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Sentencia CL-190-10 — Registro 19883

Resumen

En la demanda ordinaria laboral contraída a pedir que el patrono pruebe la justa causa de un despido, surge controversia por competencia, entre el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Esta Sala de lo laboral declara competente al Juzgado de Letras Primero del Trabajo, ya que la jurisdicción contencioso-administrativa, no puede conocer de ciertos asuntos, y el único facultado que puede declarar la existencia o no de una relación de trabajo permanente es el Juez de Letras del Trabajo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...La base del debido proceso se encuentra plasmada en de , la cual dispone que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. La facultad de impartir justicia reside en el cuerpo de jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encuentra delimitado por normas legales de competencia; como consecuencia de ello, todos los jueces y magistrados tiene jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer de un determinado asunto; en tal sentido, la ley también establece los modos en que deben ser tramitadas las cuestiones controvertidas que se promuevan al respecto...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...La base del debido proceso se encuentra plasmada en de , la cual dispone que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. La facultad de impartir justicia reside en el cuerpo de jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encuentra delimitado por normas legales de competencia; como consecuencia de ello, todos los jueces y magistrados tiene jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer de un determinado asunto; en tal sentido, la ley también establece los modos en que deben ser tramitadas las cuestiones controvertidas que se promuevan al respecto...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...De los hechos alegados en la demanda lo que se desprende, es que del vínculo contractual que existía entre la demandante y el Estado de Honduras, surgió una relación de trabajo permanente y el derecho a prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado. Por un lado, está el convenio suscrito por las partes, que podría entrar o no a la categoría de los contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos aludidos en de Contratación del Estado; y, por el otro, está el Derecho Çonstitucional al trabajo y a la estabilidad laboral, como la posibilidad de que, en virtud de esa relación contractual, la demandante haya adquirido el carácter de empleada o trabajadora.- Por su parte, la demandada invoca que los contratos se encuentran regulados por el Derecho Administrativo...´´

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Este asunto no es justiciable en vía contencioso-administrativa, pues la demandante plasma en su demanda elementos fácticos y jurídicos que no pueden ser dirimidos a través del procedimiento especial en materia personal que regula dicha jurisdicción. Estos elementos deben ser sometidos a un estudio que sólo puede realizar un juzgador que, con el mérito de lo actuado, pueda declarar la existencia o no de una relación de trabajo permanente y el único facultado para ello es el juez de letras del trabajo...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

General de de Justicia; Certifica: que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de marzo de dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha doce de abril de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en virtud de la cuestión de competencia por inhibitoria, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., por AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de Procuradora General de , en relación a la demanda ordinaria laboral contraída a pedir que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario, a titulo de daños y perjuicios, pago de los salarios dejados de percibir, reintegro y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio de dos mil nueve, por la señora ESTELA CRISTINA MEDINA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, contra el Estado de Honduras, por actuaciones de de Estado en el Despacho de Salud, por medio de la entonces Procuradora General de , AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, de generales ya establecida.- inte de marzo de dos mil doce..- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. En fecha 22 de marzo de 2007, la señora ESTELA CRISTINA MEDINA promovió demanda ordinaria laboral de primera instancia ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, solicitando el reintegro a su puesto de trabajo, el pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio (folios 27 al 32 de la pieza del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, registrada bajo el No. 022-07).- 2. En fecha 28 de mayo de 2007, de promovió ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa de Francisco Morazán, una cuestión de competencia por vía inhibitoria, argumentando que los contratos suscritos por las partes litigantes son contratos de servicios profesionales o técnicos regulados por el Derecho Administrativo y, por ende, la controversia surgida en virtud de ellos debe ser dirimida ante la jurisdicción contencioso-administrativa (folios 1 al 4 del expediente Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo registrada bajo el No. 022-07).- 3. En fecha 30 de noviembre de 2007, el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, accedió a la cuestión de competencia planteada y ordenó remitir los autos al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial (folio 66 del expediente del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo registrada bajo el No. 022-07).- 4. En fecha 5 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán declaró caducada la instancia, dio por terminado el proceso y ordenó el archivo de las diligencias (folio 69 del expediente del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo registrada bajo el No. 022-07).- 5. En fecha 30 de junio de 2009, CRISTINA MEDINA promovió una nueva demanda en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, basada en los mismos hechos que originaron la primera (folios 1 al 4 del expediente registrado bajo el No. 158-09 del Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento).- 6. En fecha 30 de octubre de 2009, de promovió una cuestión de competencia por vía inhibitoria, efectuando las mismas alegaciones (folios 79 al 81 del expediente del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo registrada bajo el No. 022-07).- 7. En fecha 22 de marzo de 2010, es recibida en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, una comunicación librada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en donde le solicita se inhiba de seguir conociendo el caso (folios 1 y 2 de la pieza separada de comunicación, en el expediente registrado bajo el No. 158-09 del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán).- 8. En audiencia celebrada en fecha 12 de abril de 2010, luego de escuchar al representante procesal de la parte demandante, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, resolvió que el orden jurisdiccional competente es el contencioso-administrativo y, por ello, ordenó remitir las diligencias al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán. En virtud de lo resuelto, acto seguido, el compareciente interpuso el recurso de reposición y subsidiariamente apelación. Dicho Juzgado estimó que existe un conflicto de competencia entre dos tribunales de distinta sección judicial y, fundamentándose en el artículo 872 del Código del Trabajo, ordenó remitir los autos a de Justicia (folios 6 al 10 de la pieza separada de comunicación, en el expediente registrado bajo el No. 158-09 del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. La base del debido proceso se encuentra plasmada en de , la cual dispone que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. La facultad de impartir justicia reside en el cuerpo de jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encuentra delimitado por normas legales de competencia; como consecuencia de ello, todos los jueces y magistrados tiene jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer de un determinado asunto; en tal sentido, la ley también establece los modos en que deben ser tramitadas las cuestiones controvertidas que se promuevan al respecto.- III. En el presente caso, se ha promovido una cuestión de competencia por vía inhibitoria, en donde el requirente es un juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo y el requerido es un juzgado de letras del Trabajo, que no ha devenido en un conflicto competencial, pero sí ha sido impugnada la decisión adoptada por el requerido. Esta situación hace que el caso de mérito pueda ser sometido al estudio de este Tribunal Supremo, no en aplicación del artículo 872 del Código del Trabajo como lo señala el Juzgado de Letras del Trabajo, sino por ser éste el superior común de ambos órganos judiciales que tienen diferentes competencias según la materia.- IV. Que las cuestiones de competencia que se suscitaren entre las autoridades judiciales fuera de los casos enunciados en el artículo 184 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, serán resueltas por el superior común.- V. De los hechos alegados en la demanda lo que se desprende, es que del vínculo contractual que existía entre la demandante y el Estado de Honduras, surgió una relación de trabajo permanente y el derecho a prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado. Por un lado, está el convenio suscrito por las partes, que podría entrar o no a la categoría de los contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos aludidos en de Contratación del Estado; y, por el otro, está el Derecho Çonstitucional al trabajo y a la estabilidad laboral, como la posibilidad de que, en virtud de esa relación contractual, la demandante haya adquirido el carácter de empleada o trabajadora.- Por su parte, la demandada invoca que los contratos se encuentran regulados por el Derecho Administrativo.- VI. El escenario anterior hace que entren en choque la competencia de las jurisdicciones del trabajo y de lo contencioso-administrativo, pues, dependiendo de cómo sea interpretada la normativa aplicable al caso concreto, así podría declararse competente a una u otra; por esta razón, la ley, ante una situación como ésta, no debe interpretarse en forma restrictiva, pues el hacerlo vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.- VII. La demandante tiene el derecho, conforme al artículo 80 de de , a obtener una respuesta a su petición, que en este caso se traduce en una sentencia sobre el fondo del asunto planteado; si bien, la obtención de este pronunciamiento judicial no implica que la decisión deba ser favorable a la pretensión formulada, pero sí congruente a los términos del debate procesal.- VIII. También hay que recordar que el carácter improrrogable de la jurisdicción contencioso-administrativa, impide que dicho orden jurisdiccional pueda conocer de ciertos asuntos que no le están atribuidos por las reglas generales que han precedido a su institución, aún cuando hubieren sido sometidos a su conocimiento por la voluntad de las partes, no pudiendo extender su competencia más allá de lo específicamente preceptuado en la ley que le regula.- IX. Este asunto no es justiciable en vía contencioso-administrativa, pues la demandante plasma en su demanda elementos fácticos y jurídicos que no pueden ser dirimidos a través del procedimiento especial en materia personal que regula dicha jurisdicción. Estos elementos deben ser sometidos a un estudio que sólo puede realizar un juzgador que, con el mérito de lo actuado, pueda declarar la existencia o no de una relación de trabajo permanente y el único facultado para ello es el juez de letras del trabajo.- POR TANTO: de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de Administrativo, en aplicación de los artículos 59, 80, 90 párrafo primero, 127, 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de de ; 1, 80 numeral 1), 137 y 185 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 párrafo primero, 25, 27 párrafo primero, 28, 30, 31 y 44 del Código de Procedimientos Civiles; 8 párrafo primero, 18, 665, 858 y 872 del Código del Trabajo; 1 y 3 literal a) de de de lo Contencioso Administrativo; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de de Justicia. RESUELVE: DECLARA COMPETENTE al Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán para conocer de la presente causa. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.Extendida en de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Abril del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha veinte de marzo del Dos Mil Doce, recaída en de Competencia número 190-10.- Firma y sello.- LUCILA CRUZ MENÉNDEZSECRETARIA GENERAL