR DE HECHO, derivado de la FALTA DE APRECIACIÓN de los medios de prueba que a continuación Singularizo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal Primero, Párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo numeral 1)...”.- III.- Que en el cargo que antecede, el Recurrente incurre en las siguientes imprecisiones que lo vuelven inadmisible, a saber: a) Alega dos formas diferentes de infringir la Ley al señalar por una parte infracción directa y por otra parte que fue por error de hecho derivado de la falta de apreciación de los medios de prueba, cuando la infracción directa se produce por falta de aplicación, aplicación indebida o por interpretación errónea y con absoluta independencia del haz probatorio, debiendo haber sido expuestas en forma separada e independiente; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante.- IV.- El Tribunal de Casación no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende.- V.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de Noviembre del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha seis de noviembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 444-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL