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Sentencia CL-229-11 — Registro 1810

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido directo e injustificado, reajuste de salario originado por el incumplimiento al Arancel de ingenieros siendo declarada ha lugar y revocada parcialmente en segunda instancia e interponiendo el presente recurso contra dicha sentencia absolutoria a favor de la demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 15 de Marzo del 2011, reforma el fallo definitivo de primera instancia, confirmando los numerales 1, 4, y 5 de la parte dispositiva de la sentencia y revocando parcialmente los numerales 2 y 3, consecuentemente declarando sin lugar la demanda para el reajuste de salario, así como los salarios dejados de percibir, y absolviendo a la demandada ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), de condena al pago de dichos conceptos, bajo el criterio que hubo ofrecimiento por la demandada, para con el trabajador FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ de pagarle todo lo concerniente a sus prestaciones e indemnizaciones laborales, pero el demandante se negó y no quiso tomarlas, alegando que éstas deberían ser pagadas conforme con lo que dispone el Arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, pero el Tribunal ad quem tuvo por demostrado que no procede la aplicación de dicho arancel y considera que el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia es improcedente, porque como ya se dijo, el patrono ofreció oportunamente las prestaciones al demandante.- VII.- Que en dicha resolución claramente se aprecia que al revocar parcialmente el fallo impugnado en sus numerales 2 y 3, no hace pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la demanda en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas en virtud del despido directo e injustificado, aun cuando señala que su revocatoria es parcial deviene obligado a precisar, lo que deja subsistente como consecuencia de la revocatoria, condenando o absolviendo a la demandada.- VIII.- Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.- IX.- Que si el patrono no alegó ni probó la justa causa en que se fundó el despido, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que de conformidad a la Ley le puedan corresponder y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de julio del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de agosto del dos mil once, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio, en su condición de apoderado del Señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido directo e injustificado, reajuste de salario originado por el incumplimiento al Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, pago de salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha que sea firme la sentencia condenatoria y costas del juicio, interpuesta el siete de mayo del dos mil cuatro, ante el Juzgado de Letras primero del Trabajo de Francisco Morazán, por el Señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por medio de su Alcalde Municipal en ese entonces Señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, mayor de edad, casado, Licenciado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha quince de marzo del dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha 26 de octubre del 2010 que corre agregada a folios 223,224, 225, 226 y 227 de la primera pieza de autos en la forma siguiente; 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado EDUARDO ALEJANDRO ANDINO CARDONA, actuando en su condición de Apoderado demandado-Apelante. 2) CONFIRMAR los numerales 1, 4 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia.- 3)REVOCAR PARCIALMENTE, los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia: I.- DECLARAR SIN LUGAR la Demanda ordinaria laboral para el REAJUSTE DE SALARIO ORIGINADO POR EL INCUMPLIMIENTO AL RANCEL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, así como de los SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE SEA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, promovida por el señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), a través del Alcalde Municipal señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS.- ABSUELVE a la demanda, la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), a través del Alcalde Municipal, Señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS del pago de la cantidad de UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.1,116,217.75) concepto de REAJUSTE SALARIAL DE LOS ULTIMOS DOS AÑOS LABORADOS, así como de los SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE SEA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA.”.- Sin costas en ambas instancias. Que el Juez A-quo en la parte resolutiva de la sentencia declaró con lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste de salario originado por el incumplimiento al Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y salarios dejados percibir, condena a la Alcaldía Municipal del Distrito Central al pago de L.1,436,760.13.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en fecha 04 de febrero del 2002, mediante acuerdo de nombramiento número 007-2002, en el puesto de Asesor de Pavimentación de Colonias, devengando un salario mensual de L.41,035.00, que fue despedido en fecha 25 de febrero del 2004, mediante nota por escrito sin invocarle causal alguna, que el demandante se avocó a las Oficinas del Ministerio del Trabajo a efecto de llegar a un arreglo conciliatorio, en donde se dio por agotado el mismo, pues la demandada no se hizo presente a las audiencias correspondientes, SOLICITA pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste de salario, pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio.- 2.- La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL contestó dicha demanda señalando que acepta parcialmente los hechos apoyándose la defensa en lo siguiente: la decisión de dar por terminada la relación de trabajo fue adoptada por la demandada, con fundamento en motivo valido el cual al tenor de lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo será alegado validamente en el juicio, por lo que no exime al empleador de pagar al trabajador los derechos e indemnizaciones que le corresponden de la relación laboral cuya cuantía se establece invocando las disposiciones del Código del Trabajo que son aplicables, obligación que la demandada esta dispuesta a cumplir sin que excedan los derechos que la ley le otorga.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 26 de octubre del 2010, dictó sentencia definitiva mediante la cual “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR al EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION opuesta por el Apoderado legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Centra, contra la demanda ordinaria laboral que para el pago de prestaciones laborales le ha promovido el señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ; 2.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral que para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo e injustificado, reajuste de salario originado por el incumplimiento al Arancel del Colegio de ingenieros Civiles de Honduras, pago de salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha que sea firme la sentencia condenatoria; promovida por el señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ, de generales expresadas; contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través de su Alcalde Municipal RICARDO ANTONIO ALVAREZ también de generales expresadas. 3.- Condena a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, representada por el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, de generales expresadas pagar al señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ, de generales expresadas la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (Lps.1,436,760.13) en concepto de preaviso Lps.135,511.84; Auxilio de Cesantía Lps.135,511.84; auxilio de cesantía proporcional Lps. 1,619.10; Vacaciones proporcionales Lps.1,128.74; Aguinaldo proporcional Lps.8,866.33; Décimo cuarto Mes Proporcional Lps.37,904.53; Al pago de Reajuste Salarial de los dos últimos dos años laborados Lps. 1,116,217.75. Mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. 4. SIN LUGAR el reclamo de Bono Educativo pretendido por el señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ de generales conocidas contra; la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL representada por RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS de generales conocidas; en consecuencia ABSUELVE a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de su Alcalde Municipal RICARDO ANTONIO ALVARES de pagar al señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS dicha pretensión. 5.- SIN COSTAS en esta instancia.” Bajo el criterio que se ha probado en juicio de manera irrefutable con las pruebas aportadas que el despido es ilegal e injustificado de que fue objeto el trabajador demandante por parte de su empleador; por consiguiente le asiste el derecho a que se le haga el reajuste salarial y el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con el salario establecido en el Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, dada la naturaleza, requisitos y responsabilidades del cargo; la parte demandada en cambio no acreditó haber tenido motivo justo para proceder a dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral: consecuentemente procede declarar con lugar la demanda de merito; así mismo declara sin lugar la excepción perentoria de falta de acción opuesta por el apoderado demandado, en el sentido de que el apoderado excepcionante censura que el Arancel no es Ley, situación que ya planteo en el Recurso de Inconstitucionalidad, resuelto por la Corte Suprema de Justicia.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo del 2011 dictó sentencia definitiva, mediante la cual “FALLA: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha 26 de octubre del 2010 que corre agregada a folios 223,224, 225, 226 y 227 de la primera pieza de autos en la forma siguiente; 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado EDUARDO ALEJANDRO ANDINO CARDONA, actuando en su condición de Apoderado demandado-Apelante. 2) CONFIRMAR los numerales 1, 4 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia.- 3)REVOCAR PARCIALMENTE, los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia: I.- DECLARAR SIN LUGAR la Demanda ordinaria laboral para el REAJUSTE DE SALARIO ORIGINADO POR EL INCUMPLIMIENTO AL RANCEL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, así como de los SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE SEA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, promovida por el señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), a través del Alcalde Municipal señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS.- ABSUELVE a la demanda, la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), a través del Alcalde Municipal, Señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS del pago de la cantidad de UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.1,116,217.75) concepto de REAJUSTE SALARIAL DE LOS ULTIMOS DOS AÑOS LABORADOS, así como de los SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE SEA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA.- 4) SIN COSTAS en esta sentencia.” Bajo el criterio que con las pruebas presentadas y evacuadas en su oportunidad, se concluyó que al demandante probó el despido ilegal e injustificado de que fue objeto, por lo cual se hace acreedor el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad al acuerdo No. 0007-2002 de fecha 1 de febrero del 2007, aceptado por el demandante, conforme a lo anterior claramente establece que hubo ofrecimiento por la demandada para con el trabajador, pagarle todo lo concerniente a sus prestaciones e indemnizaciones laborales, pero el trabajador se negó y no quiso tomarlas, alegando que deberían ser conforme con lo que dispone el Arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, pero como se demostró anteriormente no procede, por lo que el Tribunal considera que el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia considera improcedente, porque como ya se dijo, el patrono ofreció oportunamente las prestaciones al demandante.- 5.- Que mediante sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil once, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, actuando en su condición de Apoderado del Señor FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha tres de agosto del dos mil once, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su recurso de casación laboral, presentó dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha tres de agosto del dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintitrés de agosto del dos mil once, el Abogado EDUARDO ALEJANDRO ANDINO CARDONA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 15 de Marzo del 2011, reforma el fallo definitivo de primera instancia, confirmando los numerales 1, 4, y 5 de la parte dispositiva de la sentencia y revocando parcialmente los numerales 2 y 3, consecuentemente declarando sin lugar la demanda para el reajuste de salario, así como los salarios dejados de percibir, y absolviendo a la demandada ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), de condena al pago de dichos conceptos, bajo el criterio que hubo ofrecimiento por la demandada, para con el trabajador FRANCISCO HUMBERTO PRATS GOMEZ de pagarle todo lo concerniente a sus prestaciones e indemnizaciones laborales, pero el demandante se negó y no quiso tomarlas, alegando que éstas deberían ser pagadas conforme con lo que dispone el Arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, pero el Tribunal ad quem tuvo por demostrado que no procede la aplicación de dicho arancel y considera que el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia es improcedente, porque como ya se dijo, el patrono ofreció oportunamente las prestaciones al demandante.- VII.- Que en dicha resolución claramente se aprecia que al revocar parcialmente el fallo impugnado en sus numerales 2 y 3, no hace pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la demanda en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas en virtud del despido directo e injustificado, aun cuando señala que su revocatoria es parcial deviene obligado a precisar, lo que deja subsistente como consecuencia de la revocatoria, condenando o absolviendo a la demandada.- VIII.- Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.- IX.- Que si el patrono no alegó ni probó la justa causa en que se fundó el despido, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que de conformidad a la Ley le puedan corresponder y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo esta sección judicial, en fecha 15 de Marzo del 2011, visible a folios doce (12) al quince (15) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de julio del dos mil doce; Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de julio del dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación número 229-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL