Sentencia CL-71-10 — Registro 1269
Resumen
Los trabajadores interpusieron demanda ordinaria laboral para el cumplimiento de acuerdo de terminación de relación laboral y pago de prestaciones, en primer instancia fallaron en contra de los trabajadores, en segunda instancia confirmaron el fallo. Los trabajadores interpusieron recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub-júdice, el Recurrente pretende que este Tribunal, constituido en sede de instancia, emita un fallo en donde a la vez case parcialmente, anule parcialmente y declare con lugar la demanda, condenando a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir, más la bonificación por despido unilateral, con costas. Al estructurarse el petitum de la presente demanda casacional se debió tener en cuenta que existen otros pronunciamientos que se debían realizar sobre los extremos reclamados en el juicio relacionados con el pago de las prestaciones laborales (preaviso y auxilio de cesantía) y derechos adquiridos, como los montos de las respectivas condenas que no las particularizó y entra innecesariamente a realizar alegatos sobre la normativa aplicable, sin ser propio de la parte dispositiva de un fallo. La presentación del libelo en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los tres motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa..."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, párrafo segundo (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de septiembre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de mayo de dos mil diez, por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el cumplimiento de acuerdo de terminación de relación laboral y pago de prestaciones; interpuesta ante el entonteces Juzgado Primero de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de Apoderado de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, ambos mayores de edad, solteros, hondureños, Médicos y Cirujanos, y de este domicilio, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), por medio de su Alcalde y Representante Legal señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES Y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, contra La Alcaldía Municipal Del Distrito Central, a través de su Alcalde y Representante Legal señor RICARDO ALVAREZ ARIAS, en cuanto a la pretensión del Cumplimiento del contenido del acuerdo de terminación de la relación laboral, correspondiente al pago de todos los derechos laborales adquiridos de acuerdo a los años de servicio prestados como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Vacaciones, Aguinaldo, Décimo Cuarto Mes y demás que conforme a la ley correspondan, según la cláusula numero 45 del contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (SITRAMUDIC), asimismo el Reajuste Salarial conforme a la Ley del Estatuto del Medico Empleado mismo que deberá ser efectivo desde el año 2003.- SEGUNDO: CONDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través de su Alcalde y Representante Legal señor RICARDO ALVAREZ ARIAS, a dar cumplimiento al contenido del acuerdo de terminación de la relación laboral, pagando a favor de los actores los conceptos siguientes: CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES: Preaviso Lps.55,370.96; Auxilio de Cesantía Lps.221,483.84; Auxilío de Cesantía Proporcional, Lps.6,690.66 Vacaciones Proporcionales, Lps.9,630.02; Aguinaldo Proporcional, Lps.5,566.65 y Décimo Cuarto Mes Proporcional, Lps.14,058.15; reajuste Salarial año 2003: Lps.56,124.00; Reajuste Salarial año 2004: Lps.65,937.60; Reajuste Salarial año 2005: Lps.65,937.60; Reajuste Salarial año 2006: Lps.28,478.16; Reajuste de Aguinaldos 2003-2006: Lps.18,039.73; Reajuste de Décimo Cuarto Mes 2003-2006: Lps.18,145.93; Reajuste de Vocaciones 2003-2006: Lps.13,609.47; haciendo un total de: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.579,073.49) EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ: Preaviso Lps.55,370.96; Auxilio de Cesantía, Lps.387.596.70; Auxilio de Cesantía Proporcional, Lps.25,147.66; Vacaciones Proporcionales, Lps.9,993.50; Aguinaldo Proporcional, Lps.3,369.22; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.8,508.70; Reajuste Salarial año 2003: Lps.136,572.00; Reajuste Salarial año 2004: Lps.149,589.60; Reajuste Salarial año 2005: Lps.149,589.60; Reajuste Salarial año 2006: Lps.54,847.22; Reajuste de Aguinaldos 2003-2006: Lps.40,883.21; Reajuste de Décimo Cuarto Mes 2003-2006: Lps.38,559.09; Reajuste de Vacaciones 2003-2006: Lps.31,912.00; haciendo un total de: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CURENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.1,091,939.46) para hacer un gran total de UN MILLON SEICIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCE LEMPIRAS, CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.1,671,012.95). TERCERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES Y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, contra La Alcaldía Municipal Del Distrito Central, a través de su Alcalde y Representante Legal señor RICARDO ALVAREZ ARIAS, en cuanto a la pretensión del pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y pago de la indemnizaciones contempladas en los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento del Estatuto de Medico Empleado.- CUARTO: ABSOLVER a La Alcaldía Municipal Del Distrito Central, a través de su Alcalde y Representante Legal señor RICARDO ALVAREZ ARIAS, en cuanto a pretensión del pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y pago de la indemnizaciones contempladas en los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento del Estatuto de Medico Empleado QUINTO: SIN COSTAS por haber tenido motivos suficientes para litigar.- ”.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de Apoderado de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES Y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- RESULTA: Que en fecha seis de mayo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, generales ya conocidas, y en su condición de Apoderado de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES Y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, formalizando su demanda de la siguiente manera:” DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Con el presente Recurso de Casación lo que se establece es la REVOCACION PARCIAL de la sentencia que dictara la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que corre a folios nueve, diez y once de la segunda pieza de autos, de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, cuya parte resolutiva copio íntegramente, la cual dice: FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ANSELMO DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado apelante. 2.-CONFIRMA la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 12 de noviembre de 2009, que corre a folios 286, 287, 288, 289, 290, 291 y 292 de la primera pieza de autos.- 3.- SIN COSTAS.- MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio, y que una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la Certificación de estilo para los efectos legales. Redactó el Magistrado CANALES MEJIA.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia firmando para constancia los Magistrados y el Secretario del despacho que da fe.- SELLO Y FIRMAS.- ADELA MARIA KAFFATY ALVARADO.- PRESIDENTA.- JORGE ANTONIO CANALES MEJIA.- REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ.- SELLO Y FIRMA.- MIGUEL ENRIQUE REINA.- SECRETARIO. Con la formalización del presente Recurso de Casación se establece que esta Honorable Corte Suprema de Justicia REVOQUE PARCIALMENTE el fallo recurrido el cual es violatorio de ley sustantiva de orden nacional, y por consiguiente al CASAR la sentencia, ésta Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, pronuncie el fallo que ha de sustituir la sentencia recurrida condenando a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL por intermedio del Señor Alcalde Municipal don RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, en los términos siguientes: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS, de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 1, 64, 70 párrafo 3o.), 127, 128, 129 y 134 de la Constitución de la República; artículo 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 36, 113 interpretado por Decreto 89 emitido por el Congreso Nacional de la República, 116, 117, 120 reformado por Decreto 150-2008; 123, 126, 345, 346, 360, 664, 665, 666, 667, 669, 674, 690, 691, 692, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 715, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 736, 738, 739, 858, 868 letra b) del Código del Trabajo; 2289, 2292, 2299, 2301 y 2303 del Código Civil; 39, 43 y 44 de la Ley del Salario Mínimo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 71, 8-A reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 27, 29, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 66, 67, 68, 69 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y cláusula 43 hoy 45 del doceavo Contrato Colectivo; FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR en todo su contenido la Demanda Ordinaria Laboral con el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido de los demandantes hasta que se encuentre firme la presente sentencia, más la bonificación por despido unilateral; demanda formalizada por el Abogado Oscar Doñas Chávez, en representación de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, ordenándose el cumplimiento del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo interpretado por Decreto 89 emitido por el Congreso Nacional de la República.- TERCERO: CONDENAR: Al pago a título de daños y perjuicios los salarios que los trabajadores habrían percibido desde la terminación de su contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código debe quedar firme la sentencia condenatoria, en consecuencia los Tribunales de Justicia no deben hacer deducciones alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir; además se condena al pago de la bonificación que obliga el artículo 67 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado.- CUARTO: CONDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través de su Representante legal señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS a titulo de daños y perjuicios las cantidades de dinero que se liquiden en el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, desde el despido injusto y unilateral de los demandantes hasta que se encuentre firme la sentencia condenatoria.- QUINTO: CON COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia.- Redactó la Magistrada............. NOTIFIQUESE. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial el día veintiuno de enero del año dos mil diez, la cual es violatoria de ley sustantiva de orden nacional, comprendida en los artículos siguientes: 110 y 113 párrafo primero interpretado por Decreto No.89 emitido por el Congreso Nacional de la República, en relación al artículo 129 de la Constitución de la República y 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta Honorable Corte Suprema de Justicia sostiene el criterio sólido que la infracción directa de la ley se produce cuando la sentencia no aplica la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la misma es absolutamente claro y la sentencia CONTIENE DISPOSICIONES EN ABIERTA PUGNA Y REBELDIA HACIA LA LEY. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: a) La sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el día doce de noviembre del año dos mil nueve, en su considerando diez sostiene la tesis infundada e incorrecta que a folio número doscientos cuarenta y nueve de la primera pieza de autos se encuentra el acta de fecha ocho de noviembre del dos mil siete, en donde se constató que la ALCALDIA MUNICIPAL extendió los cheques a los actores en fecha primero de junio del dos mil siete, apenas un mes y días de la fecha de la terminación del la relación laboral, ò sea según el Tribunal de Primera Instancia existió buena fe de parte de la Alcaldía Municipal y que por este acto los salarios dejados de percibir solo se pagarían por el tiempo que se mantuvo el trámite de la emisión de los cheques respectivos; con todo respeto hago el llamado a los Honorables Magistrados para que se analice el considerando uno de la sentencia, en el cual el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán conforme con la prueba documental donde consta el despido de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, fue el veintiocho de abril del dos mil seis.- Ver folio 118 de la primera pieza de autos se encuentra el Acuerdo No.1798-C-2006, mediante el cual se despide al señor Carlos Javier Guevara Flores, prueba documental citada y que está en consonancia con el considerando primero del fallo del Juzgado de Letras del Trabajo, que el despido fue el 28 de abril del 2006 y a folio 266 se encuentra el Acuerdo No.1799-C-2006 de fecha 28 de abril del 2006, mediante el cual le comunican al señor Edmundo Arnol Carrasco Núñez, su despido; no obstante la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en su fallo que dictó el veintiuno de enero del año dos mil diez, confirma la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo, con lo cual hace de su fallo propios los errores jurídicos que consisten en lo siguiente: 1) Ambos tribunales confirman que los demandantes fueron despedidos el 28 de abril del 2006, en sus primeros considerando de los respectivos fallos. 2) El Tribunal de Primera Instancia y haciendo propio esta tesis debidamente infundada y absurda que merece que se instruya una investigación sobre la capacidad de los Jueces del Trabajo, al expresar que el despido de los demandantes fue el primero de junio del 2007, siendo falso, ya que éstos fueron despedidos el 28 de abril del 2006; y la Honorable Corte de Apelaciones repite el error gravísimo al sostener que el despido de los señores Javier Guevara y Arnol Carrasco fue el primero de junio del dos mil siete, que apenas había transcurrido un mes y días de la fecha de la terminación de trabajo laboral, da por hecho que existió buena fe de la demandada, no obstante haber comprobado que los despidos fueron el 28 de abril del 2006. La violación consiste Honorables Magistrados que no es el primero de junio del dos mil siete que se produjo el despido, sino como lo señalé anteriormente, el 28 de abril del 2006; nótese sí la Alcaldía Municipal hubiese actuado tal como lo dice el Tribunal de primera y segunda instancia de buena fe, en el folio 41 de la primera pieza de autos donde se inicia la Audiencia de conciliación el 17 de abril de 2009 hubiera consignado los cheques de prestaciones laborales aún cuando no fueran las cantidades correctas, sino más bien el apoderado de la parte demandada al preguntarle la Señora Juez SI VA A OFRECER ALGUN ARREGLO CONCILIATORIO, DICE QUE NO; no obstante que se le indicara a la Honorable Corte de Apelaciones la violación del artículo 113 del Código del Trabajo, interpretado mediante Decreto No.89 por el Congreso Nacional de la República que dice: Artículo 1.- INTERPRETAR EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 113 DEL CODIGO DEL TRABAJO EN EL SENTIDO DE QUE LA PERCEPCION DE SALARIOS POR PARTE DEL TRABAJADOR, CON MOTIVO DE LA OBLIGACION QUE CORRESPONDE AL PATRONO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTO, DEBE DE PAGAR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS QUE EL TRABAJADOR HABRIA PERCIBIDO, SE CONTARA DESDE LA TERMINACION DEL CONTRATO, HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES DEL CODIGO DEBE QUEDAR FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Si entendemos que por violación de una norma sustantiva que es de aplicación obligatoria y que ésta es absolutamente clara y mas bien la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con el derecho de los demandantes, en cuanto inventarse que la fecha del despido fue el primero de junio del año dos mil siete, lo cual es absolutamente falso, no obstante que ambos tribunales dan por probado en el considerando primero de su fallo, que las fechas de los despidos de los demandantes fue ejecutada el 28 de abril del 2006, y que por esta razón según el tribunal desde la fecha que ellos consideran el despido no condenan a los salarios dejados de percibir, en violación al artículo 113 del Código del Trabajo, interpretado por el Decreto 89 que emitió el Congreso Nacional de la República. La norma legal interpretada es absolutamente clara y ordena que los tribunales de justicia no beberán hacer deducción de algún tiempo que dure el juicio o limitar el pago de los salarios dejados de percibir. No obstante la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo al confirmar en todo y cada uno de sus parte la sentencia de primera instancia, absorbe la tesis errada del considerando diez, tomando como prueba documental el acta que obra a folio 279 y 280 de la primera pieza de autos; nótese Honorables Magistrados que el acta a la cual hace referencia la Corte de Apelaciones del Trabajo es la prueba de inspección que el tribunal de primera instancia ejecutó y que obra a folio 280 en su letra a), cito textualmente lo que expresa dicha acta: Según la información brindada por el señor Javier Castro Auxiliar de Nómina los cheques números 392,620 por la cantidad de Lps.385,670.89 y el cheque número 392,621 por la cantidad de Lps.284,592.30.- En dicho literal no indica a quien pertenecen las cantidades y nótese Honorables Magistrados, la ley nació para aplicarse y en este caso dicha acta sostiene la Juez que fue una información brindada lo que significa que ni siquiera ella tuvo a la vista dichos títulos valores; no obstante la sentencia de primera instancia en el considerando diez sostiene que en el folio NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, consta el acta de fecha 8 de noviembre del 2007; sí revisamos los folios de la primera instancia que señala el considerando diez del fallo del Juzgado no encontramos ninguna acta pues ese folio pertenece a un antecedente del juicio promovido por la señora María Luz Alvarado Alvarado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es decir, la supuesta acta que cita el Juzgado de Letras del Trabajo que se encuentra a folio 249 de la primera pieza de autos, corresponde a un antecedente el cual lo mencionamos; pero la buena fe que la Corte de apelaciones del Trabajo sostiene es en base a la prueba de inspección que se encuentra a folios 279 y 280, prueba diferente a la del Tribunal de Primera Instancia y que por el hecho de haber confirmado la sentencia arrastra este error, queda demostrado Honorables Magistrados que la falta de estudio y análisis de las pruebas, surge la violación directa del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo que es interpretado por el Decreto 89 que emitió el Congreso Nacional de la República, pues no es con el concepto de la buena fe es que se va a dejar de aplicar una norma, violentando derechos elementales, que tienen su arraigo en el patrimonio familiar al no decretarse los salarios dejados de percibir, con lo que una vez más demostramos la violación directa de la norma legal citada. Según el considerando siete de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, confirma las prestaciones que legalmente le corresponden a mis representados CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES, es la suma de 579,073.49 y EDMUNDO ARNOL CARRASCO LA SUMA DE 1,091.939.46 para un total de 1,671.012.95 habiéndose declarado SIN LUGAR los salarios dejados de percibir y las indemnizaciones contempladas en los artículo 66, 67 y 68 de la Ley del Estatuto Médico. Honorables Magistrados, el articulo 47 de dicho estatuto el cual obra a folio 134 de la primera pieza de autos expresa que cuando la terminación de la prestación del servicio concluye unilateralmente se le otorgará una bonificación por sus servicios prestados no inferior al sesenta por ciento calculado en base a lo establecido en el artículo que antecede; en este caso Honorables Magistrados el despido de mis representados fuè unilateral tal como consta en las notas de despido y lo reconoce en su fallo la Corte de Apelaciones del Trabajo, por ende también se violentó el artículo 117 del Código del Trabajo al no señalar causa de despido. Ningún Juez, ningún Tribunal tiene la capacidad legal para negar los salarios dejados de percibir, si el cheque de prestaciones QUE VERDADERAMENTE LE CORRESPONDAN A TODOS SUS DERECHOS, se hubiesen consignados al Juzgado al momento de la Audiencia de conciliación, para esa fecha la demandada ni tan siquiera los había hecho y no hizo ò propuso ningún acto de conciliación (ver folio 41) de la primera pieza de autos, además si se condenó al pago de las prestaciones laborales significa que el despido fue injusto e ilegal, con lo que se demuestra que también se violentó el artículo 117 del Código del Trabajo al no habérseles señalado causa para su despido a los demandantes, teniendo las normas sustantivas violadas en forma directa sustentadas en el artículo 129 de la Constitución de la República, en cuanto que cuando el trabajador haga su elección ya sea su reintegro ò al pago de prestaciones laborales que es el caso que nos ocupa, tendrá derecho a una remuneración en concepto de salarios dejados y percibir a título de daños y perjuicio. De la manera antes expuesta dejo establecido la violación directa del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo interpretado por el Decreto 89 que emitiera el Congreso Nacional de la República, en cuanto al pago a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contarán desde la terminación del contrato desde la fecha hasta que con sujeción a las normas procesales del Código debe quedar firme la sentencia condenatoria; otro concepto de la interpretación del artículo 113 del Código del Trabajo que lo indica el Decreto 89 es que los tribunales de justicia no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir; por tanto el presente motivo deberá CASAR en sentencia definitiva que dicte esta Honorable Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO MOTIVO: Por violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo interpretado mediante Decreto Legislativo No. 89 del 23 de diciembre de 1969, por infracción indirecta que proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba siguientes: 1) Inspección Personal de la Señora Juez que obra a folio 279 y 280 de la primera pieza de autos; 2) Nota de despido del señor Javier Guevara que obra a folio 118 de la primera pieza de autos; 3) Nota de despido del señor Edmundo Arnol Carrasco Núñez que obra a folio 266 de la primera pieza de autos; por error de hecho que aparece de manifiesto en los folios antes indicados, en relación con las normas adjetivas.- Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo por aplicación indebida a través de error de hecho, por interpretación errónea de la prueba de inspección que se encuentra a folios 279 y 280 y la prueba documental que obran a folios 118 y 266 todos de la primera pieza de autos. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: La doctrina según don Miguel Gerardo Salazar sostiene que la violación indebida proviene cuando a una prueba se le ha dado otro mérito distinto del que expresamente le atribuye la ley. Cuando la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia dictada el jueves veintiuno de enero del año dos mil diez (ver folio NO.10 vuelto) de la segunda pieza de autos, en el considerando siete, que en este caso fue decisivo para que el Tribunal de Segunda Instancia no condenara a los salarios dejados de percibir, porque sostiene lo siguiente: A folio 279 y 280 de los autos se constataron los siguientes extremos: a) Según información brindada por el señor Javier Castro, Auxiliar de Nómina, los cheques 392620 por la cantidad de Lps.385,670.89 y el cheque No,392621 por la cantidad de Lps.280,592.30, según ordenes números 98255, 98257 respectivamente, estuvieron vigentes por un lapso de tiempo y los mismos no fueron reclamados por los demandantes.- Todo esto demuestra que en la demandada ha existido la buena fe para darle cumplimiento a lo acordado. La indemnización de daños y perjuicios que se reclama, se produce cuando ha existido un despido injusto y en el presente caso tomando en cuenta lo antes expuesto no procede lo reclamado por los demandantes. Honorables Magistrados: Vamos a partir de la buena fe que señala la sentencia de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, en relación a los supuestos cheques de prestaciones laborales, los extremos siguientes: 1) En el acta de comparecencia única de la audiencia celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho en el Ministerio del Trabajo, no se presentó la institución demandada, a pesar que se le entregó Cédula de Citación (ver folio 18 y 19) de la primera pieza de autos; 2) En la contestación de la demanda en el hecho tercero el Abogado Hugo Rafael Laínez Ochoa, expresa la improcedencia del reclamo, es decir del pago de las prestaciones conforme al Estatuto Médico y los salarios dejados de percibir; pregunto Señores Magistrados: )existe buena fe al negar en los hechos de la demandada reconocidos en las notas de despido? (ver folio 35 de la primera pieza de autos; 3) En la audiencia de conciliación celebrada el viernes diecisiete de abril del año dos mil nueve, (ver folio 41 de la primera pieza de autos) el apoderado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuando la Juez le hace la pregunta en forma clara y precisa al apoderado de la parte demandada sí ofrece algún arreglo conciliatorio expresó: DICE QUE NO. )Es ésta la buena fe de la parte demandada? 4) La terminación de la relación de trabajo fue en forma unilateral y sin ninguna causa alguna cometida por los señores Carlos Javier Guevara Flores y Edmundo Arnol Carrasco Nuñez, más bien se les indica que se le reconocerán sus derechos laborales según el tiempo establecido en la cláusula 43 hoy 45 en el nuevo Contrato Colectivo, (ver folio 118 y folio 266) donde se encuentran la nota de despido de los demandantes; observación: En ambas notas de despido se les indica a los demandantes que su relación de trabajo finalizó el 28 de abril del 2006 y en la cláusula que indica el pago de las prestaciones laborales se deberán cancelar en su totalidad dentro del término de diez días después de la terminación de su contrato de trabajo y a las mismas solo se harán las deducciones ya establecidas en el Código de Trabajo en el artículo 123, inciso a) ò las autorizadas por el trabajador (ver folio 164), y según la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo el día doce de noviembre del año dos mil nueve, sosteniendo en su considerando diez que los cheques del cual indica la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, fueron emitido el PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE, APENAS HABIA PASADO UN MES Y DIAS,)será esta la buena fe, porque el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda Instancia cuando en ambos fallos sostiene que el despido de los demandantes fue el 28 de abril dos mil seis, esto se demostró con las pruebas documentales, la diferencia que existe con la fecha del despido verdaderamente probada, tomando en cuenta la sentencia en su considerando diez del Juzgado de Letras del Trabajo y la Corte de Apelaciones del Trabajo que al confirmar el fallo, hace propio el contenido de la sentencia de primera instancia, existe una diferencia de UN AÑO, UN MES Y DIAS con la fecha exacta del despido; será ésta la buena fe que sirvió para declarar sin lugar los salarios dejados de percibir?. Esta Honorable Corte Suprema de Justicia en las sentencias dictadas de esta misma naturaleza, y que se acompañaron como antecedentes para que los tribunales tuvieran el panorama jurídico y no de carácter personal, en el fallo que la misma Corte de Apelaciones dictara el miércoles dieciséis de febrero del año dos mil cinco en el juicio promovido por la señora María Luz Alvarado Alvarado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (ver folio 181 vuelto) de la primera pieza de autos, sostiene en su considerando cinco lo siguiente: Que se entiende por derecho adquirido, aquél que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica, y que hace parte de él, y que por lo mismo no puede ser arrebatado ò vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente; como sucede en el presente caso en el que el Instituto Hondureño de Seguridad Social en su oficio No.1931-CI-IHSS, reconoce que le cancelaría a la demandante el pago de sus prestaciones laborales, por lo que la prescripción alegada es improcedente, consecuentemente procede declararla sin lugar la prescripción. En este caso la institución demandada pagó el pago de las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir, tal como lo indica la sentencia de primera instancia, lo expuesto se encuentra en el folio 180 vuelto de la primera pieza de autos. Nótese Honorables Magistrados que la sentencia a la cual señalo en el folio 181 vuelto de la primera pieza de autos, la Magistrado Ponente fue la Abogada María Adela Kafatti Alvarado, y en la sentencia contra la cual interpusimos y estamos formalizando el Recurso de Casación, la Abogada María Adela Kafatty Alvarado aplicó otra tesis contraria a una que ella misma había redactado. Esta Honorable Corte Suprema de Justicia de los antecedentes que se propusieron como medios de prueba para la ilustración de los Tribunales en el juicio promovido por el señor Carlos Alberto Urrutia Raudales contra Hondutel, en el folio 189 de la primera pieza de autos, expresa este Honorable Tribunal que derecho adquirido es el que por razón de la misma ley se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de una persona. 6) El Estatuto del Médico con la Certificación que corre a folios 252 y 253 que se encuentra certificado el artículo 47 expresa que cuando la terminación de las prestaciones del servicio concluyen unilateralmente se le otorgará una bonificación por sus servicios prestados no inferiores al sesenta por ciento (60%) calculado en base a lo establecido en el artículo que antecede; ley ésta que se presentó y que obra a folios del 213 al 246 de la primera pieza de autos, en su artículo 67 del Reglamento del Estatuto Médico además indica que en el caso que la institución empleada cuyo beneficio se regule por contratación colectiva se le otorgará la bonificación que le sea más favorable. Nuestro Código Civil clara y llanamente expresa en su artículo 17 que no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador; únicamente el legislador puede explicar o interpretar la ley de un modo general obligatorio, y no como lo hicieron tanto el Juzgado de Letras del Trabajo y la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, que al confirmar el fallo de primera instancia ésta hace suyo todos los argumentos comprendidos en la sentencia de primera instancia, pues no obstante la confirmación de la sentencia nótese Honorables Magistrados sí es buena fe que en el considerando número diez que relacionáramos, el folio que cita el fallo de la primera pieza, es el 249 citando una acta que no se encuentra en dicho expediente, pero al constatar dicho folio lo que se encuentra es la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en el juicio promovido por la señora María Luz Alvarado Alvarado contra el Seguro Social y precisamente en el folio 249 encontramos el considerando ocho y una parte del por tanto; éste error lo arrastra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo y mucho peor cuando indica que con la prueba de inspección que se encuentra a folio 279 y 280 que expresa la información brindada por el señor Javier Castro, es suficiente para declarar sin lugar los salarios dejados de percibir, pues ni el Tribunal de Primera Instancia nunca tuvo a la vista los supuestos cheques y tampoco fueron consignados al Juzgado, es decir que no existió buena fe de la parte demandada, por lo tanto este segundo motivo deberá CASAR en sentencia definitiva. TERCER MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea de la prueba de inspección personal que obra a folio 279 y 280 de la primera pieza de autos que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que llevó a la Corte de Apelaciones del Trabajo a violar en forma indirecta los artículos 113 párrafo primero del Código del Trabajo interpretado por el Decreto 89 que emitiera el Congreso Nacional de la República, a través de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION LA PASO A EXPLICAR DE LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho resulta de un proceso subjetivo del juzgador, y de un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que da por establecido un hecho que no sucedió o qué, al contrario se de por no establecido un hecho consumado y probado plenamente. El error de hecho como lo sostiene esta Honorable Corte Suprema de Justicia no se produce por algún elemento jurídico sino qué simplemente por un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia o no existencia de un hecho; como el presente caso cuando el juzgador pretende negarle un derecho a mis representados cuando se refiere a la prueba de inspección que obra a folio 279 y 280 de la primera pieza de autos, y que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo lo transcribe en su considerando siete la inspección número dos del folio doscientos ochenta, literal a) SEGUN INFORMACION BRINDADA POR EL SEÑOR JAVIER CASTRO, AUXILIAR DE NOMINA LOS CHEQUES 392,620 POR LA CANTIDAD DE LPS.385,670.89 Y EL CHEQUE 392,691 POR LA CANTIDAD DE LPS.280,592.30, SEGUN ORDENES NUMEROS 98,255, 98,257 RESPECTIVAMENTE ESTUVIERON VIGENTES POR UN LAPSO DE TIEMPO Y LOS MISMOS NO FUERON RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES. TODO SE DEMUESTRA QUE EN LA DEMANDADA HA EXISTIDO LA BUENA FE, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO. LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE RECLAMA, SE PRODUCE CUANDO HA EXISTIDO UN DESPIDO INJUSTO Y EN EL PRESENTE CASO TOMANDO EN CUENTA LO ANTES EXPUESTO NO PROCEDE LO RECLAMADO POR LOS DEMANDANTES. Honorables Magistrados: El error de hecho en el presente caso es motivado por el juzgador por un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia de la BUENA FE, en vista que según el considerando diez de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, los cheques de los demandantes se extendieron el primero de junio del dos mil siete, agregando que sólo había transcurrido UN MES Y DIA de la fecha del despido, por esa buena fe de la Alcaldía Municipal no se decretó los salarios dejados de percibir; no obstante que el considerando número uno de la sentencia de primera instancia está motivado que los despidos fueron el veintiocho de abril del dos mil seis (ver folio 118) donde consta el despido del señor Carlos Javier Guevara Flores y folio 266 donde consta el despido del señor Edmundo Arnol Carrasco Núñez, ambos folios de la primera pieza de autos. El equivocado razonamiento sobre la fecha del despido de los demandantes es gravísimo, pues la prueba documental antes citada y que se da por probado un hecho que es la fecha del despido, y que tanto el tribunal de Primera y Segunda Instancia parten que la fecha de la terminación de la relación de trabajo fue el primero de junio de dos mil siete, siendo totalmente falso ésta fecha, sino la que obra en los folios citados y el término de un año y mes estuvieron los demandantes sin trabajo sin llevar a su familia los alimentos, cubrir las necesidades de salud, vivienda y otros, por el tiempo de un año y días, que tanto la Honorable Corte del Trabajo al confirmar la sentencia, hace propio el error del Tribunal de Primera Instancia, al expresar que la Alcaldía actuó de buena fe y porque al tener los supuestos cheques Honorables Magistrados, la Alcaldía Municipal nunca los presentó ni tan siquiera fotocopias autenticadas y además la prueba de inspección que señala en su sentencia en el considerando siete del tribunal de segunda instancia, solo cita lo que le informó un señor de nombre Javier Castro, nunca el Tribunal manifestó que tuvo a la vista los cheques de prestaciones y jamás se consignaron en el Juzgado, y la demandada fue tajante y clara al expresar en la audiencia de conciliación el apoderado de la parte demandada que no estaba llegando a ningún arreglo conciliatorio. Para nosotros resulta que la BUENA FE es aquella que procede de una forma sincera y leal en los negocios, convenciones y actos, que no pretenda engañar a las personas con quienes se celebra; no obstante de haberse cambiado el principio de buena fè por ambos tribunales, al no aplicar realmente la fecha de los despidos pero sì los reconocen en sus fallos, tanto el Tribunal de Primera Instancia en su considerando primero, igualmente la Honorable Corte de Apelaciones reconoce la fecha del despido de los demandantes que fue el 28 de abril del 2006, despido éste como podrán analizarlo, es de carácter UNILATERAL, por lo tanto aquí y en cualquier parte de nuestra América es un despido injustificado, lo que les da derecho a que se aplique la bonificación que obliga el artículo 47 del Estatuto Médico, cuando éste afirma que la terminación de la prestación del servicio concluye unilateralmente, se le otorgará una bonificación por servicios prestados no inferior al sesenta por ciento (60%) calculado en base a lo establecido en el artículo que antecede. Estos argumentos jurídicos los recoge un antecedente de la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2007 que obra a folio 195 al 201, donde el Juzgado condenó a la bonificación que es obligatoria porque lo establece la Ley del Estatuto Médico cuando el despido es unilateral; otro punto muy importante Honorables Magistrados que los supuestos cheques no contenían las cantidades verdaderas de las prestaciones de los demandantes, tampoco se les puso a la orden, no fueron consignadas al Juzgado, y en la Audiencia de Conciliación la demandada dijo que no conciliaba nada y para remachar lo antes expuesto, se supone que los cheques se emitieron el primero de junio del año dos mil siete, es decir un año, un mes y días después del despido, y el Contrato Colectivo vigente ordena el pago de sus prestaciones laborales según Cláusula 45 que se encuentra a folio 164 se deberán pagar en su totalidad en el término de diez días, lo cual nunca se hizo ni tampoco se realizó y ahora los tribunales vienen y dictan una sentencia contraria a derecho y a la Constitución de la República que en su artículo 129 expresa que cuando el trabajador es separado por un despido injustificado y firme que sea la sentencia condenatoria tendrá derecho a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, que tampoco cumplió la demandada; argumentos que están debidamente acreditados y expresados jurídicamente que el error de hecho que existe en la apreciación de la prueba de inspección que la Honorable Corte de Apelaciones en su considerando siete que cita a folio 279 y 280 de la primera pieza de autos que en forma irracional indica que por información brindada por la demandada, los demandantes no reclamaron sus cheques y que por eso no se condena a los salarios dejados de percibir por la "buena fe" que tuvo la Alcaldía Municipal, que nunca existió, por todas éstas razones este motivo de casación debe CASAR en la sentencia que dicte este Tribunal.”.- RESULTA: Que en fecha siete de mayo de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diez, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado ANDRES ENRIQUE ASFURA Apoderado de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR en todo su contenido la Demanda Ordinaria Laboral con el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido de los demandantes hasta que se encuentre firme la presente sentencia, más la bonificación por despido unilateral; demanda formalizada por el Abogado Oscar Doñas Chávez, en representación de los señores CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES y EDMUNDO ARNOL CARRASCO NUÑEZ, ordenándose el cumplimiento del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo interpretado por Decreto 89 emitido por el Congreso Nacional de la República.- TERCERO: CONDENAR: Al pago a título de daños y perjuicios los salarios que los trabajadores habrían percibido desde la terminación de su contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código debe quedar firme la sentencia condenatoria, en consecuencia los Tribunales de Justicia no deben hacer deducciones alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir; además se condena al pago de la bonificación que obliga el artículo 67 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado.- CUARTO: CONDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través de su Representante legal señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS a título de daños y perjuicios las cantidades de dinero que se liquiden en el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, desde el despido injusto y unilateral de los demandantes hasta que se encuentre firme la sentencia condenatoria.- QUINTO: CON COSTAS…”.- CONSIDERANDO (3): Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub-júdice, el Recurrente pretende que este Tribunal, constituido en sede de instancia, emita un fallo en donde a la vez case parcialmente, anule parcialmente y declare con lugar la demanda, condenando a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir, más la bonificación por despido unilateral, con costas. Al estructurarse el petitum de la presente demanda casacional se debió tener en cuenta que existen otros pronunciamientos que se debían realizar sobre los extremos reclamados en el juicio relacionados con el pago de las prestaciones laborales (preaviso y auxilio de cesantía) y derechos adquiridos, como los montos de las respectivas condenas que no las particularizó y entra innecesariamente a realizar alegatos sobre la normativa aplicable, sin ser propio de la parte dispositiva de un fallo. La presentación del libelo en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los tres motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 y 777 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de Septiembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha siete de Septiembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 71-2010.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL