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Sentencia CL-193-11 — Registro 1804

Resumen

El recurrente (trabajador) interpuso demandana para el reintegro a su puesto de trabajao en iguales o mejores condiciones. En primer instancia se falló a favor de las pretensiones del trabajador y en segunda instancia se confirmó el fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Que el requisito indispensable para que pueda prosperar el recurso de casación por la vía indicada es la cita concreta de la norma sustantiva que se considera no fue aplicada y en el caso de mérito una de las disposiciones citadas como violadas, el artículo 46 del Código del Trabajo, no reviste esa condición ya que la misma es de carácter conceptual y no sustantivo y tampoco tiene incidencia en el fondo del asunto. Además la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11) y siendo que en el presente caso, la permanencia o no del trabajador forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, no siendo por tanto un hecho aceptado por las partes, en consecuencia no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía, por lo cual el cargo resulta inadmisible.- IV.- Que la casación por infracción de ley se encamina a depurar los errores que se producen al seleccionar o interpretar la norma sustantiva que ha de aplicarse al caso concreto; por ello, el recurso de casación bajo esta modalidad requiere suma claridad en la exposición de los motivos y precisión absoluta en las citas legales, de manera que en la demanda aparezca, sin contradicciones ni confusiones, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la fijada en la sentencia que se impugna. En el caso sub júdice, además de que la impetrante señala entre los preceptos infringidos uno que no tiene el carácter de sustantivo, tampoco ilustra a este Tribunal la manera en que el juzgador debió aplicar las normas citadas como supuestamente mal aplicadas por aquél, formulando así un cargo defectuoso que impide a este Alto Tribunal profundizar el análisis del fallo censurado, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- V. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran el único motivo de casación..."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de junio del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de agosto del año dos mil once, por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), en relación a la demanda ordinaria para el reintegro al trabajo, en virtud del despido directo ilegal, arbitrario e injusto, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, en fecha once de junio de dos mil diez, promovida por el señor SIRIACO CASTILLO ORTIZ, mayor de edad, casado, Guardia de Seguridad, hondureño, con domicilio en el municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General en ese entonces Señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño, y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés .- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL TENDIENTE A QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA AL REINTEGRO AL TRABAJO EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SALARIOS DEL TRABAJADOR DEMANDANTE SIRIACO CASTILLO ORTIZ EN EL CARGO DE GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE, MAS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE PROCEDA EL REINTEGRO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE, PROMOVIDA POR EL TRABAJADOR SIRIACO CASTILLO ORTIZ EN CONTRA DE LA EMPRESA DENOMINADA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, TODOS DE GENERALES CONOCIDAS EN AUTOS.- EN CONSECUENCIA: CONDENA a la empresa demandada: 1.-AL REINTEGRO DEL TRABAJADOR SIRIACO CASTILLO ORTIZ EN EL CARGO DE GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE; 2.- AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA Y SE HAGA EFECTIVO EL REINTEGRO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició sus labores mediante contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, el siete de diciembre del dos mil siete, como Guardia de Protección Portuaria; en fecha 14 de mayo del 2010 el señor OSCAR ARMANDO LOPEZ POSADAS en su condición de Jefe de la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria le entregó nota de despido donde indicaba que a partir del 14 de mayo del 2010, se da por terminada la relación laboral en el cargo de confianza de guardia de protección portuaria, en el Puerto de San Lorenzo, Valle, expresando como motivo que la actual administración está realizando un proceso de reorganización en el personal en la unidad de protección portuaria para elevar niveles de seguridad y servicio y que el cargo que ocupaba era de confianza; luego de su despido fueron contratados 6 guardias lo cual es contradictorio al motivo expresado para el despido.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que no se ha despedido al demandante en virtud de que la administración actual tomó la determinación de prescindir de los servicios del demandante reconociéndole sus derechos laborales conforme al estatuto de empleados de confianza; esta terminación fue motivada por la reestructuración de empleados con categoría de confianza y la reducción del 20% del presupuesto, aunque se suscribió de conformidad con los requisitos de la legislación laboral, no implica una limitación definitiva para que el patrono no pueda prescindir de los servicios de un empleado de confianza.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha veintisiete de enero del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando: con lugar la demanda ordinaria laboral, condena a la empresa demandada: 1.-al reintegro del trabajador Siriaco Castillo Ortiz en el cargo de guardia de protección portuaria en la unidad de protección portuaria en el Puerto de San Lorenzo, Departamento de Valle; 2.- al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva y se haga efectivo el reintegro del trabajador demandante.- Sin costas. Bajo el criterio que el demandado invoca una causal de despido inexistente en el Código de Trabajo como ser el reajuste de personal y no se ha acreditado que existió tal reorganización que motivó al despido, sino que única, lisa y llanamente la sustitución de unos empleados por otros, al haberse constatado que la Empresa Nacional Portuaria ha incrementado el número de contrataciones bajo una nueva administración.- 4.- La Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortès, en fecha catorce de abril del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando no ha lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia proferida por el A-quo y sin costas, bajo el criterio que la estabilidad laboral es un precepto constitucional y al invocar la reestructuración de personal se debe de comprobar la existencia real de dichos cambios al igual la motivación del despido no está apegada a las causales que estipula el Código del Trabajo para realizar el despido, la empresa demandada para negarse a reintegrar al trabajador tiene que ser de confianza y probar dicha categoría no solo por sus funciones.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortès de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha cinco de agosto de dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, de generales ya señaladas y en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda con un motivo de casación, por lo que mediante proveido de la misma fecha, se admitió el escrito, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha diecinueve de agosto del dos mil once, el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado del señor SIRIACO CASTILLO ORTIZ.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, en su único motivo de casación propone lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 46 literal b) y 111 párrafo primero numeral primero, 117 del Código del Trabajo en relación con los artículos 13 y 15 del Reglamento de Escalafón de la Empresa Nacional Portuaria. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo”.- III.- Que el requisito indispensable para que pueda prosperar el recurso de casación por la vía indicada es la cita concreta de la norma sustantiva que se considera no fue aplicada y en el caso de mérito una de las disposiciones citadas como violadas, el artículo 46 del Código del Trabajo, no reviste esa condición ya que la misma es de carácter conceptual y no sustantivo y tampoco tiene incidencia en el fondo del asunto. Además la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11) y siendo que en el presente caso, la permanencia o no del trabajador forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, no siendo por tanto un hecho aceptado por las partes, en consecuencia no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía, por lo cual el cargo resulta inadmisible.- IV.- Que la casación por infracción de ley se encamina a depurar los errores que se producen al seleccionar o interpretar la norma sustantiva que ha de aplicarse al caso concreto; por ello, el recurso de casación bajo esta modalidad requiere suma claridad en la exposición de los motivos y precisión absoluta en las citas legales, de manera que en la demanda aparezca, sin contradicciones ni confusiones, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la fijada en la sentencia que se impugna. En el caso sub júdice, además de que la impetrante señala entre los preceptos infringidos uno que no tiene el carácter de sustantivo, tampoco ilustra a este Tribunal la manera en que el juzgador debió aplicar las normas citadas como supuestamente mal aplicadas por aquél, formulando así un cargo defectuoso que impide a este Alto Tribunal profundizar el análisis del fallo censurado, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- V. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil doce; Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de junio del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 193-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL