Sentencia CT-220-09 — Registro 1277
Resumen
Cuestión de Competencia por Inhibitoria, promovida por la Procuradora General de la República; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se declare que entre las partes existió una relación laboral por tiempo indefinido, se ordene el pago de indemnizaciones laborales por despido directo, costas del juicio; interpuesta ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la facultad de impartir justicia reside en el cuerpo de Jueces y Magistrados que conforman el Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encuentra delimitado por normas legales de competencia; como consecuencia de ello, todos los Jueces y Magistrados gozan de jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer de un determinado asunto; en tal sentido, la Ley también establece los modos en que deben ser tramitadas las cuestiones controvertidas que se promuevan al respecto. En el presente caso, se ha promovido una cuestión de competencia vía inhibitoria, en donde el requirente es un Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo y el requerido es un Juez de Letras del Trabajo, que no ha devenido en un conflicto competencial, pero sí ha sido recurrida la decisión adoptada por el requerido. Esta situación hace que el caso de mérito pueda ser sometido al estudio de este Tribunal Supremo, no en aplicación del artículo 872 del Código del Trabajo, sino por ser éste el superior común de ambos órganos judiciales...Que con la demanda de mérito se pretende que judicialmente se declare la existencia de un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, y que, como consecuencia de ello, se ordene el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo injustificado; sin embargo, luego del análisis respectivo, este Tribunal Supremo concluye que las partes en conflicto suscribieron un contrato en virtud del cual una persona natural se obligó, para con la Administración, a desarrollar actividades que sí requerían de conocimientos especializados, por lo que dicho convenio entra en la categoría de los contratos de servicios profesionales o técnicos; y en razón de esta calificación, todas las controversias que resulten o hayan resultado del mismo deben ser sometidas a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 3 literal a) de su Ley"...
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 3, literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., trece de septiembre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Apelación interpuesto en fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, por la Abogada ELIANA DURAND HUAMÁN, mayor de edad, casada, Peruana y de este domicilio, en su condición de Apoderada Legal de la señora LEANDRA LISSETT VEGA MONTOYA, en virtud de la Cuestión de Competencia por Inhibitoria, PROMOVIDA POR LA Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, en su condición de Procuradora General de la República; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se declare que entre las partes existió una relación laboral por tiempo indefinido, se ordene el pago de indemnizaciones laborales por despido directo, costas del juicio; interpuesta ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, el dieciocho de noviembre de dos mil dos, por la señora LEANDRA LISSETT VEGA MONTOYA, mayor de edad, casada, hondureña y de éste domicilio; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, a través de su representante legal el Procurador General de la República en ese entonces Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad casado, hondureño y de este domicilio.- RESULTA: Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil dos, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, la señora LEANDRA LISSETT VEGA MONTOYA, de generales conocidas; promoviendo Demanda ordinaria laboral para que se declare que entre las partes existió una relación laboral por tiempo indefinido, se ordene el pago de indemnizaciones laborales por despido directo, costas del juicio; contra de EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, la cual fue admitida mediante proveído de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dos.- RESULTA: Que la Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, actuando en su condición de Procuradora General de la República, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este departamento, promoviendo Cuestión de Competencia por Inhibitoria a fin de que el Juzgado de Letras del Trabajo se abstuviera de conocer de la demanda de mérito y se remitieran los autos al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- RESULTA: Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este departamento la Abogada OLGA LIDIA VIJIL FERRARI, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, emitiendo dictamen de la manera siguiente: “CONSIDERANDO: Que del estudio detallado del expediente administrativo se determina que la demandante fue nombrada por PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASA) dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD suscribiendo contrato de servicios profesionales donde se les detallaban sus derechos y obligaciones, siendo debidamente firmados por la Secretaría de Estado referida y la demandante. CONSIDERANDO: Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el Artículo 3 literal a) establece que “…conocerá también de: a) Todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los Poderes del Estado”, y siendo que la pretensión de la demandante en la instancia laboral se deriva de la suscripción de un contrato administrativo de prestaciones de servicios profesionales suscrito entre ella y la Secretaría de Estado en el Despacho de SALUD, siendo este asunto competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo anteriormente expuesto esta Fiscalía es DEL PARECER: Que SI PROCEDE la Cuestión de Competencia por Inhibitoria presentada por la Apoderada Legal de la Procuraduría General de la República.- RESULTA: Que en fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, libró Comunicación al Juzgado de Letras Primero del Trabajo, a fin de que este último se Inhibiera de seguir conociendo de la demanda interpuesta por la señora LEANDRA LISSETT VEGA MONTOYA.- RESULTA: Que en proveído de fecha Once de febrero de dos mil nueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, TUVO POR RECIBIDA LA REFERIDA comunicación y dio traslado del escrito de Inhibitoria a la parte demandante por el termino de tres días a fin de que se pronunciara sobre dicho incidente.- RESULTA: Que en fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, la Licenciada ELIANA DURAND HUAMÁN, en su condición de Apoderada legal de la señora LEANDRA LISSETT VEGA MONTOYA, interponiendo Recurso de Reposición y subsidiariamente el de apelación, contra la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve.- RESULTA: Que en fecha treinta de abril de dos mil nueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, dictó la providencia que en su parte conducente dice: “...Por presentado el anterior escrito por la Abogada ELIANA DURAND HUAMÁN, apoderada de la parte demandante, sin lugar el Recurso de Reposición y admítase la apelación en ambos efectos; en aplicación al Artículo 872 del Código del Trabajo, los conflictos de competencia entre dos o mas Tribunal del Trabajo o entre uno de estos y un Tribunal Ordinario o Administrativo, o entre un Tribunal de Trabajo y un Juez de esta Sección Judicial, o entre dos Juzgados de distintas Secciones Judiciales, serán dirimidos por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia remítase las presente diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia para los efectos consiguientes....”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para oír sentencia definitiva.- CONSIDERANDO (1): Que la base del debido proceso se encuentra plasmada en la Constitución de la República, la cual dispone que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, los derechos y las garantías que la Ley establece.- CONSIDERANDO (2): Que la facultad de impartir justicia reside en el cuerpo de Jueces y Magistrados que conforman el Poder Judicial; sin embargo, por razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encuentra delimitado por normas legales de competencia; como consecuencia de ello, todos los Jueces y Magistrados gozan de jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer de un determinado asunto; en tal sentido, la Ley también establece los modos en que deben ser tramitadas las cuestiones controvertidas que se promuevan al respecto. En el presente caso, se ha promovido una cuestión de competencia vía inhibitoria, en donde el requirente es un Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo y el requerido es un Juez de Letras del Trabajo, que no ha devenido en un conflicto competencial, pero sí ha sido recurrida la decisión adoptada por el requerido. Esta situación hace que el caso de mérito pueda ser sometido al estudio de este Tribunal Supremo, no en aplicación del artículo 872 del Código del Trabajo, sino por ser éste el superior común de ambos órganos judiciales.- CONSIDERANDO (3): Que con la demanda de mérito se pretende que judicialmente se declare la existencia de un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, y que, como consecuencia de ello, se ordene el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo injustificado; sin embargo, luego del análisis respectivo, este Tribunal Supremo concluye que las partes en conflicto suscribieron un contrato en virtud del cual una persona natural se obligó, para con la Administración, a desarrollar actividades que sí requerían de conocimientos especializados, por lo que dicho convenio entra en la categoría de los contratos de servicios profesionales o técnicos; y en razón de esta calificación, todas las controversias que resulten o hayan resultado del mismo deben ser sometidas a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 3 literal a) de su Ley.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral–Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 párrafo 1°, 25, 27 párrafo 1°, 28, 30, 31 y 44 del Código de Procedimientos Civiles; 665, 858 y 872 del Código del Trabajo; 1 y 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: DECLARAR COMPETENTE al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, para conocer de la presente causa. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se remitan los autos al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa y al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del Dos Mil Once; Certificación de la Sentencia de fecha trece de septiembre del dos mil once, recaída en la Cuestión de Competencia número 220-09.
LUCILA CRUZ MENÈNDEZ
SECRETARIA GENERAL