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Sentencia CL-360-11 — Registro 2291

Resumen

La parte recurrente presentó demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones que le corresponden por despido directo e injustificado; la segunda instancia falló revocando la sentencia que se conoce en consulta en el sentido de declarar sin lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 29 de Junio de 2011, que REVOCO la sentencia que conocía en consulta y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha 16 de mayo de 2011, la cual, ha declarado con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones, reajuste de salario, salarios adeudados, salarios caídos y costas del juicio y condeno a la demandada Municipalidad de San Antonio Cortes al pago de los conceptos a favor del trabajador; revocatoria dictada bajo el criterio que para que exista contrato de trabajo se requiere que existan los elementos esenciales en la relación (actividad personal del trabajador, continuada subordinación o dependencia y salario como retribución del servicio) con lo cual establece que el trabajador laboraba como vigilante en la Escuela 18 de Noviembre y por ende estaba sujeto a la subordinación de la misma y por otra parte establece que con la prueba aportada quedo acreditado que la demandada colaboraba con la referida escuela para el pago del salario del demandante y que lo hacía a través del Director de la Escuela y no directamente.- VII.- En dicha motivación insuficiente no deja ver como llego a ese convencimiento ni desarrolla con exactitud la valoración de la prueba aportada, más aún cuando en el presente caso la parte demandada no ha objetado por los medios procesales a su alcance y en los momentos procesales oportunos la existencia o no del contrato de trabajo, salvo los alegatos finales de la demandada formulados sobre extremos no debatidos en juicio, así como tampoco sometió al contradictorio su situación de colaboradora con la referida escuela, lo cual produce incongruencia en el caso sub judice y provoca la inseguridad jurídica y violación de principios y derechos constitucionales.- VIII.- Las sentencias que han de resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo, la motivación insuficiente por parte del Juzgador en el fallo impugnado, con evidente carencia de congruencia en el mismo provoca nulidad.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de noviembre del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha siete de octubre de dos mil once, por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderada del señor SANTOS ANDRES GARCÍA MADRID; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones que le corresponden por despido directo e injustificado, reajuste salarial, salarios adeudados, salarios caídos y las costas del juicio, interpuesta ante el entonces Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticuatro de julio de dos mil ocho, por el señor SANTOS ANDRES GARCIA MADRID, mayor de edad, casado, vigilante, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES, por medio de su Alcalde Municipal en ese entonces señora ZOILA ROSA HERNANDEZ MORENO, mayor de edad, casada, Enfermera Auxiliar, hondureña y con domicilio en el Municipio de San Antonio de Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REVOCANDO la sentencia que se conoce en consulta, dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil once, por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en el sentido de declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor SANTOS ANDRES GARCIA MADRID, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES, en consecuencia, ABSOLVIÓ a la demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a laborar con la demandada en fecha 1 de octubre de 1999, como vigilante de la Escuela 18 de noviembre; que el 31 de enero de 2008, fue despedido verbalmente por la Alcaldesa Municipal de San Antonio de Cortés, sin expresarle ninguna causa que fundamentara el despido, sino que únicamente le manifestó que ya no quería que continuara realizando el trabajo de vigilante, situación ésta que constituye un despido ilegal e injusto, ya que no existe causa justa para dar por terminada la relación laboral, agotándose el trámite administrativo respectivo sin llegar a un arreglo conciliatorio.- 2.- La parte demandada, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES, contestó dicha demanda señalando que se rechazan los hechos y omisiones de la demanda por ser improcedentes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciséis de mayo de dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito y condenó a la demandada a pagar al demandante la cantidad de Lps.74,591.85, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas y proporcional, decimotercer mes causado y proporcional, decimocuarto mes causado y proporcional, ajuste al salario mínimo 435 días, salario adeudado 45 días, salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio de que la demandada no probó en juicio la causa justa para dar por terminada la relación de trabajo y siendo que consta en autos que el trabajador devengaba cantidad inferior al salario mínimo vigente por tal razón procede condenar a la demandada al pago por dicho concepto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintinueve de junio de dos mil once, dictó sentencia revocando la de primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió a la demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio; bajo el criterio de que el demandante laboraba como vigilante en la escuela 18 de Noviembre y por ende estaba sujeto a la subordinación de la misma, y que con la prueba aportada ha quedado acreditado que la demandada colaboraba con la referida escuela para el pago del salario del demandante, quién lo hacía a través del Director de la escuela, y no directamente con el demandante, si bien, el Inspector del Trabajo hizo constar lo relatado por el Vice Alcalde, en cuanto al despido del demandante, prueba ésta sujeta a la valoración del conjunto de medios de prueba aportados en juicio, que no se aprecian establecidos los elementos esenciales que caracterizan el contrato de trabajo con el ente demandado, pues sólo cuando ha sido probada la concurrencia de tales elementos, quedan reconocidos los beneficios que la legislación laboral otorga al trabajador subordinado.- 5.- Mediante sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada del señor SANTOS ANDRES GARCÍA MADRID, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- En fecha siete de octubre de dos mil once, compareció ante éste Tribunal la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA, actuando en su condición de apoderada del señor SANTOS ANDRES GARCÍA MADRID, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- En fecha siete de octubre de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha siete de noviembre de dos mil once, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada GLADIS ESMERALDA DEL CID NIETO, apoderada de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 29 de Junio de 2011, que REVOCO la sentencia que conocía en consulta y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha 16 de mayo de 2011, la cual, ha declarado con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones, reajuste de salario, salarios adeudados, salarios caídos y costas del juicio y condeno a la demandada Municipalidad de San Antonio Cortes al pago de los conceptos a favor del trabajador; revocatoria dictada bajo el criterio que para que exista contrato de trabajo se requiere que existan los elementos esenciales en la relación (actividad personal del trabajador, continuada subordinación o dependencia y salario como retribución del servicio) con lo cual establece que el trabajador laboraba como vigilante en la Escuela 18 de Noviembre y por ende estaba sujeto a la subordinación de la misma y por otra parte establece que con la prueba aportada quedo acreditado que la demandada colaboraba con la referida escuela para el pago del salario del demandante y que lo hacía a través del Director de la Escuela y no directamente.- VII.- En dicha motivación insuficiente no deja ver como llego a ese convencimiento ni desarrolla con exactitud la valoración de la prueba aportada, más aún cuando en el presente caso la parte demandada no ha objetado por los medios procesales a su alcance y en los momentos procesales oportunos la existencia o no del contrato de trabajo, salvo los alegatos finales de la demandada formulados sobre extremos no debatidos en juicio, así como tampoco sometió al contradictorio su situación de colaboradora con la referida escuela, lo cual produce incongruencia en el caso sub judice y provoca la inseguridad jurídica y violación de principios y derechos constitucionales.- VIII.- Las sentencias que han de resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo, la motivación insuficiente por parte del Juzgador en el fallo impugnado, con evidente carencia de congruencia en el mismo provoca nulidad..- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 29 de Junio de 2011, visible a folios 5 al 7 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de Diciembre del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 360-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL