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Sentencia CL-697-10 — Registro 1349

Resumen

Los trabajadores interpusieron la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados por incumplimiento a la obligación contraída en acta de conciliación, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y costas. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de segunda instancia que falló confirmando la sentencia definitiva proferida en primera instancia, que declaró con lugar la demanda promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el caso sub júdice, el Impetrante omite consignar los capítulos relacionados con la designación de las partes, la indicación de la sentencia impugnada, la relación sintética de los hechos en litigio y la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario obliga al casacionista cumplir con las formalidades exigidas en el articulo 769 del Código del Trabajo para que el Tribunal pueda entrar a su examen. Al prescindir por completo de la estructura básica del libelo casacional, se muestra carente de la parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- III.- Que por las razones antes expuestas procede declarar no ha lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito e imponer la condena en costas al recurrente, ya que si bien es cierto por el principio de gratuidad que impera en el Derecho Laboral este Tribunal reserva la condena de las mismas para los casos en que se establezca que no se ha actuado con la debida lealtad procesal como en situaciones que se advierte la falta muy notoria del derecho para litigar, y, en este caso las partes acordaron en conciliación un arreglo de pago de las prestaciones reclamadas y ordenándose su cancelación en las sentencias de primera y segunda instancia, por lo que lo pretendido en este extraordinario recurso de casación, evidentemente se aleja de los principios que regulan la materia y con el propósito de alargar innecesariamente el juicio.

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de octubre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintidós de febrero del dos mil once, por el Abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño, y de este domicilio, en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados por incumplimiento a la obligación contraída en acta de conciliación, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, interpuesta el diez de octubre de dos mil ocho, ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, apoderado de los señores JESUS AVILA, casado, labrador, JUANA SUAZO JIMENEZ, soltera, comerciante, BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, casada, Secretaria Bilingüe, MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, casado, motorista, ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO, casado, motorista, y BLANCA PASTORA MORALES RIVERA, soltera, ama de casa, todos mayores de edad, hondureños y del domicilio de Yarumela, departamento de La Paz, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuradora General de la República en ese entonces, señora ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre del dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del dos mil diez, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la demanda laboral ordinaria para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por incumplimiento a la obligación contraída en acta de conciliación; promovida por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, quien actúa en su condición de Apoderado legal de los trabajadores JESUS AVILA, JUANA SUAZO JIMENEZ, BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO Y BLANCA PASTORA MORALES RIVERA, de generales conocidas; contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, también de generales expresadas; 2.- CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, pagar a los trabajadores por su orden: 1.- JESUS AVILA, la suma de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.37.112.35); 2.- JUANA SUAZO JIMENEZ, la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps.35,856.57); 3.- BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.35,856.57); 4.- MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, la suma de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS(LPS.37.112.35); 5.- ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO, la suma de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (LPS.37,112.35); 6.- BLANCA PASTORA MORALES RIVERA; la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.35,856.57); 3.- Declara SIN LUGAR la demanda para el pago de intereses mercantiles y salarios dejados de percibir; consecuentemente ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, de pagar a los trabajadores: JESUS AVILA, JUANA SUAZO JIMENEZ, BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO Y BLANCA PASTORA MORALES RIVERA, de pagar intereses mercantiles y salarios dejados de percibir. 4.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Manifiesta el Abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, representante procesal de los demandantes, que éstos comenzaron a laborar con la Secretaría de Educación en el Instituto Polivalente “Doctor Doroteo Varela Mejia”, el 28 de junio del 2006, como personal auxiliar no docente mediante el sistema de Jornal; en fecha 02 de julio del 2008, de forma unilateral la Secretaría de Educación procedió a la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes, sin seguir el procedimiento legal que establece la Ley, mandándoles a notificar dos meses después, la terminación de los mismos.- En fecha 03 de septiembre del 2008, mediante acta de conciliación suscrita ante la Dirección General del Trabajo, la demandada se comprometió a pagarles las prestaciones e indemnizaciones laborales, mas los salarios adeudados, incumpliendo esta obligación, por lo que solicitan el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, intereses mercantiles y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria y costas del juicio.- 2.- El Abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, representante procesal de la parte demandada, alega que los demandantes prestaron sus servicios a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a partir del 28 de junio del año 2006, mediante el Sistema Jornal o de Planillas y como personal no docente del Instituto Polivalente Doctor Doroteo Varela, ubicado en Yarumela departamento de La Paz; alega no ser cierto que la demandada unilateralmente haya suspendido los contratos de trabajo de los demandantes sin seguir el procedimiento, ya que contrario a lo afirmado por los demandantes, se encontró en la necesidad de cancelarles sus contratos de trabajo como consecuencia del reintegro de otros trabajadores por jornal, por lo que era imposible a la demandada tener dos personas en un cargo por jornales dentro de la misma estructura presupuestaria, por considerar que como consecuencia de la inestabilidad económica política y social que el país atraviesa y debido a las múltiples interrupciones en los procesos administrativos que se han dado, no se les ha hecho efectivo el pago de las cantidades acordadas a los demandantes; en cuanto a la cuantía de la demanda, se rechaza parcialmente en vista que ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo mediante acta de conciliación se acordó pagar el monto total de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (Lps. 183,050.19).- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 12 de agosto de 2010, falló “1.- Declarar CON LUGAR la demanda laboral ordinaria para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por incumplimiento a la obligación contraída en acta de conciliación; promovida por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, quien actúa en su condición de Apoderado legal de los trabajadores JESUS AVILA, JUANA SUAZO JIMENEZ, BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO Y BLANCA PASTORA MORALES RIVERA, de generales conocidas; contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, también de generales expresadas; 2.- CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, pagar a los trabajadores por su orden: 1.- JESUS AVILA, la suma de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.37.112.35);2.-JUANA SUAZO JIMENEZ, la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 35,856.57); 3.- BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.35,856.57); 4.- MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, la suma de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS(LPS.37.112.35); 5.- ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO, la suma de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (LPS.37,112.35); 6.- BLANCA PASTORA MORALES RIVERA; la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CIENCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.35,856.57); 3.- Declara SIN LUGAR la demanda para el pago de intereses mercantiles y salarios dejados de percibir; consecuentemente ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, de pagar a los trabajadores: JESUS AVILA, JUANA SUAZO JIMENEZ, BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO Y BLANCA PASTORA MORALES RIVERA, de pagar intereses mercantiles y salarios dejados de percibir. 4.- SIN COSTAS en esta instancia”, bajo el criterio de que el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la Republica, reconoce llanamente tanto la relación laboral que supeditó a los demandantes con la Secretaría de Educación , así como el compromiso de pago que celebró dicha Secretaría con el apoderado legal de los demandantes, que contiene el reconocimiento de todos los derechos e indemnizaciones laborales de los reclamantes, mas el pago de dos meses de salarios que estuvieron suspendidos dichos contratos de trabajo por causas no imputables a los trabajadores, por consiguiente no existe controversia alguna sobre dicho instrumento legal y ese reconocimiento expreso basta a esta Judicatura para declarar con lugar la demanda de merito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en sentencia de fecha 26 de octubre del 2010, Confirmó la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto del 2010, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, siendo del criterio de que se determina con precisión, después de haber analizado el juicio y de haber observado las pruebas, que existe un compromiso por parte de la demandada celebrado mediante acta de conciliación suscrito entre ambas partes ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde reconocen y aceptan pagar lo que en derecho les corresponde a los demandantes, situación que conlleva al Tribunal de Segunda instancia a confirmar la Sentencia del Juez de Primera Instancia.- 5.- Que mediante sentencia de fecha diecisiete de diciembre del dos mil diez, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, de generales conocidas y actuando en su condición de Apoderado del Estado de Honduras, contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintidós de febrero del dos mil once, compareció ante este Tribunal el Abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO En virtud de que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha veintiséis de octubre del dos mil diez, infringió directamente los artículos 738 del Código del Trabajo en virtud de que no tomo en cuenta el medio de prueba documental propuesto en tiempo y forma por la parte demandada el cual consistió en el decreto 27-2008,publicado en el diario oficial la gaceta en fecha en fecha 19 de abril del 2008, bajo el numero 31,586 el cual en su articulo 85 párrafo tercero dice textualmente:” este personal no se clasifica como permanente para ningún efecto” por lo tanto los jornales no tienen derecho al pago de prestaciones laborales, indemnizaciones o reintegro a sus puestos de trabajo. Tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo violaron la ley por falta de apreciación de la prueba anteriormente precitada ni tampoco hicieron una valoración jurídica de la misma por lo que violaron de manera flagrante los artículos 738 y 765 del código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo esta comprendido en el artículo 765 numeral 1°. Del código del trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASI: La sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en infracción directa de ley por falta de apreciación de determinada prueba al no tomar en cuenta el medio de prueba documental propuesto en tiempo y forma por la parte demandada el cual consistió en el decreto legislativo numero 27-2008 (articulo 85) publicado en el diario oficial la gaceta numero 31,586 de fecha 19 de abril del 2008, la violación de ley proviene de la falta de apreciación de la prueba antes mencionada por la Corte de Apelaciones del Trabajo. (Articulo 765 numeral 1°. Del código del trabajo).”.- 7.- Que mediante providencia de fecha veintidós de febrero del dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8.- Que en fecha diez de marzo del dos mil once, compareció ante este alto Tribunal de Justicia la Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada de los Señores JESUS AVILA, JUANA SUAZO JIMENEZ, BLANCA ONDINA TORRES CASTILLO, MARCO ANTONIO SUAZO JIMENEZ, ANGEL AUGUSTO RIVERA CASTRO Y BLANCA PASTORA MORALES RIVERA, contestando el Recurso de Casación de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN. Que la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS; FALLA: 1- Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado German Andrés Díaz Velásquez, en su condición de Apoderado Recurrente.- 2- CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 26 de Octubre del año 2010.- 3.- CON COSTAS.- MANDA: Que con las certificaciones de estilo del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. A LA EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El motivo que expresa el casacionista, no puede apreciarse para efectos de la casación en el caso de los autos por las razones siguientes: Al Motivo Único El recurrente en el primer motivo acusa la Sentencia recurrida de infringir directamente los artículos 738 del Código del Trabajo en virtud de que no tomo en cuenta el medio de prueba documental propuesto en tiempo y forma por la parte demandada el cual consistió en el decreto 27-2008, bajo el numero 31, 586 el cual en su articulo 85 párrafo tercero dice textualmente: “Este personal no se clasifica como permanente para ningún efecto” Por lo tanto los jornales no tienen derecho al pago de prestaciones laborales, indemnizaciones o reintegros a sus puestos de trabajo. Tanto el Juzgado de letras del trabajo como la Corte de Apelaciones del Trabajo violaron la Ley por falta de apreciación de la prueba anteriormente precitada ni tampoco hicieron una valoración jurídica de la misma por lo que violaron de manera fragante los artículos 738 y 765 del Código de Trabajo. Este cargo debe rechazarse por no estar apegado a derecho. A LA SINGULARIZACION DE LA PRUEBA Si fueron apreciadas por el Tribunal Ad Quem, en virtud de que se encuentran consignadas en el expediente de merito, primera pieza de autos, no dejándose de apreciar ninguna prueba de esta naturaleza. A LAS NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO En virtud de que algunas normas que se consideran infringidas son inviolables para los efectos de casación, corre igual suerte de rechazo en cuanto a la aplicación indebida. A LA EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN El recurrente en su explicación hace alegatos de instancia que no son propios conforme a la técnica de casación para explicar los motivos de la misma. Que la Infracción de la que acusa el recurrente a la Sentencia de Infracción de Ley pero al momento de explicar la misma hace referencia a las pruebas lo que esta prohibido en esta clase de recursos. Al leer la explicación que el recurrente formula en este cargo, se descubre que trata de atacar la Sentencia por medio de las pruebas, lo que no es permitido si se alega infracción de ley”.- 9.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el caso sub júdice, el Impetrante omite consignar los capítulos relacionados con la designación de las partes, la indicación de la sentencia impugnada, la relación sintética de los hechos en litigio y la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario obliga al casacionista cumplir con las formalidades exigidas en el articulo 769 del Código del Trabajo para que el Tribunal pueda entrar a su examen. Al prescindir por completo de la estructura básica del libelo casacional, se muestra carente de la parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- III.- Que por las razones antes expuestas procede declarar no ha lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito e imponer la condena en costas al recurrente, ya que si bien es cierto por el principio de gratuidad que impera en el Derecho Laboral este Tribunal reserva la condena de las mismas para los casos en que se establezca que no se ha actuado con la debida lealtad procesal como en situaciones que se advierte la falta muy notoria del derecho para litigar, y, en este caso las partes acordaron en conciliación un arreglo de pago de las prestaciones reclamadas y ordenándose su cancelación en las sentencias de primera y segunda instancia, por lo que lo pretendido en este extraordinario recurso de casación, evidentemente se aleja de los principios que regulan la materia y con el propósito de alargar innecesariamente el juicio.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 y 777 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) CON COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 607-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL