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Sentencia CL-474-10 — Registro 1478

Resumen

Trabajadores despedidos interponen demanda laboral para el pago de prestaciones,siendo declarada sin lugar y reformada con respecto solo para dos de los demandantes condenando a la demandada y confirmada con respecto a los demas demandantes,absolviendo a la misma del pago por el concepto señalado e interponiendo éstos el presente recurso contra dicha sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Código del Trabajo en su artículo 769 literal a) exige que el recurso de casación en su cargo deberá contener el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado y el concepto de la infracción.- IV. Que por precepto legal sustantivo deberá entenderse toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos.- V. En relación a la anterior precisión los tres cargos sometidos a examen por este Tribunal, acusan la deficiencia de no contener la norma de derecho sustancial violada por el juzgador de segundo grado, que consagre los derechos recabados por los demandantes, y, por consiguiente, que haya sido pilar esencial del fallo o que debió haberlo sido, ya que las disposiciones que se citan no ostentan ese carácter.- VI. Aunado a lo anterior el censor no cita las normas procesales que sirvieron de medio a la violación del segundo motivo; además el precepto autorizante del tercer cargo no constituye una proposición jurídica completa ya que el citado por el Censor contiene dos formas distintas de violar la ley la cual debió circunscribirlo solo a una de ellas, razones que hacen que no sean admisibles los tres motivos expuestos"..."Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, la impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- IX. Por las razones expuestas, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en sus tres motivos formalizado por el Abogado José Dionisio Sánchez Ruiz y no ha lugar el recurso formulado por la Abogada Suyapa Waleska Castro."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 parrafo 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, la impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- IX. Por las razones expuestas, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en sus tres motivos formalizado por el Abogado José Dionisio Sánchez Ruiz y no ha lugar el recurso formulado por la Abogada Suyapa Waleska Castro."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de febrero de dos mil doce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de diciembre del dos mil diez, por el Abogado JOSÈ DIONISIO SÀNCHEZ RUIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de Apoderado de los señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES Y MILTON ANTONIO RODRIGUEZ, SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES Y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ y en fecha siete de enero del dos mil once, por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de Apoderada de la empresa PROMOTORA EDUCATIVA, S. A. DE C. V. (PROESA), en relación a la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se haga efectivo el pago de prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que de acuerdo a las normas procesales del Código del Trabajo debe quedar firme la respectiva sentencia condenatoria, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salarios proporcionales, salarios adeudados del mes de mayo del 2009 y salario del mes de enero del presente año, por laborar una de las demandantes en las vacaciones, salarios adeudados del mes de julio del 2009 y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo y veintitrés de julio del dos mil nueve, por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales conocidas en su condición de apoderado de los señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES Y MILTON ANTONIO RODRIGUEZ, SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES Y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, todos mayores de edad, casados, Maestros de Educación Media, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa PROMOTORA EDUCATIVA, S. A. DE C. V., entidad mercantil que opera el INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Representante legal, señor CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil diez, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha cinco de agosto del dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, reforma que se contrae a: “Primero: REFORMANDO la sentencia definitiva dictada en fecha cinco de agosto del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, relacionada con las demandas ordinarias acumuladas que los señores MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, SEIRE CAROLINA MEJIA TORRES y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, promueven a la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA, (PROESA), sociedad que opera el INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, todos de generales conocidas en los autos, reforma que se contrae a: 1): Declarar UNICAMENTE con lugar la demanda ordinaria para que el patrono pruebe en juicio la justa causa que tuvo para ejecutar los despidos promovida por los trabajadores OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, Y SEIRE CAROLINA TORRES, en contra de la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA SOCIEDAD ANONIMA (PROESA), sociedad que opera el INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA, representada por el señor CARLOS ENRIQUE BUESO PINEDA, todos de generales conocidas en autos, en consecuencia CONDENA a la sociedad mercantil demandada a pagar a favor de los mencionados trabajadores las sumas que a continuación se desglosan por su orden a: OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, por Preaviso Lps. 15,645.00; por Auxilio de Cesantía Lps. 15,645.00; por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 3,215.00; a SEIRE CAROLINA TORRES, por Preaviso Lps. 13,713.92; por Auxilio de Cesantía Lps. 13,713.92; por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 2,875.41; Asimismo, a los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios; 2): Establecer como monto total de la condena la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (LPS.140,574.09), que resulta de sumar los conceptos establecidos anteriormente por esta Alzada, mas los considerados por la Aquo en el fallo objeto de apelación; Segundo: Confirmando la declaratoria sin lugar de la demanda con relación a los señores MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ RODRIGUEZ; y el reconocimiento de los derechos adquiridos, salarios adeudados y la exoneración de costas de la primera instancia… SIN COSTAS en la instancia por tener motivos racionales para litigar.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1) Los demandantes manifiestan que fueron contratados para laborar en el Instituto “Técnico de San Pedro Sula”, en actividades docentes y en las fechas siguientes: 1) Zoila Evangelina Ordóñez Enamorado, como Orientadora, con 40 horas clase, el 2 de Mayo del 2007; 2) Johana Castilia Cantillano Herrera, como Docente y Coordinadora del Área de Administración de Empresa, el 10 de Julio del 2007; 3) Marlyn Lizeth Pineda Briones, como Sicóloga, con 40 horas clase, el 17 de Febrero del 2007; 4) Milton Antonio Rodríguez Escobar, como consejero con 40 horas clase, el 13 de Junio del 2007; 5) OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, el 19 de Febrero del 2007 y 6) SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES, el 17 de Febrero del 2007, devengando independiente de la actividad docente y carga académica asignada a cada uno un promedio mensual, por el orden indicado de Lps.7,816.66, Lps.9,391.64, Lps.7,816.66 y Lps.6,416.66, L.7,822.53 y L.6,856.96 con una acumulación de tiempo de servicio continuo, respectivamente, de 2 años con 18 días, 1 año con 10 meses y 10 días, 2 años con 3 meses y 1 día y 1 año con 11 meses y 7 días; 2 años 4 meses y 28 días y 2 años y 5 meses; posteriormente el Instituto “Técnico de San Pedro Sula”, en noviembre del 2008, febrero, marzo y abril del 2009, a manera de sanción disciplinaria, dedujo y retuvo de los montos del salario de cada uno de mis representados, sin autorización previa escrita, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato, el reglamento interno, el Estatuto y Reglamento del Docente Hondureño lo autoricen, aduciendo la demandada que tales deducciones y retenciones se debían a las salidas antes del horario y ausencias y por minutos tarde y otros, sin apoyarse para tal acto en algún soporte legal que la autorice del Estatuto del Docente y Reglamento Interno de Trabajo, y además remitiendo llamadas de atención y amonestaciones escritas desatendiendo que el régimen disciplinario y su procedimiento para aplicar sanciones, en los institutos privados está regulado prevalentemente por aquellas leyes y lo pertinente del Código del Trabajo. Por las deducciones, retenciones, llamadas de atención y amonestaciones escritas los demandantes hicieron las reclamaciones administrativas y por la vía judicial, sin embargo como respuesta a sus reclamos y acciones legales, el día 19 de mayo del 2009, la demandada comunicó su determinación de dar por terminado el contrato de trabajo con las partes actoras, acto que hizo después de ser citada por el Juzgado del Trabajo al conocer las reclamaciones para las devoluciones de las sumas de dinero deducidas y retenidas; estas notas de despido se constituyen ilegales, pues la demandada quiere hacer valer e imponer una jornada ordinaria de trabajo conforme lo regulado en el Código del Trabajo plasmada ilegalmente en los contratos individuales de trabajo en contravención a lo establecido en el Estatuto del Docente y su Reglamento que regulan las relaciones de trabajo del sector privado y en el Reglamento Interno de Trabajo que precisa que el horario de trabajo de los trabajadores docentes está en función a la carga académica o sea los trabajadores que realicen funciones de docentes, tendrán un horario diferente ya que sus funciones dependen de la carga académica que se les asigne en cada período, por lo que las horas de impartir cátedra dependerá de la demanda estudiantil, sujetándose a cumplir con tal carga académica siempre que ésta se encuentre dentro de los límites de la jornada máxima legal establecida por el Código del Trabajo y a cualquiera otra legislación que les sea aplicable en virtud de sus funciones.- 2) La parte demandada, empresa PROMOTORA EDUCATIVA, S. A. DE C. V. (PROESA), contestó dicha demanda señalando que se rechazan las pretensiones de los actores, ya que las fechas de ingreso a labores de algunos de los demandantes son incorrectos, consecuentemente las antigüedades laborales también; en cuanto a los salarios todos los valores están aumentados aproximadamente en un 16%, además los demandantes no se les ha aplicado sanción económica alguna por su indisciplina reiterada, lo que simplemente se hizo es no pagar el tiempo que ellos han dejado de laborar al incumplir el horario de trabajo injustificadamente, por lo cual se les despidió al existir justa causa y claramente se les establece la causal en la nota de despido, al incumplimiento reiterado e injustificado de su horario de trabajo y abandono de labores pues faltaron tres días alternos en el término de un mes, para esto se siguió el procedimiento disciplinario del Reglamento Interno para aplicar la sanción de despido.- 3) El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 5 de agosto del 2010, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR la demanda de mérito, en consecuencia se EXONERO a la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROESA), al pago de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, salarios dejados de percibir desde la terminación del juicio solicitados y se CONDENA a la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROESA), a pagarle a los Señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILLO CANTILLANO HERRERA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES Y MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES Y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, la cantidad total de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.75,765.84) en concepto de derechos adquiridos en forma proporcional y salarios adeudados, SIN COSTAS; bajo el criterio que la causa invocada es justa y legal pues se siguieron los procedimientos para el despido establecidos por la ley, tanto del Estatuto del Docente según prescribe deben realizar las instituciones denominadas privadas, así como las establecidas por el Código del Trabajo vigente pues ambas autorizan el rompimiento del contrato por la grave indisciplina para con el propietario o directivo, así como también lo sanciona el Código del Trabajo. Siendo probado que los trabajadores demandantes faltaron a su trabajo por tres días alternos sin justificación en el término de un mes; en relación a la falta de pago, el trabajador que no completare la jornada de cuarenta y cuatro horas de trabajo, solo tendrá derecho a recibir un salario proporcional al tiempo trabajado, con base en el salario de cuarenta y ocho horas semanales. Principio que rige igualmente para la jornada ordinaria de trabajo efectivo, nocturno y mixto, siendo tiempo efectivo de trabajo aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas y siendo que el reclamo de deducción es un reclamo que se está ventilando en este juzgado, la suscrita no se pronuncia al respecto, pues nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.- 4) La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 10 de septiembre del 2010, dictó sentencia REFORMANDO la sentencia definitiva dictada en fecha cinco de agosto del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, reforma que se contrajo a declarar UNICAMENTE con lugar la demanda ordinaria para que el patrono pruebe en juicio la justa causa que tuvo para ejecutar los despidos, en consecuencia CONDENO a la sociedad mercantil demandada a pagar a favor de los trabajadores la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (LPS.140,574.09) en concepto de preaviso, auxilio de cesantía y auxilio de cesantía proporcional, mas los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios; mas los considerados por el Aquo en el fallo objeto de apelación; confirmando la declaratoria sin lugar de la demanda con relación a los señores MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ RODRIGUEZ y el reconocimiento de los derechos adquiridos, salarios adeudados y la exoneración de costas de la primera instancia, SIN COSTAS en la instancia por tener motivos racionales para litigar; bajo el criterio de que todos los demandantes firmaron contrato de trabajo con la entidad mercantil demandada, solamente los señores OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ y SEIRE CAROLINA TORRES, desarrollaron tareas de docencia; y que de conformidad a lo establecido en el artículo 73 del Estatuto del Docente, los propietarios de los centros educativos privados contratarán el personal docente conforme a los principios la libre contratación, pero dicho personal deberá llenar los requisitos que señala el Estatuto y los especiales que establezca la institución atendiendo sus propias características y las del puesto y que tiene intima relación con el artículo 13 párrafo cuarto del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad mercantil demandada, por lo que dicha entidad no puede obligar a los demandantes que tienen carga académica de docentes a su permanencia en el centro de trabajo, una vez que concluya su carga académica que se le asigna en cada período. Que a los demandantes se les hicieron múltiples llamados de atención, asimismo se les hicieron múltiples amonestaciones y se les levantaron las respectivas actas de descargo, y que además no se presentaron a sus labores: ZOILA ANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ Y SEIRE CAROLINA MEJIA TORRES, por lo que el incumplimiento del horario de trabajo y abandono injustificado de sus labores, la empresa demandada consecuentemente estaba facultada para despedirlos sin ninguna responsabilidad de su parte.- 5) Que mediante sentencia de fecha diecinueve de octubre del dos mil diez, este Tribunal RESOLVIO: Admitir los recursos de casación interpuestos por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, como apoderado de los señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, Y OTROS, y por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO, apoderada de la empresa PROMOTORA EDUCATIVA, S. A. DE C. V. (PROESA) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha diez de septiembre del dos mil diez. Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación de los recursos, omitiéndose el traslado de los autos a los recurrentes, ordenando que se retengan los autos en la Secretaria del Tribunal, a efecto de que los recurrentes comparezcan por el término de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación.- 6) Que en fecha trece de diciembre del dos mil diez, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación.- 7) Que mediante auto de fecha trece de diciembre del dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8) Que en fecha siete de enero del dos mil once, compareció ante este Tribunal la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación.- 9) Que mediante auto de fecha siete de enero del dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado en forma común a ambas partes para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 10) Que en fecha diecinueve de enero del dos mil once, compareció ante este alto Tribunal de Justicia el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, de generales y condición ya expresadas, actuando en su condición de Apoderado de los señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, MILTON ANTONIO RODRIGUEZ, SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES Y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, contestando el recurso de casación; asimismo en fecha veintiuno de enero del dos mil once, compareció ante este alto Tribunal de Justicia la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, de generales y condición ya expresadas, actuando en su condición de Apoderada de la empresa PROMOTORA EDUCATIVA, S. A. DE C. V. (PROESA), contestando el recurso de casación.- 11) Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que el recurrente Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de apoderado demandante formula sus tres motivos de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 87, 90, 92 numeral 9) del Código del Trabajo; artículos 3, 13 No. 14, 39 párrafos 2) renglón último, 3) y 4) del Estatuto del Docente Hondureño; artículo 63 de la Ley Orgánica de Educación en relación con el artículo 107, 112 y 136 del Reglamento General de Educación Media, 145 y 146 del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño, y artículos 13 párrafo 4), 52, 53 y 54 del Reglamento Interno de Trabajo de la demandada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo primero, del Código del Trabajo… SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 25 y 90 del Código del Trabajo, artículo 63 de la Ley Orgánica de Educación y artículo 3 del Estatuto del Docente Hondureño, y estos en relación con el 107, 112 y 136 del Reglamento General de Educación Media y artículo 2) No. 50) del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño, y artículo 13 párrafo 4) del Reglamento Interno de Trabajo, a través del error de hecho por la falta de apreciación de la prueba Documental, consisten en los contratos individuales de trabajo de cada demandante, respecto a la jornada de trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo, en relación al error de hecho por la falta de apreciación de la prueba singularizada... TERCER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de violación directa de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de los artículos 1, párrafo 1) y 3 del Estatuto del Docente Hondureño en relación con los artículos 107, 112 y 136 del Reglamento General de Educación Media, en relación a la prueba Documental e inspeccional que obra en la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo”.- III. Que el Código del Trabajo en su artículo 769 literal a) exige que el recurso de casación en su cargo deberá contener el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado y el concepto de la infracción.- IV. Que por precepto legal sustantivo deberá entenderse toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos.- V. En relación a la anterior precisión los tres cargos sometidos a examen por este Tribunal, acusan la deficiencia de no contener la norma de derecho sustancial violada por el juzgador de segundo grado, que consagre los derechos recabados por los demandantes, y, por consiguiente, que haya sido pilar esencial del fallo o que debió haberlo sido, ya que las disposiciones que se citan no ostentan ese carácter.- VI. Aunado a lo anterior el censor no cita las normas procesales que sirvieron de medio a la violación del segundo motivo; además el precepto autorizante del tercer cargo no constituye una proposición jurídica completa ya que el citado por el Censor contiene dos formas distintas de violar la ley la cual debió circunscribirlo solo a una de ellas, razones que hacen que no sean admisibles los tres motivos expuestos.- VII. Por otra parte, la también recurrente Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO, en su condición de Apoderada demandada, consigna el alcance de la impugnación de la siguiente manera: “FALLA: 1.- CASAR TOTALMENTE la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diez (10) de septiembre del año 2010; 2.- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, SEIRE CAROLINA MEJIA TORRES Y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ contra la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROESA), a través de su representante legal el señor CARLOS ENRIQUE BUESO.- En consecuencia EXONERA a la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROESA), a través de su representante legal el señor CARLOS ENRIQUE BUESO, del pago de preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, salarios dejados de percibir desde la terminación del juicio solicitados. 3.- CONDENA a la empresa mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PROESA), a través de su representante legal el señor CARLOS ENRIQUE BUESO, a pagarle a los señores ZOILA EVANGELINA ORDOÑEZ ENAMORADO, JOHANA CASTILIA CANTILLANO HERRERA, MARLYN LIZETH PINEDA BRIONES, MILTON ANTONIO RODRIGUEZ ESCOBAR, SEIRI CAROLINA MEJIA TORRES Y OSCAR JEOBANY VILLEDA RODRIGUEZ, la cantidad total de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS.75,765.84) en concepto de derechos adquiridos en forma proporcional y salarios adeudados, los que se desglosan así: 1) OSCAR JEOBANY VILLEDA la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS (LPS.8,452.00) en concepto de derechos adquiridos y salarios adeudados, los que se desglosan así: a) VACACIONES PROPORCIONALES LA CANTIDAD DE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS.1,368.94); b) AGUINALDO PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS.3,650.50); C) CATORCEAVO MES PROPORCIONAL, LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS (LPS.298.00); d) SALARIOS ADEUDADOS, LA CANTIDAD DE TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.3,134.56); 2) MILTON ANTONIO RODRIGUEZ la cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (LPS.12,334.53); en concepto de derechos adquiridos y salarios adeudados, los que se desglosan así: a) VACACIONES PROPORCIONALES LA CANTIDAD DE DOS MIL OCHO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (LPS.2,008.12); b) AGUINALDO PROPORCIONAL LA CANTIDAD DE DOS MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS.2,076.85); c) CATORCEAVO MES PROPORCIONAL, LA CANTIDAD DE CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (LPS.4,766.29); d) SALARIOS ADEUDADOS, LA CANTIDAD DE TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (LPS.3,483.27);…”.- VIII.-Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, la impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- IX. Por las razones expuestas, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en sus tres motivos formalizado por el Abogado José Dionisio Sánchez Ruiz y no ha lugar el recurso formulado por la Abogada Suyapa Waleska Castro.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 20 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación, en sus tres motivos, formalizado por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su calidad de Apoderado demandante. 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su condición de Apoderada demandada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de Marzo del Dos Mil Doce; Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del Dos Mil Doce, recaída en el Recurso de Casación número 474-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL