Sentencia CL-117-11 — Registro 1797
Resumen
La recurrente interpusieron demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo de auxiliar de servicios portuarios, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva por despido injustificado escrito y directo; la segunda instancia reforma la sentencia de primera instancia reformando el pago de salario del séptimo día y la condena en costas de primera instancia; en consecuencia ABSUELVE, a la Demandada la empresa Nacional Portuaria, del pago de tales conceptos.- SEGUNDO: SE CONFIRMA, en todos sus demás extremos la sentencia apelada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen casacional; por ello, de la forma en que esté estructurado depende que esta Corte de Casación pueda o no confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el tribunal censurado. En el presente caso, la Impetrante comete los errores técnicos: a) olvida que la infracción directa procede cuando los hechos son aceptados por las partes y reconocido por el juzgador y en el caso de mérito la existencia o no del período de prueba fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, por lo cual el ataque al fallo por esa vía no resulta procedente; y, b) señala como infringidos los artículos 46 literal b) y 49 del Código del Trabajo, normas jurídicas que no ostentan el carácter de sustantivas. Estas falencias vuelven inestimable el cargo y por ello el recurso que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., cinco de junio del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha treinta de mayo del dos mil once, por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la Empresa Nacional Portuaria, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo de auxiliar de servicios portuarios en el Departamento de Operaciones de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva por despido injustificado escrito y directo, pago de costas personales y procesales, pago de séptimo día, vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral, interpuesta el veintitrés de abril del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el señor JAVIER EDUARDO LEIVA BUESO, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Publico, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la Empresa Nacional Portuaria, por medio del Gerente General señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: SE REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010) en las diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por JAVIER EDUARDO LEIVA BUESO, para el reintegro en igualdad de condiciones al puesto de trabajo como Auxiliar de Servicios Portuarios en el Departamento de Operaciones, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido escrito e ilegal de fecha 23 de febrero del 2010, hasta el reintegro al cargo por sentencia; pago de costas personales y procesales, vacaciones, décimo tercero y cuarto mes, séptimo día y demás derechos que otorguen las leyes laborales contra la Empresa Nacional Portuaria, a través de su Representante Legal, todos de generales conocidas en autos; Reforma que se contrae a: Declarar sin lugar le pago de salario del séptimo día y la condena en costas de primera instancia; en consecuencia ABSUELVE, a la Demandada la empresa Nacional Portuaria, del pago de tales conceptos.- SEGUNDO: SE CONFIRMA, en todos sus demás extremos la sentencia apelada y relacionada anteriormente. Que el A-quo en la parte resolutiva de la demanda declaró con lugar el reintegro del trabajador demandante Javier Eduardo Leiva Bueso en el cargo de Auxiliar de Servicios Portuarios, pago del reajuste del salario mínimo legal establecido por el Gobierno de la República y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales se reintegre al trabajador a su puesto de trabajo, a titulo de daños y perjuicios.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con la Empresa Nacional Portuaria en fecha 12 de enero del 2010, mediante contrato de trabajo por tiempo indefinido con un salario mensual de L.4,766.67, en fecha 23 de febrero del 2010, invocándole como causal lo contenido en el artículo 52 del Código del Trabajo, solicita reintegro en igualdad de condiciones y salario en el cargo, así como también salarios dejados de percibir, pago de costas personales y procesales, vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes de salario, séptimo día y demás derechos que las leyes laborables le confieren; que la demandada suscribió con él un contrato de trabajo donde se estableció el reconocimiento de un año de antigüedad razón por la cual ya no opera el período de prueba.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que el demandante se encontraba en el período de prueba, explicando que ese periodo tiene como objeto apreciar las aptitudes del trabajador y si al terminar este, ninguna de las partes manifiesta voluntad de dar por terminado el contrato continuará por tiempo indefinido, situación que no ocurrió en el presente caso, por lo que se probará en el juicio que no laboraba para la empresa en el año 2009 y que por eso no es cierto lo del reconocimiento de su antigüedad.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha catorce de diciembre del dos mil diez, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, en consecuencia condenó a la Empresa Nacional Portuaria: 1.- Al reintegro del trabajador demandante Javier Eduardo Leiva Bueso en el cargo de Servicios Portuarios en el Departamento de Operaciones; 2) Al pago del reajuste del salario mínimo legal establecido por el Gobierno de la Republica: L.9,426.04, Séptimo día: L.1,811.04, al habérsele reconocido al demandante un (1) año de antigüedad en su contrato de trabajo se condena al pago de vacaciones: 2009-2010: (10 días) L.1,962.00, decimotercer mes de salario en concepto de aguinaldo año 2009: L.5,886.00, decimocuarto mes de salario en concepto de compensación social 2008-2009: L.5,886.00, haciendo un total de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS; y 3) Al pago de los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que se ha constatado que el contrato de trabajo suscrito entre las partes, en su cláusula décima se regula que el período de prueba desaparece, reconociéndole un año de antigüedad laboral para efecto de pago de vacaciones y cesantía, por lo que la causal de despido es injusta e ilegal.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de febrero del dos mil once, dicto sentencia definitiva donde REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado A-quo; reforma que se contrae a: Declarar sin lugar le pago de salario del séptimo día y la condena en costas de primera instancia; en consecuencia ABSUELVE a la demandada, la empresa Nacional Portuaria, del pago de tales conceptos y CONFIRMO en todos sus demás extremos la sentencia apelada y relacionada anteriormente. Bajo el criterio que el tribunal de alzada ha venido sosteniendo en innumerables fallos en los que ha sido parte la empresa demandada, que en sentido amplio el empleador goza de la libre administración de la empresa, a efecto de que la dirija de tal modo que pueda realizar sus actividades de la mejor manera para el logro y concretización de las expectativas y metas fijadas, siempre en observancia de la norma jurídica que regula cada caso y circunstancia particular, pues dicha libertad se encuentra limitada por disposiciones de orden público o de interés general, entre ellas las normas jurídicas del trabajo, el Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores constituyendo ésta además de un derecho, un mecanismo de protección; que el pago del día de descanso se considera incluido en el total del salario devengado en la semana, para aquellos trabajadores cuyos salarios estén tasados por mes o por quincena, en tal sentido no procede su otorgamiento.- 5.- Que mediante sentencia de fecha veintitrés de marzo del dos mil once, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO GEOVANY RAMOS, de generales conocidas y actuando en su condición de Apoderado de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y DISPUSO que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha treinta de mayo del dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, de generales ya señaladas en su condición de apoderada de la Empresa Nacional Portuaria formalizando su recurso de casación laboral, presentando un motivo de casación.- 7.- Que en fecha treinta de mayo del dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha catorce de junio del dos mil once el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado del señor JAVIER EDUARDO LEIVA BUESO.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- La Abogada MERARY ELENA DÍAZ MOLINA sostiene lo siguiente: “UNICO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 46 literal b), 49 del Código del Trabajo en relación con los artículos 13 y 15 del Reglamento de Escalafón de la Empresa Nacional Portuaria. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1º, párrafo primero del Código del Trabajo”.- III.- El cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen casacional; por ello, de la forma en que esté estructurado depende que esta Corte de Casación pueda o no confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el tribunal censurado. En el presente caso, la Impetrante comete los errores técnicos: a) olvida que la infracción directa procede cuando los hechos son aceptados por las partes y reconocido por el juzgador y en el caso de mérito la existencia o no del período de prueba fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, por lo cual el ataque al fallo por esa vía no resulta procedente; y, b) señala como infringidos los artículos 46 literal b) y 49 del Código del Trabajo, normas jurídicas que no ostentan el carácter de sustantivas. Estas falencias vuelven inestimable el cargo y por ello el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de junio del dos mil doce; Certificación de la sentencia de fecha cinco de junio del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 117-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL