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Sentencia CT-271-09 — Registro 1438

Resumen

Demandante requieren la intervención de un órgano jurisdiccional que dé solución a un conflicto, sobre el vínculo contractual que segun estos surgio entre ellos y la Administración Pública, una relación de trabajo permanente y, con ella, el derecho a prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido injustificado,interponiendo la demandada excepción de imcompetencia por ante el juzgado contencioso administrativo,dandole tramite a la misma,remitiendo el juzgado laboral las diligencias a éste tribunal para que resuelva sobre la cuestión de competencia y resolviendo éste tribunal que el juzgado competente es el juzgado laboral,por el fondo del asunto a resolver

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que los actores han requerido la intervención de un órgano jurisdiccional que dé solución a un conflicto en donde, de acuerdo a las alegaciones de los demandantes, del vínculo contractual que existía entre ellos y la Administración Pública, surgió una relación de trabajo permanente y, con ella, el derecho a prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido injustificado. Por un lado, están los documentos suscritos entre las partes, que podrían entrar o no a la categoría de los contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos aludidos en la Ley de Contratación del Estado; por el otro, está el derecho constitucional a la estabilidad laboral y la posibilidad de que, en virtud de esa relación contractual, los demandantes hayan adquirido el carácter de trabajadores/as. Este escenario hace que entren en choque dos jurisdicciones, la contencioso-administrativo y la laboral, pues dependiendo de cómo sea interpretada la normativa aplicable al caso concreto, así podría declararse competente a una u otra; por esta razón, la Ley, ante una situación como ésta, no debe interpretarse en forma restrictiva, pues el hacerlo vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.- IV.- Que la determinación de la jurisdicción competente viene impuesta por el petitum y la causa pretendi que lo fundamenta, por la naturaleza de la acción intentada y la pretensión del actor. Hay que tener en cuenta que quién determina el objeto del proceso es la parte que ha ejercido su derecho de acción y con la demanda de mérito se pretende que judicialmente se declare la existencia de una relación de trabajo y sus consecuencias jurídicas, pretensión cuyo conocimiento la Ley atribuye, con competencia exclusiva y excluyente, a la Jurisdicción Especial del Trabajo. Los demandantes tienen el derecho constitucional a obtener una sentencia sobre el fondo del asunto planteado; si bien, la obtención de este pronunciamiento judicial no implica que la decisión deba ser favorable a la pretensión formulada, pero sí congruente a los términos del debate procesal y al objeto incorporado y debatido por las partes. También hay que recordar que el carácter improrrogable de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, impide que dicho orden jurisdiccional pueda conocer de ciertos asuntos que no le están atribuidos por las reglas generales que han precedido a su institución, aún cuando hubieren sido sometidos a su conocimiento por la voluntad de las partes, no pudiendo extender su competencia más allá de lo específicamente preceptuado en la ley que le regula. Este asunto no es justiciable en vía contencioso-administrativa, pues los demandantes plasman en su demanda elementos fácticos y jurídicos que no pueden ser dirimidos a través del procedimiento especial en materia personal. Estos elementos deben ser sometidos a un estudio que sólo puede realizar un juzgador que, con el mérito de lo actuado, pueda declarar la existencia o no de una relación de trabajo y el único facultado para ello es el Juez de Letras del Trabajo.- V.- Que por las razones antes expuestas este Tribunal dirime este conflicto de competencia, señalando como Juez competente para conocer del presente al Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de octubre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia la cuestión de competencia por inhibitoria, interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, por la Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA, actuando en su condición de Procuradora General de la República, a fin de que el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, se abstenga de seguir conociendo de la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras LIDIA MEJÍA ESCOBAR, MARCIA EDITH MATUTE RUÍZ, ROSA MIRIAN MARCIA BONILLA y RINA GRISELDA MORENO, y los señores JULIO WILMER GUARDADO y EDWIN YONEL BETANCOURT ZÚNIGA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las señoras LIDIA MEJÍA ESCOBAR, MARCIA EDITH MATUTE RUIZ, ROSA MIRIAN MARCIA BONILLA y RINA GRISELDA MORENO; los señores JULIO WILMER GUARDADO y EDWIN YONEL BETANCOURT ZÚNIGA, en fecha 13 de mayo de 2008, promovieron demanda ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba. Las señoras LIDIA MEJÍA ESCOBAR, MARCIA EDITH MATUTE RUIZ, y el señor EDWIN YONEL BETANCOURT ZÚNIGA, fueron contratados en fecha 15 de febrero de 2001; el señor JULIO WILMER GUARDADO, en fecha 19 de abril de 2001; la señora RINA GRISELDA MORENO, en fecha 15 de marzo de 2003; y la señora ROSA MIRIAM MARCIA BONILLA, en fecha 15 de enero de 2004. Manifiestan que todos ellos suscribieron contratos para prestación de servicios profesionales con la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, para desempeñarse como Promotores Municipales del Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos de Honduras (PRALEBAH), y que uno de ellos fue ascendido al cargo de Coordinador Departamental de dicho Programa. Afirman que el 31 de diciembre de 2007 fueron despedidos sin justa causa. Señalan que no pudieron llegar a un acuerdo conciliatorio con la demandada, en sede administrativa, pues la Directora Departamental de Educación de Atlántida, en representación de la Secretaría de Estado antes mencionada, rechazó el reclamo presentado ante la Dirección General del Trabajo, aduciendo la expiración de los contratos de trabajo por tiempo definido. Los demandantes argumentan que suscribieron contratos temporales de trabajo, pero éstos adquirieron el carácter de permanentes por la naturaleza de las labores que ellos realizaban.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la entonces Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, promovió cuestión de competencia por vía inhibitoria, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, el cual declaró haber lugar a lo solicitado por la entonces representante legal del Estado de Honduras; razón por la que libró la respectiva comunicación al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, y éste ordenó darle el trámite de ley correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, en fecha 22 de agosto de 2008, denegó la inhibición requerida, resolvió mediante sentencia interlocutoria declararse competente para conocer del presente litigio, y ordenó comunicar lo resuelto al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula. Posteriormente, de oficio, dictó un auto de fecha 25 de agosto de 2008, ordenando la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y, luego, dicha Corte de Apelaciones en fecha 21 de mayo de 2009, ordenó remitir los autos a este Tribunal de Justicia en aplicación del artículo 872 del Código del Trabajo.- 4.- Que en fecha trece de mayo de dos mil ocho, las señoras LIDIA MEJÍA ESCOBAR, MARCIA EDITH MATUTE RUÍZ, ROSA MIRIAN MARCIA BONILLA y RINA GRISELDA MORENO, así como los señores JULIO WILMER GUARDADO y EDWIN YONEL BETANCOURT ZÚNIGA, comparecieron ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, promoviendo demanda ordinaria laboral en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA, contraída a que se ordene el pago de prestaciones laborales, preaviso, auxilio de cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, catorceavo mes proporcional, salarios dejados de percibir y costas del juicio.- 5.- Que en fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, tuvo por promovida la cuestión de competencia por inhibitoria que nos ocupa, y ordenó librar comunicación al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, para que se procediera al trámite respectivo.- 6.- Que en fecha siete de agosto de dos mil ocho, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, tuvo por recibida la comunicación procedente del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, y señaló día, fecha y hora para la celebración de una audiencia, con el propósito de que la parte actora contestara el incidente planteado.- 7.- Que en fecha veintidós de agosto de dos mil ocho, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, dictó sentencia interlocutoria declarando sin lugar la cuestión de competencia por inhibitoria planteada.- 8.- Que en fecha diez de febrero de dos mil nueve, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, ordenó librar una nueva comunicación al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, invitándole a remitir los autos por él practicados, a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de que ese tribunal resolviera la presente cuestión de competencia; asimismo, ordenó que sus actuaciones fueran igualmente remitidas al tribunal de alzada antes mencionado.- 9.- Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, tuvo por recibida la comunicación librada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, y ordenó remitir sus actuaciones a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.- 10.- Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ordenó remitir las presentes diligencias a la Corte Suprema de Justicia, para que la Sala Laboral–Contencioso Administrativo dirima el conflicto señalado.- 11.- Que en su oportunidad se citó a las partes para oír sentencia.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la base del debido proceso se encuentra plasmada en la Constitución de la República, la cual dispone que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.- II.- Que la facultad de impartir justicia reside en el cuerpo de Magistrados y Jueces que conforman el Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encuentra delimitado por normas legales de competencia; como consecuencia de ello, todos los Jueces y Magistrados tiene jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer de un determinado asunto; en tal sentido, la Ley también establece los modos en que deben ser tramitadas las cuestiones controvertidas que se promuevan al respecto. En el presente caso, se ha promovido una cuestión de competencia por vía inhibitoria, la cual ha devenido en un conflicto competencial por razón de la materia, pues, tanto el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, como el Juez de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, se han declarado competentes para conocer de un mismo asunto. Esta situación hace que el caso de mérito pueda ser sometido al estudio de este Tribunal Supremo, en observancia del artículo 872 del Código del Trabajo.- III.- Que los actores han requerido la intervención de un órgano jurisdiccional que dé solución a un conflicto en donde, de acuerdo a las alegaciones de los demandantes, del vínculo contractual que existía entre ellos y la Administración Pública, surgió una relación de trabajo permanente y, con ella, el derecho a prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido injustificado. Por un lado, están los documentos suscritos entre las partes, que podrían entrar o no a la categoría de los contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos aludidos en la Ley de Contratación del Estado; por el otro, está el derecho constitucional a la estabilidad laboral y la posibilidad de que, en virtud de esa relación contractual, los demandantes hayan adquirido el carácter de trabajadores/as. Este escenario hace que entren en choque dos jurisdicciones, la contencioso-administrativo y la laboral, pues dependiendo de cómo sea interpretada la normativa aplicable al caso concreto, así podría declararse competente a una u otra; por esta razón, la Ley, ante una situación como ésta, no debe interpretarse en forma restrictiva, pues el hacerlo vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.- IV.- Que la determinación de la jurisdicción competente viene impuesta por el petitum y la causa pretendi que lo fundamenta, por la naturaleza de la acción intentada y la pretensión del actor. Hay que tener en cuenta que quién determina el objeto del proceso es la parte que ha ejercido su derecho de acción y con la demanda de mérito se pretende que judicialmente se declare la existencia de una relación de trabajo y sus consecuencias jurídicas, pretensión cuyo conocimiento la Ley atribuye, con competencia exclusiva y excluyente, a la Jurisdicción Especial del Trabajo. Los demandantes tienen el derecho constitucional a obtener una sentencia sobre el fondo del asunto planteado; si bien, la obtención de este pronunciamiento judicial no implica que la decisión deba ser favorable a la pretensión formulada, pero sí congruente a los términos del debate procesal y al objeto incorporado y debatido por las partes. También hay que recordar que el carácter improrrogable de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, impide que dicho orden jurisdiccional pueda conocer de ciertos asuntos que no le están atribuidos por las reglas generales que han precedido a su institución, aún cuando hubieren sido sometidos a su conocimiento por la voluntad de las partes, no pudiendo extender su competencia más allá de lo específicamente preceptuado en la ley que le regula. Este asunto no es justiciable en vía contencioso-administrativa, pues los demandantes plasman en su demanda elementos fácticos y jurídicos que no pueden ser dirimidos a través del procedimiento especial en materia personal. Estos elementos deben ser sometidos a un estudio que sólo puede realizar un juzgador que, con el mérito de lo actuado, pueda declarar la existencia o no de una relación de trabajo y el único facultado para ello es el Juez de Letras del Trabajo.- V.- Que por las razones antes expuestas este Tribunal dirime este conflicto de competencia, señalando como Juez competente para conocer del presente al Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral – Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 59, 82, 90 párrafo 1°, 127, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 párrafo 1°, 25, 27 párrafo 1°, 28, 30, 31 y 44 del Código de Procedimientos Civiles; 8 párrafo 1°, 18, 665, 858 y 872 del Código del Trabajo; 1, 3 literal a), 28, 33, 34, 35, 79, 108, 109, 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declara COMPETENTE al Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, para continuar conociendo de la presente causa. Y MANDA: Que con certificación de esta resolución se remitan los autos al Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida y al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, se envíe la pieza formada al efecto con la certificación de estilo, para los efectos legales consiguientes. Se resuelve hasta en esta fecha en virtud de que no se habían remitido todas las piezas relacionadas con el proceso. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de Dos Mil Once, recaída en la Cuestión de Competencia número 271-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL