Sentencia CL-41-11 — Registro 1746
Resumen
La parte recurrida interpuso demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios, en el cargo de Instructor en el Centro de Capacitación Marítima Trainmar de la Empresa demandada, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que quede firme la sentencia; la segunda instancia confirmo la sentencia de primera instancia declarando con lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En cuanto al régimen especial de los empleados de confianza solo resta decir que ninguna convención, acto, o estipulación puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos laborales de los trabajadores, refiriéndonos al Estatuto de los Empleados de Confianza, al Reglamento Interno y al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo todos vinculados al orden jurídico de la Empresa Nacional Portuaria, máxime cuando el mismo Reglamento en su artículo 3 sujeta dicho régimen especial de los empleados de confianza a la regulación de las normas especiales del Código del Trabajo, con mayor razón el patrono deberá observar el procedimiento establecido en el referido Código enmarcado en su artículo 111 numeral 7 antes de dar por terminada la relación de trabajo, entendiendo que el artículo 129 Constitucional que establece el derecho a la estabilidad laboral constituye uno de los principios sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho y que por ende, su ponderación y límite está relacionado con las justas causas de separación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 111 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En cuanto al régimen especial de los empleados de confianza solo resta decir que ninguna convención, acto, o estipulación puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos laborales de los trabajadores, refiriéndonos al Estatuto de los Empleados de Confianza, al Reglamento Interno y al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo todos vinculados al orden jurídico de la Empresa Nacional Portuaria, máxime cuando el mismo Reglamento en su artículo 3 sujeta dicho régimen especial de los empleados de confianza a la regulación de las normas especiales del Código del Trabajo, con mayor razón el patrono deberá observar el procedimiento establecido en el referido Código enmarcado en su artículo 111 numeral 7 antes de dar por terminada la relación de trabajo, entendiendo que el artículo 129 Constitucional que establece el derecho a la estabilidad laboral constituye uno de los principios sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho y que por ende, su ponderación y límite está relacionado con las justas causas de separación.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 111 numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 664 al 679 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 748 al 751 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del año dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticinco de marzo del año dos mil once, por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios, en el cargo de Instructor en el Centro de Capacitación Marítima Trainmar de la Empresa demandada, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que quede firme la sentencia, costas procesales y profesionales, pago del séptimo día, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Cortés en fecha veintitrés de abril de dos mil diez, promovida por la señora KAREN JOSELINE AMAYA AMAYA, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Relaciones Industriales y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en el sentido siguiente: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL TENDIENTE A QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA AL REINTEGRO AL TRABAJO EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SALARIOS EN EL CARGO DE INSTRUCTURA DEL CENTRO TRAINMAR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROMOVIDA POR LA TRABAJADORA KAREN JOSELINE AMAYA AMAYA EN CONTRA DE LA EMPRESA DENOMINADA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, TODOS DE GENERALES CONOCIDAS EN AUTOS.- EN CONSECUENCIA: CONDENA a la Empresa Nacional Portuaria 1). al reintegro de la trabajadora demandante en su puesto de trabajo en el cargo de Instructora del Centro Trainmar y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta al fecha en que de conformidad a las normas procesales se reintegre a la trabajadora en igualdad de condiciones que las que tenia al momento del despido, a titulo de daños y perjuicios; 2). Al pago de la deferencia de las vacaciones correspondientes al año 2,009-2,010 LPS. 22,443.60, diferencia de BONIFICACION DE VACACIONES: LPS. 25,919.70, HACIENDO UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (LPS.48,363.30).- CON COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició a laborar con la demandada el 16 de marzo de 2006, mediante contrato de trabajo por tiempo indefinido, desempeñándose al momento del despido en el cargo de Instructora del Centro Trainmar, en fecha 9 de abril de 2010, se le remitió nota firmada por el Jefe División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria en la que indica que su despido se sustenta porque la demandada esta realizando un proceso de reorganización de personal para elevar los niveles de servicios en el área administrativa y en virtud de que el puesto que ocupaba es de confianza, y se le notificaba que se procedería a hacerle efectivo el pago de un bono de hasta una cantidad equivalente al pago de prestaciones laborales, de conformidad al artículo III y IX del Estatuto de Empleados de confianza, despido injusto e ilegal, por no encontrarse esa razón de despido en las dispuestas en el código de trabajo, en fecha 22 de abril de 2010, se da por agotado el trámite administrativo, en vista de que la apoderada de la demandada no le dio instrucciones para acceder a una conciliación. Solicita el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo que ocupaba al momento del despido, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva, pago de séptimo día, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral, costas.- 2.- La parte demandada, EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que la Administración General actual tomó la determinación de prescindir de los servicios de la demandante, reconociéndole en la terminación contractual de sus derechos sociales en concepto de bonificación conforme al Estatuto de Empleados de Confianza y Código de Trabajo, la terminación contractual fue motivada por la Reorganización de los empleados con Categoría de Empleado de Confianza que ostentaba la demandada, por lo que en aplicación del concepto de libre administración para remover o contratar personal exclusivamente de confianza, por lo que desde el momento que fue contratada, sabe y tiene pleno conocimiento de las prerrogativas de las cuales va a gozar son completamente diferentes a los trabajadores generales por los siguientes aspectos: 1) desde que ingresa como empleado de confianza supera salarialmente a los trabajadores generales, 2) al empleado de confianza por ser una categoría superior no se le aplica el reglamento interno de trabajo, como a los trabajadores regulares, 3) se rige la relación contractual entre las partes, por el Estatuto de Empleado de Confianza el cual le otorga beneficios que superan a lo establecido en el Código de Trabajo, 4) el empleado de confianza tiene poder direccional en representación del patrono, el contrato suscrito entre la demandante y la demandada, si bien es cierto se suscribió de conformidad a los requisitos de la legislación laboral, no implica una limitación definitiva para que el patrono no pueda prescindir de los servicios de un empleado de confianza, en el presente caso la demandante no ostenta la categoría de trabajador regular por el contrario es un representante del patrono, la condición de empleado de confianza de la demandante, conforme a los fundamentos legales le otorga a la administración general de la demandadaza la facultad de reorganizar sus cuadros de trabajo en las áreas administrativas, operacional, seguridad portuaria y de control interno como lo es la Auditoria, reconociendo los derechos laborales en concepto de prestaciones sociales a las personas a las cuales no se les tome en consideración para representar al patrono en dicha reorganización como empleados de confianza.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha tres de noviembre del año dos mil diez, dictó sentencia definitiva declarando Con lugar la demanda de reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo que ocupaba al momento del despido, condena a la demandada al reintegro a su puesto, al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada en su puesto en igualdad de condiciones, pago de deferencia de vacaciones correspondientes al año 2009-2010, diferencia de bonificación de vacaciones, costas. Criterio: se constató que no existe reorganización alguna en la empresa demandada por lo que se constató que existe un nuevo instructor desempeñando las mismas funciones que la demandante en la empresa demandada al momento de efectuarse la inspección, la demandante por segunda vez reclama reintegro a sus labores por despido ilegal por ser despedida con la misma causal, lo que constituye verdadero precedente judicial aplicable al caso de autos, el hecho de ostentar un cargo de confianza no obsta para que los trabajadores con esa categoría puede ejercer acciones legales contenidas en el Código de Trabajo cuando consideren que sus derechos hayan sido violentados, se constató que solo se le pagó un remanente en concepto de vacaciones.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diez, dictó sentencia definitiva Confirmando la sentencia de primera instancia, sin costas en esta instancia. Criterio: depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto, y en el caso de autos ni la labor desarrollada por la demandante ni de la regulación que al efecto hace el Contrato Colectivo de Trabajo aparece que las funciones de la demandante estuvieran dentro del rango de empleados de confianza, pese a la denominación que la demandada le otorgara a la misma. La reorganización del personal de confianza, no es causa justa de terminación del contrato de trabajo.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA de generales ya establecidas, actuando en su condición de Apoderado de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, de generales ya señaladas y en su condición de Apoderado de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha once de abril de dos mil once, el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ actuando en su condición de Apoderado de la Señora KAREN JOSELINE AMAYA AMAYA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA actuando en su condición de apoderada de la Empresa Nacional Portuaria propone en su primer motivo de casación lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por aplicación indebida de los artículos 111 párrafo primero numeral primero y 95 numeral 19 del Código del Trabajo. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS Las normas sustantivas violadas se encuentran en los artículos 111 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo, 95 numeral 19 del Código del Trabajo”.- III.- Que en este cargo la Impetrante no formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en el defecto técnico de señalar dos formas distintas de violar la ley, como son la infracción directa entendida como la falta de aplicación y la aplicación indebida, debiendo haberlo hecho en cargos separados e independientes. En consecuencia es procedente desestimar la pretensión que encierra este primer motivo de casación.- IV.- Que en el segundo motivo se expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 111 párrafo primero y 95 numeral 19 del Código del Trabajo en relación con el artículo IX del Estatuto de los Empleados de Confianza y artículo Cláusula 2) del Contrato Colectivo, ambos de la Empresa Nacional Portuaria, por apreciación errónea de la prueba Documental que adelante singularizo, en error de hecho que conlleva a la violación de la Ley sustantiva relacionada. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1° Párrafo 2o del artículo 765 del Código del Trabajo. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: La disposición sustantiva infringida la constituye el articulo 111 párrafo primero y 95 numeral 19 del Código del Trabajo en relación con el artículo IX del Estatuto de los Empleados de Confianza y Cláusula 2 del Contrato Colectivo, ambos de la Empresa Nacional Portuaria. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Al proferir el fallo no analizó toda la prueba aportada al proceso incumpliendo así el mandato de hacer un análisis de todos los medios probatorios allegados al proceso; asimismo inobservado los principios que informan la critica de la prueba, los hechos relevantes del juicio y la conducta procesal observada por las partes, pues de haberlo hecho hubiera llegado a la verdad real de que la demandante era empleada de confianza como se consiga expresamente en el contrato de. trabajo convenido y suscrito entre las partes, regida su relación laboral por un Régimen Especial mediante el cual el Empleador esta facultado para prescindir de sus servicios con el correspondiente reconocimiento al pago de las prestaciones laborales aplicables esta categoría de empleados; la prueba documental singularizada no fue correctamente apreciada en su conjunto para poder proferir un fallo conforme a derecho, pues de haberlo hecho se hubiera aplicado en su letra y espíritu la ley que se invoca como infringida.- Honorable Tribunal Supremo, la inobservancia indicada, evidencia el error de hecho en la apreciación de la prueba en su conjunto, que aparece de manifiesto en los autos., quedando evidenciada la equivocación del juzgador al apreciar erróneamente las pruebas en su conjunto, y como consecuencia de ello llegó a la conclusión equivocada poniendo de manifiesto el error de hecho que aparece de autos violando indirecta las norma sustantiva citadas, dando lugar a la procedencia del cargo y casar la sentencia de mérito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1º, párrafo segundo del Código del Trabajo.” PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente la constituyen, los siguientes: El contrato de Trabajo suscrito con la demandante donde expresamente se consigna que ES EMPLEADA DE CONFIANZA y que aparece a folios 30, 35, fotocopias que aparecen del folio 155 al 168 de la primera pieza principal, referentes al Estatuto de los Empleados de Confianza, del Reglamento Interno de Trabajo y Contrato Colectivo de Condiciones de Trabo, todos de la Empresa Nacional portuaria, prueba documental que fue aportada al proceso y erróneamente apreciada. DISPOSICIONES ADJETIVAS INFRINGIDAS: Las disposiciones adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta la ley sustantiva las constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.”.- V.- Que en el Segundo motivo de casación la recurrente también comete el defecto técnico de acusar a la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva por infracción indirecta por apreciación errónea de la prueba singularizada, sin embargo, en el concepto de la infracción indica que la Corte de Apelaciones no analizó toda la prueba aportada al proceso, incurriendo en tal caso, en el error de técnica casacional de acusar dos formas de violar la ley, como son la falta de apreciación y la apreciación errónea de la prueba, los cuales son opuestos y contradictorios que de ninguna manera se pueden alegar en un mismo cargo. Por otra parte, esta Sala considera que el tribunal ad-quem si analizó toda la prueba en su conjunto arribando a la conclusión de que en el caso sub-judice hubo un despido ilegal e injusto.- VI.- Además la Sala considera que el objeto del debate se relaciona con una obligación legal del patrono contenida en la norma ya citada (artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo), pero para que la misma se pueda materializar debe de cumplirse con el procedimiento establecido en ella misma: “cumplir con las estipulaciones del contrato colectivo, y a falta de estas se respetaran los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones preferirán los elementos sindicalizados para que sigan trabajando”.- VII.- Aunado a lo anterior también es necesario cumplir con los procedimientos establecidos en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus artículos 13 y 14, el cual, si bien no ha sido ratificado por Honduras, es aplicable en nuestro país por ser miembro de dicha organización con base a lo establecido en el artículo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo del 18 de junio de 1998 y que para mejor entendimiento de este, se cita un párrafo del Informe realizado por la Comisión de Expertos de la OIT en cuanto la utilización del convenio 158 que trata sobre la terminación de la relación de trabajo específicamente en su obra “Protección contra el Despido Injustificado” capitulo VII “Terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos”, que establece que toda terminación de la relación de trabajo por los motivos precitados debe fundamentarse en una causa justificada, conforme lo dispuesto en el artículo 4 del citado convenio (párrafo 276 del Informe).- VIII.- En consecuencia la obligación establecida en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo debe entenderse y practicarse en armonía del contexto total de la norma interna y en consonancia con las normas internacionales del Trabajo que regulan tal situación.- IX.- En cuanto al régimen especial de los empleados de confianza solo resta decir que ninguna convención, acto, o estipulación puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos laborales de los trabajadores, refiriéndonos al Estatuto de los Empleados de Confianza, al Reglamento Interno y al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo todos vinculados al orden jurídico de la Empresa Nacional Portuaria, máxime cuando el mismo Reglamento en su artículo 3 sujeta dicho régimen especial de los empleados de confianza a la regulación de las normas especiales del Código del Trabajo, con mayor razón el patrono deberá observar el procedimiento establecido en el referido Código enmarcado en su artículo 111 numeral 7 antes de dar por terminada la relación de trabajo, entendiendo que el artículo 129 Constitucional que establece el derecho a la estabilidad laboral constituye uno de los principios sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho y que por ende, su ponderación y límite está relacionado con las justas causas de separación.- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 Y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de mayo del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha ocho de mayo del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 41-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL