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Sentencia CL-575-10 — Registro 1379

Resumen

Los trabajadores interpusieron demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario como consecuencia del reconocimiento judicial de la permanencia en el trabajo. En primer fallaron en contra de las pretensiones de los trabajadores y en segunda revocaron la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que en sentencia definitiva se ordene el pago del ajuste de salario a partir de haber obtenido en otro fallo judicial, el reconocimiento de la permanencia en el trabajo y sin embargo le cancelan los salarios como temporal, sin considerar que de acuerdo al Manual de Puestos y Salarios lo que debería devengar es superior a lo que percibe como Analista de Procesos; por otro lado, la demandada se fundamenta en que para cumplir con lo resuelto en la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo, la cual consintió, a efecto de cambiar la categoría de empleados, se requiere un incremento fuerte en el presupuesto de la ENEE, mismo que debe ser sometido a discusión del Congreso Nacional de la República y que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas le asigne un nuevo presupuesto, aunque la ENEE está anuente a cumplir con lo ordenado en la sentencia.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de Octubre del 2010, revoca el fallo definitivo de primera instancia, consecuentemente, dicho Tribunal declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, bajo el criterio de “que el fallo por cuyo cumplimiento fue requerida la demandada, no declara la obligación de reajustar salario, sino solo cuando los trabajadores hayan cumplido con las cláusulas de protección sindical y en ese sentido, si bien ninguna de las partes argumentó al respecto, las partes no probaron en el curso del proceso la existencia del Contrato Colectivo de Trabajo, sin que sea posible tener por acreditada, más que por medio que no sea Ad sustantium actus, y que el cumplimiento de las mismas no aparece invocado en la contestación de la demanda, pero la alegación del recurrente no resulta extemporánea por cuanto que, la demandada negó temporalmente los mismos hasta en tanto se diera cumplimiento a las cláusulas de protección sindical y no consta así que se haya realizado, la demandada acepta su obligación de cambiar la clasificación de empleados temporales a empleados permanentes, cambio que produce cambios en la estructura presupuestaria al pasar de una planilla a otra, pero se tiene que dar cumplimiento a las cláusulas de protección sindical y no consta que se haya realizado de tal manera, cuando el demandado en ningún momento adujo dicha situación al contestar la demanda de mérito”. Por lo cual la sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quem, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo, en virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio aunque las partes no la aleguen.- X.-Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de noviembre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de febrero del año dos mil once, por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de Apoderado de el señor EDGARDO ORDOÑEZ ALVARENGA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario como consecuencia del reconocimiento judicial de la permanencia en el trabajo, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de enero del año dos mil diez, por los señores JOSE ABRAHAM PERALTA OLIVERA, casado, Perito Mercantil y Contador Público y EDGARDO ORDOÑEZ ALVARENGA, soltero, Oficinista, ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su representante legal en ese entonces señor JACOBO DA´COSTA GOMEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pero Sula, departamento de Cortés, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha diecisiete de agosto del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: REVOCANDO la sentencia definitiva apelada de fecha diecisiete de agosto del año dos mil diez, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en las diligencias iniciadas con la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores José Abraham Peralta Olivera y Edgardo Ordóñez Alvarenga, contra la entidad denominada EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su representante legal, todos de generales conocidas en los autos; en consecuencia se declara sin lugar la demanda laboral de la referencia absolviendo al ente demandado de la responsabilidad económica derivada de dicha pretensión.- Sin costas en esta instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que el señor José Abraham Peralta Olivera inició a laborar con la demandada el 1 de septiembre de 2006 y el señor Edgardo Ordoñez Alvarenga inició a laborar con la demandada el 6 de mayo de 2006, durante los años trabajados para la empresa demandada, ésta no les quiso reconocer el carácter de empleados permanentes, por lo cual promovieron demanda y mediante sentencia de 5 de mayo de 2009 se les reconoció como empleados permanentes, sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 17 de julio de 2009, fallo que quedó firme el 25 de julio de 2009; no obstante la empresa no les cambió la categoría de temporales a permanentes y mucho menos les pagó, a partir de la fecha en que quedó firme la sentencia, el salario que de conformidad a la tabla de salarios le corresponde a cada uno de acuerdo al trabajo que realizan, por lo cual se le requirió para que cumpliera con esa obligación, en fecha 25 de noviembre de 2009, a lo que hizo caso omiso. Solicitan que la demandada sea condenada a pagarles los ajustes de salario como consecuencia del reconocimiento judicial de su permanencia en el trabajo y las labores que siempre han realizado a partir del 25 de julio de 2009, fecha en que quedó firme la sentencia definitiva condenatoria.- 2.- La parte demandada, EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que a la fecha en que se interpuso la demanda, los demandantes eran empleados de la demandada, siempre se les reconocieron los derechos laborales que les correspondían, dentro de las limitaciones que la asignación presupuestaria que dispone la ENEE lo permite, si bien es cierto la ENEE consintió la sentencia dictada, los cambios internos relacionados a las categorías de los empleados no se realiza, todo ello en virtud de que para hacerse esos cambios se necesita un incremento fuerte al presupuesto de la ENEE, mismo que debe de ser sometido a discusión ante el soberano Congreso Nacional de la República por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, por ser la responsable en asignar las partidas presupuestarias de cada entidad Gubernamental, situación que se produce a principios de cada año fiscal y siendo que la sentencia fue dictada a mediados del año recién pasado, financieramente no fue posible efectuar los cambios, hasta que la Secretaría asigne un nuevo presupuesto.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecisiete de agosto del año dos mil diez, dictó sentencia definitiva declarando: Con lugar la demanda para el pago de ajustes de salario como consecuencia de reconocimiento judicial de la permanencia en el trabajo, condena a la demanda al pago de los ajustes de salario demandados, con costas. Con el criterio que es indudable que entre las partes existe una relación de trabajo de tipo permanente por declaración judicial, reconociendo la demandada su intención de cumplir con la sentencia, a fin de alcanzar la normalización de las plazas temporales de los actores, la que aparece manifiesta mediante memorando SJD-123-2009, sin que hasta la fecha de la práctica de la prueba de inspección en las presentes diligencias se haya logrado, de la misma no resultan elementos que indiquen a este tribunal la existencia de una condición contractual especial que conlleven a establecer diferencias salariales en las actividades que realizan los demandantes respecto a otros empleados.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, dictó sentencia definitiva revocando la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la sentencia, absuelve a la demandada de toda responsabilidad económica derivada de dicha pretensión, sin costas. Su criterio es que el referido fallo, por cuyo cumplimiento fue requerida la demandada, no declara la obligación de reajustar salario, sino solo cuando los trabajadores hayan cumplido con las cláusulas de protección sindical y en ese sentido, si bien ninguna de las partes argumentó al respecto, las partes no probaron en el curso del proceso la existencia del Contrato Colectivo de Trabajo, sin que sea posible tenerlo por acreditado, mas que por medio que no sea ad sustantium actus y que el cumplimiento de las mismas no aparece invocado en la contestación de la demanda, pero la alegación del recurrente no resulta extemporánea por cuanto que, la demandada negó temporalmente los mismos hasta en tanto se diera cumplimiento a las cláusulas de protección sindical y no consta así que se haya realizado, la demandada acepta su obligación de cambiar la clasificación de empleados temporales a empleados permanentes, cambio que produce cambios en la estructura presupuestaria al pasar de una planilla a otra, pero se tiene que dar cumplimiento a las cláusulas de protección sindical y no consta que se haya realizado de tal manera. REVISAR LA REDACCION CONTRA EL EXPEDIENTE.- 5.- Que mediante sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil diez, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, actuando en su condición de Apoderado de los señores JOSE ABRAHAM PERALTA OLIVERA y EDGARDO ORDOÑEZ ALVARENGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha quince de febrero del año dos mil once, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, actuando en su condición de Apoderado de los señores JOSEA ABRAHAM PERALTA OLIVERA y EDGARDO ORDOÑEZ ALVARENGA, formalizando su demanda, exponiendo un (1) motivo de casación.- 7.- Que en fecha quince de febrero del año dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha nueve de marzo del año dos mil once, la Abogada GLADYS CANTARERO VELEZ, actuando en su condición de Apoderada de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que en sentencia definitiva se ordene el pago del ajuste de salario a partir de haber obtenido en otro fallo judicial, el reconocimiento de la permanencia en el trabajo y sin embargo le cancelan los salarios como temporal, sin considerar que de acuerdo al Manual de Puestos y Salarios lo que debería devengar es superior a lo que percibe como Analista de Procesos; por otro lado, la demandada se fundamenta en que para cumplir con lo resuelto en la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo, la cual consintió, a efecto de cambiar la categoría de empleados, se requiere un incremento fuerte en el presupuesto de la ENEE, mismo que debe ser sometido a discusión del Congreso Nacional de la República y que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas le asigne un nuevo presupuesto, aunque la ENEE está anuente a cumplir con lo ordenado en la sentencia.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de Octubre del 2010, revoca el fallo definitivo de primera instancia, consecuentemente, dicho Tribunal declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, bajo el criterio de “que el fallo por cuyo cumplimiento fue requerida la demandada, no declara la obligación de reajustar salario, sino solo cuando los trabajadores hayan cumplido con las cláusulas de protección sindical y en ese sentido, si bien ninguna de las partes argumentó al respecto, las partes no probaron en el curso del proceso la existencia del Contrato Colectivo de Trabajo, sin que sea posible tener por acreditada, más que por medio que no sea Ad sustantium actus, y que el cumplimiento de las mismas no aparece invocado en la contestación de la demanda, pero la alegación del recurrente no resulta extemporánea por cuanto que, la demandada negó temporalmente los mismos hasta en tanto se diera cumplimiento a las cláusulas de protección sindical y no consta así que se haya realizado, la demandada acepta su obligación de cambiar la clasificación de empleados temporales a empleados permanentes, cambio que produce cambios en la estructura presupuestaria al pasar de una planilla a otra, pero se tiene que dar cumplimiento a las cláusulas de protección sindical y no consta que se haya realizado de tal manera, cuando el demandado en ningún momento adujo dicha situación al contestar la demanda de mérito”. Por lo cual la sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quem, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo, en virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio aunque las partes no la aleguen.- X.-Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 29 de Octubre del 2010 visible a folios 18 al 22 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha uno de noviembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 575-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL