Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-363-10 — Registro 1682

Resumen

Los trabajadores interpusieron la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se haga efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste salarial, en virtud de despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y costas. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de segunda instancia, que falló confirmando la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar la demanda promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que se emplace al patrono para que en juicio se pruebe la justa causa de despido, reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, argumentando que laboraban como trabajadores jornaleros desde el 1 de octubre del 2006 y que fueron cancelados el 5 de enero de 2009; la demandada, sostiene que a los demandantes se les contrató para efectuar los trabajos de limpieza, terracería, material selecto y obras de drenaje que requería el proyecto “Mantenimiento de predios de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, en distintas fechas, a partir del 1 de noviembre del 2007 al 30 de septiembre del 2008, que en su contratación no les era aplicable el contrato verbal, ofreciéndoles el pago de 2 meses de salario, no así el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 24 de Junio del 2010, que confirma el fallo definitivo de primera instancia, en el cual se declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que ha quedado acreditado en el proceso, que a las partes les unió un contrato por tiempo determinado, en consecuencia, la terminación del contrato por dicha causa, no acarrea responsabilidad alguna para las partes, cuando el demandado en ningún momento adujo dicha situación al contestar la demanda de mérito y no aparece del estudio del expediente de primera instancia, ninguna prueba que determine tal extremo, es decir, el contrato de trabajo por tiempo determinado, sino que resulta evidenciado que los demandantes fueron contratados por el sistema de proyecto por mano de obra, mediante resoluciones administrativas y que dejaron de laborar por la finalización de cada proyecto, lo cual determina que dicha sentencia resulta insuficiente en la motivación y explicación de la decisión tomada, como de la congruencia necesaria para desestimar la pretensión de la demanda de mérito.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- "

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C.,veinte de marzo de dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiocho de octubre del dos mil diez, por el Licenciado FRANCISCO FEDERICO FLORES QUIROZ, en su condición de Apoderado de los señores JOSE ISABEL PONCE, JUAN ANTONIO CRUZ BARAHONA, FRANCISCO RAMON CANIZALES, JOSE FRANCISCO AMAYA, SANTOS COELLO HENRIQUEZ, ALFONSO LOPEZ VASQUEZ, RENE ARTURO MARADIAGA ROVELO Y SIXTO MARCELINO AVILA, en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se haga efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste salarial, en virtud de despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de mayo del dos mil nueve, por los señores JOSE ISABEL PONCE, JUAN ANTONIO CRUZ BARAHONA, FRANCISCO RAMON CANIZALES, JOSE FRANCISCO AMAYA, SANTOS COELLO HENRIQUEZ, ALFONSO LOPEZ VASQUEZ, RENE ARTURO MARADIAGA ROVELO Y SIXTO MARCELINO AVILA, todos mayores de edad, casados, hondureños y de éste domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de éste domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio del dos mil diez, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de abril del dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por los señores JOSE ISABEL PONCE, JUAN ANTONIO CRUZ BARAHONA, FRANCISCO RAMÓN CANIZALES y otros. 2) ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que comenzaron a laborar para la demandada a partir del 01 de octubre del 2006, como trabajadores por jornal, por medio de contratos verbales, renovándose dichos contratos por más de tres años consecutivos, manteniéndose en los mismos puestos, cumpliendo a cabalidad con las funciones como trabajadores y fue mediante nota interna de comunicación entre jefes de personal según Oficio DGAC-REF.003-2009 de fecha 05 de enero del 2009, donde hace mención de que dicha Dirección no cuenta con el presupuesto necesario para cubrir el pago de personal, que no necesitaban más de los servicios de los demandantes y que no tenían derecho a nada.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda manifestando que se rechaza la demanda debido a que la Secretaría Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, contrató a los demandantes a partir del 01 de octubre del año 2006, como trabajadores por jornal para realizar trabajos de limpieza, terracería, material selecto y obras de drenaje que requería el Proyecto “Mantenimiento de Predios de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, del 1 de noviembre al 29 de diciembre del año 2007, del 2 de enero al 30 de junio del 2008 y posteriormente del 1 de julio al 30 de septiembre del 2008, dándose por finalizado este último contrato y por terminada también la relación laboral entre los contratantes; que la demandada les ofrece a la parte demandante el pago del salario correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2008, no así el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios adeudados ya que no les corresponden.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 13 de abril del 2010, dictó sentencia: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por los señores JOSE ISABEL PONCE, JUAN ANTONIO CRUZ BARAHONA, FRANCISCO RAMÓN CANIZALES y otros; 2) ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que nos encontramos ante un contrato de trabajo por tiempo determinado, por el cual los actores por periodos previamente establecidos, prestaban su fuerza de trabajo a cambio de un precio alzado, siendo por lo tanto una relación jurídica sometida a término en donde lo importante es el plazo establecido sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo, por lo tanto la notificación hecha por SOPTRAVI de finalización de la relación laboral, no constituye una notificación de despido verbal, sino la terminación del contrato de trabajo por la llegada del termino, la cual no acarrea responsabilidad alguna para las partes.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2010, dictó sentencia confirmando la de primera instancia venida en consulta, sin costas; bajo el criterio de que los demandantes prestaron sus servicios para el sistema de proyectos por mano de obra y que a las partes les unió un contrato por tiempo determinado, en consecuencia, la terminación del contrato por dicha causa, no acarrea responsabilidad alguna para las partes.- 5.- Mediante sentencia de fecha dos de septiembre del dos mil diez, éste Tribunal RESOLVIO: Admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SILVIA ESPERANZA COREA DE MORALES, en su condición de apoderada de los señores JOSE ISABEL PONCE, JUAN ANTONIO CRUZ BARAHONA, FRANCISCO RAMON CANIZALES, JOSE FRANCISCO AMAYA, SANTOS COELLO HENRIQUEZ, ALFONSO LOPEZ VASQUEZ, RENE ARTURO MARADIAGA ROVELO Y SIXTO MARCELINO AVILA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del dos mil diez. Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiocho de octubre del dos mil diez, compareció ante este Tribunal el Abogado FRANCISCO FEDERICO FLORES QUIROZ, de generales ya señaladas, y en su condición de Apoderado de los señores JOSE ISABEL PONCE, JUAN ANTONIO CRUZ BARAHONA y FRANCISCO RAMON CANIZALES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- Mediante auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Licenciado FRANCISCO FEDERICO FLORES QUIROZ y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8.- En fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, compareció ante este alto Tribunal de Justicia la Abogada KATY YANETH RODRIGUEZ FUNES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderada del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestando el recurso de casación.- 9.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que se emplace al patrono para que en juicio se pruebe la justa causa de despido, reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, argumentando que laboraban como trabajadores jornaleros desde el 1 de octubre del 2006 y que fueron cancelados el 5 de enero de 2009; la demandada, sostiene que a los demandantes se les contrató para efectuar los trabajos de limpieza, terracería, material selecto y obras de drenaje que requería el proyecto “Mantenimiento de predios de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, en distintas fechas, a partir del 1 de noviembre del 2007 al 30 de septiembre del 2008, que en su contratación no les era aplicable el contrato verbal, ofreciéndoles el pago de 2 meses de salario, no así el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 24 de Junio del 2010, que confirma el fallo definitivo de primera instancia, en el cual se declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que ha quedado acreditado en el proceso, que a las partes les unió un contrato por tiempo determinado, en consecuencia, la terminación del contrato por dicha causa, no acarrea responsabilidad alguna para las partes, cuando el demandado en ningún momento adujo dicha situación al contestar la demanda de mérito y no aparece del estudio del expediente de primera instancia, ninguna prueba que determine tal extremo, es decir, el contrato de trabajo por tiempo determinado, sino que resulta evidenciado que los demandantes fueron contratados por el sistema de proyecto por mano de obra, mediante resoluciones administrativas y que dejaron de laborar por la finalización de cada proyecto, lo cual determina que dicha sentencia resulta insuficiente en la motivación y explicación de la decisión tomada, como de la congruencia necesaria para desestimar la pretensión de la demanda de mérito.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 24 de Junio del 2010, visible a folios 12 y 13 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de Abril del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 363-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL