Sentencia CL-489-09 — Registro 1103
Resumen
En primera instancia se declara sin lugar la demanda ordinaria laboral interpuesta por el trabajador para el pago de prestaciones, la sentencia se confirma en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que olvida el Impetrante que este tribunal conforme con la doctrina, ha venido sosteniendo que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, ya que la cuestión del derecho de permanencia en el trabajo del demandante, fue objeto de la controversia y del material probatorio; además, entre otras disposiciones, se señala la infracción directa de los artículos 25 y 48 del Código del Trabajo, cuando dichas norma no tienen el carácter de ser disposiciones sustantivas y el artículo 108 del mismo texto legal, fue aplicado en los fallos de primera y segunda instancia. Por lo cual dicho motivo no resulta ser admisible"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 párrafo 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de junio del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de enero de dos mil diez, por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de Apoderado de el señor MIGUEL ANGEL RAMOS DÍAZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones Laborales por terminación injusta del Contrato de Trabajo, interpuesta ante el entonces Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en fecha tres de septiembre de dos mil ocho, por el señor MIGUEL ANGEL RAMOS DÍAZ, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Ciencias Sociales, con residencia en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en contra de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZÁN” (U.P.N.F.M.), por medio de su Representante Legal, la señora LEA AZUCENA CRUZ CRUZ, mayor de edad, hondureña, Profesionista de la Educación, con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente dice: “ FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL RAMOS DIAZ, CONTRA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZAN”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LEA AZUCENA CRUZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de ésta sentencia; en cuanto a el pago de prestaciones sociales, salarios caídos y costas del juicio, mas no así en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario proporcionales, décimo cuarto mes causado y salario adeudado reclamado.- En consecuencia: ABSUELVE a la Institución demandada denominada UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZAN”, a pagar a la trabajador demandante MIGUEL ANGERL RAMOS DIAZ las prestaciones laborales, salarios caídos y costas del juicio. CONDENA a la Institución demandada UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZAN” a través de su representante legal, a pagar al trabajador demandante MIGUEL ANGERL RAMOS DIAZ las vacaciones proporcionales, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario proporcionales, décimo cuarto mes causado y salario adeudado reclamado, por la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.44,249.80), los cuales se desglosan así: 1) Vacaciones proporcionales la cantidad de Diez Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos (L.10,748.68); 2) décimo tercer mes proporcional la cantidad de Nueve Mil Doscientos Veinte Lempiras con Cinco Centavos (L.9,220.05); 3) décimo cuarto mes de salario proporcionales la cantidad de Quinientos Treinta y Un Lempiras (L.531.00); 4) décimo cuarto mes causado la cantidad de Diecisiete Mil Trescientos Setenta y Ocho Lempiras con Diez Centavos (L.17,378.10) y 5) salario adeudado reclamado la cantidad de Seis Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con Noventa y Siete Centavos (L.6,371.97)… SIN COSTAS en ambas instancias.”.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de Apoderado del señor MIGUEL ANGEL RAMOS DIAZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- RESULTA: Que en fecha dieciocho de enero de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales ya señaladas y en su condición de Apoderado del señor MIGUEL ANGEL RAMOS DIAZ, formalizando su demanda de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El presente recurso se propone impugnar en forma parcial la sentencia que, por ser violatoria a la ley sustantiva de orden nacional, dictara la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, el treinta de octubre del año dos mil nueve Confirmando la sentencia Absolutoria y Condenatoria de primera instancia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el diez de septiembre del año dos mil nueve, en la demanda laboral promovida por Miguel Ángel Ramos Díaz en contra la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, sentencia de la Corte de Apelaciones que en su parte resolutiva dice: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD, aplicando los artículos: 82, 90,129, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; 1, 6 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones; 1 08,360, 664, 665, 669, 686,687, 688, 740 numeral 2), 760 y 858 del Código del Trabajo;189, 190 y 192, 200 del Código de Procedimientos a Civiles; FALLA: CONFIRMANDO en todas sus partes la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en fecha diez de septiembre del corriente año (2009), en las diligencias iniciadas con la demanda laboral de la referencia. - SIN COSTAS.- Y MANDA: Quedan notificados en estrados de la presente sentencia las partes intervinientes en juicio; oportunamente que la secretaría del despacho con la certificación de estilo devuélvase la primera pieza de autos al lugar de su procedencia parta los trámites legales correspondientes.- Redactó la magistrado propietaria: PONCE POSAS”. Con este recurso se persigue la impugnación parcial del fallo recurrido, es decir, su anulación parcial por ser violatorio a la ley sustantiva de orden nacional, por consiguiente al casar la sentencia recurrida, y constituido en sede de instancia este tribunal, anular o casar parcialmente el fallo Ad-quen, en cuanto declara sin lugar el pago de prestaciones laborales y los de salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato hasta el momento en que de acuerdo a las normas procesales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia, pronunciando que ha de sustituirla en derecho con los considerando y fundamentos legales, en la forma siguiente: “POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos: 134, 135, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, FALLA: 1) Casar parcialmente la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el treinta de octubre del año 2009, en consecuencia declara con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta el momento en que de acuerdo a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme esta sentencia, promovida por el trabajador MIGUEL ÁNGEL RAMOS DÍAZ en contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZÁN” a través de su representante legal señora LEA AZUCENA CRÚZ CRÚZ- II) CONDENA a la UNIVERSIDAD PEADAGÓGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZÁN’ a través de su representante legal pagar al trabajador demandante MIGUEL ÁNGEL RAMOS DÍAZ la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTA VOS (Lp139,893.39), distribuidos de la siguiente manera: PREA VISO: Lp.40,548.92, AUXILIO DE CESANTIA: Lp.81,097.84, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: Lp18,247.14, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales del código del trabajo debe quedar firme el presente fallo. - III) CON COSTAS por litigar sin derecho la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZÁN”- Y MANDA: que se notifique el presente fallo a las partes y al Procurador Regional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, como representante del Ministerio Público en materia laboral para los efectos legales que en derecho correspondan. – NOTIFIQUESE”. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo primero, del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta Honorable Corte ha mantenido el criterio que la Falta de Aplicación constituye en materia del recurso extraordinario de Casación Laboral infracción directa, cuando proviene de la ignorancia de la norma o de rebeldía con ella, produciéndose la violación directa independientemente de las cuestiones probatorias o de hecho. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE Los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo, respectivamente, regulan que en todo contrato individual de trabajo se encuentran incluidas todas las garantías y derechos que otorgan al trabajador la Constitución, el Código del Trabajo y sus reglamentos; que todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita; será tácita por el hecho de continuar prestando servicios sin oposición del patrono, y que el trabajador contratado en los casos de interinatos, adquiere todos los derechos del trabajador permanente al ser incorporado como tal, es decir, en forma indefinido. La Corte de Apelaciones concurrió en infracción directa por la falta de aplicación de las normas sustantivas de orden nacional, al no aplicarlas al hecho discutido de la prórroga tácita del contrato de trabajo del demandante al continuar éste en el segundo período académico del 2008 prestando servicios sin oposición de la universidad hasta el 11 de julio del 2008, incorporándose, por la circunstancia en prevista en la ley, como trabajador permanente o continuo.- La incorporación como trabajador permanente, evidentemente, no se hizo por decisión o tolerancia de la universidad, sino como consecuencia de lo que prevén los artículos 48, párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo, es decir, que la calidad de trabajador permanente la adquirió por disposiciones expresas de la ley. Operada la prorroga tácita e incorporado a la universidad como trabajador permanente, el demandante adquirió todos los derechos de un trabajador como tal, es decir, sujeto a un contrato indefinido, con derechos por ejemplo, a las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir en caso de terminación injusta del contrato, por entenderse incluidas todas las garantías y derechos que otorgan la Constitución de la República y el Código del Trabajo a los trabajadores por tiempo indefinido. El fallo recurrido plantea una rebeldía a los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo, cuando en sus considerandos 3 y 4 respectivamente, dice que la contienda se centra en determinar la situación jurídica laboral del demandante: si fue contratado como sustituto o debe ser considerada su labor como indefinida en virtud de los diversos contratos firmados.- Al hacerse una confrontación entre el fallo y las normas infringidas, independiente de cualquier cuestión de hecho o cuestión probatoria, se evidencia de tal manera, que la Corte de Apelaciones se rebeló e ignoró las normas sustantivas de orden nacional las cuales son claras hasta el punto de no admitir dudas en sus interpretaciones correctas; y a pesar de ello, la sentencia Ad-quen, contiene consideraciones contrarias a los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo, haciendo producir efectos contrarios a lo regulado por dichas normas.- En otras palabras, habiéndose establecido el hecho básico del litigio y al no aplicarse por el juzgador las normas legales pertinentes que regulan el caso debatido en el proceso, se está en presencia de la violación directa de la ley al contener la sentencia recurrida, como efectivamente contiene, consideraciones en clara y abierta pugna o rebeldía con las normas infringidas.- Esta es la razón por la cual se solicita sea casada la sentencia en este motivo. SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 25, 48, párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo, a través del error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas Documental e Inspección Ocular, contenidas en los folios 53 al 64, 77 al 79 y 127 al 128 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo, en relación al error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas singularizadas. DOCTRINA: Esta Honorable Corte Suprema de Justicia, ha mantenido el criterio de que la infracción indirecta de la ley, por error de hecho en la falta de apreciación de la prueba, tiene ocurrencia cuando entre la sentencia acusada y la ley sustantiva hay de por medio un problema apreciativo o de valorización de la prueba. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE En primer lugar, a folios 53 al 64 de la primera pieza de autos, se encuentra el medio de prueba Documental consistente en el registro de asistencia de alumnos de las materias asignadas al trabajador para el segundo período del 2008 y el registro de las mediciones de rendimiento académico, éstas recibidas por el departamento de Ciencias Sociales de San Pedro Sula de la universidad en julio 2008, con lo que se acreditó la continuidad de la prestación de los servicios académicos del demandante sin oposición de la universidad y además, sin que la sustituta se presentara o reincorporara a la sede de la demandada en San Pedro Sula a reclamar dichas clases por ser su carga académica asignada; consecuentemente, por la vía legal de la prórroga tácita del contrato e incorporación como trabajador permanente con todas las garantías y derechos que la Constitución y el Código del Trabajo otorgan a los trabajadores, entre demandante y la universidad surgió la relación continua o indefinida de trabajo. Sin embargo, la sentencia objeto del presente recurso, contiene un equivocado razonamiento de falta de apreciación de tal prueba que la Corte da por establecido que “no puede generarse un contrato por tiempo indefinido por la sola suscripción mas o menos continua de los mismos”, dejando de apreciar la corte sentenciadora que no se pretendía probar con lo sucesivo de los contratos la existencia de un contrato indefinido o indeterminado, sino que se probaba y se probó con tal medio, estos hechos sometidos al litigio: a) la continuidad en la prestación de los servicios por la prorroga tácita del contrato, sin oposición de la universidad, b) que adquiría todos los derechos de un trabajador permanente por haber sido incorporado como tal, al operarse la prórroga tácita, y c) establecida la condición de trabajador permanente, consecuentemente, el demandante estaba en el goce de todas las garantías y derechos de un trabajador con contrato indefinido. No se buscaba probar, como por falta de apreciación lo aprecia la corte sentenciadora, la naturaleza permanente o continua de las labores que venía ejecutando el demandante desde el 7 de agosto del 2003 para demandar un contrato indefinido, sino probar lo que fue sometido a litigio, y precisado antes en los literales a, b y c; y por tal falta de apreciación, dio por resultado el error de hecho de dar por establecido un hecho que no se discutió, llegando por tal camino, a la violación indirecta de las normas sustantivas infringidas. En segundo lugar, a folios 77 al 79, numeral 7) de la primera pieza, se encuentra el medio probatorio Inspección Ocular, acreditándose que para el segundo período académico del año 2008 (folio 79), le concedieron al demandante, igual que en el primer período, asignaturas para que continuara impartiéndolas, asignación de clases que la propia universidad dio sin oponerse ni contar con la reincorporación de la sustituida a su puesto de docente en el departamento de Ciencias Sociales en la sede de San Pedro Sula; -entonces fue la propia universidad señalo- que le programó y calendarizó las asignaturas, admitiendo la demandada con ello, la continuidad de los servicios del trabajador.- Tal prueba derivó en acreditar que la sustituta no se reincorporó al departamento de Ciencias Sociales de la sede de la universidad en San Pedro Sula al iniciar el segundo período académico 2008; y probar también, que el demandante se incorporaba como trabajador permanente adquiriendo todas las garantías y derechos del trabajador de tal categoría, es decir, contratado en forma indefinida. Y en tercer lugar, a folios 127 al 128 (letras A hasta la LL), aparece el detalle de los contratos que desde el 7 de agosto 2003 al 30 de junio 2008 celebró el actor; y el último se prorrogó tácitamente al 11 de julio por el hecho probado de que la sustituta no se presentó ni se reintegró a la sede de San Pedro Sula, durante el mes de junio del 2008, a reclamar las clases que se asignaban al demandante ni oponerse a tal asignación alegando primacía o algún derecho de reincorporación por su retorno al departamento de Ciencias Sociales (folio 128, letra LL).- La prueba singularizada no era para acreditar que las labores ejecutadas por el demandante, por su naturaleza, eran permanentes o continuas para considerar que el contrato fuera indefinido ó no, puesto que este punto no era discutido en juicio, sino lo que discutía y se sometía a prueba era la continuidad en la prestación de los servicios que generaba la prorroga tácita del contrato sin oposición de la universidad y de la sustituta, operándose el carácter indefinido del contrato con la incorporación, por la vía legal de la propia prorroga tácita, como trabajador permanente adquiriendo todas las garantías y derechos, como el de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir por terminación injusta del contrato, por lo que llevó a la corte sentenciadora, con aquél razonamiento equivocado, a violar indirectamente las normas sustantivas por la falta de apreciación de las pruebas. Por lo antes expuesto, cabe que se case la sentencia recurrida en este motivo.”.- RESULTA: Que en fecha diecinueve de enero de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha once de febrero de dos mil diez, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, actuando en su condición de Apoderado de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZAN”, de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se rechaza la declaración del alcance de la impugnación, por improcedente y por estar la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo de esta Sección Judicial, de fecha nueve de diciembre del dos mil ocho dictada conforme a derecho. Determinar con precisión el petitum es una carga que al demandante en casación impone el procedimiento laboral, pues no se puede pedir a la Corte la resolución sin indicar cuales son las decisiones que deben reemplazar las anuladas que en su concepto se ajusten a las disposiciones legales infringidas; la Corte estudia el recurso dentro de los límites que le traza el impugnante sin que le sea permitido proveer oficiosamente, pero en el presente caso el recurrente pretende confundir a esta Honorable Corte con el ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN, por una parte pide anular la sentencia recurrida y por otra parte pretende se case parcialmente el fallo, existiendo incongruencia en su petitum, por que una cosa es la pretensión de la nulidad total del fallo y otra la pretensión de que se case parcialmente el mismo; por otra parte el recurrente falta a la técnica procesal cuando pide que esta Corte se pronuncie sustituyendo el fallo recurrido, sin señalarle el alcance parcial de la REVOCATORIA, siendo este un tecnicismo recurrido en casación cuando se pretende se case parcialmente, porque ésta Corte estudia el recurso dentro de los límites que le traza el impugnante sin que le sea permitido proveer oficiosamente. A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN AL PRIMERO MOTIVO DE CASACIÓN El recurrente invoca infracción directa por falta de aplicación de los artículos 25, 48 Párrafo segundo y 108 del Código de Trabajo, lo cual se rechaza totalmente por cuanto el recurrente falta a la verdad, en vista que la Corte recurrida si aplico el artículo 108 del Código del trabajo y no solo lo ilustra en el último Considerando de la sentencia recurrida, sino que en base al mismo basa su sentencia, por lo tanto el recurrente ha equivocado el planteamiento de este motivo de casación, porque si la Corte recurrida lo aplica, entonces debió plantear este motivo de casación bien por aplicación indebida o bien por interpretación errónea si así lo apreciaba, pero alegar que la corte no lo aplico es una falsedad más grande que la misma falsedad. Sabido es que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Toda violación directa de la ley, según lo ha sostenido esta Corte, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplica a hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma, o no deduzca las consecuencias en ella previstas; el sentenciador se coloca en franca rebeldía contra la norma legal.- Ninguna de esas circunstancias han sido violadas por el A-que, ni han sido invocadas por el recurrente, lo que invoca son alegatos de pura instancia de hechos que no pudo demostrar en juicio, llegando al grado de suplantar y sustituir en esta demanda de casación los hechos reales del litigio de primera instancia, pretendiendo sorprender a esta Honorable Corte. Por las razones expuestas procede declarar no ha lugar el recurso en este motivo. AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN El recurrente en su segundo acusa a la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta de los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del trabajo, a través del error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas Documental e inspección Ocular, contenidas en los folios 53 al 64, 77 al 79 y 127 al 128 de la primera pieza de autos. El recurrente en este motivo hace una exposición de alegatos como si se tratara de alegatos de instancia, el recurrente en este segundo motivo ataca la sentencia POR INFRACCIÓN INDIRECTA de las mismas normas que en el primer motivo ataco de INFRACCIÓN DIRECTA lo que es contradictorio porque no se puede atacar una misma norma por infracción directa y a la vez por infracción indirecta. Si por una parte se afirma que existe infracción directa y seguidamente a las mismas normas se le acusa de Infracción Indirecta, el cargo peca por contradictorio y se aparta por eso de los presupuestos técnicos de éste recurso extraordinario, según criterio sostenido por el tribunal supremo de Colombia en sentencia de 11 de diciembre de 1970 citada por ENRIQUE ARAMBULA DURAN en el Recurso de Casación Laboral, Editorial TEMIS, Bogotá 1975, Páginas 22 y 23.- El recurrente falta a la técnica procesal del recurso de Casación pues no cita las normas procesales supuestamente violadas, por cuyo quebrantamiento se llegó a la supuesta infracción indirecta alegada, lo que la doctrina casacionista llama violaciones de medio y violaciones de fin, por lo cual el cargo no se presentó en forma completa, no está bien presentado al no haberse formulado por medio de proposición jurídica completa al no denunciar la violación de medio como la de fin; esto es, en la censura no se indicó como violadas las reglas que crean, modifican o extinguen el derecho que la sentencia declara ni tampoco aquellas cuya infracción sirvió de medio para llegar a la apreciación o inapreciación de las que consagran el derecho sustancial que se pretende. No logra el recurrente en acreditar el grado de evidencia requerido por la ley- Por estas razones el motivo no debe prosperar y no ha lugar al mismo.”.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ en el primer motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo.”.- CONSIDERANDO (3): Que olvida el Impetrante que este Tribunal conforme con la doctrina, ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expediente números SL.118-08, SL-169-08, SL-344-08 y SL 124-09), ya que la cuestión del derecho de permanencia en el trabajo del demandante, fue objeto de la controversia y del material probatorio; además, entre otras disposiciones, se señala la infracción directa de los artículos 25 y 48 del Código del Trabajo, cuando dichas norma no tienen el carácter de ser disposiciones sustantivas y el artículo 108 del mismo texto legal, fue aplicado en los fallos de primera y segunda instancia. Por lo cual dicho motivo no resulta ser admisible.- CONSIDERANDO (4): Que en el segundo motivo el Recurrente invoca: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 25, 48 párrafo segundo y 108 del Código del Trabajo, a través del error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas Documental e Inspección Ocular, contenidas en los folios 53 al 64, 77 al 79 y 127 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación al error de hecho en la falta de apreciación de la prueba.”.- CONSIDERANDO (5): Que el Censor en este cargo incurre en el mismo defecto de señalar como violadas normas que no ostentan la condición de ser disposiciones sustantivas; además, alegando infracción indirecta por error de hecho, no indicó las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las estimadas como infringidas por el juzgador; todo lo cual lo hace inadmisible.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación invocados.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769 y 777 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de Junio de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha siete de junio de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 489-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL