Sentencia CL-10-11 — Registro 1735
Resumen
Los trabajadores demandaron para el reintegro a sus labores y pago de salarios dejados de percibir, en primer instancia se falló a favor de las pretensiones del trabajador, en segunda instancia se confirmó el fallo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que este Tribunal conforme con la doctrina, en reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la reorganización de la empresa como causal de despido de los señores DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS Y JOSE EDGARDO HERRERRA AGUILAR de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, forma parte de la controversia, no siendo por lo tanto un hecho aceptado por las partes, en consecuencia no procede el ataque a la sentencia del tribunal ad-quem por esa vía, por lo cual el cargo resulta inadmisible.- IV.- En relación con el caso sub-judice, esta Sala considera que si bien el objeto del debate gira en torno a una obligación legal del patrono contenida en el citado artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, de llevar a cabo los reajustes que considere necesarios, no es menos cierto que para que se pueda materializar, aquél está también obligado a cumplir con los requisitos establecidos en la referida disposiciòn normativa, de hacerlos de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo; a falta de éstas respetando los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, se preferirán los elementos sindicalizados para que sigan trabajando.- V.- Aunado a lo anterior también esta Sala considera necesario recordar la obligación del patrono de cumplir con los procedimientos establecidos en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regula la terminación de la relación de trabajo, en sus artículos 13 y 14, el cual, si bien no ha sido ratificado por Honduras, es aplicable en nuestro país por ser miembro de dicha Organización, con base en lo establecido en el artículo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del 18 de junio de 1998. Para mejor entendimiento se cita un párrafo del informe realizado por la Comisión de Expertos de la OIT en cuanto la utilización del Convenio 158, específicamente en su obra “Protección contra el Despido Injustificado” capitulo VII “Terminación de la Relación de Trabajo por Motivos Económicos, Tecnológicos, Estructurales o Análogos”, que establece que toda terminación de la relación de trabajo por los motivos precitados debe fundamentarse en una causa justificada, conforme lo dispuesto en el artículo 4 del citado Convenio (párrafo 276 del Informe). En consecuencia la obligación establecida en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo debe entenderse y practicarse en armonía con el contexto total de la normativa nacional y en consonancia con las normas internacionales del trabajo que regulan tal situación.- VI.- En cuanto al régimen especial de los empleados de confianza solo resta decir que ninguna convención, acto, o estipulación puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos laborales de los trabajadores, refiriéndonos al Estatuto de los Empleados de Confianza, al Reglamento Interno y al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo todos vinculados al orden jurídico de la Empresa Nacional Portuaria, máxime cuando el mismo Reglamento en su artículo 3 sujeta dicho régimen especial de los empleados de confianza a la regulación de las normas especiales del Código del Trabajo, con mayor razón el patrono deberá observar el procedimiento establecido en el referido Código enmarcado en su artículo 111 numeral 7 antes de dar por terminada la relación de trabajo, entendiendo que el artículo 129 Constitucional que establece el derecho a la estabilidad laboral constituye uno de los principios sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho y que por ende, su ponderación y límite está relacionado con las justas causas de separación.- VII.- Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación..."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." En cuanto al régimen especial de los empleados de confianza solo resta decir que ninguna convención, acto, o estipulación puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos laborales de los trabajadores, refiriéndonos al Estatuto de los Empleados de Confianza, al Reglamento Interno y al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo todos vinculados al orden jurídico de la Empresa Nacional Portuaria, máxime cuando el mismo Reglamento en su artículo 3 sujeta dicho régimen especial de los empleados de confianza a la regulación de las normas especiales del Código del Trabajo, con mayor razón el patrono deberá observar el procedimiento establecido en el referido Código enmarcado en su artículo 111 numeral 7 antes de dar por terminada la relación de trabajo, entendiendo que el artículo 129 Constitucional que establece el derecho a la estabilidad laboral constituye uno de los principios sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho y que por ende, su ponderación y límite está relacionado con las justas causas de separación.- VII.- Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 111, numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de mayo del dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de marzo del año dos mil once, por la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, en relación a la demanda ordinaria laboral colectiva para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios al cargo de guardias de protección portuaria en la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de los ilegales despidos hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva, pago de costas procesales y personales, pago de séptimo día, vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil diez, por los señores DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, soltero, estudiante con domicilio en Puerto Cortés, Cortés, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS soltero, estudiante, con domicilio en Puerto Cortés, Cortés Y JOSE EDGARDO HERRERA AGUILAR casado, motorista, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés ,todos mayores de edad, y hondureños, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General en ese entonces señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Agrónomo, y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL TENDIENTE A QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA AL REINTEGRO AL TRABAJO EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SALARIOS EN LOS CARGOS DE GUARDIAS DE PROTECCION PORTUARIA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROMOVIDA POR LOS TRABAJADORES DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS y JOSE EDGARDO HERRERA AGUILAR, EN CONTRA DE LA EMPRESA DENOMINADA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, TODOS DE GENERALES CONOCIDAS EN AUTOS, AL PAGO DEL SEPTIMO DIA Y AL PAGO DE VACACIONES; 2.- DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA EN RELACIÓN CON EL RECLAMO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL.- EN CONCECUENCIA: CONDENA a la Empresa Nacional Portuaria: 1.- Al reintegro de los trabajadores demandantes DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS y JOSE EDGARDO HERRERA AGUILAR en sus puestos de trabajo en los cargos de GUARDIAS DE PROTECCION PORTUARIA; 2) Al pago de los salarios dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales se reintegre al trabajador en igualdad de condiciones que las que tenia al momento del despido, a titulo de daños y perjuicios; 3) Al pago de vacaciones; 4) Al pago de séptimo día, siendo las cantidades siguientes entre ambos concepto: para DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL: VACACIONES AÑO 2,008 (10 DIAS): LPS.4,475.00; AÑO 2.009 (12 DIAS): LPS.4,306.32; SEPTIMO DIA AÑO 2,008; LPS 12,793.68, AÑO 2,009: LPS. 9,706.12, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 31,281.12; para WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS: VACACIONES AÑO 2,007 (10 DIAS); LPS. 1,424.60; AÑO 2,008 (12 DIAS): LPS 1,866.00, SEPTIMO DIA AÑO 2,006: LPS. 1,163.92, AÑO 2007: LPS 6,139.92, AÑO 2,008: LPS. 7,739.60 AÑO 2OO9: LPS.3,299.96, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 21,634.00: para JOSE EDGARDO HERRERA AGUILAR: SEPTIMO DIA: AÑO 2006: LPS.3,519.96, AÑO 2,OO7: LPS2,470.74.- SIENDO UN GRAN TOTAL DE CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.- (LPS.58,9O5.82).- CON
COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que el señor DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL trabajaba como guardia de protección portuaria iniciando la relación laboral el 5 de noviembre del 2007, por contratos de trabajo por tiempo determinado, habiendo firmado contrato por tiempo indefinido el 1 de noviembre del 2009; el señor WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS manifiesta que trabajaba como guardia de protección portuaria iniciando la relación laboral con la demandada el 12 de octubre del 2006 por contratos de trabajo por tiempo determinado, habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 4 de enero del año 2010; y el señor JOSE EDGARDO HERRERA AGUILAR inicio la relación laboral como guardia de protección portuaria con la demandada el 11 de septiembre del 2006 por contratos de trabajo por tiempo determinado, habiendo firmado contrato de trabajo por tiempo indefinido el 18 de febrero del año 2007 y que fueron despedidos por la Empresa Nacional Portuaria el 12 de mayo del 2010 remitiéndoles una nota firmada por el señor OSCAR ARMANDO LOPEZ POSADAS Jefe de División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria en la que indicaban los despidos sustentando que se estaba realizando un proceso de reorganización en el personal de la unidad para elevar los niveles de servicios y en virtud de que la categoría que ostentan como empleados de la empresa es de confianza, no siendo ésta una justa causa de despido y reconociendo el pago de prestaciones laborales respectivamente lo que ratifica la ilegalidad del despido, asimismo, se llevó a cabo audiencia con el Sub-Procurador del Trabajo en la ciudad de Puerto Cortés el 14 de mayo del 2010 en el cual se declaró no conciliado el reclamo. Solicitan el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios al cargo de guardias de protección portuaria en la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de los ilegales despidos hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva, pago de costas procesales y personales, pago de séptimo día, vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando los demandantes eran empleados de confianza y que si no se determina una causal de las establecidas en el articulo 112 del Código de Trabajo es por que fue motivada por una reorganización de los empleados en base y con categoría de empleados de confianza que ostentaban en la Empresa Nacional Portuaria que los demandantes al aceptar y ostentar desde que fueron contratados un cargo exclusivamente de confianza dentro de la empresa demandada, ya tenían conocimiento que las prerrogativas de las cuales gozarían los trabajadores con esta categoría, las cuales son completamente diferentes a la de los trabajadores generales a regulares, que los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido suscrito por los demandantes es considerado fuera de presupuesto y su cumplimiento y suscripción es violatorio de la Ley Orgánica de Presupuesto.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha 1 de noviembre de 2010, dictó sentencia definitiva declarando Con lugar la demanda ordinaria laboral, declara sin lugar la demanda con relación al decimotercer mes de salario en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes de salario en concepto de compensación social, en CONSECUENCIA condena a la Empresa Nacional Portuaria al reintegro de los trabajadores demandantes DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS y JOSE EDGARDO HERRERA AGUILAR en sus puestos de trabajo en los cargos de GUARDIAS DE PROTECCION PORTUARIA; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales se reintegre al trabajador en igualdad de condiciones que las que tenia al momento del despido, a titulo de daños y perjuicios; al pago de vacaciones; al pago de séptimo día. Criterio: Que está plenamente probada la existencia de la relación laboral por tiempo indefinido que vinculó a los demandantes a efecto de desempeñarse como guardia de protección portuaria, se constató que no existe reorganización alguna en la Empresa demandada por cuanto se verificó que existen nuevas contrataciones de personal que desempeñan las mismas funciones de los demandantes, que el hecho de ostentar un cargo de confianza no obsta para que los trabajadores con esta categoría puedan ejercer las acciones legales contenidas en el Código de Trabajo cuando consideren que sus derechos y garantías constitucionales hayan sido violentadas, se acreditó que la Empresa demandada incumplió con su obligación de cancelar pagos por concepto de vacaciones y séptimo día a los demandantes del mismo modo se verificó que canceló el decimotercer y decimocuarto mes de salario.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 8 de diciembre de 2010, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia proferida por el a-quo, sin costas. Criterio: Que no son justas las causas argumentadas por el patrono para poder terminar la relación de trabajo que lo vinculaba con los trabajadores demandantes, quedando demostrado que la institución demandada continúa haciendo contrataciones de personas para desempeñar las mismas funciones que hacían los demandantes, que se constató que en Puerto Cortés se han contratado 196 guardias de protección portuaria desde enero del 2010, por lo que no existe la reorganización que argumenta en la nota de despido.- 5.- Que mediante sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil once, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ZOE IBETH MANZANARES MOLINA, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha dos de marzo del año dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, de generales ya señaladas y en su condición de apoderada de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación.- 7.- Que en fecha dos de marzo de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha diecisiete de marzo del año dos mil once, el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado de los señores DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS Y JOSE EDGARDO HERRERA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MERARY ELENA DIAZ MOLINA, actuando en su condición de apoderada de la Empresa Nacional Portuaria arguye en su único motivo de casación lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de Escalafón de la Empresa Nacional Portuaria, y Art. IX del Estatuto de Empleado de Confianza de dicha institución. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo”.- III.- Que este Tribunal conforme con la doctrina, en reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la reorganización de la empresa como causal de despido de los señores DAYGORO ARNOLDO ALVARADO CARBAJAL, WILMER JOEL AGUIRRE RIVAS Y JOSE EDGARDO HERRERRA AGUILAR de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, forma parte de la controversia, no siendo por lo tanto un hecho aceptado por las partes, en consecuencia no procede el ataque a la sentencia del tribunal ad-quem por esa vía, por lo cual el cargo resulta inadmisible.- IV.- En relación con el caso sub-judice, esta Sala considera que si bien el objeto del debate gira en torno a una obligación legal del patrono contenida en el citado artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, de llevar a cabo los reajustes que considere necesarios, no es menos cierto que para que se pueda materializar, aquél está también obligado a cumplir con los requisitos establecidos en la referida disposiciòn normativa, de hacerlos de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo; a falta de éstas respetando los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, se preferirán los elementos sindicalizados para que sigan trabajando.- V.- Aunado a lo anterior también esta Sala considera necesario recordar la obligación del patrono de cumplir con los procedimientos establecidos en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regula la terminación de la relación de trabajo, en sus artículos 13 y 14, el cual, si bien no ha sido ratificado por Honduras, es aplicable en nuestro país por ser miembro de dicha Organización, con base en lo establecido en el artículo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del 18 de junio de 1998. Para mejor entendimiento se cita un párrafo del informe realizado por la Comisión de Expertos de la OIT en cuanto la utilización del Convenio 158, específicamente en su obra “Protección contra el Despido Injustificado” capitulo VII “Terminación de la Relación de Trabajo por Motivos Económicos, Tecnológicos, Estructurales o Análogos”, que establece que toda terminación de la relación de trabajo por los motivos precitados debe fundamentarse en una causa justificada, conforme lo dispuesto en el artículo 4 del citado Convenio (párrafo 276 del Informe). En consecuencia la obligación establecida en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo debe entenderse y practicarse en armonía con el contexto total de la normativa nacional y en consonancia con las normas internacionales del trabajo que regulan tal situación.- VI.- En cuanto al régimen especial de los empleados de confianza solo resta decir que ninguna convención, acto, o estipulación puede restringir, disminuir o tergiversar los derechos laborales de los trabajadores, refiriéndonos al Estatuto de los Empleados de Confianza, al Reglamento Interno y al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo todos vinculados al orden jurídico de la Empresa Nacional Portuaria, máxime cuando el mismo Reglamento en su artículo 3 sujeta dicho régimen especial de los empleados de confianza a la regulación de las normas especiales del Código del Trabajo, con mayor razón el patrono deberá observar el procedimiento establecido en el referido Código enmarcado en su artículo 111 numeral 7 antes de dar por terminada la relación de trabajo, entendiendo que el artículo 129 Constitucional que establece el derecho a la estabilidad laboral constituye uno de los principios sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho y que por ende, su ponderación y límite está relacionado con las justas causas de separación.- VII.- Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de mayo del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha dos de mayo del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 10-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL