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Sentencia CL-130-12 — Registro 1799

Resumen

En primera instancia se declaro con lugar las demandas ordinarias laborales acumuladas de emplazamiento para la justificación de un despido, reintegro a su trabajo. En segunda instancia se confirmo la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta contiene una serie de errores y defectos técnicos que lo hacen inadmisible, a saber: a) invoca como norma violada una disposición que no ostenta el carácter de ser sustantiva; b) alegando error de hecho no singulariza la prueba que se indica no fue apreciada por el juzgador; c) en su explicación, no existe la debida congruencia y claridad, para justificar el motivo; y d) alega al final de su corta exposición, que existió aplicación indebida de la ley sustantiva, cuando ello debió haber sido expuesto en forma separada e independiente, ya que se trata de una forma diferente de violar la Ley.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta contiene una serie de errores y defectos técnicos que lo hacen inadmisible, a saber: a) invoca como norma violada una disposición que no ostenta el carácter de ser sustantiva; b) alegando error de hecho no singulariza la prueba que se indica no fue apreciada por el juzgador; c) en su explicación, no existe la debida congruencia y claridad, para justificar el motivo; y d) alega al final de su corta exposición, que existió aplicación indebida de la ley sustantiva, cuando ello debió haber sido expuesto en forma separada e independiente, ya que se trata de una forma diferente de violar la Ley.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral cinco (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de agosto del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecisiete de abril del año dos mil doce, por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP); en relación a las demandas ordinarias laborales acumuladas de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, salarios adeudados, reembolso de eventuales gastos médicos, quirúrgicos y farmacológicos, reconocimiento de beneficios otorgados a otros trabajadores, pago y otorgamiento de vacaciones, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio del año dos mil diez, por la señora LOURDES XIOMARA BADOS ZAVALA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Educación Comercial y de este domicilio, el treinta de julio del año dos mil diez por el señor MARIO ROLANDO COELLO LOZANO, mayor de edad, soltero, Administrador de Empresas, hondureño y de este domicilio y en fecha cinco de octubre del año dos mil diez por el señor OSWALDO ENRIQUE MOLINA FUENTES, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONS Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo, el señor ANDRES TORRES RODRIGUEZ, hondureño, mayor de edad, soltero, periodista y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de agosto del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores LOURDES XIOMARA BADOS ZAVALA, MARIO ROLANDO COELLO LOZANO y OSWALDO ENRIQUE MOLINA FUENTES para el Reintegro al Trabajo contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo, y por ende su Representante Legal, señor ANDRES TORRES RODRIGUEZ; 2) CONDENAR AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo, y por ende su Representante Legal, señor ANDRES TORRES RODRIGUEZ, a reintegrar a su puesto de trabajo a los señores LOURDES XIOMARA BADOS ZAVALA, MARIO ROLANDO COELLO LOZANO y OSWALDO ENRIQUE MOLINA FUENTES, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que pudieren corresponderles desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) SIN COSTAS” en ambas instancias.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que Lourdes Bados inició a laborar con la demandada el 10 de abril del 2007 mediante Contrato Individual de Trabajo con Carácter Indefinido No.0045-2007 desempeñándose al momento del despido como Asistente de Auditoria Interna, que fue despedida mediante acuerdo 388-2010 del 28 de abril del 2010 con efectividad a partir de esa misma fecha, que la cancelación está basada en la aplicación de los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo sin señalar causa establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, que al haber sido despedida injustificadamente dio por agotado el trámite administrativo el 15 de junio del 2010; Mario Coello mediante resolución No 05-1131 de la sesión del 14 de enero del 2009 la Junta Directiva de la demandada lo nombró en el cargo de Auditor Interno con efectividad a partir del 7 de abril del 2010, que mediante resolución No 03-1165 se tomó la determinación de despedirlo de su puesto, aduciendo que la pérdida de confianza hace que no sea conveniente su continuidad en el puesto por lo cual se decide destituirlo de su cargo y sustituirlo, tomando esa decisión de forma unánime, que se le intentó obligar a renunciar pero no lo hizo, razón por la cual lo despidieron, que su despido se produjo sin que existiera motivo legal, sin haber incumplido alguna orden o falta grave en el ejercicio de su cargo y sin seguirse las normas y garantías del debido proceso; Oswaldo Molina firmó contrato Individual de Trabajo con Carácter Indefinido No 018-2009 8 de julio del 2009 para desempeñarse en el cargo de Auditor III efectivo a partir del 10 de julio del 2009, que se le adeudan 15 días de salario correspondientes al mes de julio del 2010, así como el pago de vacaciones correspondientes al período 2009-2010, que fue despedido mediante acuerdo 401-2010 en el que se le notifica la cancelación en base a que por orden mediante sentencia judicial del Juzgado del Trabajo se reintegró al señor José Adán Canales, razón considerada injusta pues desde el inicio la relación laboral no tenía límite de tiempo, de lo contrario se le hubiese nombrado como interino; que se dio por agotado el trámite administrativo el 16 de agosto del 2010, los tres alegan que si no los hubiesen despedido, el IHSS les habría seguido brindando sus servicios, por lo que se vieron en la obligación de incurrir en gastos médicos, quirúrgicos, farmacológicos o sanitarios en otros hospitales por lo que solicitan les sean reembolsados esos gastos. Solicitan que al patrono justifique el despido, caso contrario se ordene al reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de salarios adeudados, reembolso de eventuales gastos médicos, pago y otorgamiento de vacaciones, costas.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que las cancelaciones de los cargos se hicieron de la siguiente manera: a) Se canceló a Lourdes Bados en aplicación de los artículos 116 y 120 del Código de Trabajo que lo autoriza a la institución a cancelar al demandante sin necesidad de darle en tiempo el preaviso y reconocérselo económicamente, fundamentado en que la institución tiene la facultad de nombrar, contratar, ascender, cancelar al personal de la institución razón por la cual fue cancelado el acuerdo de nombramiento y por el cargo que ocupaba es solidariamente responsable de los hechos suscitados en dicha dependencia, b) que en cumplimiento a lo ordenado en sentencia judicial del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha 2 de marzo del 2009, se procedió mediante acuerdo de cancelación 401-2010 de fecha 14 de junio del 2010 a cancelar de su cargo de auditor III al señor Oswaldo Molina en virtud de que el titular de la plaza fue reintegrado por orden judicial y por eso se tomó la determinación de reconocerle al demandante el 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a ley, por lo que no le asiste ni la razón ni el derecho para tal pretensión ya que al momento de su contratación el demandante tenía pleno conocimiento de la situación jurídica que enfrentaba dicha plaza, c) Que mediante resolución No.03-1165 del punto N°6 del acta N°1165 de sesión ordinaria celebrada por la junta directiva del 7 de abril del 2010, en que se autoriza al a administración del Instituto la sustitución del auditor interno por unanimidad resolvieron cancelar del cargo al señor Mario Coello, a solicitud planteada por la máxima autoridad, el instituto en vista de los hechos ocurridos en su administración que públicamente son conocidos, la junta directiva analizaron y determinaron que hay una pérdida de confianza en el auditor interno por no cumplir con su responsabilidad establecida en el marco rector de auditoria interna del sector público del acuerdo administrativo N°003-2009 del 30 de abril del 2009 aprobado según actuación administrativo N° 7 de la misma fecha, publicado en el diario la Gaceta el 4 de junio del 2009, que contiene las funciones de su cargo y el señor Mario Coello incumplió la norma y su declaración orientados al fortalecimiento en el grado de independencia y objetividad en el desempeño de sus funciones y atribuciones como Auditor interno por lo tanto la demandada actuó conforme a las facultades otorgadas por el contrato colectivo que en su capítulo II establece cuales son los empleados de libre nombramiento y remoción dentro de los cuales se encuentra el puesto de Auditor interno y siendo que el demandante era el Jefe de Auditoria Interna, por lo cual se procedió a la emisión de la resolución antes indicada por la finalización de la relación de trabajo, que en lo que respecta a la petición de reembolso de eventuales gastos médicos, quirúrgicos y farmacológicos que pueden incurrir desde la fecha del despido, no es responsabilidad de la demandada cubrir los gastos solicitados por los demandantes ya que consideran que quieren sacar provecho de un hecho improcedente.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para el reintegro, condenando a la demandada por medio de su Director Ejecutivo a reintegrar a los demandantes por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento del despido, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que pudieren corresponderles, sin costas. Criterio: En la nota de despido establecida en los acuerdos de cancelación observa que en el mismo no se encuentra señalada la causal o motivo de las contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo y que tuvo el patrono para proceder a despedir a los trabajadores demandantes, lo que implica que el despido del cual fueron objeto los demandantes es ilegal y por ende injusto, al habérseles violentado los derechos fundamentales que otorga la Constitución y la normativa laboral.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, con el mismo criterio del Juez de primera instancia.- 5.- Que mediante sentencia de fecha veintidós de febrero del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación.- 7.- Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha dos de mayo del año dos mil doce, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, actuando en su condición de apoderado de los señores LOURDES XIOMARA BADOS ZAVALA, MARIO ROLANDO COELLO LOZANO y OSWALDO ENRIQUE MOLINA FUENTES.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ invoca como primer y único motivo de casación lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCION INDIRECTA DEL ARTICULO 765 PARRAFO PRIMERO Y DEMAS APLICABLES DEL CODIGO DEL TRABAJO VIGENTE, POR FALTA DE APRSIACION POR ERROR DE HECHO QUE APARECE DE MANIFIESTO EN LOS AUTOS, ADMITIDO A LA PARTE DEMANDADA EN EL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el Articulo 765 numeral 1) párrafo segundo del Código del Trabajo con relación a la falta de apreciación de determinada prueba.- El Tribunal Ad-quem ha incurrido en violación de la norma sustantiva al no apreciar la documentación y que consiste en la Defraudación financiera hecha al INJUPEMP. Lo cual conlleva a una evidente perdida de Confianza por parte del patrono. En el caso de autos, consta que mi representado EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), dio por terminada la relación laboral que le unía con los demandantes LOURDES XIOMARA BADOS ZAVALA, MARIO ROLANDO COELLO y OSWALDO ENRIQUE FUENTES, se case la Sentencia en este primer motivo por ser evidente la aplicación indebida de la Ley sustantiva precipitada.”.- III.- Que el cargo en la forma expuesta contiene una serie de errores y defectos técnicos que lo hacen inadmisible, a saber: a) invoca como norma violada una disposición que no ostenta el carácter de ser sustantiva; b) alegando error de hecho no singulariza la prueba que se indica no fue apreciada por el juzgador; c) en su explicación, no existe la debida congruencia y claridad, para justificar el motivo; y d) alega al final de su corta exposición, que existió aplicación indebida de la ley sustantiva, cuando ello debió haber sido expuesto en forma separada e independiente, ya que se trata de una forma diferente de violar la Ley.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de agosto del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 130-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL