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Sentencia CL-44-10 — Registro 1526

Resumen

Los trabajadorespresentaron demanda Ordinaria Laboral para que el patrono devuelva las sumas de dinero deducidas y retenidas del monto salarial sin previa autorización, más sus intereses legales; la sentencia de segunda instancia reformó declarandola sin lugar para los empleados MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO Y JOHANA CASTILIA CANTILLANOS HERRERA, y con lugar para lo demás.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Recurrente olvida que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09). En el presente caso la cuestión debatida tiene origen en las deducciones y retenciones en concepto de multa alegadas por los demandantes y ello fue objeto del material probatorio; además, las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral; todo lo cual vuelve inadmisible el cargo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de enero de dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en la ciudad de San Pedro sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderado de OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, SEIRE CAROLINA MEJIA TORRES, GABRIELA SUAZO MUNGUIA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO y JOHANA CASTILLA CANTILLANO HERRERA; y en fecha nueve de abril de dos mil diez, por la abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, mayor de edad, soltera, hondureña, con domicilio en la ciudad de San Pedro sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la Sociedad PROMOTORA EDUCATIVA S.A. DE C. V. (PROESA), en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para que el patrono devuelva las sumas de dinero deducidas y retenidas del monto salarial sin previa autorización, más sus intereses legales, interpuesta el veinte de abril de dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales ya expresadas y como Apoderado de los señores OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, MILTON ANOTINO RODRIGUEZ ESCOBAR, SEIRE CAROLINA TORRES, GABRIELA SUAZO MUNGUIA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO y JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, todos mayores de edad, casados, Maestros de Educación Media, hondureños y con domicilio en la Ciudad de San Pedro sula, departamento de Cortés, contra la Sociedad PROMOTORA EDUCATIVA S.A. DE C.V. (PROESA), entidad mercantil que opera el INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Representante Legal señor CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, mayor de edad, hondureño, casado, Abogado y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Los Recursos de Casación se interpusieron contra la sentencia de fecha trece de enero de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula, departamento de Cortés, la cual REFORMÒ la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiocho de octubre de año dos mil nueve, reforma que se contrae a: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria de la referencia en relación a los trabajadores MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO Y JOHANA CASTILIA CANTILLANOS HERRERA, en virtud de que el trabajo que desempeñan dentro de la Institución demandada es de carácter administrativo y por lo tanto están sujetos a cumplir con la jornada laboral pactada en el contrato individual de trabajo que suscribieron con la patronal; en consecuencia se ABSUELVE a la institución demandada del pago de lo que fuera objeto de pretensión y condena en la misma; asimismo declarar SIN LUGAR la condena en costas impuesta a la entidad educacional demandada, en virtud de que le asisten motivos racionales y legales para litigar; SEGUNDO: CONFIRMANDO la demanda UNICAMENTE en cuanto a que declara con lugar la misma en relación a los trabajadores OSCAR JEOVANY VILLEDA RODRIGUEZ, SEIRE CAROLINA TORRES Y GABRIELA SUAZO MUNGUIA, en virtud de que ejercen labores de docencia dentro de la demandada, y por lo tanto cumplen un horario diferente ya que sus funciones dependen de la carga académica que se les asigna en cada periodo, por lo que las horas a impartir cátedra dependerán de la demanda estudiantil: TERCERO: Se fija el monto de la condena impuesta en primera instancia a la entidad educacional denominada PROMOTORA EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida por las siglas de PROESA, institución que opera el INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA, representado legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, en la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 14,827.83), la que deberá ser devuelta a los trabajadores OSCAR JEOVANY VILLEDA RODRIGUEZ, SEIRE CAROLINA TORRES Y GABRIELA SUAZO MUNGUIA según desglose efectuado por el Aquo.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron su relación laboral con la Empresa Sociedad PROMOTORA EDUCATIVA S.A. (PROESA), el señor OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, el 17 de febrero del 2007; MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, el 13 de junio del 2007; SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES, el 17 de febrero del 2007; GABRIELA SUAZO MUNGUIA, el 17 de febrero del 2007; MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, el 17 de febrero del 2007; ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, el 2 de mayo del 2007 Y JOHANA CASTILLA CANTILLANO HERRERA, el 10 de julio del 2007, y que en los meses de noviembre del 2008, febrero y marzo del 2009, fueron deducidos y retenidos de sus salarios montos en concepto de multas por concepto de llegadas tarde y ausencia al trabajo sin ninguna justificación legal.- 2.- La parte demandada contestó dicha demanda señalando que se rechazan los hechos de demanda, pues existe un horario de trabajo pactado en un contrato y los demandantes debieron de cumplirlo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 28 de octubre de 2009, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito y condenando a la Empresa Mercantil PROMOTORA EDUCATIVA S.A. (PROESA), a pagar la cantidad de L.17,089.60 a los demandantes en concepto de deducciones por irse antes de la hora de salida, con costas; bajo el criterio de que la Sociedad demandada cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, en el cual se establece dos tipos de jornadas, por lo que las horas a impartir cátedra dependerán de la demanda estudiantil, sujetándose dentro de los límites de la jornada máxima legal establecida en el contrato de trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 13 de enero de 2010, dictó sentencia reformando la de primera instancia, reforma que se contrae a declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria de la referencia en relación a los trabajadores MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO Y JOHANA CASTILIA CANTILLANOS HERRERA, en virtud de que el trabajo que desempeñan dentro de la Institución demandada es de carácter administrativo y por lo tanto están sujetos a cumplir con la jornada laboral pactada en el contrato individual de trabajo que suscribieron con la patronal; en consecuencia se ABSUELVE a la institución demandada del pago de lo que fuera objeto de pretensión y condena en la misma; asimismo, declaró SIN LUGAR la condena en costas impuesta a la entidad educacional demandada, en virtud de que le asisten motivos racionales y legales para litigar; asimismo, confirmó la demanda únicamente en cuanto a que declara con lugar la misma en relación a los trabajadores OSCAR JEOVANY VILLEDA RODRIGUEZ, SEIRE CAROLINA TORRES Y GABRIELA SUAZO MUNGUIA, en virtud de que ejercen labores de docencia dentro de la demandada y por lo tanto cumplen un horario diferente ya que sus funciones dependen de la carga académica que se les asigna en cada período, por lo que las horas a impartir cátedra dependerán de la demanda estudiantil, fijándose el monto de la condena impuesta en primera instancia a la entidad educacional demandada en la cantidad de L.14,827.83, la que deberá ser devuelta a los trabajadores OSCAR JEOVANY VILLEDA RODRIGUEZ, SEIRE CAROLINA TORRES Y GABRIELA SUAZO MUNGUIA, sin costas, bajo el criterio de que si bien es cierto que todos los demandantes suscribieron contrato individual de trabajo con la demandada en el que pactaron todas las condiciones de trabajo incluida la jornada de trabajo, no es menos cierto que solamente tres de los demandantes desarrollan tareas de docencia, por lo tanto la demandada no debe obligar a los demandantes con carga académica de docentes, a permanecer en la institución una vez que hayan finalizado la carga académica asignada en cada período, extremo que les permite a los docentes buscar otras opciones laborales, en virtud de no haber pactado exclusividad con la demandada.- 5.- Mediante sentencia de fecha ocho de febrero del dos mil diez, este Tribunal RESOLVIO: Admitir los recursos de Casación interpuestos por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO y por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, actuando como apoderados de la Sociedad PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. y de los señores OSCAR VILLEDA RODRIGUEZ, MILTON ANTONIO RODRIGUEZ y OTROS respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 13 de enero del 2010 y DISPUSO: Que se llevará adelante la tramitación de los recursos, omitiéndose el traslado de los autos a los recurrentes y ordenando retener los autos en la Secretaría del Despacho, para que en el término de veinte (20) días las partes formularan por escrito sus demandas de casación.- 6.- En fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación.- 7.- En auto de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado en forma común para ambas partes para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8.- En fecha nueve de abril de dos mil diez, compareció ante este Tribunal la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 9.- Que en auto de fecha veinte de abril de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado en forma común para ambas partes para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 10.- En fecha tres de mayo de dos mil diez, compareció ante este alto Tribunal de Justicia la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, actuando en su condición de apoderada de la Sociedad denominada PROMOTORA EDUCATIVA S.A. (PROESA), contestando el Recurso de Casación formulado por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ; asimismo en providencia de fecha diez de mayo de dos mil diez, este tribunal declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, para que contestara la demanda de casación planteada.- 11.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de Apoderado demandante, en el primer motivo, alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 87 párrafo primero, 90 y 92 numeral 9), 94 y 96 No. 11) del Código del Trabajo; 3, 10 No. 2), 11 No. 6), 13 No. 4 párrafo 2) y 14); 39 párrafos 3) y 4) y 80 No. 1) del Estatuto del Docente Hondureño y estos en relación con los artículos 2 numeral 21), 145 y 146 del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño y 13 párrafo 4), 40 No. 4), 47), 52, 53 y 54 del Reglamento Interno de Trabajo de la demandada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo primero, del Código del Trabajo”.- III. Que el recurrente en la formulación del motivo comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a) Las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral. b) Que este Tribunal, conforme con la Doctrina, ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expediente números SL.118-08, SL-169-08, SL-344-08 y SL 124-09); cuando ha sido evidente que la controversia se genera en derredor a la existencia de un reglamento interno de trabajo y al procedimiento seguido por el empleador para proceder a las deducciones respectivas de los demandantes, lo cual fue objeto del material probatorio; por ende, el ataque a la sentencia por el concepto relacionado no es viable.- IV. Que en el segundo motivo arguye: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 25, 94, 96 No. 11) del Código del Trabajo; 3, 11 No. 6) y 39 párrafo 3 y 4 del Estatuto del Docente y estos en relación con el 13 párrafo 4), 47, 52 y 53 del Reglamento Interno de Trabajo, a través del error de hecho por la falta de apreciación de las pruebas Documental e Inspección Ocular, contenidas en la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo, en relación al error de hecho por la falta de apreciación de la prueba singularizada”.- V. Que el censor incurre en el segundo motivo en los siguientes defectos técnicos: 1) No cita los preceptos procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas. 2) Consta del fallo recurrido que el Tribunal Ad-Quem analizó y valoró todo el material probatorio, arribando a la conclusión que en el ámbito laboral predomina el principio de proporcionalidad, según el cual debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador incurrió en una falta de tal naturaleza, todo lo cual vuelve inadmisible dicho motivo.- VI. Que en el tercer motivo alega: “Acuso la sentencia recurrida de violación directa de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de los artículo 1, párrafo 1), 2 y 6 No. 3) del Estatuto del Docente Hondureño en relación con el 2 No. 21) del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño, en relación a la prueba Documental e inspeccional que obra en la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo”.- VII. Que al igual que en los motivos anteriores, el Impetrante en la formulación del motivo comete varios defectos técnicos como ser: 1) Las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas, sino de carácter general. 2) No cita los preceptos procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas. 3) Tampoco cita con precisión el precepto autorizante en que considera comprendido dicho motivo, ya que el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo a que se hace referencia, contiene dos párrafos que era necesario especificar, por lo que también resulta inadmisible el mismo.- VIII. Que la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su condición de apoderada demandada, en su primer y único motivo de casación sostiene: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 322 párrafo tercero del Código del Trabajo en relación con los artículos 318 y 319 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo”.- IX. Que la Recurrente olvida que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09). En el presente caso la cuestión debatida tiene origen en las deducciones y retenciones en concepto de multa alegadas por los demandantes y ello fue objeto del material probatorio; además, las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral; todo lo cual vuelve inadmisible el cargo.- X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar las pretensiones que encierran los motivos de casación invocados respectivamente por los recurrentes.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación en sus tres motivos formalizado por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su calidad de Apoderado demandante. 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación en su único motivo formalizado por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su condición de Apoderada demandada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de Febrero del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 44-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL