Sentencia CL-352-11 — Registro 1831
Resumen
En primera instancia se declaro con lugar la sentencia y se ordeno el reintegro de los señores Fidelina Raudales Andino, Carlos Eugenio Castro Izaguirre, Hector Manuel Ordoñez, Erika Padgett Mazzony, Antonia Rodriguez Sanchez, Felipe Heriberto Amaya Rodriguez, Gloria Argentina Tercero Herrera Y Juan Carlos Barahona Solórzano. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia que reformo parcialmente lo declarado por el juzgado de trabajo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo en la forma expuesta adolece de los defectos técnicos siguientes: a) la norma señalada como violada no tiene el carácter de sustantiva, siendo de naturaleza adjetiva, por ende inviolable para los efectos de este recurso extraordinario, b) omite indicar las normas procesales que en su caso sirvieron de medio para la violación alegada. c) Tampoco individualizó el o los medios probatorios que indirectamente llevaron al juzgador a la violación de la norma. Los defectos ante relacionados impiden la prosperidad del motivo.- IV.- Que si bien es cierto este Tribunal no puede suplir las deficiencias de la impetrante en la formulación del recurso de casación, aspecto que le impide conocer del fondo del asunto, no es menos cierto que lo decidido en relación al demandante señor Carlos Eugenio Castro, se aparta, sin motivación que la justifique, de la línea jurisprudencial mantenida hasta el momento por esta Corte en relación a los convenios de mutuo acuerdo para la terminación de la relación de trabajo suscritos entre las partes, en los cuales se ha señalado que son válidos en tanto no se demuestre que se haya afectado el libre consentimiento de las mismas.- V.- Por lo anteriormente expuesto el recurso de mérito interpuesto resulta inestimable en su primer y único motivo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de junio del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha treinta de septiembre de dos mil once, por la Abogada FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro, pago de los salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio de dos mil diez, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores FIDELINA RAUDALES ANDINO, casada, Perito Mercantil y Contador Público, CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, soltero, motorista, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ, soltero, motorista, ERIKA PADGETT MAZZONY, casada, Licenciada en Administración de Empresas, ANTONIA RODRIGUEZ SANCHEZ, casada, Perito Mercantil y Contador Público, FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ, casado, Perito Mercantil y Contador Publico, GLORIA ARGENTINA TERCERO HERRERA, casada, Licenciada en Trabajo Social y JUAN CARLOS BARAHONA SOLORZANO, soltero, motorista, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, Periodista, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló: 1.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, apoderado demandante y declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA, apoderada demandada.- 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 01 de febrero del año 2011, en cuanto al numero tres y cuatro de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia: a) Declara CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en representación de los señores CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, ERIKA PADGETT MAZZONY y JUAN CARLOS BARAHONA SOLORZANO, en cuanto al reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; b) CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a reintegrar a los trabajadores CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, ERIKA PADGETT MAZZONY y JUAN CARLOS BARAHONA SOLORZANO, y al pago de los salarios dejados de percibi”.; Que el A-quo en la parte resolutiva de su sentencia, dice: 1) Declarar CON LUGAR la demanda promovida por los señores FIDELINA RAUDALES ANDINO, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ, ANTONIA RODRIGUEZ SANCHEZ, FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ y GLORIA TERCERO HERRERA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en cuanto al reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; 2) CONDENÓ a la institución demandada por dichos conceptos, sin costas en ambas instancias.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron a laborar para el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO(INJUPEMP) desde el mes de febrero del año 2006, en distintos cargos descritos así: FIDELINA RAUDALES ANDINO, como Jefe del Departamento de Registro y Afiliación, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ y JUAN CARLOS BARAHONA, motoristas, ERIKA PADGETT MAZZONY, Jefa del Departamento de Préstamos Personales, ANTONIA RODRIGUEZ SANCHEZ, Jefa del Departamento de Cartera y Cobro, FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ, Jefe del Departamento de Vivienda, GLORIA TERCERO HERRERA, Jefe del Departamento de Sociales y CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, Programador de computación, realizando sus labores con eficiencia, esmero y responsabilidad, no obstante lo anterior de manera intempestiva fueron notificados de la terminación de la relación laboral, sin invocarles causas o motivos jurídicamente válidos, de las establecidas en los artículos 97, 98, 111 y 112 del Código del Trabajo y el Contrato Colectivo vigente y ello porque no incurrieron en faltas que justifiquen por parte del empleador los despidos de mérito, asimismo en el caso del señor CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, le notificaron del despido como a los demás con la diferencia de que le hicieron firmar una acta especial de terminación de contrato de trabajo, sin percatarse del contenido de la misma, pretendiendo hacer lo mismo con los demás demandantes, por lo que se negaron a firmar dicha acta, ya que para que tenga validez dicho documento debió hacerse ante autoridad competente en aplicación del artículo 379 del Código del Trabajo.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que se determinó separar de los cargos que venían desempeñando los demandantes, ya que al momento de las contrataciones, los demandantes aceptaron las condiciones y la naturaleza de la contratación en el puesto en que fueron nombrados y en el momento de la terminación laboral no era necesario mencionar ninguna causal o seguirles algún procedimiento mediando el derecho de defensa tal como lo plantean los demandantes, ya que el demandado les está reconociendo en un 100% de sus derechos y prestaciones laborales, fundamentándose dicha determinación en los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo y en cuanto al trabajador CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, la relación fue finalizada por mutuo consentimiento de las partes mediante acta especial de terminación de contrato de trabajo, efectivo a partir del 23 de febrero del 2010.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero de dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda laboral, en cuanto a reintegrar a los señores FIDELINA RAUDALES ANDINO, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ, ANTONIA RODRIGUEZ SANCHEZ, FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ y GLORIA TERCERO HERRERA, al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; asimismo, declaró SIN LUGAR la demanda laboral en cuanto al reintegro de los señores JUAN CARLOS BARAHONA, ERIKA PADGETT MAZZONY y CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto el demandado tiene atribuciones para contratar y despedir su personal, pero lo que debe hacer dentro del marco de la legalidad es señalar una justa causa para el despido y que previo a ello le de cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo en cuanto al despido de un trabajador, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de reintegro promovida por los señores FIDELINA RAUDALES ANDINO, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ, ANTONIA RODRIGUEZ SANCHEZ, FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ y GLORIA TERCERO HERRERA; que en cuanto a los demandantes ERIKA PADGETT MAZZONY y JUAN CARLOS BARAHONA, no se acreditó en autos el despido de ellos, el cual es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito y que en cuanto al demandante CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, consta en autos que firmó una acta especial de terminación de contrato de trabajo, en donde se acepta el pago del 100% de sus derechos y prestaciones laborales.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de abril de dos mil once, dictó sentencia reformando la proferida por el A-quo, en cuanto al número tres y cuatro de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de: a) Declarar CON LUGAR la demanda de mérito, en cuanto al reintegro de los trabajadores CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, ERIKA PADGETT MAZZONY y JUAN CARLOS BARAHONA SOLORZANO, al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; b) condenando a la institución demandada, al reintegro de los trabajadores antes mencionados y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio de que consta en el escrito de la contestación de la demanda, en el hecho primero, acepta que existió una relación laboral con los demandantes mediante contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado y en el hecho segundo acepta de igual manera que el INJUPEMP determinó separar de los cargos que venían desempeñando los señores FIDELINA RAUDALES ANDINO, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ, ANTONIA RODRIGUEZ SANCHEZ, FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ, GLORIA TERCERO HERRERA, ERIKA PADGETT MAZZONY y JUAN CARLOS BARAHONA y que si bien es cierto que el señor CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, dicha relación de trabajo fue finalizada por mutuo consentimiento pero no es menos cierto que la parte demandada no acreditó en juicio haberle cancelado el 100% de sus prestaciones y a la vez porque ya había sido despedido el 22 de febrero del 2010.- 5.- Mediante sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha treinta de septiembre de dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA, de generales ya señaladas y en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- En fecha treinta de septiembre de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha trece de octubre de dos mil once, el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de apoderado de los señores FIDELINA RAUDALES ANDINO, CARLOS EUGENIO CASTRO IZAGUIRRE, HECTOR MANUEL ORDOÑEZ y otros.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-Quem.- II.- Que la recurrente Abogada FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA formula su único motivo de la manera siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCION INDIRECTA DEL ARTICULO 765 PARRAFO PRIMERO Y DEMAS APLICABLES DEL CODIGO DEL TRABAJO VIGENTE, POR FALTA DE APRECIACION POR ERROR DE HECHO QUE APARECE DE MANIFIESTO EN LOS AUTOS, ADMITIDO A LA PARTE DEMANDADA EN EL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código del Trabajo, con relación a la falta de apreciación de determinada prueba.”.- III.- Que el cargo en la forma expuesta adolece de los defectos técnicos siguientes: a) la norma señalada como violada no tiene el carácter de sustantiva, siendo de naturaleza adjetiva, por ende inviolable para los efectos de este recurso extraordinario, b) omite indicar las normas procesales que en su caso sirvieron de medio para la violación alegada. c) Tampoco individualizó el o los medios probatorios que indirectamente llevaron al juzgador a la violación de la norma. Los defectos ante relacionados impiden la prosperidad del motivo.- IV.- Que si bien es cierto este Tribunal no puede suplir las deficiencias de la impetrante en la formulación del recurso de casación, aspecto que le impide conocer del fondo del asunto, no es menos cierto que lo decidido en relación al demandante señor Carlos Eugenio Castro, se aparta, sin motivación que la justifique, de la línea jurisprudencial mantenida hasta el momento por esta Corte en relación a los convenios de mutuo acuerdo para la terminación de la relación de trabajo suscritos entre las partes, en los cuales se ha señalado que son válidos en tanto no se demuestre que se haya afectado el libre consentimiento de las mismas.- V.- Por lo anteriormente expuesto el recurso de mérito interpuesto resulta inestimable en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) Exhortar a los Magistrados del Tribunal Ad-quem para que emitan su voto particular por escrito cuando disientan del fallo. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de junio del dos mil doce; Certificación de la sentencia de fecha cinco de junio del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 352-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL