Sentencia CL-517-10 — Registro 1377
Resumen
Trabajador despedido interpuso demanda laboral para el pago de prestaciones y reajuste de salarios por el Arancel de profesionales de Ciencias agricolas,siendo declarada ha lugar con respecto al pago de prestaciones y confirmada en segunda instancia no asi al pago de reajuste de salarios,interponiendo el trabajador el presente recurso contra dicha sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Recurrente incurre en los defectos técnicos de: a) Indica varias formas de violar la ley en un mismo cargo, al invocar el error de hecho, la interpretación errónea y la aplicación indebida de la Ley, que debió haber formulado en forma separada e independiente. b) No es preciso al indicar el precepto autorizante ya que el ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo contiene dos párrafos que se refieren a causas o motivos diferentes de casación. c) Las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas; lo cual hace que este segundo cargo tampoco proceda su admisión.- VI.- Es procedente aclarar para fines de criterio jurisprudencial, lo expuesto por la recurrente señalando en ambos motivos que “también Violenta la norma sustantiva del artículo 1 del Decreto No. 78-2001 de fecha 01 de Junio del año 2001 del Congreso Nacional de la Republica”, ya que si bien es cierto que el Arancel de Honorarios para los Profesionales en Ciencias Agrícolas Colegiados en el CINAH y COLPROCAH, es un acto de carácter general, también lo es que el mismo no es un cuerpo normativo con rango o fuerza de ley, tal como lo estableciera la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, en la sentencia dictada el 1 de marzo del 2006, en los Recursos de Inconstitucionalidad (acumulados) con orden de ingreso Nº 841-856-861-1010-2272 y 2476=03/20-26,1227, 1416 y 1792=04/30=05.- VII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral parrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de noviembre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de enero de dos mil once, por la Abogada ZULEMA JOHANA ORDOÑEZ DUARTE, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortes, en su condición de Apoderada del señor JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, reajuste de salarios, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes de salario proporcional en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario proporcional en concepto de compensación social, salarios retenidos o adeudados, salarios caídos, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en fecha doce de abril del año dos mil diez, por el señor JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, mayor de edad, soltero, hondureño, Ingeniero Agrónomo, y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por medio de su Alcalde Municipal JUAN CARLOS ZUNIGA, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina General, y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de octubre del dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente, dice: “FALLA: REFORMANDO la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula, en fecha uno de Septiembre del año dos mil diez, (2010), en las diligencias iniciadas con la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido o en su defecto se condene al reajuste de su salario devengado que por ley le corresponde como Ingeniero Agrónomo; pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, salarios retenidos, o adeudados, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida por el trabajador Jose Francisco Quintanilla Martínez; contra la Municipalidad de San Pedro Sula, por medio de su representante legal señor Alcalde Dr. Juan Carlos Zuniga; reforma que se contrae, a: I) Declarar si lugar la demanda ordinaria laboral relacionada en cuanto al pago del reajuste del salario devengado que por Ley le corresponde como Ingeniero Agrónomo; y, al reajuste a aguinaldo y decimocuarto mes de los últimos dos años laborados; EN CONSECUENCIA absuelve a la entidad demandada del pago de los mismos; II) establecer como cuantía de la condena, la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, (LPS.172,680.56) que corresponden a las prestaciones e indemnizaciones por terminación injustificada del contrato de trabajo, y salarios adeudados, de acuerdo a la denominación establecida por el Aquo, pero por los montos que a continuación se establecen: Preaviso: Lps. 35,000.00; Lps. Auxilio de Cesantía: Lps. 52,500.00; Auxilio de Cesantía Proporcional: Lps. 14,486.11; Vacaciones Proporcionales: Lps. 8,277.78; Decimocuarto mes proporcional: Lps.8,708.33, Décimo Tercer mes proporcional: Lps.1,208.33; y, Salario adeudado correspondiente a los meses de Enero a Marzo y primera quincena del mes de abril del año 2009: Lps. 52,500.00 y III; CONFIRMANDO: la sentencia definitiva, en todos sus demás extremos”; que el A-quo en la parte resolutiva de su sentencia declaró CON LUGAR la demanda de mérito, en consecuencia, condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones legales, pago de derechos adquiridos, pago de salarios adeudados y los salarios caídos, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que fue contratado el 1 de abril del 2006 por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, asignado como Ingeniero Agrónomo a la unidad de El Merendón, que el 29 de enero del 2010 fue despedido en forma escrita sin que se le pagaran las prestaciones sociales, invocando la demandada como causal de despido el principio de libre administración, causal que no se encuentra dentro de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; que la demandada ha inobservado el derecho social del demandante al no pagarle el salario que le correspondía ya que solo devengaba L.15,000.00 y lo que se debía pagar al demandante era L.28,107.00 como lo establece la tabla de salarios profesionales de las ciencias agrícolas en general afiliados al COLPROCAH Y CINAH, adeudándole los salarios de los meses de enero a marzo y la primera quincena del mes de abril de 2009.- 2.- La parte demandada, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que no indica el demandante el puesto que desempeñaba ni quien era su jefe inmediato, ni tampoco menciona a que departamento o unidad municipal estaba asignado; que la relación laboral se basa en la oferta y la demanda y al momento de ser contratado se le hizo la oferta salarial de acuerdo al presupuesto destinado para el pago de salario de la comuna local, así que durante los 4 años el demandante aceptó y percibió el salario acordado al momento de su contratación, que el pretendido reajuste no es procedente, ya que el Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras, no tiene fuerza de ley, pues son normas internas de dicho colegio.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 1 de septiembre de 2010, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR, la demanda laboral promovida por el trabajador JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por intermedio de su Alcalde Municipal JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE; CONDENAR a la demandada a pagar al demandante señor JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS L.657,278.22, desglosados de la siguiente manera: PREAVISO: L.65,583.00; AUXILIO DE CESANTIA L.98,374.50; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: L.27,238.81, VACACIONES: L.16,395.75; VACACIONES PROPORCIONALES: L.18,155.56; AGUINALDO PROPORCIONAL: L.2,267.30; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.16,320.80; REAJUSTE SALARIAL DE CONFORMIDAD AL ARANCEL DOS AÑOS: L.314,568.00; SALARIO ADEUDADO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO Y PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2009: L.98,374.50; y a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva, SIN COSTAS; bajo el criterio que el demandante reclama el reajuste al salario de conformidad al arancel de honorarios aprobado por los profesionales de las Ciencias Agropecuarias aprobado por el Congreso Nacional en el cual se establece que el salario a partir del 1 de enero del 2007 de acuerdo al nivel universitario era de L.28,107.00 y que de acuerdo a la ley de salario mínimo, puede reconocerse el salario equivalente a dos años por lo cual procede el reclamo antes referido, que de acuerdo a las normas laborales específicamente en lo referente a las causas enumeradas de manera taxativa y que son a través de las cuales los patronos pueden dar por terminada la relación de trabajo sin incurrir en responsabilidad, no se encuentra la invocada por la demandada y que es por razones de reestructuración rebaja de personal de la municipalidad, fundamentado en libre administración, por lo que dicha causal, por ser la misma atípica, no exonera de responsabilidad a la demandada en el presente caso.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 1 de octubre de 2010, dictó sentencia reformando la sentencia proferida por el A-Quo; reforma que se contrae a: I) Declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral relacionada en cuanto al pago del reajuste del salario y al reajuste del aguinaldo y decimocuarto mes de los últimos dos años, absolviendo a la entidad demandada del pago de los mismos; II) Establecer como cuantía de la condena, la cantidad de L.172,680.56 que corresponden al pago de prestaciones e indemnizaciones por terminación injustificada del contrato de trabajo y salarios adeudados, de acuerdo a la denominación establecida por el A-quo, pero por los montos siguientes: preaviso LPS.35,000.00; auxilio de cesantía LPS.52,500.00; auxilio de cesantía proporcional LPS.14,486.11; vacaciones proporcionales LPS.8,277.78; décimo cuarto mes proporcional LPS.8,708.33, décimo tercer mes proporcional LPS.1,208.33 y salarios adeudados correspondiente a los meses de Enero a Marzo y primera quincena del mes de abril del 2009: LPS.52,500.00 y III) confirmando la sentencia definitiva en todos sus demás extremos; bajo el criterio de que no resultan faltas que vicien el procedimiento por haberse observado los requisitos que exige el rito procesal, la parte demandada no logró acreditar la justificación de la causa que autorizaba la terminación del contrato de trabajo habiendo invocado la relativa a razones estrictamente de carácter económico y que se fundamenta en el principio de libre administración y en cuanto al reajuste salarial solicitado de acuerdo al arancel de Honorarios para los Profesionales en Ciencias Agrícolas colegiados al CINAH Y COLPROCAH, quien fija las normas sobre los honorarios, establece su apelación en concordancia con la obligación constitucional de colegiación profesional obligatoria y se limita a aquellos profesionales de las ciencias agrícolas de Honduras según lo establece el referido arancel desde su titulo, colegiación que en el caso del trabajador demandante no consta en el proceso, por ende no le es aplicable el mismo.- 5) Que mediante sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada ZULEMA JOHANA ORDOÑEZ DUARTE, de generales ya establecidas, actuando en su condición de Apoderada del señor JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada ZULEMA JOHANA ORDOÑEZ DUARTE, de generales ya señaladas, y en su condición de Apoderada del señor JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7) Que mediante providencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada ZULEMA JOHANA ORDOÑEZ DUARTE, y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el termino de diez días procediera a contestar la demanda.- 8) Que mediante providencia de fecha catorce de febrero de dos mil once, este Tribunal de Justicia declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado DANIEL AGUILAR, para que contestara la demanda de casación planteada y ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 9) Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, tiene a su cargo la misión de fijar el verdadero sentido de la Ley, vigilando por la uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y sosteniendo con decisiones que no admiten recurso la integridad del Derecho, todo esto como garantía de seguridad o certeza jurídica.- II.- Que la Abogada ZULEMA JOHANA ORDOÑEZ DUARTE, actuando en su condición de apoderada del señor JOSE FRANCISCO QUINTANILLA MARTINEZ, en su primer motivo alega: “Infracción indirecta de la Ley por Error de Hecho debido a la falta de Apreciación de la prueba documental.- Precepto Autorizante articulo setecientos Sesenta y Cinco (765) numeral uno (1) del Código de Trabajo en relación con el articulo 903 numeral 7) del Código de Procedimientos Civiles.- Infracción Indirecta de la Norma Adjetiva artículo 739 del Código del Trabajo, y en consecuencia Infracción Indirecta de la norma sustantiva articulo 3 del Código del Trabajo; 63 y 128 primer párrafo y numeral 5) de la Constitución de la República, también Violenta la norma sustantiva del artículo 1 del Decreto No. 78-2001 de fecha 01 de Junio del año 2001 del Congreso Nacional de la Republica...”.- III.- Que la Impetrante en la formulación del motivo que antecede comete una serie de defectos técnicos que lo vuelven inadmisible y que se detallan a continuación: a) No es preciso al indicar el precepto autorizante ya que el ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo contiene dos párrafos que se refieren a causas o motivos diferentes de casación, los cuales debió singularizar, en este caso el aplicable era el párrafo segundo. b) Las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral.- IV.- Que la Recurrente en el segundo motivo invoca: “Infracción indirecta por Error de Hecho debido a interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley.- Precepto Autorizante artículo Setecientos Sesenta y Cinco (765) numeral uno (1) del Código de Trabajo; en relación con al artículo 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles. Infracción Indirecta por Error de Hecho de la norma adjetiva del articulo artículo 738 y 739 del Código del Trabajo; y la Norma Sustantiva del artículo 3 del Código del Trabajo, la norma sustantiva del artículo 63, y 128 de la Constitución de la Republica, en su primer párrafo y en su numeral 5; y el Articulo No.1 del Decreto No.78-2001 del Congreso Nacional de la Republica, de fecha 01 de Junio del 2001 del Congreso Nacional de la Republica, publicado en el Diario Oficial LA GACETA No. 29533 de fecha 19 de Julio del año 2001.- La Ley erróneamente interpretada e indebidamente aplicada al caso del pleito, es el articulo 177 de la Constitución de la Republica…”.- V.- Que la Recurrente incurre en los defectos técnicos de: a) Indica varias formas de violar la ley en un mismo cargo, al invocar el error de hecho, la interpretación errónea y la aplicación indebida de la Ley, que debió haber formulado en forma separada e independiente. b) No es preciso al indicar el precepto autorizante ya que el ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo contiene dos párrafos que se refieren a causas o motivos diferentes de casación. c) Las normas que cita como infringidas no ostentan el carácter de ser sustantivas; lo cual hace que este segundo cargo tampoco proceda su admisión.- VI.- Es procedente aclarar para fines de criterio jurisprudencial, lo expuesto por la recurrente señalando en ambos motivos que “también Violenta la norma sustantiva del artículo 1 del Decreto No. 78-2001 de fecha 01 de Junio del año 2001 del Congreso Nacional de la Republica”, ya que si bien es cierto que el Arancel de Honorarios para los Profesionales en Ciencias Agrícolas Colegiados en el CINAH y COLPROCAH, es un acto de carácter general, también lo es que el mismo no es un cuerpo normativo con rango o fuerza de ley, tal como lo estableciera la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, en la sentencia dictada el 1 de marzo del 2006, en los Recursos de Inconstitucionalidad (acumulados) con orden de ingreso Nº 841-856-861-1010-2272 y 2476=03/20-26,1227, 1416 y 1792=04/30=05.- VII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha uno de noviembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 517-10.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL